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Auto Agregado por WPeMatico
La mañana de estes jueves unidades de bomberos continúan trabajando en sofocar un incendio que desde anoche afecta un depósito de desperdicios ubicado en la avenida Hipódromo o continuación de La Hípica, próximo a la Base Aérea de San Isidro, en Santo Domingo Este.
El lugar afectado es un área que funciona como depósito de escombros y árboles, y donde la Alcaldía se Santo Domingo Este tiene un proyecto para la construcción de un parque temático.
El proceso de regularización de bancas de loterías que realizó el Ministerio de Hacienda y la Lotería Nacional el año pasado muestra un panorama numérico de la cantidad de estos establecimientos que operan de forma irregular en el país.
Al menos en las que fueron inscritas durante el proceso, casi 40 mil bancas de lotería figuran como no reguladas y, entre ellas, más de 2,000 corresponden a Inversiones Pradera Azul, una empresa cuyos registros societarios están a nombre de Luis Alberto Tejeda Pimentel, precandidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el municipio Santo Domingo Este.
Las bancas propiedad del precandidato político figuran bajo concesión de Loteka, empresa que en sólo una de las listas del registro de la Lotería Nacional figura como concesionaria de 16,779 bancas y, de esas, 8,267 dicen que no están reguladas.
Tanto Loteka como Tejeda Pimentel son objeto de varias querellas privadas por supuesta ilegalidad de sus establecimientos, entre ellas, violar la disposición que establece una distancia mínima de 200 metros entre una banca y otra.
Mediante la resolución 061-2022, el Ministerio de Hacienda otorgó una dispensa y plazo de 120 días a todas las bancas de lotería que comercializan sorteos de billetes y quinielas de la Lotería Nacional que operan al margen de la ley y las normas, para que regularizaran sus permisos.
Para acogerse a dicho proceso, llevado a cabo entre marzo y abril de 2022, los interesados debieron presentar un documento formal con la lista de todas las bancas de su propiedad, independientemente de su estatus legal.
La misma resolución designó a Teófilo (Quico) Tabar como director provisional y honorífico de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio, y encargado de implementar el plan de regularización.
“Se registraron algo más de 73 mil bancas de apuestas, sin contar las ya existentes en la DGII (Dirección General de Impuestos Internos), las cuales representan alrededor de 90 mil bancas. De esas bancas se han recibido alrededor de 4,300 oposiciones legales, por diferentes aspectos. Entre ellos, mayoritariamente por distancia”, informó Tabar a requerimiento de Diario Libre.
Como parte de los resultados del proceso, la Lotería Nacional publicó tres listas de las bancas de lotería, según el estatus en que se encuentran, actualizados al mes de abril de este 2023.
Uno es el de las bancas que se acogieron a la regularización y que no tienen actos de oposición, en el que se inscribieron 62,606 bancas de lotería. De esas, 36,557 dicen que no están reguladas.
En esa lista figura Loteka, con las 16,779 en las que es concesionaria. También está Inversiones Pradera Azul, la empresa de Tejeda Pimentel, que tiene un total registrado de 2,622 bancas, de las que sólo 607 dicen estar regularizadas, las otras 2,015 dice que no lo están.
Consultado al respecto, el aspirante a alcalde refirió el contacto de otra persona para tratar las inquietudes de Diario Libre, pero al cuestionar al hombre referido, éste se limitó a decir que es Loteka quien debe pagar los impuestos. Al requerirle más detalles, indicó que no estaba autorizado.
Diario Libre también consultó a la empresa Loteka que, luego de que un personal indicara que el gerente general, identificado como Edgar Tejeda, era la persona que podría hablar del tema, optó por pedir un mensaje de correo electrónico con las inquietudes, pero no ha respondido a la fecha.
En la página de la Lotería Nacional también se presenta un listado correspondiente a las bancas que ya estaban registradas en el Ministerio de Hacienda previo al proceso de regularización. El total es de 30,931 bancas y de ellas, 8,111 se acogieron al proceso.
Un tercer listado hace referencia a las que, acogidas al proceso, encontraron alguna oposición. La lista actualizada a abril de este año es de 487 establecimientos, aunque en su momento llegaron a ser 4,300, según Tabar.
En la página también se incluyen otros siete listados de las bancas, puntos de ventas o agencias que están registradas en la Dirección General de Impuestos Internos, según el estatus de cumplimientos de sus obligaciones ante el órgano recaudador.
Tanto Luis Alberto Tejeda como Loteka figuran en varias querellas interpuestas por particulares por la supuesta ilegalidad en que operan varias de sus bancas.
Una de esas querellas fue presentada por Alejandro Peralta Vargas y la Banca Alejandro ante el Juzgado de Paz de Santo Domingo Oeste el pasado 28 de abril, en el que acusa a un grupo de banqueros de colocarle un negocio “banca o punto de venta” de forma irregular o ilegal, sin los permisos que establece la Ley 253-12 y violentando la disposición de la distancia de 200 metros establecida entre una banca y otra.
La acción es en contra de “Punto de venta Loteka, Loteka S.R.L., en calidad de socio, banquero de la jugada y propietario del punto de venta; Fixtil Corporation LTD, en calidad de dueño de Loteka, José Manuel Melo Ortiz, en su calidad de gerente de Fixtil y de Loteka; Luis Alberto Tejeda Pimentel, en calidad de propietario de Inversiones Pradera Azul, propietario del punto de venta y socio de Loteka”. También contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, representadas por los señores Manuel Vicente Dubocq y Teófilo (Quico) Tabar, respectivamente, en sus calidades de terceros civilmente responsables.
