Los miembros de la Cámara de Cuentas Janel Andrés Ramírez Sánchez y Mario Arturo Fernández Burgos no asistieron este martes a la audiencia de juicio de fondo por el caso Antipulpo para la que estaban citados como testigos.
Los magistrados estaban citados a acudir ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conoce el caso.
Ambos magistrados de la Cámara de Cuenta alegaron que no pudieron asistir por compromisos previos, informó el tribunal a Diario Libre.
En tanto que serán citados de nuevo para el 25 de julio, fecha para la que se aplazó la audiencia.
Este martes, el principal imputado del caso Antipulpo, Alexis Medina Sánchez, acudió a la primera audiencia del juicio de fondo sin abogados, por lo que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le otorgó cinco días para que informe si continuará con el mismo que lo representaba en el juicio preliminar o acordará con otro togado.
A la audiencia tampoco asistió con representantes el acusado Wacal Bernavel Méndez Pineda, debido a que su abogado, Robinson Reyes, envió una excusa porque la mañana del martes se le confirmó que tenía COVID-19.
En caso de Medina no llegar a un acuerdo con un abogado privado se le dispondría un defensor público para no retrasar el desarrollo del caso.
La jueza Kimberly Tatis, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, rechazó este miércoles la imposición de medidas de coerción a cuatro de las cinco personas vinculadas al decomiso de 11.5 Kilos de cocaína.
Mientras que, contra el otro implicado, identificado como Francisco Raúl Torres Cohen, la magistrada Tatis impuso una garantía económica de RD$10.
A los imputados Pedro José Baldera Mancebo, Erick David Castro, Francisco Alberto Rodríguez Villanueva y al teniente coronel del Ejército de la República Dominicana, Edwin Manuel Cuevas González, no se les impuso ningún tipo de medida debido a las supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio Público durante los apresamientos.
El abogado Esteban Pérez, representante legal de uno de los implicados, indicó que la decisión del tribunal fue emitida debido a que las autoridades realizaron un allanamiento en un inmueble sin una orden judicial, a pesar de que se trataba de una investigación realizada con antelación.
El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
En la instancia de solicitud de medidas, la Fiscalía de Santiago establece que en el operativo de interdicción que culminó en un residencial del este de la ciudad de Santiago, las autoridades apresaron en flagrancia a los cinco imputados, a quienes les ocuparon 10 paquetes de una sustancia en polvo que se presume es cocaína, con un peso aproximado de 11.5 kilos, en el interior de un jeep Kia Sorento.
En otro vehículo, Hyundai Sonata, color blanco en poder de los procesados, se incautó, en un compartimiento secreto (caleta) un paquete de lo que se presume es marihuana, así como una pistola marca Taurus, con su cargador y cápsulas.
Otras pistolas incautadas durante ese operativo son una Heckler & Koch, calibre 40, con su cargador y ocho cápsulas y una marca Smith and Wesson, así como más de un centenar de municiones.
Además de la citada cantidad de presunta marihuana, se ocuparon otras tres porciones de ese mismo vegetal, así como una trituradora y una mochila en cuyo interior había $86,050 pesos y 25 dólares estadounidenses.
En la medida de coerción la Fiscalía establece que el grupo pertenece a una estructura criminal que almacenaba varios tipos de drogas tanto en Santiago como en Santo Domingo Este, para posteriormente ser enviada a Estados Unidos y Europa.
La jueza Kimberly Tatis, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, rechazó este miércoles la imposición de medidas de coerción a cuatro de las cinco personas vinculadas al decomiso de 11.5 Kilos de cocaína.
Mientras que, contra el otro implicado, identificado como Francisco Raúl Torres Cohen, la magistrada Tatis impuso una garantía económica de RD$10.
A los imputados Pedro José Baldera Mancebo, Erick David Castro, Francisco Alberto Rodríguez Villanueva y al teniente coronel del Ejército de la República Dominicana, Edwin Manuel Cuevas González, no se les impuso ningún tipo de medida debido a las supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio Público durante los apresamientos.
El abogado Esteban Pérez, representante legal de uno de los implicados, indicó que la decisión del tribunal fue emitida debido a que las autoridades realizaron un allanamiento en un inmueble sin una orden judicial, a pesar de que se trataba de una investigación realizada con antelación.
El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
En la instancia de solicitud de medidas, la Fiscalía de Santiago establece que en el operativo de interdicción que culminó en un residencial del este de la ciudad de Santiago, las autoridades apresaron en flagrancia a los cinco imputados, a quienes les ocuparon 10 paquetes de una sustancia en polvo que se presume es cocaína, con un peso aproximado de 11.5 kilos, en el interior de un jeep Kia Sorento.
En otro vehículo, Hyundai Sonata, color blanco en poder de los procesados, se incautó, en un compartimiento secreto (caleta) un paquete de lo que se presume es marihuana, así como una pistola marca Taurus, con su cargador y cápsulas.
Otras pistolas incautadas durante ese operativo son una Heckler & Koch, calibre 40, con su cargador y ocho cápsulas y una marca Smith and Wesson, así como más de un centenar de municiones.
