Choque entre motocicletas deja tres heridos en San Pedro

Al menos tres personas resultaron gravemente heridas la noche de este domingo, producto de una colisión entre motocicletas, en un hecho ocurrido en la avenida Independencia esquina María Trinidad Sánchez, en San Pedro de Macorís.

Dicho accidente se produjo cuando los ciudadanos se desplazaban por la referida vía y chocaron de frente, supuestamente porque uno de los que conducía una pasola cruzó el semáforo en rojo.

Los lesionados, los cuales hasta el momento no han sido identificados, presentan golpes contusos en la cabeza y en otras partes de su cuerpo. Según versiones, entre los heridos hay dos mujeres.

Los heridos fueron llevados de emergencia al hospital regional Antonio Musa de esa ciudad, por una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1.

Al lugar también acudieron autoridades de la Policía Nacional y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

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Dice por Haití hay que seguir generando presión

El Canciller Roberto Álvarez Gil, afirmó que el significado de la resolución aprobada el pasado viernes por la Organización de Estados Americanos (OEA) referente a la actual situación haitiana es continuar generando presión internacional para lograr que se le brinde asistencia a la vecina nación.

“Es ampliar, es de amplificar, magnificar la voz de la comunidad internacional, solicitando el auxilio, la asistencia, la ayuda de Haití en toda la materia que dice ahí. La OEA no tiene las soluciones de poder usar las fuerzas coercitivas”, explicó el diplomático a Diario Libre.

Recordó que hay un solo órgano que tiene esa faculta, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo aseguró que la resolución es un llamado a la comunidad internacional.

“Hay dos formas de ayudar a la Policía Nacional Haitiana: una es que el Consejo de Seguridad establezca bajo el capítulo 7 y el otro es que cualquier país puede pedir a otros países bilateralmente que les manden asistencia a sus fuerzas, eso no es una intervención de la soberanía del Estado cuando un país solicita asistencia militar por un motivo equis”, dijo Álvarez.

Con relación al punto de las elecciones en Haití, indicó que el documento es muy claro porque establece que deben ser convocadas cuando estén dadas las condiciones y confió en que todo tiene que desembocar algún día en elecciones porque está claro que hay convencimiento de la comunidad internacional que no puede haber elecciones hasta que se creen la condiciones.

“No se puede dejar de hablar de elecciones, tiene que hablarse de eso eventualmente ahí tiene que ocurrir esas elecciones una vez que se haya mitigado el poder de las pandillas”, manifestó.

El ministro de Relaciones Exteriores informó que la República Dominicana participó en un grupo de trabajo para tratar la situación haitiana que se formó desde la pasada asamblea de la OEA y que preside Trinidad y Tobago.

Al preguntarle sobre las implicaciones que tendrá para la República Dominicana la resolución de la OEA sobre Haití, el diplomático se limitó a decir que es un llamado de la comunidad internacional solicitando ayuda para el vecino país.

Expertos opinan

Para los expertos en el tema haitiano Nelson Espinal Báez y el ex cónsul de Haití en República Dominicana coincidieron en valorar la resolución de la OEA, respeto a la problemática haitiana.

Espinal Báez considera oportuno que la reunión de la OEA fuera aprovechada para poner en primer plano la cooperación con Haití. Porque entiende que la prioridad es el establecimiento del orden público, recuperar las calles y el espacio público que están bajo el dominio de pandillas fuertemente armadas.

Considera que hay que ver con optimismo el compromiso de controlar y evitar el tráfico de armas, reforzar la frontera y los puertos, junto a la asistencia a la policía haitiana. 

“Ahora se requiere la definición de una hoja de ruta y el establecimiento de responsabilidades concretas por países. Llegó la hora de asumir la responsabilidad de los organismos internacionales, superando los formalismos y las declaraciones sin práctica, frente a lo urgente. Como lo viene reclamando reiteradamente nuestro presidente y la Cancillería”, explicó

El experto en temas internacionales estima que la Organización de Estados Americanos debe tener un plan para sacar a Haití de la situación calamitosa en que se encuentra, que responda a preguntas como: ¿De qué forma la OEA va a contribuir con el restablecimiento de la ley y el orden en Haití?

¿Está definido el método de quitarle el control territorial a las bandas y el poder que ejercen sobre el Haití? ¿Cómo se van a satisfacer las necesidades básicas de la población a corto plazo, y garantizar que las ayudas no queden en manos de terceros que se benefician y la comercializan?