Dueños de bancas están registrados en la DGII, difieren en el cumplimiento de sus obligaciones.
El querellante se hace representar por el abogado José Castillo, quien ha presentado diversas querellas contra el precandidato y otros dueños de bancas de lotería por las supuestas ilegalidades que cometen. En una relación de casos que el abogado proporcionó a Diario Libre hay unas once querellas interpuestas en distintas jurisdicciones y que datan desde el 2021 a este 2023.
Las instancias abarcan la fiscalía de Santo Domingo Este, Oeste, Boca Chica, San Cristóbal, el Distrito Nacional y Monte Plata.
Pero esas son algunas de muchas querellas que el abogado Castillo ha sometido en representación de distintos clientes y contra diversos dueños de bancas, casi siempre por el tema de la distancia.
Aunque en algunas de ellas han tenido ganancia de causa, en otros casos no ha habido respuestas de las fiscalías, por lo que el abogado decidió dirigir una comunicación a la Procuraduría General de la República. “Desde el año pasado le depositamos a usted, un sin número de denuncias de varios miembros del Congreso Nacional que operan cientos de bancas de loterías sin los permisos establecidos por la ley 253-12. Hasta la fecha, a pesar de que hemos estado llamando a la Procuraduría de manera insistente, no hemos tenido ninguna respuesta y mucho menos se le ha dado la seriedad que el delito amerita”, dice la misiva.
Sobre el caso particular contra Tejeda Pimentel se queja de que éste ha estado estafando al Estado por años, al no pagar los impuestos.
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“El señor Luis Alberto, que anteriormente era diputado y ahora aspira a ser síndico, él mismo maneja una cantidad de bancas de loterías y es socio de una compañía de concesión privada de bancas sin el pago de los impuestos, cosa que no debería de ser, pues él ni siquiera califica para aspirar a la sindicatura mientras tenga una situación como ésa”, dice.
Como parte de la preparación de sus procesos judiciales, el abogado se procuró una certificación de Hacienda en la que se indica que Luis Alberto Tejeda Pimentel figura como propietario de 352 bancas de loterías. También otra certificación del ministerio que señala que “Inversiones Pradera Azul declaró 2,636 bancas en el proceso de regularización, de las cuales 608 se encuentran debidamente registradas”.
Castillo también cuenta con un certificación de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo sobre el registro de Inversiones Pradera Azul, según el cual se le emitió registro mercantil en 2009, y en el que aparecen como socios Luis Alberto Tejeda Pimentel, con 99 cuotas, y Gledys Yuderkis Tejeda Pimentel de Arias, con una.
Inversiones Pradera Azul no figura en la declaración jurada que hizo Tejeda Pimentel en 2016 cuando fue diputado, documento en el que sí declaró el consorcio de bancas La Soñadora.
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José Castillo dice llevar unos 15 años trabajando en procura de la regularización de las bancas de loterías y los concesionarios. Ese trabajo lo ha realizado tanto en instituciones estatales como en los tribunales, lo que le permite exhibir algunas sentencias a favor. Entre ellas, una contra una exregidora por instalación ilegal de bancas, a la que un tribunal de San Cristóbal le impuso en 2013 un año de prisión y una indemnización de 8 millones de pesos por daños y perjuicios. También refiere un proceso que ya está en juicio de fondo en Monte Plata contra Loteka, además de varios casos en los que se conoce medidas de coerción y una audiencia preliminar contra Tejeda Pimentel, que se conoce en Boca Chica. Castillo lamenta que los últimos gobiernos solo se preocupen por el tema impositivo y no por el problema de la proliferación de bancas.
Las revelaciones del Ministerio Público (MP) de que “miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos” con las dos poderosas redes criminales y de narcotráfico a las que se les vincula a la amenaza que está recibiendo la procuradora general, Miriam Germán Brito, generó “preocupación” en el mismo Gobierno que así lo expresó y mencionó lo “delicado” del tema.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que es una denuncia grave que hay que prestarle atención, mientras que el canciller Roberto Álvarez destacó la delicadeza de las afirmaciones del órgano persecutor al dar a conocer el inicio de la pesecución a los dos grupos, la madrugada del martes, en Operación Halcón IV.
Una de esas redes, según el Ministerio es liderada por Joel Ambioris Pimentel García, alias “la J”, a quien se le atribuye las amenazas a la Procuradora y quien reside en España desde hace cinco años.
Al respecto, Álvarez aseguró ayer que el Gobierno dominicano ha iniciado contactos con sus homólogos del gobierno de España, pero se negó a abundar sobre esas diligencias.
“No podemos comentar”, dijo contundentemente y se justificó en la gravedad del tema que implica que la jefa del órgano persecutor esté siendo amedrentada por un delincuente.
El MP aseguró el martes que procederán a someter a procesos disciplinarios e incluso penales para ser separados de la institución, en los casos que lo ameriten, a los que se les compruebe que han protegido a los miembros de las redes criminales que lideran Pimentel García y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla). A las dos bandas, que son rivales, se les atribuye “decenas de muertes”.
