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Ciudad de México, México.- El 19 de julio de 2022, Renata Rojas se convirtió en la primera mujer mexicana en llegar hasta los restos del Titanic a bordo de Titán, el sumergible de la empresa OceanGate Expeditions. A casi un año de que la mexicana cumplió su sueño, la misma embarcación que se lo permitió, […]
En la primera plenaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA) de ayer los países representados aprobaron que la Comisión General continúe discutiendo algunos puntos en los que todavía no se ha logrado el consenso sobre la resolución para la asistencia inmediata a Haití.
El texto propuesto manda a los estados americanos a ofrecer facilidades a Haití para la seguridad, en especial la Policía Nacional, para ayuda humanitaria y para la celebración de elecciones.
«Estamos sufriendo la peor violación de los derechos humanos a manos de bandas armadas»Jean Victor GénéusCanciller de Haití“
La Comisión General, formada por las delegaciones de los países americanos, tiene hasta hoy viernes para ponerse de acuerdo y que la resolución resultante sea sometida y aprobada por la Asamblea General.
En la mañana de ayer se desarrolló la primera plenaria y en la tarde tuvo lugar la segunda. La Comisión General recibió el mandato de la canciller panameña, Janaina Tewaney Mencomo, en funciones de presidenta de la reunión, de concluir sus trabajos antes del inicio de la cuarta sesión plenaria, programada para las 5:00 de la tarde.
Las deliberaciones de la Asamblea General se producen en privado, mientras la sesión plenaria entre los jefes de delegaciones (normalmente ministros de relaciones exteriores) han continuado.
La canciller de Canadá, Mélany Joly, fue una de las voces que abogó por Haití. Llamó a la comunidad internacional a la acción para resolver la crisis y a no quedarse de brazos cruzados.
“Hay que reforzar la seguridad en Haití, específicamente la Policía Nacional de Haití, que es muy respetada como institución por los ciudadanos haitianos”, sostuvo.
La ministra de relaciones Exteriores de Canadá, Mélany Joly y el canciller dominicano Roberto Álvarez. (FUENTE EXTERNA)
Consideró urgente apoyar a la población haitiana con ayuda humanitaria y de desarrollo, favorecer el diálogo para poder lograr elecciones justas y democráticas en los años venideros, y establecer sanciones para los individuos que viven de la corrupción.
La diplomática también enumeró los esfuerzos que ha hecho Canadá, país que se ha destacado en la campaña para buscar alternativas para el país más pobre de América.
“Canadá también tiene una historia de 100 millones de dólares invertidos en la Policía para fortalecerla y para poder establecer la infraestructura necesaria para la academia policial. También, coordinamos con varios países, establecer sanciones para los individuos que viven de la corrupción”, expresó Joly.
Comandante de EU y Abinader
La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó por Twitter sobre una visita de cortesía de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de ese país, al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.
En el mensaje, afirmaron que este encuentro “reafirma los lazos de cooperación entre los Estados Unidos y la República Dominicana en materia de seguridad”.
La militar estadounidense se encontraba de visita en la República Dominicana “para reunirse con socios dominicanos de alto nivel”. También se reunió con el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, con quien conversó sobre temas de interés mutuo, y participó en la ceremonia de clausura de la competencia regional “Fuerzas Comando 2023”.
Al concluir su visita de dos días, retornó a sus oficinas en la base del Comando Sur de los Estados Unidos en Miami, Florida, junto a la delegación estadounidense participante.
Realidad haitiana
El canciller de Haití, Jean Victor Généus, manifestó su apoyo al proyecto de resolución que preparó el Grupo de Trabajo de la OEA para colaborar con Haití, pero expresó el deseo de que las labores que se aprueben tomen en cuenta el particular contexto de esa nación.
“Yo expreso el deseo de que las labores se orienten teniendo en cuenta este particular contexto con acciones que sean apropiadas a la realidad de Haití y a las aspiraciones del pueblo haitiano para su porvenir”, indicó el diplomático.
El canciller Geneus solicitó a los representantes de los estados de la OEA, la colaboración para proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a la violencia de las bandas armadas.
Aseguró que su país sufre la peor violación de los derechos humanos a manos de grupos de bandas armadas que azotan la vida cotidiana y que toman acciones contra la población, impidiendo la libre circulación de individuos, lo cual limita el acceso a la salud y a la educación.