“A mediano plazo, qué hará la OEA para comprometer a los haitianos con la producción, en lo que sea factible, de modo que ellos mismos puedan traer comida a la mesa y empiecen a dejar de depender de las donaciones y el contrabando para alimentarse precariamente”.

Otra preocupación es: ¿Cómo se afrontarían los problemas básicos de salud pública? En esencia, ¿se pondrá en marcha un plan de trabajo serio, integral y bien consensuado de carácter multinacional para abordar la crisis coyuntural y de fondo, o se continuará con la práctica de dejar esa pesada carga en las manos exclusiva de la República Dominicana?

Destaca rol de RD

Por su lado, Edwin Paraison, también director ejecutivo de la Fundación Zile, sostuvo que la comunidad internacional tiene un rol protagónico en la crisis haitiana como lo han demostrado antiguos altos funcionarios internacionales o el documental “Asistencia mortal” de Raoul Peck.

Destacó que la República Dominicana, como único país fronterizo de Haití, ha estado sintiendo de manera más intensa el impacto de la crisis solicitando un mayor apoyo de la comunidad internacional que tiene la responsabilidad moral de buscar soluciones.

“Para garantizar una implementación exitosa de esta resolución dos factores fundamentales deben tomarse en cuenta: la realidad política en términos de liderazgo gubernamental en Haití y en el escenario internacional y los intereses geopolíticos que dividen a los países”, explicó el ex diplomático haitiano.

Estimó que es necesario buscar la mejor fórmula para la solución de la situación haitiana y puso de ejemplo que El Salvador es el primer país del mundo en anunciar que abriría una oficina de apoyo a la Policía Nacional Haitiana en Haití, pero no se ha recibido apoyo a esa propuesta en la región y Canadá tiene la misma idea, pero fuera del territorio haitiano.

“Los haitianos estamos divididos y no logramos un real acuerdo respecto a la transición, pero igual la comunidad internacional que quiere ayudar.  Ojalá que motivados por esta resolución logremos unificar criterios y crear sinergias para mejores resultados a favor de Haití”, enfatizó.

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Suerte de la Cámara de Cuentas en manos de diputados

La decisión de un grupo de diputados de recomendar a la Cámara Baja someter a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas ha generado el rechazo de la oposición y de la sociedad civil, mientras el presidente de ese organismo dijo que aún desconoce cuáles son las imputaciones.

La oposición y el oficialismo están enfrentados  por esta disposición, aprobada por diputados del Partido Revolucionario Moderno y rechazada por los del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. 

El diputado Gustavo Sánchez, miembro de la comisión especial designada para investigar a la Cámara de Cuentas, asegura que, luego de escuchar a cada uno de los jueces y de verificar los documentos que presentaron, no encontró motivos para un juicio político que los pueda inhabilitar para ejercer cargos públicos por  diez años. 

«No se puede apoyar que paguen justos por pecadores. Estamos y estaremos firmes actuando de conformidad a la ley « Janel A. Ramírez S. Presidente CC

A sabiendas de la gravedad de la situación, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, espera conocer el informe que rendirá la comisión ante el pleno de la Cámara de Diputados para saber en detalle de qué se acusa a cada quién. 

Advirtió que las imputaciones deben ser hechas de manera particular a cada uno de ellos y que, cuando se es cuestionado por una decisión que tome el pleno, los encartados deben ser quienes votaron a favor de esas decisiones. 

Pide imputaciones individuales

“Las imputaciones deben ser individuales y sólo cuando se trate de decisiones del pleno los responsables son quienes han votado a favor de decisiones, siempre que éstas estén al margen del derecho administrativo y de cualquier otra índole vinculante”, indicó Ramírez a Diario Libre. 

El presidente del organismo auditor defendió su integridad individual, al margen de lo que el resto de sus colegas hayan hecho. 

“Ahora, gracias a la Constitución del 2010, hay derechos para los miembros que actúan correctamente que no existían antes de la Constitución del 2010. No se puede apoyar que paguen justos por pecadores. Estamos y estaremos firmes actuando de conformidad a la ley  y las consideraciones del derecho administrativo y constitucional”, afirmó el presidente de la Cámara de Cuentas

A fin de que sea reveladas los intríngulis del conflicto entre los cinco miembros de la Cámara de Cuentas, Ramírez remarcó: “La ciudadanía debe exigir liberación de los audios y sesiones del pleno, para que vean el correcto o incorrecto accionar de sus miembros”. 

¿Una decisión del PRM?