En las operaciones, las fuerzas élites penetraron a lugares considerados “difíciles” en Santiago y tomaron el control de zonas que por años fueron consideradas territorios dominados por algunas organizaciones criminales, como El Hoyo de Bartola, supuesto centro de operación de Pimentel García (la J), quien ha asegurado en un comunicado que no tiene asuntos pendientes con la justicia y se ha desligado de las imputaciones que se le hace de amenazar a Germán Brito.
Los allanamientos, además de Santiago de los Caballeros, se extendieron a San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega.
La pasada semana, la procuradora general reveló, sin mencionar al autor, que quien la amenazó lo hizo por WhatsApp y le advirtió que “podía mandar a matar a su hijo”. Según Miriam Germán, el que se atrevió a intimidarla lo hizo para que no se toque “a sus gentes en las cárceles”.
Los abogados de varias de las personas detenidas mediante los allanamientos en el primer día de Operación Halcón IV desligan a sus clientes de las estructuras del narcotráfico y crimen organizado que las autoridades buscan desarticular.
Juan Carlos Báez Peralta, representante legal de Luis Francisco Pimentel, padre de Joel Ambioris Pimentel García (a) “la J”, dice que el Ministerio Público no ha establecido si lo someterá a la justicia.
“Entendemos que deben despacharlo porque no se le ocupó nada”, indicó Báez Peralta.
Según dice, su cliente es una persona diabética, por lo que entiende que desde el órgano acusador deben tener algún tipo de consideración.
El jurista Mayobanex Peña asegura que el Ministerio Público no encontró durante las pesquisas ninguna prueba que vinculen a sus representados, la ciudadana canadiense Olis Báez y Manuel Eduardo Franco, con ninguna actividad ilícita.
Las autoridades han ocupado armas y dinero, así como cocaína, marihuana, entre otras evidencias de delitos en la operación que sigue en proceso.
Dos agentes de la Policía Nacional fueron apresados al ser sorprendidos mientras alegadamente intentaban robarse cerca de un millón de pesos en un establecimiento en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, que era allanado como parte de la Operación Halcón IV
La información la ofreció a Diario Libre una fuente oficial, que pidió reserva de su identidad.
Los detenidos, cuyos nombres no han sido ofrecidos, están adscritos a la unidad Lince en el cuerpo del orden.
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Los internos en la fortaleza Concepción de La Vega intentaron evitar la intervención realizada en ese penal como parte de la Operación Halcón IV, llevada a cabo por el Misterio Público y varios organismos castrenses de la República Dominicana contra dos estructuras del crimen organizado bajo investigación, de las cuales gran parte de sus miembros guardan prisión.
La información fue ofrecida a Diario Libre por la fiscal titular de esa demarcación, Aura Luz García.
“En un momento dado se quiso formar un motín que fue controlado inmediatamente sin que se reportaran personas heridas”, indicó la magistrada.
Desde hace décadas, la prevalencia de acoso y violencia escolar es alta en las escuelas públicas de la República Dominicana y la tendencia es a que la situación se agrave. Diariamente en la plataforma de incidencias del Ministerio de Educación se registran cientos de hechos violentos, que incluyen agresiones físicas, verbales y sexuales que ocurren en los centros educativos y en sus entornos.
El último levantamiento realizado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), en el 2014, reportó una tasa de 33.6 % de violencia escolar, en un Estudio de Prevalencia, Tipología y Causas de la Violencia en los Centros Educativos de Básica y Media de la República Dominicana.
Refería el estudio que las características sociodemográficas influencian el acoso escolar; también la edad (con mayor prevalencia en alumnos de 13 a 18 años); el sexo (prevaleciendo mayormente en el masculino); el sector (presentando mayores niveles en el sector urbano); y nivel socioeconómico (predominando en los sectores de bajos ingresos).
Un informe más reciente del Ministerio de Educación, dado a conocer en abril de 2023, registra 20,120 hechos de violencia física, verbal y psicológica entre estudiantes, dentro y fuera de los centros educativos, y 1,724 casos entre docentes y estudiantes. También 1,154 estudiantes embarazadas, 112 de ellas han sido víctimas de violación. Otras 28 adolescentes embarazadas, producto de incestos, entre otras incidencias.
Casos de violencia entre estudiantes fueron reportados por el Ministerio de Educación en abril.
Y esta violencia tiene rostros. Rostros de estudiantes que han fallecido y otros que cargan con las secuelas físicas y psicológicas de estos hechos, en casos que se hicieron virales y que han consternado a la sociedad.
Esmeralda Richiez, de 16 años, y Yeiron Almánzar Cabrera, de 12 años, murieron víctimas de esta violencia. Richiez murió desangrada producto de una violación de la que se acusa a su maestro de matemáticas, John Kelly Martínez, en la provincia La Altagracia, y Yeiron Almánzar Cabrera quien, según se afirma, falleció a consecuencia de golpes y heridas que le propinó un compañero de curso, en la Escuela Primaria República de Panamá, en Santo Domingo Este.
En San Pedro de Macorís, un joven le cortó la mano a un estudiante del Liceo José Joaquín Pérez en el sector Villa Velázquez. El adolescente de 15 años fue auxiliado por compañeras de clases que lograron darle los primeros auxilios y trasladarlo al hospital Salvador B. Gautier, donde le salvaron la mano.