También invitó a las naciones a aplicar la resolución del consejo de seguridad de las Naciones Unidas que manda a impedir el envío de armas de fuego y municiones a Haití.
Otros estados
En sus ponencias, manifestaron apoyo a la nación haitiana los representantes de Belice, Surinam y Paraguay y Bahamas. La enviada de Brasil opinó que el pueblo haitiano debería ser quien lidere el proceso para encausarse por medio de elecciones.
Venezuela
Varios miembros de la OEA se quejaron del rumbo que lleva ese organismo multilateral por acciones como la inclusión de un enviado del gobierno interino de Juan Guaidó como representante de Venezuela.
“Se incorporó la representación de Juan Guaidó en la organización diciendo que era el presidente interino. Una decisión equivocada, sin legitimidad y que se ha destruido por sí misma. Presidente, me pregunto dónde está el supuesto presidente interino hoy”, cuestionó el ministro de Relaciones Exteriores, de Santa Lucía, Alva Romanus Baptiste.
Dijo que su delegación estaba muy desalentada por el hecho de que una organización como la OEA aceptara algo que ningún otro organismo lo hace.
“Espero que esta macha no se convierta en la norma, que no se termine diciendo que nuestras reglas se aplican de manera selectiva cuando cuadren o no con nuestras intenciones políticas”, criticó.
Si someterán o no a un juicio político a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas se decidiría hoy, en la última reunión de la comisión especial de diputados que tiene la responsabilidad de determinar si en la institución se cometieron actos ilícitos.
Este viernes, el equipo de diputados se reunirá y allí decidirá si acusa a los miembros del órgano fiscalizador por supuestas faltas graves cometidas en la entidad.
En la reunión de ayer, se presentaron las posiciones particulares de cada diputado sobre el escándalo en la Cámara de Cuentas y hoy se realizarán las votaciones a lo interno de la comisión para establecer las recomendaciones que serían remitidas al Senado.
Según Rogelio Alfonso Genao, presidente de la comisión especial, en el encuentro de ayer cada legislador “llevó sus sustentos” de acuerdo a la documentación estudiada y presentó su posición sobre si los funcionarios deben ser o no sometidos a un juicio político.
En ese sentido, dijo que después de presentar sus posiciones, cada diputado expuso su planteamiento, lo que llevó a que se dieran varias propuestas en torno al caso que serán sometidas a votación mañana.
Tiempo suficiente
El diputado sostuvo que la comisión que dirige lleva ya varias semanas estudiando actas del Pleno de la Cámara de Cuentas, documentaciones internas y los argumentos de los interrogatorios, por lo que consideró que “ya es tiempo suficiente” para rendir un informe con sus conclusiones.
Ante la insistencia de la prensa para conocer la posición que prima a lo interno de la comisión, Genao no quiso adelantar ninguna postura y reiteró que será en el informe donde se conocerá el resultado de todo el proceso.
La comitiva tiene previsto reunirse este viernes a las 10:00 a.m. en el que sería su último encuentro para concluir los trabajos.
Trabajar contra el tiempo
Las investigaciones para determinar posibles faltas graves en la Cámara de Cuentas comenzaron el 9 de mayo con un plazo establecido de un mes, pero la comisión tuvo que solicitar la extensión del tiempo por la gran cantidad de pruebas que manejaba.
En ese orden, la Cámara de Diputados concedió otros 15 días para que la comisión rinda su informe y, en consecuencia, el equipo tiene hasta el sábado para exponer sus conclusiones sobre el caso.
Faltas graves en la Cámara de Cuentas
La Cámara Baja decidió investigar e interrogar al Pleno del órgano fiscalizador luego de que el presidente de la institución denunciara que es un «preso de confianza» en la entidad y reveló que allí se han tomado decisiones ilegales.
Las declaraciones de Janel Andrés Ramírez, presidente del órgano, llevaron a que varios diputados sometieran resoluciones que buscaban la realización de un juicio político contra el presidente de la institución fiscalizadora y contra los miembros titulares Elsa Catano, Elsa Peña, Mario Fernández y Tomasina Tolentino.
¿Qué es un juicio político?
El juicio político es un proceso judicial que se lleva a cabo para determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos en diferentes hechos contrarios a la ley.