La determinación de proponer al pleno de la Cámara de Diputados un juicio político fue aprobada por 9 de 11 legisladores que estuvieron presentes en una reunión que duró 4 horas el sábado. Según el diputado Sánchez, todos esos votos responden al partido de gobierno. 

De los 17 miembros que la integran, 7 son del PRM, 4 son del PLD, 1 de Fuerza del Pueblo, 1 del PRSC, 1 de Dominicanos por el Cambio, 1 del PQDC, 1 de Opción Democrática y 1 del PRD. Pero a las votaciones asistieron sólo 11 y el presidente de la comisión, el diputado reformista Rogelio Genao Lanza, no quiso revelar quiénes votaron a favor. 

“Los nueve votos a favor son votos oficialistas, o sea, todos los oficialistas estuvieron ahí… Esa Cámara de Cuentas es del PRM, esa Cámara de Cuentas la eligió un Congreso compuesto mayoritariamente por el PRM. El PLD no tiene vela en ese entierro que se pudiera decir que estamos protegiendo a nadie”, acotó Sánchez. 

Celeridad

En el mismo orden de ideas, Tobías Crespo, diputado de FP, considera que hay una intención del PRM y del presidente Luis Abinader de sustituir el pleno de la Cámara de Cuentas.

“Hay una celeridad, al parecer, del presidente Luis Abinader y del PRM, de querer poner una Cámara de Cuentas a su antojo, para que esa Cámara de Cuentas por los próximos cuatro años les sea favorable porque no tienen los números, no les dan los números para ganar las elecciones y están desesperados”, opinó. 

Aseguró que los argumentos que se expusieron fueron muy débiles y que hace falta buscar elementos y evidencias contundentes. Para él, no hay condiciones para que se pueda presentar un informe de cualquier tipo dentro de la Cámara de Diputados que sirva al hemiciclo para llegar a una decisión final.

En tanto  Genao, presidente de la comisión especial, destacó que es el Pleno de la CD que tendrá la decisión final de si procede la acusación o no de un juicio político ante el Senado contra los miembros de la Cámara de Cuentas

“El detalle de las faltas van a ser dadas en el informe, pero se encontraron algunas faltas colectivas e individuales”, explicó Genao.

Diez años

La Constitución dominicana establece que la declaración de culpabilidad en juicio político deja al funcionario destituido de su cargo e inhabilitado para desempeñar  funciones públicas, sea o no de elección popular, por término de diez años. 

Si la Cámara de Diputados acoge la propuesta de la comisión de acusar al pleno ante el Senado, harán falta dos terceras partes de los votos de los senadores para hacer efectiva la destitución. Los expulsados quedarán sujetos, “si hubiere lugar, a ser acusados y juzgados por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley”.

Sociedad civil dice es retroceso

La coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez Padilla, lamentó que los legisladores “no hayan podido buscar una salida que no sea la de un juicio político a esta altura del juego, cuando falta tan poco tiempo para que se termine su período”. Para ella, se hace muy difícil y complicado elegir cinco nuevos miembros que no se saben quiénes serán y en medio de un proceso electoral que ya comenzó. Está convencida de que un período de transición podría afectar las decenas de auditorías que realiza esa entidad y el proceso de enjuiciamiento de funcionarios por corrupción que realiza el Ministerio Público. “Parecería ser que efectivamente en la Cámara de Cuentas hay personas relacionadas y ligadas con intereses de casos que están siendo investigados, y este juicio político a la Cámara de Cuentas puede realmente afectar todo este proceso de investigación”, reflexionó la activista.

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Sobre 70,000 viviendas ilegales se construyen anualmente

El presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica (Sodosísmica), Héctor O Reilly, manifestó que la vulnerabilidad de las viviendas en la República Dominicana aumenta cada año, al informar que en el país se construye un estimado  de 70,000 viviendas de  manera ilegal anualmente. 

El titular de Sodosísmica se expresó en esos términos al participar en el Congreso Internacional de Terremotos y Vulnerabilidad, realizado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) el pasado fin de semana.

O Reilly informó que el dato fue obtenido de informaciones desprendidas del Ministerio de la Vivienda y los censos correspondientes a los años 2002 y 2010, que son los levantamientos más recientes con informaciones disponibles. 

Sin embargo, el presidente de Sodosísmica advirtió que no podía garantizar la exactitud de los datos presentados hasta tener informaciones más efectivas, como las correspondientes al Censo Nacional realizado por la Oficina Nacional de Estadística en 2022. 