El agresor, Juan Manuel Cedano, alias Manguito, se entregó a las autoridades el pasado viernes 9 de junio y se le conocerán las medidas de coerción en la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís.
Más reciente, en las afueras de un centro educativo de la comunidad La Gina, Miches, El Seibo, hubo un enfrentamiento con machetes entre estudiantes y esta semana en el liceo San Luis Gonzaga, ubicado en la comunidad Las Uvas, en La Vega, una estudiante le arrancó parte del cabello a otra.
Tanto en este caso, como en el ocurrido en San Pedro de Macorís, los agresores se burlaron de las víctimas en las redes sociales y no mostraron arrepentimiento por sus hechos.
Actualmente, hay 2,500 miembros de la Policía Escolar para la seguridad de más de 7 mil centros educativos. Para el ministro de Educación, Ángel Hernández, el tema de la violencia en las escuelas va más allá de los centros educativos, pues es un tema social.
Explica que por lo general las bandas juveniles se establecen en los barrios donde viven los niños y esa participación en bandas se refleja, posteriormente, en las escuelas, en donde se producen eventos de violencia derivados de ello.
“Ese problema no lo resuelve la escuela. Es en la sociedad que hay que procurar una solución integral. La escuela fomenta los valores propios de una sociedad democrática, enfatiza en la solución pacífica de conflictos y apoya con orientación y psicología, fomenta la disciplina en aula”, aseguró Hernández.
Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), afirma que el magisterio nacional entrega lo mejor en procura de evitar la violencia en las escuelas del país.
Asegura que las autoridades han dejado solos a los maestros y también las familias están ausentes del proceso de aprendizaje de sus hijos y de su comportamiento.
Hidalgo se quejó de que hay miles de escuelas que no tienen un portero, ni un policía escolar.
“Hemos abogado para que se busque una salida adecuada, si no la violencia y los embarazos se van a multiplicar para el próximo año escolar, estamos a tiempo”, dijo.
Jaime Tolentino, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), afirmó que lo que sucede en los barrios tiene un impacto directo en los centros educativos.
Al confirmar que los incidentes han aumentado en las escuelas y sus entornos en los últimos años, como asociación han solicitado un incremento en el patrullaje por parte de la Policía Nacional como medida preventiva.
Reiteró que la integración de la familia al proceso de enseñanza-aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes es vital para que el proceso educativo se de en armonía y de calidad.
La Policía Nacional está dando seguimiento a los casos de violencia en los centros educativos, que han registrado al menos a un estudiante muerto y otros han resultado gravemente heridos.
Diego Pesqueira, vocero de la institución, asegura que son “preocupantes” los casos, pero que los reportes que hasta el momento tienen es que en más del 98 % de los centros educativos el año escolar culminará sin que se registren hechos delictivos.
“En el país hay más de 7,000 escuelas y centros educativos y en algunos de ellos siempre es tradición que a final de año los estudiantes que han tenido algún tipo de situación con otro compañerito y se espera en esta etapa que tengan algún tipo de situaciones”, explicó.
Francisca de la Cruz, directora de Orientación y Psicología del Minerd, asegura que el tema de la violencia y la salud mental de los estudiantes ha sido abordado de manera integral.
Esto incluyó un programa para la intervención que se hizo, el pasado año, de 10 centros educativos de la Regional 10, pues habían presentado mayores niveles de violencia, con un plan piloto por una cultura de paz y la disciplina positiva para trabajar la prevención de esa problemática.
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Para la psicóloga clínica especialista en terapia infanto-juvenil, Clarissa Guerrero Subero, la ola de violencia que estamos viviendo como sociedad es masiva y es un reflejo de las actitudes y reacciones que como adultos estamos modelando para la resolución de conflictos. Esto incluye lo que estos chicos viven a diario en sus entornos y la falta de régimen de consecuencias en la sociedad. Indica que para prevenir la violencia en las escuelas lo primordial sería que el sistema de educación pública sea funcional en todas sus estructuras. “Con esto incluyendo a los que dirigen dichos centros y la implementación de normas, pero a la vez desde la casa y la crianza aportando con un modelaje basado en el respeto”, expresó.
Guerrero citó como una dificulta que la sociedad impulsa a mucho de estos jóvenes por caminos que violentan las normas. “Es todo un sistema que necesita modificarse para poder dar una respuesta apropiada”, argumentó.
El Ministerio Público (MP) leyó este miércoles la acusación en el juicio de fondo contra los miembros de la Policía Nacional de turno en el destacamento de Naco, en el Distrito Nacional, que introdujeron en una celda con las manos esposadas en la espalda al joven David de los Santos, a quien otros detenidos le propinaron una “enorme paliza” que le causó la muerte días después, el 1 de mayo del 2022, en un hospital.
De los Santos había sido detenido horas antes en la plaza Ágora Mall luego de un incidente que tuvo con una señora en una tienda de perfumes.
El capitán Domingo Alberto Rodríguez, el segundo teniente Germán García, el raso San Manuel González García y/o raso Sari Manuel González y el cabo Alfonso Decena Hernández están acusados de homicidio voluntario, tortura y barbarie, estas últimas castigadas con una pena de 30 años de prisión, según el artículo 303-4 del Código Penal.
Ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el órgano acusador dijo que Rodríguez, Germán García, González García y Decena Hernández “siempre tuvieron el control y el conocimiento de la situación, pero sobre todo que participaron de manera pasiva para aportar las condiciones activas que derivaron en la muerte de la víctima”, que estaba en condiciones vulnerables.