Además de la citada cantidad de presunta marihuana, se ocuparon otras tres porciones de ese mismo vegetal, así como una trituradora y una mochila en cuyo interior había $86,050 pesos y 25 dólares estadounidenses.
En la medida de coerción la Fiscalía establece que el grupo pertenece a una estructura criminal que almacenaba varios tipos de drogas tanto en Santiago como en Santo Domingo Este, para posteriormente ser enviada a Estados Unidos y Europa.
La Asociación de Vecinos del Respaldo Agustín Lara (Asoveral) denunció este miércoles que los constantes desórdenes y actos de violencia que suelen registrarse en las afueras del Kiss Bar los mantienen en zozobra y desasosiego.
Hicieron un llamado a los organismos correspondientes para que el negocio sea cerrado definitivamente a fin de que los residentes del sector puedan vivir en tranquilidad.
La reapertura de la discoteca se vio afectada una vez más por un altercado violento en plena vía pública la cual se hizo viral en las redes sociales.
Alarmados por la reapertura de este centro de diversión, la entidad que agrupa a los moradores del respaldo Agustín Lara, agradecieron la intervención y el apoyo del director del Departamento de Control y Bebida (COBA), José Elías Paulino, por hacer cumplir las disposiciones que regulan la operación de este tipo de negocios.
“No entendemos el porqué de esta reapertura, cuando las autoridades conocen la preocupante situación de incertidumbre y violencia que genera este negocio, aparte de que su instalación en esa zona residencial es abiertamente violatoria a la Resolución Municipal 94-98, que prohíbe este tipo de negocios en la zona”, dijeron en una nota de prensa.
Autoridades de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) cerraron por segunda ocasión el centro de diversión nocturnaKiss Bar, ubicado en la calle José Amado Soler del Ensanche Naco, en el Distrito Nacional.
La decisión del COBA fue debido al incidente que se originó el pasado sábado, mismo día que fue reabierto el lugar tras permanecer cerrado durante casi un mes.
Una fuente confirmó a Diario Libre que, durante la reapertura del negocio, el sábado 17 de junio, se originó un enfrentamiento entre jóvenes que se encontraban afuera del bar, luego que el establecimiento culminó sus operaciones.
El 19 de mayo el bar había sido clausurado temporalmente por haber sido el escenario de un atraco en el que perdió la vida el joven Joshua Omar Fernández Decena. Por este hecho guardan prisión el hijo del famoso influencer conocido como Dotol Nastra y otros dos involucrados.
El servicio de transporte del Metro de Santo Domingo operó con normalidad ayer martes, pese a la convocatoria a paro hecha por un grupo de operadores, mientras el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte(Opret), Rafael Santos Pérez, aseguró que cuentan con personal suficiente para continuar con la operatividad del sistema.
Afirmó que como habían prometido, el servicio se sigue ofreciendo de manera normal con la misma regularidad y calidad de siempre y consideró que un paro como el convocado es ilegal porque no tiene “visiblemente una razón” y porque ese grupo protestante no representa a la empleomanía del Metro.
Sostuvo que la Opret tampoco tiene demandas claras y definidas de parte de ese grupo, pero tampoco se ve que exista un problema entre las partes, debido a que durante el proceso de diálogo que se ha hecho, acordaron 7 puntos y que solo en dos no han cumplido, porque no son temas de la competencia de esa entidad.
Recordó que el pago de prestaciones para los servidores públicos está contemplado en la ley que rige al Ministerio de Administración Pública(MAP) que establece unos criterios de los cuales, los servidores públicos se benefician de prestaciones.
Indicó que el punto que no se ha cumplido del acuerdo es un retroactivo de un grupo de colaboradores, pero que no tienen el presupuesto para pagarlo y se les dijo que se esperara el presupuesto reformulado o del año que viene, pero que esa es una competencia del MAP que le respondió mediante una comunicación a los exempleados.
El retroactivo es por la promoción de 22 servidores que pasaron a ser agentes de explotación, siete ascendido a atención al usuario y tres promovidos a operadores de trenes, cuyo deudo asciende a unos dos millones y medio de pesos.
Los pasajeros abordaron el sistema como todos los días (MATÍAS BONCOSKY)
“Este llamado nos sorprendió a nosotros porque realmente es muy tremendista, el Metro es un servicio de alta seguridad nacional y ellos saben dónde trabajan, saben bajo cuáles esquemas de trabajo se opera aquí, y nosotros sabemos la importancia que tiene para el país y la ciudad los servicios del Metro, no se puede jugar con el transporte de más de trescientas mil personas”, dijo Santos Pérez.
Lamentó que los servidores hayan asumido el camino de la protesta toda vez que se ha buscado solución a las demandas que han planteado.
Con relación a la demanda para la creación de una asociación, dijo que la ley no especifica que en la Opret no se tiene esa excepción, pero que hay que cumplir con el reglamento que debe iniciar con un comité gestor que se elige entre todos los empleados.
“El día que eso se iba a hacer hubo un problema como elección y el MAP decidió suspender la elección del comité gestor y quedaron y la motivación habría que preguntársela al MAP porque ellos son los que ejecutan eso”, sostuvo el director de la Opret.