“Lo que sí sabemos es que la situación se sigue agravando en la medida que transcurre el tiempo, pero ahora por lo menos con esto tenemos una idea de cuál es la magnitud del problema”, añadió. 

O Reilly destacó la necesidad de establecer qué cantidad de viviendas hay en el país y su localización, además de los tipos de viviendas construidas, a los fines de comparar esos datos con la cantidad de licencias que se han otorgado para la construcción de viviendas formales. 

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Infografía

En el 2022 se dieron 1,560 licencias de construcción.

Año con más licencias

Héctor O Reilly explicó que el Ministerio de la Vivienda, encargado de expedir las licencias de construcción en República Dominicana, ha emitido desde 2006 a la fecha 14,578 licencias a nivel nacional. 

Agregó que el año en el que el Estado otorgó más licencias fue en 2022 con 1,560. “La mayor cantidad de licencias (emitidas) en toda la historia fue el año pasado”, sostuvo. 

“Las viviendas que tienen licencias son las únicas que son formales”, explicó el especialista, quien agregó que este número no es igual a la cantidad de viviendas que hay en el país, puesto que un proyecto de 200 casas puede tener una sola licencia. 

Una licencia de construcción debe especificar las condiciones legales, estructurales, arquitectónicas, sanitarias, eléctricas y de materiales, necesarias para la ejecución de cualquier proyecto. 

Soluciones

El titular de Sodosísmica indicó que algunas soluciones técnicas, que se están aplicando en otros países como la evaluación de las viviendas y diseñar su adecuación, además de establecer controles sobre la venta de materiales de construcción que sean de calidad adecuada. 

“Hacer cursos y repartir cartillas que indiquen cómo construir los diferentes elementos de manera correcta, para que pueda hacerse la autoconstrucción de manera segura”, sugirió. 

De igual forma, hacer una reconfiguración de los asentamientos informales, para dotarlos de vida e instalaciones que viabilicen el socorro en caso de daños sísmicos.

“En todo caso la participación del Estado es fundamental y su compromiso para establecer un programa en todo el país”, añadió el especialista. 

Terremotos

En el marco del congreso, el presidente del Codia, Cristian Rojas, sostuvo que la vulnerabilidad ante los terremotos se debe, en gran medida, a una combinación de factores.

“Iniciando con la falta de cumplimiento de las normas de construcción sísmica en muchas edificaciones; también están las construcciones informales e ilegales con materiales no adecuados, algo que se debe reducir”, manifestó.

 Rojas indicó que la República Dominicana se encuentra en una región tectónicamente activa donde la placa del Caribe se desplaza hacia el este, haciendo contacto con la placa de Norteamérica, conocida como el arco de las Antillas Mayores, junto con Cuba y puerto Rico. 

Resaltó que, a lo largo de la historia, la población dominicana ha sido testigo de terremotos devastadores, que han dejado cicatrices en la nación, cobrando vidas humanas y causando daños significativos en las infraestructuras y la economía del país.

Rojas resaltó, además, la importancia de la colaboración entre el Codia, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) y otros actores responsables de las buenas prácticas en la ingeniería del país para abordar la vulnerabilidad ante los terremotos.

El evento se desarrolló en un hotel de Punta Cana, provincia La Altagracia del 22 al 25 de junio.

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¿Por qué el comercio formal cuestiona la gracia navideña?

El dominicano residente en el exterior disfruta desde hace 27 años de la exoneración de impuestos por traer en Navidad y Año Nuevo determinados artículos de un valor tope. Pero desde el comercio formal se calcula que esto afecta negativamente a los negocios locales y desde ya hay oposición a un proyecto de ley que busca ampliar esa dispensa al verano

Para un estudio realizado en febrero a solicitud de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y compartido a Diario Libre, se consideraron cuatro escenarios. Con estos se estimó el impacto económico de la última gracia navideña aprobada que, entre el 1 de diciembre de 2022 hasta el 15 de enero de 2023, permitió a los dominicanos residentes en el exterior y relacionados traer a su país artículos o mercancías por un valor de hasta 4,000 dólares.

Los escenarios plantearon montos de 1,500, 2,000, 3,000 y 4,000 dólares por familias integradas por dos, tres o cuatro miembros. Al estimar, basándose en datos oficiales, que durante el periodo de la gracia arribaron por avión al país 244,000 dominicanos residentes en el extranjero, se calculó que el valor de los productos ingresados por los beneficiados de la exención oscila entre los 92 millones y los 488 millones de dólares

“Este sería, en principio, el volumen de ventas que pierde el comercio local”, se asegura en el estudio de la ONEC, basándose en el supuesto de que, de no concederse la gracia navideña, estos artículos serían comprados en los comercios locales, “lo cual –se reconoce– no necesariamente es cierto”.

