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Encontrar centros que ofrezcan servicios educativo y terapéuticos integrados asequibles, que brinden atención a niños con necesidades especiales, es todo un reto en República Dominicana.
Se trata de una situación que ha salido a relucir tras el cierre, por no contar con las debidas habilitaciones y licencias para brindar servicios del centro Kogland, que preocupa a al menos 27 padres con hijos con condiciones de discapacidad del desarrollo que recibían atenciones allí.
Es el caso de Sofía Reynoso, madre de un niño de 11 años con trastornos del espectro autista (TEA) que llevaba un año y tres meses asistiendo al centro ubicado en Gascue. Aunque el menor recibe terapias de aprendizaje en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), asegura que no es suficiente, porque la modalidad es por ciclos. Esto quiere decir que, aunque los niños sigan necesitando las terapias del habla o conductual, una vez completado, deben salir para darle oportunidad a otros niños.
“Existen terapias que probablemente tendrán que tenerla por un tiempo indeterminado de su vida. Así que es difícil continuar”, explica Reynoso. Además, su hijo pronto cumplirá 12 años, edad máxima para recibir atención en el CAID.
En estos momentos, el niño recibe terapia conductual, logopeda y comunicación alternativa adicional para hacer frente a las necesidades de la etapa en la que se encuentra. “Todas van desde RD$1,500 la hora hasta RD$3,500, más el centro”, sostiene la madre.
Dificultades para encontrar otro centro
Si bien es cierto que en el país hay lugares con la capacidad de atender a niños con necesidades especiales, ella refiere que la mayoría son muy costosos o no ofrecen servicios terapéuticos y educativos integrados. Es una queja a la que se suma Niwrka Tejeda, también madre de un niño con autismo que recibía atención en Kogland.
“Hemos buscado centros en casi todo el Distrito Nacional”, indica. “En los que tuvimos oportunidad de tener un cupo estaban muy distantes y no eran centros de educación psicopedagógica”. Esto supone que primero deben llevar a sus hijos al colegio y luego buscarlos para llevarlos a terapia. Aparte del doble gasto, también implica costo de traslado.
Sin embargo, aún para quienes disponen del dinero, no es sencillo encontrar centros para sus pequeños. Debido a los pocos disponibles y la alta demanda, los padres deben esperar hasta tres años para recibir respuestas favorables de muchos de ellos, según explica Dayana Gil, otra madre.
La situación que viven a la espera de hallar lugar donde sus hijos puedan recibir la atención que requieren es desesperante. Esto, tomando en cuenta que, para un niño con necesidades especiales atrasarse con sus terapias trae consigo trastornos del sueño, ansiedad, agresividad e incluso que olviden lo aprendido hasta el momento.
“En mi caso ya mi hijo en estas semanas me ha descompuesto dos paredes. Le está quitando el papel tapiz por el exceso de tiempo en casa y manejo de estrés y ansiedad. Nos está dando golpes a su padre y a mí, cosa que antes no hacía”, confiesa Gil, cuyo hijo tiene cinco años y fue diagnosticado con autismo grado 1 modelado leve.
Solicitan apertura de sucursal del Ciadif
Estas tres madres forman parte de un grupo de 27 padres que, a través de una misiva, solicitan más centros de apertura de una sucursal del Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto-juvenil y familiar (Ciadif) en Gascue para que sus hijos puedan seguir recibiendo las atenciones que necesitan.
“Hemos realizado un barrido por muchas instituciones y Ciadif, por su trayectoria y calidad, es la institución que entendemos puede ayudarnos volver a creer y a darle a nuestros hijos seguridad”, reza el comunicado enviado este fin de semana a la entidad, de la que esperan respuesta.
Actualmente, el Ciadif cuenta con cuatro sucursales ubicadas en la calle Julio César Martínez número 51, Alma Rosa Primera; calle Dr. Octavio Mejía Ricart número 210, Alma Rosa; Calle Segmento número 2A, Urbanización Fernández, Distrito Nacional y Calle 2da número 4, Urbanización La Esperanza, San Isidro.