Un grupo de los operadores se concentró en la parte frontal de la estación Juan Pablo Duarte desde las primeras horas del martes donde habló con los medios de comunicación. Agentes de la Policía Nacional y de la seguridad del Metro y el Teleférico se mantuvieron en el lugar en prevención de incidentes.
Las autoridades permitieron que los medios de comunicación entraran al sistema para que tomaran fílmicas y fotografías sobre la normalidad en el transporte de pasajeros.
Por su lado, Luis Miguel Peña Custodio, uno de los operadores de trenes, indicó que sabían que el sistema iba a seguir funcionando, pero vaticinaron que la situación se complicará porque, por ejemplo, un despachador de trenes, ahora está conduciendo un tren y se preguntó ¿quién hará su trabajo?
“Ese despacho va a trabajar los siete días sin descansar, le van a seguir atropellando su derecho, nosotros no estamos pidiendo un cohete para ir a la Luna, simplemente que se cumpla la Ley 41-08, porque tiene cosa que nos benefician como empleados y solamente lo que nos perjudica es lo que se nos aplica”, dijo Peña Custodio.
Seiris Maldonado, Jennifer Pérez y Gerónimo Encarnación advirtieron que seguirán la protesta de brazos caídos en demanda de sus derechos. Deploraron que los hayan cancelado y ahora se les nieguen sus prestaciones por una interpretación errónea de la Ley 41-08.
Negó que se trate de una lucha política como se ha dicho y manifestó que muchos han entrado al servicio del Metro porque ganaron concurso para los puestos que ocupan y ahora los desvinculan sin ninguna justificación.
Las demandas
Dentro de las demandas de los operadores están el cumplimiento de un acuerdo de 8 puntos que comprende: Mejoría salarial de RD$37,8000, el sueldo mínimo para los operadores y un máximo de RD$43,800 el máximo. Los operadores dicen que en esta parte se ha cumplido de manera parcial.
El pago de retroactivo sigue pendiente y tiene un ascendente de 2.5 millones. También en el punto 4 se establece la acreditación de conductor de trenes por una institución competente, el pago por trabajo de horas nocturnas, el cese de las cancelaciones injustificadas, así como desarrollar un instrumento técnico institucional como manual de organización de funciones de la Opret y la creación de una asociación.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó ayer a dos policías a 15 años de cárcel y a tres civiles a 30 años por la paliza de la que fue objeto el joven David de los Santos en el destacamento de Naco el 27 de abril de mayo del pasado año, paliza que le produjo la muerte cuatro días después en el hospital Darío Contreras.
Los agentes condenados son el segundo teniente Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso Decena Hernández, contra quienes quedó “establecida” su responsabilidad penal. Ambos miembros de la Policía Nacional fueron los que hicieron el turno, de 10:00 de la noche del día 27 de abril hasta las 5:00 de la mañana del día 28, tiempo en el que se produjo la tortura y barbarie contra la víctima.
Las juezas del tribunal descargaron al capitán Domingo Alberto Rodríguez y al raso Sari Manuel González, por no existir “ningún elemento” que permitiera a las magistradas “establecer que estos dos imputados se encontraban en el destacamento” en las horas en las que ocurrió la golpiza a De los Santos.
Solamente fueron sentenciados por tortura y barbarie los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban en la celda cuando llevaron a la víctima esposada con las manos hacia atrás y que, según las pruebas aportadas, golpearon salvajemente al joven de 24 años por los ruidos que este hacía como consecuencia del “evidente estado de deficiencia psíquica” que tenía.
Por los gritos
“No toleraban sus gritos ni su bulla y por eso reaccionaron golpeándolo a pesar de su estado de vulnerabilidad”, expuso la jueza Giselle Méndez.
Junto a sus colegas, Tania Yunes y Jissel Naranjo, Méndez impuso la pena de 15 años de prisión a García de la Cruz y a Decena Hernández basándose en el artículo 186 del Código Penal que sanciona a todo funcionario, incluyendo los policías “que, en el ejercicio de sus funciones o en razón de ese ejercicio, y sin motivo legítimo, usaren o permitieren que se usen violencias contra las personas” y cuyo castigo, de acuerdo a lo que estatuye esa norma deberá ser de “la naturaleza y gravedad de esas violencias, aumentándose la pena conforme a las reglas establecidas en el artículo 198”.
Al explicar la decisión, Giselle Méndez dijo que esa es la pena máxima que el legislador ha contemplado para ese tipo penal de un funcionario y para los policías.
Sin embargo, manifestó que entienden “que pudiera incluso considerarse mucho más reprochable (la conducta de los dos policías condenados) que la conducta en la que incurrieron los detenidos en la celda porque tenían el control de evitar este resultado, tenían la capacidad y la potestad de, haciendo de sus facultades y cumpliendo con el deber que la Constitución, las leyes y los reglamentos le imponen de proteger y salvaguardar la integridad física de David de los Santos e hicieron todo lo contrario”.
El Primer Tribunal Colegiado absolvió de responsabilidad a los agentes de seguridad de Ágora Mall, Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, por entender que “estaban avalados por ley para proceder a la detención de la víctima David de los Santos Correa” tras ser informado de la amenaza que éste le hizo a la señora Altagracia Mejía Santos, empleada de la tienda Senses Sunglasses And Accesories.