Por el caso también se involucra a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban en la celda del cuartel y los que están acusados de golpear salvajemente a De los Santos y se les imputa el mismo crimen de tortura y barbarie.
Asimismo, los agentes de seguridad de Ágora Mall, Ambriori Montero, Álvaro David Beltrán, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, cuya conducta, de “detención y encierros ilegales” está tipificada en el artículo 341, que establece una pena de reclusión menor (de dos a cinco años de prisión).
De acuerdo con el relato de la acusación del Ministerio Público, David de los Santos Correa llegó a la plaza, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, esquina Joh F. Kennedy, a las 6:30 de la tarde del 27 de abril de 2022 y se dirigió a la tienda de perfume Senses Sunglasses.
En este establecimiento señaló a la señora Yesenia Altagracia Mejía Santos, con una actitud “extraña e intimidante”.
En ese momento intercedió Pamela Leticia Vásquez Cruce, la compañera de Yesenia Atagracia, y le preguntó al joven que si podía atenderlo, respondiendo el hoy occiso: ¿Usted cree en Dios?, Pamela reaccionó: “¿Disculpe?” .
David de los Santos se aparta un poco del lugar, por lo que Yesenia Altagracia lo abordó y le dijo: “Yo le puedo ayudar desde aquí”. El joven se acerca a ella y le pregunta: ¿qué le pedirías a Dios? La mujer le responde: pediría por mi familia y mis hijos, pero la víctima, David de los Santos Correa insistentemente y con voz altisonante le pregunta ¿está segura?, manifestando la misma, pediría por mi vida, y David de los Santos externó: pues pide por tu vida.
Esa actitud del joven provocó una situación de shock en Yesenia Altagracia, lo que hace que Pamela Leticia Vásquez Cruce saliera de la tienda a buscar ayuda. Vio a un policía uniformado que se acercaba con una bolsa de compras y le dijo que si podía ayudarla, pero el agente no tuvo intervención al respecto.
Cuando David de los Santos salió de la tienda, vio al policía y le reclamó: «me llamaste la policía», la miró y se marchó de la tienda. Cuando Pamela Leticia retornó a la perfumería vio a su compañera tirada en el piso llorando y le dijo que David de los Santos la amenazó diciéndole «tú no sabes quien yo soy, en 15 días vuelvo para que sepas quién yo soy».
Cuando se informó a la seguridad de Ágora Mall, el acusado Ambiorix Montero Otaño dio instrucción para que localizaran a David de los Santos, lo apresaran y lo trasladaran a la oficina de la plaza. Cuando lo encontraron, éste estaba «de manera natural, pacífica e inalterable» en la tercera planta.
Fue detenido por Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz, quienes lo trasladaron a la oficina de seguridad del centro comercial. El joven apresado reclama de forma agresiva el hecho de que lo detuvieran, lo que aprovecharon los miembros de seguridad para colocarle unas esposas, con las manos hacia adelante y llamar a una patrulla.
Veinte minutos después de la llamada aparecen los agentes de la unidad policial. Esos agentes de la patrulla fueron el cabo Alexis Montero y el cabo Luis David Ortiz Tineo, quienes trasladron a la víctima al ensanche Naco.
Las dos mujeres fueron incluidas en el expediente como terceras civilmente demandadas, junto a la perfumería y el centro comercial. La familia de la víctima demanda 150 millones de pesos de reparación en daños y perjuicios.
Al llegar al cuartel, que está ubicado en la avenida Ortega y Gasset, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el hoy occiso fue recibido por los acusados, capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez y por el raso San Manuel González García y/o raso Sari Manuel González, oficial del día y sargento de guardia, respectivamente.
Esos dos miembros de la Policía “de manera criminal y en violación a sus derechos fundamentales procedieron a colocarles unas esposas por la espalda e introducirlo a la celda esposado” junto a los tres acusados que se encontraban en ese lugar encerrados, Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña y un nacional haitiano que no fue acusado.
El hoy occiso, esposado en estado de vulnerabilidad, ya en la celda vociferó algunas palabras con voz altisonante, realizando una enorme bulla, lo que molestó a los tres hombres que se convirtieron en sus compañeros de lugar y quienes lo golpearon en la cabeza y demás partes del cuerpo y obligó a los policías acudir y rociar gas pimienta.
“Lo que evidencia” que los miembros de la Policía, capitán Domingo Alberto Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz y los rasos San Manuel González García o Sary y el cabo Alfonso de Sena “siempre tuvieron el control y el conocimiento de la situación, pero sobre todo que participaron de manera pasiva para aportar las condiciones activas que derivaron en la muerte de la víctima David de los Santos Correa”, detalló el órgano persecutor.
Luego de rociar el gas pimienta, “los acusados Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Yancarlos Martínez Peña se molestaron aún más propinándole una enorme paliza asestándole golpes y patadas por todo el cuerpo sin la más mínima posibilidad de que esta víctima pudiera defenderse, ya que se encontraba esposado con las manos hacia atrás. Luego de cansarse de golpearlo con los puños, tomaron unos tenis y continuaron golpeándole toda la noche hasta dejarlo (a David de los Santos) tendido en el piso inconsciente» y cuatro días después falleció por “trauma contuso craneoencefálico severo”.