En tanto que la renuncia fiscal (gasto tributario) que implicó la última aplicación de la gracia navideña oscilaría entre 54 millones y 289 millones de dólares, según el escenario que se tome para el cálculo.

Este se basa en el supuesto de que la mayoría de los bienes ingresados son electrodomésticos y, por tanto, se consideró:

  • un arancel de 20 %
  • un impuesto selectivo al consumo (ISC) de 15 %
  • un impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) de 18 %

«La gracia navideña es una medida que sólo República Dominicana ha adoptado en la región -ningún otro país de América Latina y el Caribe ha considerado conveniente implementarla-« Estudio de la ONEC

Una gracia desde 1996

La diáspora dominicana se estima en casi tres millones de personas. Fue con la Ley 09-96 que se estableció la liberación de impuestos de importación a todos los regalos que se traigan a familiares y amigos de residentes en el extranjero que no hayan entrado al país en los seis meses que preceden del 1 de diciembre al 7 de enero siguiente.

Para ese entonces (1996) se estableció un tope de 1,000 dólares para la suma total del valor de los artículos.

Pero, de manera administrativa la Dirección General de Aduanas (DGA) ha ido modificando la fecha y el monto, hasta llegar a los 4,000 dólares del último periodo navideño y de Año Nuevo, y la extensión hasta el 15 de enero. 

Con la modificación a la Ley de Aduanas, se ratificó en 2021 que sea desde el 1 de diciembre de cada año y hasta el día 7 de enero. También, se asentó que sólo aplique para dominicanos y se oficializó que la DGA tenga la facultad de determinar el monto del valor de los regalos (que excluyen vehículos, armas y materia prima) que se pueden traer.

“La gracia navideña es una medida que sólo República Dominicana ha adoptado en la región –ningún otro país de América Latina y el Caribe ha considerado conveniente implementarla- y que, además, ha venido siendo aplicada ilegalmente”, se indica en el estudio de la ONEC, un gremio que representa a 58 empresas que agrupan 750 establecimientos formales a nivel nacional.

Entra el verano

Los cuestionamientos a la gracia la ONEC además los extrapola a un proyecto de ley que se aprobó en el Senado en abril y ahora se estudia en una comisión de la Cámara de Diputados. Este busca que también se aplique en verano, específicamente desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto de cada año. 

Además, que en cada periodo de gracia el total de los regalos no exceda los 3,000 dólares y dicho monto se indexe anualmente considerando la inflación acumulada.

“En desacuerdo total”, dice José Antonio Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores (ANI), sobre dicha propuesta. “Seguimos alentando el no pago de impuestos, sea en forma de arancel o ITBIS, con medidas como esas”.

“Cualquier importador –agrega– puede traer una importación por un valor similar y verse requerido/obligado a pagar aranceles, ITBIS y otros gastos para aduanales. ¿Quién no quisiera tener una gracia de ese tipo?”.

El sector comercial teme que esta facilidad sea aprovechada por negocios para introducir mercancías con fines lucrativos, como ha venido denunciando con la exoneración de impuestos a las compras por internet menores a los 200 dólares. En el estudio se plantea un escenario en que se use correctamente, pero se concluye que, por igual, perjudica al comercio local.

  • Calcula que, si un consumidor compra un artículo por internet valorado en 50 dólares o 2,700 pesos, al sumar 280 pesos del costo del courier, el precio final sería 2,980 pesos. Pero si la tienda local vende ese mismo producto a los 2,700 pesos, aún debería pagar 540 pesos de arancel y 583 de ITBIS, con lo que el artículo subiría a 3,823 pesos.

“La gracia navideña, al igual que la exoneración a la importación de paquetes de bajo valor, la promoción del sistema financiero a las compras de estos paquetes, y la informalidad, provocan un desplazamiento del comercio formal local por el informal o por importaciones exoneradas”, se asegura en el estudio. 

“No creo que afecte el desarrollo comercial de República Dominicana”

El senador Franklin Rodríguez, proponente del proyecto de ley que busca incluir la gracia en el verano, no considera su iniciativa como lesiva al comercio, sino una compensación a la diáspora que aporta remesas. Estas transferencias sólo el año pasado totalizaron 9,856.5 millones de dólares, representando el 9 % del producto interno bruto de la nación, según estima el BID.