Podían escuchar ruidos
La distancia que hay entre la celda y el lugar donde debían encontrarse los agentes condenados que estaban de turno es de solo 6.9 metros, dijo la presidenta del tribunal al leer el dispositivo de la sentencia.
“Lo que quiere decir que estaban en condiciones de escuchar todo lo que dentro de esa celda estaba aconteciendo” y no hicieron nada. La víctima fue detenida en el mall después de protagonizar un incidente con Mejía Santos, empleada de la mencionada tienda, a la que le habló de manera “agresiva” y fue detenido por la seguridad.
“No me siento conforme” con la sentencia
Damiana Correa, madre de David de los Santos, dijo que esperaba 30 años para todos los acusados de torturar a su hijo en una celda del destacamento de Naco, y no solo para tres de los imputados.
“No estoy de acuerdo. Eso no era lo que esperaba”, dijo Correa.
No obstante, reiteró que es cristiana y confía en que Dios hará justicia por su hijo que falleció cuatro días después de la golpiza que recibió en el cuartel por tres presos, luego de ser introducido al lugar esposado con las manos hacia atrás, en total indefensión.
Máximo Peña, abogado de la familia de David de los Santos, sostuvo que los dos miembros de la Policía descargados, aunque no estaban en el destacamento ya cuando el joven fue torturado, propiciaron también el crimen al recibir sano al joven y colocarle las esposas con la mano hacia atrás. “Las esposas hacia atrás facilitaron todos los golpes que le dieron a David y también su muerte por la falta de este poder defenderse y moverse”, dijo Peña.
El ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla, acudió este martes a la Cámara de Diputados para entregar una propuesta de modificación al proyecto de Ley de Alquiler de Bienes Inmuebles y Desahucios que se estudia en una comisión especial.
En sus planteamientos, Bonilla expresó que el proyecto debe contemplar “más facilidad” para sacar de las casas a los inquilinos que no paguen alquileres.
Según el funcionario, el mercado de alquileres no se ha desarrollado correctamente en República Dominicana porque aún “es muy difícil” sacar a los inquilinos que no pagan.
«La propuesta de nosotros busca que el propietario tenga una manera más rápida de recuperar su inmueble cuando haya incumplimiento en el pago»Carlos Bonillaministro de Vivienda y Edificaciones“
Reiteró que en el país no hay grandes proyectos de alquiler por las trabas, dificultades y falta de normativas para desalojar a los residentes.
En ese sentido, destacó que, si hay más apartamentos en alquiler, se garantizaría el derecho de la vivienda y, además, se contribuiría con la reducción del costo de las rentas y con la inversión en el sector inmobiliario.
Descarta “casas transitorias” y entrega nueva propuesta
Antes de entrar al encuentro con la comisión, Bonilla negó que haya entregado una propuesta para dar casas transitorias a quienes demuestren que no pueden pagar un alquiler, a pesar de que el equipo de congresistas fue apoderado de unas observaciones entregadas por el Mived.
De hecho, el departamento de comisiones de la Cámara de Diputados también recibió la propuesta, aunque el ministro expresó que no sabe “de dónde salió eso”.
El funcionario acudió a la cita de la comisión para entregar una nueva propuesta basada en más derechos para los propietarios y así facilitar la inversión inmobiliaria.
En ese orden, el presidente de la comisión especial, Eugenio Cedeño, precisó que tanto los planteamientos expuestos por el Mived como el proyecto de ley en sí, buscan “dar un equilibrio” a los derechos de los propietarios de casas y a los inquilinos para evitar conflictos.
“Queremos brindar una ley que garantice los derechos de todos”, recalcó Cedeño al sugerir que la comisión seguirá escuchando a otros sectores interesados en el tema.
Vistas públicas el 27 de junio
En la misma reunión, el presidente de la comisión recordó que la Cámara de Diputados encabezará unas vistas públicas para analizar todas las opiniones en torno al proyecto de alquileres. La consulta se realizará el próximo martes de 27 de junio.
Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) podrían asumir hoy compromisos específicos para ayudar a Haití en caso de aprobar una propuesta de resolución que será sometida en la sesión que se desarrollará desde el 21 hasta el 23 de junio.
El canciller dominicano Roberto Álvarez llegó ayer a Washington, Estados Unidos, para participar en el período de sesiones, donde presentará las posiciones del gobierno respecto a Haití.
El documento que será sometido insta a los estados miembros y a los observadores a la “facilitación inmediata de la seguridad, la asistencia humanitaria, prestación de apoyo para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en Haití”. Uno de los objetivos es suplir los recursos necesarios para la celebración de elecciones.
Para el excónsul haitiano en República Dominicana, Edwin Paraison, esta iniciativa tendrá éxito si se toma en cuenta la realidad política en términos de liderazgo gubernamental en Haití y los intereses geopolíticos que dividen a los países con relación a la nación caribeña.
En la decisión que se tome –dice- es necesario buscar la mejor fórmula para ambos niveles porque “los haitianos estamos divididos y no logramos un real acuerdo respecto a la transición, pero igual la comunidad internacional que quiere ayudar”.