El método global para enseñar a leer y comprender a los niños no ha sido efectivo, pero sí el método fonético y una evidencia de ello son los resultados “alentadores” de un experimento de aprendizaje de lectura en escuelas de República Dominicana, presentados por las Editoras Casa Duarte y Vicens Vives.
Con el nombre de “Ya sé leer”, el programa, financiado por las editoras, incluyó a niños de seis y siete años de tres escuelas del sector público del Distrito Escolar 15-03, Santa Teresa de Jesús, Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de las Mercedes, con el conjunto pedagógico de Español 1 del Primer Grado y Primer Ciclo de Educación Primaria.
Obdulia García, directora Editorial de Casa Duarte explicó que el experimento se realizó con autorización del ministro de Educación, Ángel Hernández, en tres escuelas públicas con 69 niños y niñas, cuyos logros han sido evaluados en función de parámetros establecidos por las Neurociencias para el aprendizaje de la lectura en niños de su edad.
“En 2019 Casa Duarte invitó al doctor Stanislas Dahaene, quien dio una serie de conferencias y de charlas hablando de que el método fonético, es el que se debe utilizar, porque él ha hecho experimentos en su centro de investigación en París, donde ven en las máquinas correspondientes cuáles son las partes del cerebro que se activan en el momento de la lectura y entonces pueden decir cuáles son los métodos más adecuados para enseñar a leer y entonces están en contra del método global que es el que se utiliza aquí en las escuelas”, explicó García.
Puntualizó la especialista que este método global no enseña a leer y la evidencia está en que cuando se hacen las pruebas a los niños, con la anuencia de los Departamentos de Evaluación de los Ministerios de los países, estos se “queman” y hay un 70 % de niños que solamente comprenden literalmente el texto que leen y calificó esta situación de muy grave.
Señaló que solo hay un 2 % que puede llegar a leer bien a entender y hacer inferencias a partir de la lectura en el tercer grado.
“Es decir, se ha empezado mal, se ha trabajado mal y los niños nuestros siguen estando retrasados y mi sorpresa es que cuando se comentan los resultados de la prueba Pisa todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y yo digo no se preguntan, pero por qué si un niño no aprueba Pisa qué ha pasado antes”, expresó.
En ese sentido reiteró que hay que volver al método fonético y ese es el método nuestro y lo que hay que hacer es relacionar la grafía con el sonido que tiene la letra.
García destacó, además, que la alfabetización es la piedra angular de la educación y que esta tarea requiere del uso de un libro de texto para el desarrollo del comportamiento lector que incorpore los principios de las Neurociencias, además de recuperar otras innovaciones y recursos propios de la época.
En las escuelas se trabajó con un conjunto pedagógico que consta de un libro, un cuaderno y 9 cuentos entregados a cada uno de los niños y niñas de las escuelas citadas, y una guía para las maestras.
En la experimentación, un 26 % de los niños logró alcanzar una lectura fluida, lo cual implica que poseen una capacidad para leer y comprender un texto adecuado a su edad. Este hito es un indicador sólido de que estos niños están adquiriendo una habilidad fundamental para su desarrollo académico y personal.
Un 49 % de los participantes ha alcanzado una lectura ortográfica, lo que significa que pueden leer y reconocer correctamente las palabras escritas, demostrando con ello, una comprensión básica del texto y una capacidad para decodificar y reconocer palabras.
Un 13 % de los niños ha demostrado haber desarrollado la competencia fonológica. Esto implica que estos niños pueden asociar sonidos con letras y sílabas, formar y leer palabras, lo cual es un paso esencial en el proceso de lectura.
Cabe destacar que, durante el experimento, se identificó un grupo adicional del 12 % de los participantes que, a pesar de conocer las vocales y las consonantes, se encuentra aún inmerso en la etapa de decodificación de grafemas en fonemas. Estos niños requieren un apoyo adicional para avanzar en el desarrollo de su competencia lectora.
Durante la actividad un grupo de niños y niñas seleccionados de las tres escuelas involucradas en la experimentación en función de la cantidad de alumnos de cada centro, leyó en público el cuento “Pepe y Popi”, la mayoría de manera muy fluida y otros con algunas dificultades.
Es posible revertir índices negativos
De acuerdo con las firmas editoriales, los resultados demuestran que en el país es posible lograr avances significativos en el desarrollo de habilidades lectoras en los participantes, siempre que fundamenten la lectura en los principios de las neurociencias y se den los pasos necesarios y se cuente, además, con los recursos adecuados para esos fines.
Se explicó que el propósito de esta experimentación fue poner en evidencia la validez de los principios de las neurociencias, teniendo en cuenta que nuestro país está en el último lugar de todos los que participan en las pruebas que lleva a cabo el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE)de la Oficina Regional para América Latina y El Caribe (OREAL/UNESCO), en tercero y sexto grados de Educación Primaria, por la persistencia en el uso del método global de lectura.
Compromiso con formación integral
Pablo Cuello, director general de Casa Duarte, valoró los resultados del plan, que anunció se repetirá en el próximo año escolar 2023-2024.
“Entendemos que cada niño es único y tiene ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Por eso, nos esforzamos por crear materiales que sean inclusivos y que permitan a cada estudiante encontrar su propia forma de comprender y asimilar los conceptos. Nos preocupamos por transmitir valores como la empatía, la solidaridad y el respeto a la diversidad, para que nuestros estudiantes se conviertan en ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno”, expresó.