En julio abrirán dos nuevas sucursales, una en Villa Mella, en la urbanización Máximo Gómez, y otra en Santiago, próximo al monumento.
El precandidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el municipio Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda Pimentel, aseguró que las más de 2,600 bancas de loterías que opera a través de su empresa Inversiones Pradera Azul se acogieron al proceso de regularización que inició el año pasado el Ministerio de Hacienda.
A través del secretario jurídico del PLD, José Dantés, el político envió su respuesta a la publicación de este diario, sobre las bancas de lotería de su propiedad, de las que se habrían reportado más de 2,000 sin regular.
Tejeda Pimentel fue contactado por Diario Libre previo la publicación original del trabajo sobre las loterías no reguladas y se esperó su respuesta por ocho días. Esta llegó, por escrito y no respondiendo preguntas directas de este medio, un día después de la publicación.
La nota periodística, basada en los registros de la Lotería Nacional, señala que Inversiones Pradera Azul, empresa de Tejeda Pimentel, figura en uno de los listados oficiales del proceso de regularización que realizó el Ministerio de Hacienda, con un total de 2,622 bancas, de las que solo 607 dicen estar regularizadas, las otras 2,015 dice que no lo están.
En su respuesta, el político empieza citando las acciones emprendidas desde el Gobierno para que las concesionarias y asociaciones de bancas se regularizaran, entre ellas, el decreto 63-22 mediante el cual se declaró de interés nacional dicho proceso.
También cita el oficio MH-2022-006466 que, el 14 de marzo de 2022 emitió la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.
Recuerda que con dicho oficio se informó a las asociaciones de bancas de apuestas deportivas y propietarios de bancas particulares que a partir de esa fecha “el método a utilizar para los fines de inspección de bancas de apuestas deportivas sería mediante una declaración jurada con todas las bancas de apuestas deportivas y máquinas tragamonedas que se encuentren en estatus de regularizadas y no regularizadas con su debida ubicación georreferencial y las cantidades de máquinas tragamonedas que operan en ellas”.
2,636 “bancas”
Tras esa cita, Tejeda Pimentel sostiene que “la Sociedad Comercial Inversiones Pradera Azul, S.R.L., propiedad del señor Luis Alberto Tejeda, agrupa un conglomerado de 2,636 agencias de lotería diseminadas en diferentes partes del territorio nacional.”. Luego afirma que “las 2,636 agencias de lotería fueron sometidas al proceso de regularización ordenado por el decreto 63-22, por lo que, el universo de agencias de lotería pertenecientes a la Sociedad Comercial Inversiones Pradera Azul, S.R.L., se encuentran debidamente registradas y regularizadas de acuerdo con la normativa sectorial vigente.”
No especifica si como parte de la regularización se incluye el pago de los impuestos que dice el administrador de la Lotería Nacional, es una de las condiciones indispensable para que una banca esté o no en operación legal en el país.
En el listado de dueños de bancas que publica la Lotería referente a los que están registrados como contribuyentes ante la DGII, figura el nombre de Luis Alberto Tejeda con un total de 355 bancas que están activas y sin incumplimiento, pero no así las de Pradera Azul.
Al día con impuestos
Tejeda Pimentel asegura que esa empresa está al día en la declaración y pago de sus impuestos relativos a las obligaciones fiscales de activos imponibles, retenciones y retribución en renta, impuesto a la renta de sociedades y el impuesto de contribución de residuos sólidos. También de la seguridad social. Apoya su afirmación en certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Tesorería de la Seguridad Social. La de la DGII especifica que Inversiones Pradera Azul, con domicilio en Santo Domingo Este, “administración local ADM Local Los Mina” está al día en la declaración y/o pago de los impuestos ya detallados.