Considera que la comunidad internacional ha jugado un rol protagónico en la crisis de Haití por lo que su participación en la búsqueda de soluciones es una obligación moral.
“La OEA ya había hecho un mea culpa el año pasado; debe verse esta iniciativa como una manera de cumplir con su parte. Sin embargo, ya el mes que viene tendremos dos años de un gobierno de transición que no ha podido cumplir mínimamente con su misión pese a recibir al menos el apoyo político de los países más influyentes en el escenario haitiano”, advierte Paraison, también presidente de la fundación Zile.
Primero la seguridad
El internacionalista Nelson Espinal Báez afirma que de esta reunión debe salir una hoja de ruta y definiciones de responsabilidades concretas para cada país, y que el primer tema al que se le debe prestar atención es a la seguridad.
“Debe ser aprovechada para poner en primer lugar de la agenda de la cooperación con Haití la seguridad, sin la cual no podrán tener avances significativos las ayudas humanitarias, la recuperación de la institucionalidad, la gobernabilidad y mucho menos elecciones democráticas”, reflexiona el politólogo.
Espinal Báez es optimista en que los países cumplan sus compromisos de controlar y evitar el tráfico de armas, reforzar la frontera y los puertos, junto a la asistencia a la policía haitiana.
En el proyecto de resolución acordado por el Consejo Permanente en la sesión ordinaria celebrada el 16 de junio de 2023 se insta a los estados miembros y observadores permanentes a brindar ayuda inmediata y fondos en materia de seguridad para fortalecer institucionalmente la Policía Nacional y mejorar su capacidad operativa.
También, para aumentar las capacidades de seguridad fronteriza y portuaria y evitar el tráfico ilícito de armas de fuego.
En caso de aprobarse, solicitarán al Grupo de Trabajo para Haití que promueva y fomente el establecimiento de una Misión Conjunta OEA-Caricom de Asistencia Electoral y Fortalecimiento de la Democracia que “facilite la prestación de asistencia en materia de seguridad, infraestructura y preparativos de carácter jurídico y técnico para unas elecciones inclusivas, libres, justas y creíbles, así como para la transición democrática en Haití, tan pronto como las condiciones lo permitan”.
En cuanto a ayuda humanitaria, los estados americanos se comprometerían con integrar sus compromisos y aportaciones a los que ya están suministrando los socios internacionales y regionales establecidos.
El canciller dominicano Roberto Álvarez llegó ayer a la ciudad de Washigton D.C., Estados Unidos, para participar en este Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, número 53.
Además de Haití, el ministro de Relaciones Exteriores transmitirá las posiciones del gobierno dominicano sobre temas de interés para la región de las Américas, tales como la crisis de Nicaragua, el adecuado financiamiento para enfrentar el cambio climático, el programa-presupuesto de la organziación para 2024, y sendos reconocimientos al legado de Jimmy Carter y del exsecretario general, João Clemente Baena Soares, entre otros.
El tema general que se desarrollará durante los debates del 21 al 23 de junio de este 2023, aprobado por el Consejo Permanente de este organismo es “Fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas”.
Durante su participación en este cónclave, el ministro de Relaciones Exteriores tiene previsto agotar una jornada de trabajo extensa. Entre las actividades a realizar se encuentran reuniones bilaterales con sus homólogos de la región, y con Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU, y la ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, tras la crisis diplomática por el anuncio de ese país norteamericano de que pretendía instalar una oficina en suelo dominicano para dar apoyo a la policía de Haití.
Además, asistirá a las reuniones ministeriales del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) y del Grupo de Trabajo sobre Haití. Asimismo, participará en eventos paralelos organizados por el Diálogo Interamericano y será el anfitrión de un acto de entrega de la digitalización de gran parte del archivo histórico de las sesiones del Consejo Permanente de la OEA, organizado por la Misión Permanente de República Dominicana ante este organismo en la Biblioteca Colón, en esta ciudad.
Con su andar lento, voz tenue y hablar pausado, Sor Leonor Gibb recibió con humildad a Diario Libre y, de inmediato, su energía invadió a quienes le rodeábamos, al comentar con orgullo y entusiasmo lo que se ha logrado en más de seis décadas en el Batey Consuelo, donde se demuestra que, a pesar de las adversidades y la pobreza en una comunidad, la educación integral en valores y formación ciudadana marca profundamente la diferencia.
Se trata de una hazaña llena de valor y coraje, pero sobre todo de amor, paciencia y perseverancia llamado: “El milagro de Consuelo”, título del libro escrito por Leonor Elmúdesi, producto de la tesis que esta reputada educadora escribió sobre el proyecto, que inició en 1959, cuando un grupo de Hermanas de la Orden la Inmaculada Concepción, de origen canadiense, se asentó en este pueblo de San Pedro de Macorís. Su fortaleza radicaba en el Ingenio y la molienda de la caña.
Narra Sor Leonor que fue en septiembre del 1958 cuando su superiora la invitó a venir desde Canadá a la República Dominicana. “Sor Ana Nolan y Sor Susana Daly me acompañaron inicialmente a Yamasá donde nos asentamos. Ya, a los tres años, habíamos formado a unos 70 alumnos y nuestra congregación aún sigue allí. Luego la Orden nos manda a radicarnos en un paraje llamado Batey Consuelo”, explica.