Señaló que el libro de texto requiere de una investigación científica para su elaboración, en la cual participan autores responsables que garantizan la calidad y la integridad de su contenido. Su proceso de elaboración demanda tiempo y paciencia. La efectividad del libro de texto en el aula se verifica a través del aprendizaje de cada estudiante.
“En definitiva, en Casa Duarte estamos comprometidos con la formación integral de nuestros estudiantes, y trabajamos día a día para ofrecerles las herramientas que les permitan alcanzar sus metas y sueños. Creemos en la educación como un camino hacia el crecimiento personal y colectivo, y nos esforzamos por hacer de cada aula un espacio de aprendizaje, creatividad y enriquecimiento mutuo”, concluyó.
El proceso de regularización de bancas de loterías que realizó el Ministerio de Hacienda y la Lotería Nacional el año pasado muestra un panorama numérico de la cantidad de estos establecimientos que operan de forma irregular en el país.
Al menos en las que fueron inscritas durante el proceso, casi 40 mil bancas de lotería figuran como no reguladas y, entre ellas, más de 2,000 corresponden a Inversiones Pradera Azul, una empresa cuyos registros societarios están a nombre de Luis Alberto Tejeda Pimentel, precandidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el municipio Santo Domingo Este.
Las bancas propiedad del precandidato político figuran bajo concesión de Loteka, empresa que en sólo una de las listas del registro de la Lotería Nacional figura como concesionaria de 16,779 bancas y, de esas, 8,267 dicen que no están reguladas.
Tanto Loteka como Tejeda Pimentel son objeto de varias querellas privadas por supuesta ilegalidad de sus establecimientos, entre ellas, violar la disposición que establece una distancia mínima de 200 metros entre una banca y otra.
Mediante la resolución 061-2022, el Ministerio de Hacienda otorgó una dispensa y plazo de 120 días a todas las bancas de lotería que comercializan sorteos de billetes y quinielas de la Lotería Nacional que operan al margen de la ley y las normas, para que regularizaran sus permisos.
Para acogerse a dicho proceso, llevado a cabo entre marzo y abril de 2022, los interesados debieron presentar un documento formal con la lista de todas las bancas de su propiedad, independientemente de su estatus legal.
La misma resolución designó a Teófilo (Quico) Tabar como director provisional y honorífico de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio, y encargado de implementar el plan de regularización.
“Se registraron algo más de 73 mil bancas de apuestas, sin contar las ya existentes en la DGII (Dirección General de Impuestos Internos), las cuales representan alrededor de 90 mil bancas. De esas bancas se han recibido alrededor de 4,300 oposiciones legales, por diferentes aspectos. Entre ellos, mayoritariamente por distancia”, informó Tabar a requerimiento de Diario Libre.
Como parte de los resultados del proceso, la Lotería Nacional publicó tres listas de las bancas de lotería, según el estatus en que se encuentran, actualizados al mes de abril de este 2023.
Uno es el de las bancas que se acogieron a la regularización y que no tienen actos de oposición, en el que se inscribieron 62,606 bancas de lotería. De esas, 36,557 dicen que no están reguladas.
En esa lista figura Loteka, con las 16,779 en las que es concesionaria. También está Inversiones Pradera Azul, la empresa de Tejeda Pimentel, que tiene un total registrado de 2,622 bancas, de las que sólo 607 dicen estar regularizadas, las otras 2,015 dice que no lo están.
Consultado al respecto, el aspirante a alcalde refirió el contacto de otra persona para tratar las inquietudes de Diario Libre, pero al cuestionar al hombre referido, éste se limitó a decir que es Loteka quien debe pagar los impuestos. Al requerirle más detalles, indicó que no estaba autorizado.
Diario Libre también consultó a la empresa Loteka que, luego de que un personal indicara que el gerente general, identificado como Edgar Tejeda, era la persona que podría hablar del tema, optó por pedir un mensaje de correo electrónico con las inquietudes, pero no ha respondido a la fecha.
En la página de la Lotería Nacional también se presenta un listado correspondiente a las bancas que ya estaban registradas en el Ministerio de Hacienda previo al proceso de regularización. El total es de 30,931 bancas y de ellas, 8,111 se acogieron al proceso.
Un tercer listado hace referencia a las que, acogidas al proceso, encontraron alguna oposición. La lista actualizada a abril de este año es de 487 establecimientos, aunque en su momento llegaron a ser 4,300, según Tabar.
En la página también se incluyen otros siete listados de las bancas, puntos de ventas o agencias que están registradas en la Dirección General de Impuestos Internos, según el estatus de cumplimientos de sus obligaciones ante el órgano recaudador.
Tanto Luis Alberto Tejeda como Loteka figuran en varias querellas interpuestas por particulares por la supuesta ilegalidad en que operan varias de sus bancas.
Una de esas querellas fue presentada por Alejandro Peralta Vargas y la Banca Alejandro ante el Juzgado de Paz de Santo Domingo Oeste el pasado 28 de abril, en el que acusa a un grupo de banqueros de colocarle un negocio “banca o punto de venta” de forma irregular o ilegal, sin los permisos que establece la Ley 253-12 y violentando la disposición de la distancia de 200 metros establecida entre una banca y otra.