La Constitución de la República faculta al Poder Legislativo para la realización de un juicio político que podría tener como resultado la destitución de los funcionarios señalados por presuntos actos corruptos y faltas en el ejercicio de sus funciones.
Este viernes 23 de junio finaliza “oficialmente” el año escolar para todos los estudiantes del sistema educativo público y el día 29 para los docentes, de acuerdo al calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación, periodo que termina con un estancamiento en los aprendizajes, de acuerdo a los resultados de las pruebas diagnósticas presentados por las autoridades.
Este año lectivo 2022-2023 fue el de la integración total a las clases presenciales, luego de los dos ciclos anteriores que fueron a distancia y semipresencial, donde se profundizó la pérdida de los aprendizajes, que sigue siendo significativamente bajo en todos los niveles y modalidades, sin avances específicos, de acuerdo a los resultados de las pruebas diagnósticas que se aplican a los estudiantes.
El periodo comenzó con un nuevo ministro designado el 3 de agosto de 2022 en sustitución de Roberto Fulcar, quien estuvo en el cargo desde el 16 agosto de 2020 cuando Luis Abinader asumió el poder.
Retos de Hernández
Ángel Hernández asumió el Minerd con pendientes por resolver como la demanda de cupo de estudiantes de todos los niveles en diversas comunidades del país, la falta de docentes, personal de apoyo, butacas, libros de texto y policías escolares para garantizar la seguridad de los centros educativos.
Además, y, por si fuera poco, enfrentar la revisión de cientos de contratos de compra de diversos rubros como los dispositivos electrónicos, site de seguridad informática, butacas, transporte, entre otros. Muchos de estos contratos fueron rescindidos y no pagados. Otros suplidores han llegado a acuerdos con las autoridades educativas. El Minerd puso en ejecución el Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar (PASE), al que unos 2,300 estudiantes se acogieron.
Conflictos ADP y escuelas
El desarrollo del año escolar encontró también a los centros educativos en un proceso de mantenimiento correctivo que, al decir de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), fue solo “un paño con pasta”, y después de una inversión de 5,000 millones de pesos siguen presentando problemas de filtraciones y falta de instalaciones sanitarias. Con la ADP se mantuvieron los enfrentamientos por diversas demandas que incluyen el aumento en las pensiones de los docentes, de los salarios a los maestros activos y ocho puntos más que son discutidos con el presidente Abinader y la mediación del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
Los precandidatos a cargos electivos estarán obligados a declarar ante la Junta Central Electoral (JCE) todos los gastos e ingresos recibidos como contribuciones económicas durante la precampaña y la campaña de cara a las elecciones de febrero y mayo de 2024.
Una vez seleccionados por los partidos políticos y notificados a la JCE las postulaciones, los aspirantes deberán acceder al Sistema de Fiscalización Financiera Electoral, una solución informática creada por la Dirección Informática del organismo de elecciones para reportar los aportes económicos.
Los precandidatos deberán suministrar la fecha del aporte, nombres y apellidos, cédula de identidad y electoral, teléfono, dirección del contribuyente y el monto de la contribución.
La fiscalización estará a cargo de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la JCE a cargo de Ramón Hilario Espiñeira.
De acuerdo a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, los gastos que realicen los precandidatos para las actividades y proselitismo interno, destinados a definir sus candidaturas están regidos por topes.
En consecuencia, los postulantes presidenciales no podrán rebasar los topes de 70 pesos por electores hábiles inscritos en el padrón electoral a nivel nacional y los congresuales los 60 pesos por votantes inscritos a nivel de la provincia o circunscripción correspondiente.
De igual modo, los municipales deben limitarse a los 50 pesos para alcaldes y 25 para regidores, por electores hábiles inscritos en la demarcación correspondiente.
En el caso de los distritos municipales serán 100 pesos para directores distritales y 25 para vocales, por electores hábiles inscritos en la demarcación.
Las contribuciones individuales hechas por particulares a los precandidatos no podrán ser superiores al 1 % de los límites o topes establecidos
“Este reporte tiene por objeto transparentar toda contribución económica proveniente de personas naturales de forma individual que reciben los precandidatos (as) y candidatos (as) a cargos de elección popular y mostrar, en todo momento, la identificación del origen de éstas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 33-18”, precisó Espiñeira.