Tejeda Pimentel también se refirió a las oposiciones y querellas que se han interpuesto contra sus bancas. “Del total de 2,636 agencias de lotería pertenecientes a la Sociedad Comercial Inversiones Pradera Azul, S.R.L., solo catorce (14) han sido reportadas por alegadas irregularidades que, a la fecha, no han sido debidamente comprobadas ante las instancias correspondientes”, señala.
Respecto a las querellas, plantea que “se trata de dos (2) acciones legales que actualmente agotan su curso normal en las instancias judiciales correspondientes, una en el municipio Santo Domingo Oeste y otra en el municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo”.
¿Loteka o Pradera Azul?
Al cuestionar a Tejeda Pimentel inicialmente, refirió al señor Luis Manuel Feliz para tratar el tema. Aunque dijo no estar autorizado para hablar, éste indicó que era Loteka, como concesionaria, la encargada del pago de los impuestos, en referencia a las bancas de Pradera Azul.
Casi 40 mil bancas de lotería figuran como no reguladas y, entre ellas, más de 2,000 corresponden a Inversiones Pradera Azul, una empresa cuyos registros societarios están a nombre de Luis Alberto Tejeda Pimentel, precandidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el municipio Santo Domingo Este.Las bancas propiedad del precandidato político figuran bajo concesión de Loteka, empresa que en sólo uno de los listados del registro de la Lotería Nacional figura como concesionaria de 16,779 bancas y, de esas, un total de 8,267 no están reguladas, de acuerdo al organismo estatal.
Encontrar centros que ofrezcan servicios educativo y terapéuticos integrados asequibles, que brinden atención a niños con necesidades especiales, es todo un reto en República Dominicana.
Se trata de una situación que ha salido a relucir tras el cierre, por no contar con las debidas habilitaciones y licencias para brindar servicios del centro Kogland, que preocupa a al menos 27 padres con hijos con condiciones de discapacidad del desarrollo que recibían atenciones allí.
Es el caso de Sofía Reynoso, madre de un niño de 11 años con trastornos del espectro autista (TEA) que llevaba un año y tres meses asistiendo al centro ubicado en Gascue. Aunque el menor recibe terapias de aprendizaje en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), asegura que no es suficiente, porque la modalidad es por ciclos. Esto quiere decir que, aunque los niños sigan necesitando las terapias del habla o conductual, una vez completado, deben salir para darle oportunidad a otros niños.
“Existen terapias que probablemente tendrán que tenerla por un tiempo indeterminado de su vida. Así que es difícil continuar”, explica Reynoso. Además, su hijo pronto cumplirá 12 años, edad máxima para recibir atención en el CAID.
En estos momentos, el niño recibe terapia conductual, logopeda y comunicación alternativa adicional para hacer frente a las necesidades de la etapa en la que se encuentra. “Todas van desde RD$1,500 la hora hasta RD$3,500, más el centro”, sostiene la madre.
Dificultades para encontrar otro centro
Si bien es cierto que en el país hay lugares con la capacidad de atender a niños con necesidades especiales, ella refiere que la mayoría son muy costosos o no ofrecen servicios terapéuticos y educativos integrados. Es una queja a la que se suma Niwrka Tejeda, también madre de un niño con autismo que recibía atención en Kogland.
“Hemos buscado centros en casi todo el Distrito Nacional”, indica. “En los que tuvimos oportunidad de tener un cupo estaban muy distantes y no eran centros de educación psicopedagógica”. Esto supone que primero deben llevar a sus hijos al colegio y luego buscarlos para llevarlos a terapia. Aparte del doble gasto, también implica costo de traslado.
Sin embargo, aún para quienes disponen del dinero, no es sencillo encontrar centros para sus pequeños. Debido a los pocos disponibles y la alta demanda, los padres deben esperar hasta tres años para recibir respuestas favorables de muchos de ellos, según explica Dayana Gil, otra madre.