«“Ella tiene una vocación de servicio inigualable que ha sabido transmitir a los docentes, que son todos muy entregados y viven, realmente lo que hacen” «Nancy Ramírez Directora Escuela Sor Leonor Gibb“
Primera escuela… muy difícil
En el Batey Consuelo estaba muy marcada la desigualdad entre los jefes del Ingenio, sus hijos y los hijos de los trabajadores de la caña. Estos últimos no tenían acceso a la educación ni a servicios básicos de salud en esa época.
Esta situación las llevó a gestionar los servicios educativos y motivar a la población sobre el valor de la educación para tener mejor calidad de vida; gestiones que resultaron en la expansión de la oferta escolar, logrando en 1964 la primera graduación de alumnos de primaria.
Los primeros pasos siempre son difíciles, pero esto no detuvo los planes de las hermanas. La única escuela pública en la comunidad funcionaba precariamente, sin maestros residentes en el pueblo y padres poco comprometidos con la educación de sus hijos.
Las religiosas lograron que el Ingenio les facilitara un edificio que antes servía para alojar a los obreros solteros. Lo acondicionaron y lo convirtieron en la Escuela Divina Providencia.
Los resultados obtenidos por las monjas con la escuela transformó poco a poco el pensamiento, y así creció el interés de la comunidad para que sus hijos tuvieran acceso a la educación. Se inició la construcción de la primera escuela moderna, inaugurada el 6 de abril de 1969, edificación que aloja a la Escuela Primaria Divina Providencia, conservada hasta la fecha en muy buenas condiciones.
Esta escuela simboliza el buque insignia de la educación en Consuelo, y de ahí han egresado destacados ciudadanos, como Gerardo Carty, Avelino Stanley, Manolín Ramírez, Juan Gómez y Roberto Harrigan.
También en dicho centro se ha formado la mayoría de los maestros de la comunidad. En Consuelo, los futuros educadores comiezan a formarse en primaria, en tanto que los docentes y toda la comunidad alientan y apoyan a los jóvenes que aspiran a ser maestros.
Se sustentan en principios filosóficos orientados a mantener la esencia educativa de la institución, apoyados en la creación y/o formación de individuos capaces de transformar su vida social y por ende a la sociedad, ya que la educación Básica constituye el soporte para el egreso de un perfil de estudiante competitivo, analítico, crítico y capaz de construir sus propios conocimientos.
Sor Leonor Gibb habla con orgullo de los logros alcanzados por la comunidad en materia educativa y de los centros que se construyeron posteriormente y que vinieron a consolidar la propuesta de una educación inclusiva, integral y en valores.
Destaca los aportes de un gran padrino: don Gustavo Tavares, de quien afirmó que siempre mostró interés por mejorar la educación en el país y especialmente, en Consuelo.
El presidente se comprometió a terminar la Casa de la Cultura. (MATÍAS BONCOSKY.)
Nace el Himno de Consuelo
Hoy el municipio de Consuelo cuenta con el Liceo Ana Nolan, la Escuela Sor Leonor Gibb, nombrados en honor a las religiosas; el Politécnico Inmaculada Concepción, el Liceo Fabio Ruiz, Liceo Juan Pablo Duarte, Escuela Madre Carmen Salles y Escuela María Margarita de Youville.
Para la comunidad, Sor Leonor Gibb es la “Madre de la Educación”, reconocida por la implementación de un modelo con fuerte énfasis curricular, en el cual se promueve la conservación de los valores fundamentales, y la construcción de la humanidad. Se le atribuyen méritos en la atención a la realidad social de una comunidad multicultural, el desarrollo de un modelo educativo basado en valores y la salud.
Si fue difícil lograr que los servicios educativos se ampliaran y fueran para todos, sin excepción, más le costó lidiar con la diversidad cultural del Batey donde cocolos, haitianos y dominicanos caminaban cada uno por su lado.
Las hermanas dieron respuesta a esta situación con una propuesta de educación inclusiva; aunque esto no impidió los enfrentamientos, discusiones y peleas. Sobre este punto Sor Leonor Gibb relata lo siguiente:
“Yo era la directora y estaba en el pasillo de la Escuela Divina Providencia, cuando la maestra que estaba haciendo supervisión durante el recreo me trajo a dos muchachos que estaban peleando. Les digo: yo estoy muy cansada de decirles que todos somos hijos de Dios, no hay nadie más que otro, yo no puedo más con ustedes, vayan a sentarse fuera y cuando se arregle el asunto vuelvan. Entonces, alrededor de una hora después ellos volvieron, y yo ya estaba en otra cosa y me olvidé de todo; entonces me dicen: Ya, hermana y les dije: ¿ya qué? Y dicen: bueno, ya no vamos a pelear más. Y les digo ¡ah!, ustedes lo saben, pero cómo yo voy a saberlo. Entonces ellos se hicieron amigos y acordaron no pelear más y yo dije: bueno, gracias a Dios, y estaba tan feliz de no tener que castigarles, ni llamar a sus padres. Entonces un maestro vino al otro día buscando materiales y yo le hice todo el cuento y él volvió al día siguiente con una poesía, a la que llamó Consuelo mío. Él es el maestro Miguel Phipps, y Jesús Manzanillo le puso música. Ahora es el Himno de Consuelo”.