Sostuvo que la única manera de la JCE saber si los precandidatos están cumpliendo, respetando o no los topes, es con una herramienta de fiscalización.
“Esa herramienta no se puede ver como una imposición de la fiscalización, sino como parte de la obligación de los partidos y de los candidatos admitidos por la Junta”, refirió en el seminario: Financiamiento, Control Interno y Transparencia de las Organizaciones Políticas, llamado a orientar a los partidos.
Para que la contabilidad ordinaria sea permanente, a mediano plazo la JCE implementará una solución informática denominada Sistema de Planificación de Recursos Empresariales destinada a que los partidos hagan sus reportes sobre la contribución económica del Estado. Se hará a través del mismo software que utilizará la JCE para sus operaciones financieras.
La herramienta permitirá comprobar que todos los sistemas internos de control financiero de los partidos que se encuentren en funcionamiento.
La fiscalización de los recursos del Estado dado a los partidos busca garantizar los controles internos necesarios, la seguridad de los registros y la generación de los documentos esenciales en la contabilidad general, como son: diario de transacciones de desembolso, diario de transacciones de ingresos, diario general, mayor general, balance de comprobación, estado de situación financiera, estado de resultados y nómina de contribuyentes.
Además, que garantice la razonabilidad y compatibilidad de los informes financieros, de los balances y estados financieros que la herramienta informática debe generar.
De las fechas
El próximo 2 de julio comienza el periodo de la campaña interna o precampaña. Los partidos tiene hasta el 29 de octubre para seleccionar los candidatos a cargos de elección popular mediante la modalidad de primarias, asambleas, convenciones o encuestas.
Conforme al calendario electoral de la JCE, las elecciones municipales serán el 18 de febrero y las presidenciales y congresuales el 19 de mayo de 2024.
Para los comicios están llamados a votar 8 millones de electores registrados hasta el 15 de junio en el padrón de electores.
La construcción de un tren de carga que viaje desde Haina hasta el puerto de Manzanillo, necesitaría de una “alianza nacional” con los sectores productivos de la nación para que el proyecto sea rentable.
Así lo establece Jhael Isa, director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), tras obtener los resultados de un estudio de mercado realizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
«Se necesitan cinco zonas francas como la de Santiago, que tiene 40 mil empleados, para que sea rentable»“
«El problema es que el tren no es de pasajeros. El pasajero es un componente complementario «Jhael Isa Director Fitram“
Isa participó recientemente en el Diálogo Libre de Diario Libre donde habló sobre temas trascendentes del transporte y el desarrollo de la ciudad. El Diálogo será publicado el próximo lunes 26 de junio.
“Con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hicimos el estudio de mercado para saber si había mercado para eso. El problema de ese proyecto es que no es un proyecto de transporte de pasajeros, el transporte es un componente complementario. El proyecto es de carga”, reveló.
Las empresas Ares y Compreica han publicado en YouTube y expresado interés en la construcción de un tren nacional que conecte los puertos dominicanos y las zonas de mayor desarrollado desde el Sur hacia el Norte. Estos trenes son planteados por ambas empresas de doble modalidad, carga y pasajeros.
Sin embargo, Isa sostiene que para que al proyecto de tren “hay que hacerle cinco zonas francas como el consorcio de zonas francas de Santiago”.
Tren de carga
El técnico de transporte señala que como proyecto de pasajeros no podría competir con el sistema de autobuses “porque el tren nunca compite con los buses, por una cuestión de frecuencia. La gente no se planifica. El tren sale cada una hora y las guaguas salen cada diez minutos, entonces la gente llega y toma su guagua. Con carga sí competiría”, añade.
“Es un proyecto a futuro, en el que hay que hacer una gran alianza nacional con el sector privado. Es posible. Pero después que hagamos el tren (el tren metropolitano de transporte) vamos a tener la credibilidad y el modelo bajo, el sistema de fideicomiso y se lo hice saber a los interesados en su momento”, sostuvo.