La situación que viven a la espera de hallar lugar donde sus hijos puedan recibir la atención que requieren es desesperante. Esto, tomando en cuenta que, para un niño con necesidades especiales atrasarse con sus terapias trae consigo trastornos del sueño, ansiedad, agresividad e incluso que olviden lo aprendido hasta el momento.
“En mi caso ya mi hijo en estas semanas me ha descompuesto dos paredes. Le está quitando el papel tapiz por el exceso de tiempo en casa y manejo de estrés y ansiedad. Nos está dando golpes a su padre y a mí, cosa que antes no hacía”, confiesa Gil, cuyo hijo tiene cinco años y fue diagnosticado con autismo grado 1 modelado leve.
Solicitan apertura de sucursal del Ciadif
Estas tres madres forman parte de un grupo de 27 padres que, a través de una misiva, solicitan más centros de apertura de una sucursal del Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto-juvenil y familiar (Ciadif) en Gascue para que sus hijos puedan seguir recibiendo las atenciones que necesitan.
“Hemos realizado un barrido por muchas instituciones y Ciadif, por su trayectoria y calidad, es la institución que entendemos puede ayudarnos volver a creer y a darle a nuestros hijos seguridad”, reza el comunicado enviado este fin de semana a la entidad, de la que esperan respuesta.
Actualmente, el Ciadif cuenta con cuatro sucursales ubicadas en la calle Julio César Martínez número 51, Alma Rosa Primera; calle Dr. Octavio Mejía Ricart número 210, Alma Rosa; Calle Segmento número 2A, Urbanización Fernández, Distrito Nacional y Calle 2da número 4, Urbanización La Esperanza, San Isidro.
En julio abrirán dos nuevas sucursales, una en Villa Mella, en la urbanización Máximo Gómez, y otra en Santiago, próximo al monumento.
El Ministerio Público (MP) solicitó medida de coerción a los tres apresados por sus vínculos con las redes de narcotráfico y crimen organizado que se persiguen en Operación Halcón IV, a los cuales se les atribuye violar la ley de armas de fuego, mientras que dos de ellos también habrían infringido la de lavado de activos.
En el documento de solicitud de medidas de coerción al cual Diario Libre tuvo acceso, se establece que los acusados Charle Wilson Mosquea Ovalle (a) Charly, Daniel Alfredo Paulino Cáceres y Fernando Divaris Cruz Valerio, estarían ligados a las supuestas estructuras criminales lideradas por los prófugos, Joel Ambioris Pimentel García (a) la J y José Halminton Ureña (a) Nino Come Mezcla.
En la audiencia de solicitud del MP, la cual se conocerá el próximo martes, se pide prisión preventiva por 18 meses y que sea declarado complejo el caso.
Indica el expediente depostiado a la Oficina de Atención Permanente de Santiago que Daniel Alfredo Paulino Cáceres y Fernando Divaris Cruz Valerio violaron los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 Sobre Control y Regulación de Armas, consistente en «porte Ilegal de armas de fuego y municiones», en perjuicio del Estado dominicano einfringir la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, y los artículosdel Código Penal dominicano que tipifican la «complicidad, asociación de malhechores».
A Paulino Cáceres también se le señala de violar la Ley la 50-88 de drogas.
Mientras que sobre el imputado Charle Wilson Mosquea Ovalle (A) Charly pesa la acusación violar los artículos 66, 67, 83 y 86 de la Ley 631-16 Sobre Control y Regulación de Armas, consistente en «porte Ilegal de Armas de Fuego, Armas blancas y Municiones».
Al nombrado alias «la J», líder de una de las dos redes y quien reside en España, se le atribuye la supuesta amenaza de matar al hijo de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
Mientras que las autoridades informaron que en la vivienda de alias «Nino Come Mezcla», en Santiago, alegado rival de Pimentel, ocuparon la cantidad de siete libras de marihuana.
Ambas redes son investigadas, además, por acciones de cibercrimen, negocios ilícitos en las cárceles y soborno a autoridades.