Todos los actos se inician con el Himno a Consuelo. La hermandad y la integración son los símbolos de distinción entre los habitantes de esta comunidad, que registra una tasa muy baja de hechos violentos.
Testimonio vivo
Sor Leonor estuvo presente en el recorrido que realizó Diario Libre por los centros educativos, la Residencia para Ancianos San Lucas, el Centro de Salud Divina Providencia y la Casa de la Cultura, que está a medio construir.
A sus 85 años, con su bastón, que confesó simboliza una guitarra o un bate de béisbol, de acuerdo a las circunstancias, muestra siempre una actitud positiva y de entrega a las causas por las que ha luchado a lo largo de seis décadas.
A cada lugar que llegamos junto a ella, percibimos que era recibida con mucho amor. Se podría decir que la idolatran por el valioso legado que sacó a Consuelo del ostracismo: directores de escuelas, docentes, estudiantes, egresados de los centros, ciudadanos en general la reverencian con respeto y no faltan los testimonios sobre consejos, ayudas y gestiones que, por y para la comunidad y sus habitantes fueron constantes.
Señala con orgullo como uno de los proyectos más importantes de la comunidad la construcción del barrio Sueño Real, para los maestros, y el personal de apoyo de las Escuelas de la comunidad: “El hecho de que los docentes tengan una vivienda les quita preocupaciones”, apunta la religiosa.
Atención a los más vulnerables
Roberto Harrigan, de origen cocolo, cuenta que las monjas lo recogieron en la calle, camino al mercado, vestido solo con un pantalón, a la edad de 10 años. Le suplieron de ropa y lo llevaron al convento. Lo alfabetizaron, y trabajó años después como guardián de la escuela, a la vez que continuaba con sus estudios. Luego, fungió como secretario y aprendió mecanografía y a utilizar un mimeógrafo (instrumento utilizado para hacer copias en esa época).
“Ellas nos enviaban a hacer los cursos. Me hice bachiller, pero seguía trabajando en la Escuela Divina Providencia y luego fui a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) a estudiar magisterio, y me gradué en 1975. Trabajé aquí, en Consuelo, dando clases y dirigí el único liceo que había, todo eso ganando 300 pesos mensuales”, relata.
Resistieron cierre ingenio
Por el llamado “milagro de Consuelo” esta comunidad logró subsistir y seguir adelante luego del cierre del Ingenio, fundado en 1881, y que era el sustento de su economía. El cierre se materializó con el proceso de capitalización de los ingenios del Estado, entre 1996 y el 2010. Actualmente, Consuelo es un municipio que destaca de las demás comunidades cañeras de la zona. Muchos aseguran estar mejor luego del cierre del ingenio.
Otra historia similar a la de Harrigan y miles de consuelenses más, que lograron superar las carencias mediante la educación, es la de Juan Gómez. Nacido en el Batey, de la mano de las religiosas, rememora: “La forma de enseñar de las hermanas ha sido lo mejor que hemos tenido en la comunidad, pues podías ver el aprecio que ellas te tenían como persona; es lo primero, y se interesaban por saber qué estaba pasando con tu familia y contigo. Eso va más allá de un compromiso social”, asevera Gómez.
Siendo también descendiente de cocolos, emigró a la isla de Anguila donde impartió clases de matemáticas; fue director del Departamento de Matemáticas de la escuela y luego docente en Los Ángeles, California, por 13 años. Actualmente reside en Orlando, Florida, ejerciendo como maestro.
Juan Gómez, Sor Leonor y Roberto Harrigan, exalumnos (MATÍAS BONCOSKY.)
Compromiso con la educación y la salud
Contrario a lo que se observa en la mayoría de los centros educativos, los directivos y docentes, y el personal en general, demuestran estar comprometidos con la educación de sus estudiantes y, estos, a su vez, responsabilizados con el aprendizaje.
Los directivos de las escuelas hablan con pasión sobre su trabajo, e igual lo hacen los docentes. Solo se quejan de que muchos padres no se interesan por saber cómo les va a sus hijos con los estudios.
1959
Fue el año en que las Hermanas de la Orden la Inmaculada Concepción llegaron a Consuelo.
Nancy Ramírez, la dinámica directora de la Escuela Sor Leonor Gibb, alega que se agotan estrategias y acciones que permitan tener resultados efectivos. Pero, refiere algunos factores que inciden negativamente en esos logros y aprendizajes.
“Yo siento que en los centros educativos agotamos muchísimas estrategias, pero tenemos una debilidad. Por ejemplo, tengo un control, un respeto, se siguen mis reglas y en este proceso los estudiantes lo asumen; ahora, después que se van de aquí, hasta qué punto lo que yo estoy sembrando sigue siendo un canal para seguir trabajando”, cuestiona.
En el dispensario médico se evidencia esa vocación de servicio, pues la institución se mantiene funcionando, a pesar de que solo recibe una subvención de 20 mil pesos del Ministerio de Salud Pública. Sobrevive con la colaboración de la Congregación y médicos amigos, junto a las personas que colaboran con 250 pesos por consulta. Los medicamentos los compran directamente a los laboratorios y los expenden al costo.