Corredor logístico
A pesar de los retos que implica la construcción del tren, no obstante, Isa sostiene que a nivel de producción sería una gran transformación para la República. “Se necesita cinco zonas francas como la de Santiago, que tiene 40 mil empleados: Haces una en La Vega, una en Bonao y otra en San Francisco de Macorís. Esas zonas francas te van a consolidar carga, y a eso se le suman los camiones de producción agrícola que bajan desde la loma y consolidan su carga en un punto listo para la exportación”, refirió.
El tren se convertiría asimismo en un corredor logístico “excepcional”; sin embargo, implicaría sentar “a la Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD)”. Isa añade que además el momento mundial lo favorece “con todas las actividades de nearshoring que están ocurriendo a nivel mundial”.
Es lo mismo que pasa con el tren metropolitano. Ocurre porque el mercado de capitales está muy líquido y está buscando donde poner el dinero. Y tú tienes unas condiciones repago que son óptimas desde el punto de vista del mercado de capitales, lo mismo con el tren.
Las dos empresas con proyectos
Hasta la fecha la empresa Ares es la única que ha hecho campaña públicamente a favor de la construcción de un tren y un sistema ferroviario nacional que conecte las tres regiones del país. Pero la empresa de ingenieros Compreica también ha publicado en su canal de YouTube su propuesta para un sistema ferroviario nacional.
Ambas empresas coinciden en la elaboración de líneas de tren que unan las regiones Sur, Norte y Cibao, y los principales puertos de carga marítima y también las zonas turísticas.
Las empresas han presentado una propuesta para una primera línea que se extiende desde Santo Domingo, hasta el puerto de Manzanillo, consistentes en dos fases. La primera fase Santo Domingo-Santiago y la segunda Santiago-Puerto de Manzanillo.
En la oferta de Ares, el tren tendría conexiones directas Santo Domingo-Santiago y una ruta con cercanías internas que pasaría por Los Alcarrizos, Villa Altagracia, Piedra Blanca y Bonao.
El proyecto de Ares además incluye una serie de obras complementarias al proyecto, estaciones de alto nivel de infraestructura, la instalación de un centro logístico en la provincia Santiago, entre otras infraestructuras.
La Fiscalía del Distrito Nacional se mantiene la noche de este jueves trabajando en revisión de documentos para solicitar la medida de coerción que pedirá contra Elizabeth Silverio, directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland y quien está detenida desde ayer tras denuncias de que manejaba el centro con irregularidades.
Rosalba Ramos, titular de la Fiscalía del DN, dijo a Diario Libre que hasta el momento, Silverio va a ser acusada de estafa, usurpación de funciones y violación a la Ley General de Salud (42-01).
«Bueno tentativamente, nosotros estamos viendo que se configura la estafa, la usurpación de funciones, porque ella está usurpando un título, y tenemos la violación a la Ley General de Salud», refirió la fiscal.
La servidora pública no descarta que se incluya otro ilícito contra la llamada “reurocientífica” y «pastora» a medida que continúen recibiendo querellas de los padres de niños que recibían atenciones en el referido centro», agregó Ramos.
«Nosotros estamos esperando a ver algunas de las denuncias, nos llamó un abogado para decirnos que venía con unas querellas para nosotros poderlas incluir en el proceso y ver si hay algo que cambia la calificación, si hay que agregarle algún otro tipo penal que no hemos considerado hasta el momento», acotó.
Ramos dijo que la Fiscalía tiene 10 querellas en contra de Silverio y pidió a los padres de niños que padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA) y que estaban en el centro acudir a denunciar.
Explicó que tienen hasta mañana viernes para presentar la acusación, debido a que la señora fue apresada la tarde de ayer miércoles y la ley establece 48 horas para hacerlo.
Devolvió dinero
La fiscal Ramos confirmó que efectivamente algunos padres que fueron afectados recibieron dinero de Silverio como una especie de devolución.
«Eso fue lo que supimos con algunos padres, que algunos de ellos, ella le devolvió parte del dinero y que por eso algunos no querían denunciar», dijo.
Importancia de denunciar
«Nosotros tenemos al momento diez denuncias, lo que nosotros invitamos a los padres a que denuncien, porque esas denuncias fue hoy que las comenzamos a registrar, ayer no teníamos ninguna, entonces eso es importante, que los padres denuncien y ver cuál era el alcance de las terapias que le daba la señora Silverio a los niños, que si llegó a medicar o no a algunos de ellos», explicó la fiscal Ramos.
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