“El hecho de que podamos dar una gracia en verano a esos dominicanos, que son los que envían esas remesas, no creo que afecte el desarrollo comercial de República Dominicana”, dice Rodríguez a Diario Libre. Observa que existe desde 1996 y el nivel de desarrollo no se ha visto afectado por su aprovechamiento. Señala que los dominicanos ausentes también llegan con dinero para gastar y esto beneficia a la economía local.

“Es simplemente un poco de sensatez –dice–, de ir devolviendo a la comunidad dominicana en el exterior algo de lo tanto que nos aporta. Por eso motivamos y sometimos esta iniciativa, que fue una de las sugerencias que nos realizaron en los encuentros con los dominicanos en el exterior, tanto en Estados Unidos, Puerto Rico, en la Florida y Europa”.

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Aún sin definir proceso de inspección técnica vehicular

A casi año y medio de que se declaró de interés público el Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular, el Gobierno todavía no logra definir todos los detalles que conllevará el proceso de contratación que arrancaría la iniciativa.

La licitación pública nacional que debe preceder a la implementación de este programa aún está en fase de ajustes, pese a que pronósticos iniciales señalaban que se realizaría en el mes de mayo.

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Infografía

Sigmund Freund, director de DGAPP.

«La licitación aún no se ha aperturado. Todavía estamos ajustando algunos puntos con el Intrant « Sigmund Freund Director de DGAPP

Consultado sobre el estatus de proceso, el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público–Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, indicó que “la licitación aún no se ha aperturado. Todavía estamos ajustando algunos puntos con el Intrant (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre)”. No precisó qué tipo de ajustes. 

Solicitada la precisión de la información a través del Departamento de Comunicaciones, la respuesta fue que “la iniciativa para la implementación del Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular (ITV) se encuentra en fase avanzada para iniciar el proceso competitivo para la selección de adjudicatario”.

Agrega la comunicación que “actualmente el equipo técnico de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), junto a los del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) trabajan en afinar estudios y análisis necesarios para garantizar mejores “prácticas para la ejecución”.

A inicios de marzo pasado, durante un encuentro con directores de medios de comunicación, Freund indicó que en unos 60 días iniciaría el proceso de licitación del proyecto. Señaló entonces que había que hacer unos ajustes al pliego de condiciones para luego consensuarlo con la DGAPP.

La resolución

La resolución 01-2022, del 13 de enero de 2022, con que esa dirección declaró el programa de interés público, hace referencia a uno de los puntos de ajuste a tomar en cuenta para la iniciativa y que tenía que ver con las empresas que participarían en el proceso.

El documento indica que se trata de una iniciativa privada sometida por el consorcio Inteve, conformado por las sociedades Itevebasa Womack Integrade Marketing y Castillo Holding Company; pero acoge la reestructuración sugerida por el Intrant para que el proyecto quede dividido en, por lo menos, dos regiones o lotes, aunque la propia resolución dice que, para esa fecha, no se había presentado ninguna otra iniciativa sobre ese tema.

En sus considerandos, toma en cuenta que la propuesta de Inteve, no constituía “una propuesta con un alto nivel de innovación, atendiendo a que se trata de una iniciativa privada para el establecimiento del Programa Nacional de Inspección Vehicular cuya creación ya está dispuesta y es un mandato legal expreso previsto en la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”.

La aclaración precede a otro considerando en el que se establece que la igualdad y libre competencia son principios que rigen los procesos de selección de adjudicatarios en la DGAPP, pero señalaba que, no obstante, el artículo 40 de la Ley 47-20 reconoce una ventaja competitiva al originador privado frente a otros agentes privados que participan del proceso. 

Del programa ITV 

Con el Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular se procura la creación de una red de centros privados de inspección de los vehículos que transiten en el territorio nacional, como forma de garantizar que lo hagan en condiciones adecuadas.

De acuerdo con la propuesta presentada, serían 56 centros con tres o hasta seis líneas de inspección cada uno y capacidad para unas 160 inspecciones al día.

Además, habrá ocho unidades móviles con hasta 215 líneas de inspección y capacidad de hasta 120 inspecciones diarias.

La o las empresas que den el servicio tendrían contratos de 15 años con el Estado, según la estimación inicial. En la página de la DGAPP se informa que el monto referencial de la inversión en ese proyecto es de 4,000 millones de pesos.

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Vega Real cierra jornada 16 con victoria ante Moca

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Juicio Político a Pleno de Cámara de Cuentas lo decidirían 127 diputados

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