Ganado con creces, el politécnico Inmaculada Concepción tiene una gran demanda en la comunidad, pues esto les garantiza a esos estudiantes un puesto de trabajo al concluir los estudios. Los egresados son muy demandados por empresas y hoteles de la zona Este del país, debido a la buena preparación que ostentan. Su director, Héctor Santana, apunta que la vocación de servicio de Sor Leonor es inigualable, pues ha sabido transmitirla a los docentes, como esa savia que se impregna y logra verdaderas maravillas.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó ayer a dos policías a 15 años de cárcel y a tres civiles a 30 años por la paliza de la que fue objeto el joven David de los Santos en el destacamento de Naco el 27 de abril de mayo del pasado año, paliza que le produjo la muerte cuatro días después en el hospital Darío Contreras.
Los agentes condenados son el segundo teniente Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso Decena Hernández, contra quienes quedó “establecida” su responsabilidad penal. Ambos miembros de la Policía Nacional fueron los que hicieron el turno, de 10:00 de la noche del día 27 de abril hasta las 5:00 de la mañana del día 28, tiempo en el que se produjo la tortura y barbarie contra la víctima.
Las juezas del tribunal descargaron al capitán Domingo Alberto Rodríguez y al raso Sari Manuel González, por no existir “ningún elemento” que permitiera a las magistradas “establecer que estos dos imputados se encontraban en el destacamento” en las horas en las que ocurrió la golpiza a De los Santos.
Solamente fueron sentenciados por tortura y barbarie los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban en la celda cuando llevaron a la víctima esposada con las manos hacia atrás y que, según las pruebas aportadas, golpearon salvajemente al joven de 24 años por los ruidos que este hacía como consecuencia del “evidente estado de deficiencia psíquica” que tenía.
Por los gritos
“No toleraban sus gritos ni su bulla y por eso reaccionaron golpeándolo a pesar de su estado de vulnerabilidad”, expuso la jueza Giselle Méndez.
Junto a sus colegas, Tania Yunes y Jissel Naranjo, Méndez impuso la pena de 15 años de prisión a García de la Cruz y a Decena Hernández basándose en el artículo 186 del Código Penal que sanciona a todo funcionario, incluyendo los policías “que, en el ejercicio de sus funciones o en razón de ese ejercicio, y sin motivo legítimo, usaren o permitieren que se usen violencias contra las personas” y cuyo castigo, de acuerdo a lo que estatuye esa norma deberá ser de “la naturaleza y gravedad de esas violencias, aumentándose la pena conforme a las reglas establecidas en el artículo 198”.
Al explicar la decisión, Giselle Méndez dijo que esa es la pena máxima que el legislador ha contemplado para ese tipo penal de un funcionario y para los policías.
Sin embargo, manifestó que entienden “que pudiera incluso considerarse mucho más reprochable (la conducta de los dos policías condenados) que la conducta en la que incurrieron los detenidos en la celda porque tenían el control de evitar este resultado, tenían la capacidad y la potestad de, haciendo de sus facultades y cumpliendo con el deber que la Constitución, las leyes y los reglamentos le imponen de proteger y salvaguardar la integridad física de David de los Santos e hicieron todo lo contrario”.
El Primer Tribunal Colegiado absolvió de responsabilidad a los agentes de seguridad de Ágora Mall, Ambriori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, por entender que “estaban avalados por ley para proceder a la detención de la víctima David de los Santos Correa” tras ser informado de la amenaza que éste le hizo a la señora Altagracia Mejía Santos, empleada de la tienda Senses Sunglasses And Accesories.
Podían escuchar ruidos
La distancia que hay entre la celda y el lugar donde debían encontrarse los agentes condenados que estaban de turno es de solo 6.9 metros, dijo la presidenta del tribunal al leer el dispositivo de la sentencia.
“Lo que quiere decir que estaban en condiciones de escuchar todo lo que dentro de esa celda estaba aconteciendo” y no hicieron nada. La víctima fue detenida en el mall después de protagonizar un incidente con Mejía Santos, empleada de la mencionada tienda, a la que le habló de manera “agresiva” y fue detenido por la seguridad.
“No me siento conforme” con la sentencia
Damiana Correa, madre de David de los Santos, dijo que esperaba 30 años para todos los acusados de torturar a su hijo en una celda del destacamento de Naco, y no solo para tres de los imputados.
“No estoy de acuerdo. Eso no era lo que esperaba”, dijo Correa.
No obstante, reiteró que es cristiana y confía en que Dios hará justicia por su hijo que falleció cuatro días después de la golpiza que recibió en el cuartel por tres presos, luego de ser introducido al lugar esposado con las manos hacia atrás, en total indefensión.
Máximo Peña, abogado de la familia de David de los Santos, sostuvo que los dos miembros de la Policía descargados, aunque no estaban en el destacamento ya cuando el joven fue torturado, propiciaron también el crimen al recibir sano al joven y colocarle las esposas con la mano hacia atrás. “Las esposas hacia atrás facilitaron todos los golpes que le dieron a David y también su muerte por la falta de este poder defenderse y moverse”, dijo Peña.