La acción es en contra de “Punto de venta Loteka, Loteka S.R.L., en calidad de socio, banquero de la jugada y propietario del punto de venta; Fixtil Corporation LTD, en calidad de dueño de Loteka, José Manuel Melo Ortiz, en su calidad de gerente de Fixtil y de Loteka; Luis Alberto Tejeda Pimentel, en calidad de propietario de Inversiones Pradera Azul, propietario del punto de venta y socio de Loteka”. También contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, representadas por los señores Manuel Vicente Dubocq y Teófilo (Quico) Tabar, respectivamente, en sus calidades de terceros civilmente responsables.
Dueños de bancas están registrados en la DGII, difieren en el cumplimiento de sus obligaciones.
El querellante se hace representar por el abogado José Castillo, quien ha presentado diversas querellas contra el precandidato y otros dueños de bancas de lotería por las supuestas ilegalidades que cometen. En una relación de casos que el abogado proporcionó a Diario Libre hay unas once querellas interpuestas en distintas jurisdicciones y que datan desde el 2021 a este 2023.
Las instancias abarcan la fiscalía de Santo Domingo Este, Oeste, Boca Chica, San Cristóbal, el Distrito Nacional y Monte Plata.
Pero esas son algunas de muchas querellas que el abogado Castillo ha sometido en representación de distintos clientes y contra diversos dueños de bancas, casi siempre por el tema de la distancia.
Aunque en algunas de ellas han tenido ganancia de causa, en otros casos no ha habido respuestas de las fiscalías, por lo que el abogado decidió dirigir una comunicación a la Procuraduría General de la República. “Desde el año pasado le depositamos a usted, un sin número de denuncias de varios miembros del Congreso Nacional que operan cientos de bancas de loterías sin los permisos establecidos por la ley 253-12. Hasta la fecha, a pesar de que hemos estado llamando a la Procuraduría de manera insistente, no hemos tenido ninguna respuesta y mucho menos se le ha dado la seriedad que el delito amerita”, dice la misiva.
Sobre el caso particular contra Tejeda Pimentel se queja de que éste ha estado estafando al Estado por años, al no pagar los impuestos.
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“El señor Luis Alberto, que anteriormente era diputado y ahora aspira a ser síndico, él mismo maneja una cantidad de bancas de loterías y es socio de una compañía de concesión privada de bancas sin el pago de los impuestos, cosa que no debería de ser, pues él ni siquiera califica para aspirar a la sindicatura mientras tenga una situación como ésa”, dice.
Como parte de la preparación de sus procesos judiciales, el abogado se procuró una certificación de Hacienda en la que se indica que Luis Alberto Tejeda Pimentel figura como propietario de 352 bancas de loterías. También otra certificación del ministerio que señala que “Inversiones Pradera Azul declaró 2,636 bancas en el proceso de regularización, de las cuales 608 se encuentran debidamente registradas”.
Castillo también cuenta con un certificación de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo sobre el registro de Inversiones Pradera Azul, según el cual se le emitió registro mercantil en 2009, y en el que aparecen como socios Luis Alberto Tejeda Pimentel, con 99 cuotas, y Gledys Yuderkis Tejeda Pimentel de Arias, con una.
Inversiones Pradera Azul no figura en la declaración jurada que hizo Tejeda Pimentel en 2016 cuando fue diputado, documento en el que sí declaró el consorcio de bancas La Soñadora.
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José Castillo dice llevar unos 15 años trabajando en procura de la regularización de las bancas de loterías y los concesionarios. Ese trabajo lo ha realizado tanto en instituciones estatales como en los tribunales, lo que le permite exhibir algunas sentencias a favor. Entre ellas, una contra una exregidora por instalación ilegal de bancas, a la que un tribunal de San Cristóbal le impuso en 2013 un año de prisión y una indemnización de 8 millones de pesos por daños y perjuicios. También refiere un proceso que ya está en juicio de fondo en Monte Plata contra Loteka, además de varios casos en los que se conoce medidas de coerción y una audiencia preliminar contra Tejeda Pimentel, que se conoce en Boca Chica. Castillo lamenta que los últimos gobiernos solo se preocupen por el tema impositivo y no por el problema de la proliferación de bancas.
Las revelaciones del Ministerio Público (MP) de que “miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos” con las dos poderosas redes criminales y de narcotráfico a las que se les vincula a la amenaza que está recibiendo la procuradora general, Miriam Germán Brito, generó “preocupación” en el mismo Gobierno que así lo expresó y mencionó lo “delicado” del tema.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que es una denuncia grave que hay que prestarle atención, mientras que el canciller Roberto Álvarez destacó la delicadeza de las afirmaciones del órgano persecutor al dar a conocer el inicio de la pesecución a los dos grupos, la madrugada del martes, en Operación Halcón IV.
Una de esas redes, según el Ministerio es liderada por Joel Ambioris Pimentel García, alias “la J”, a quien se le atribuye las amenazas a la Procuradora y quien reside en España desde hace cinco años.
Al respecto, Álvarez aseguró ayer que el Gobierno dominicano ha iniciado contactos con sus homólogos del gobierno de España, pero se negó a abundar sobre esas diligencias.
“No podemos comentar”, dijo contundentemente y se justificó en la gravedad del tema que implica que la jefa del órgano persecutor esté siendo amedrentada por un delincuente.
El MP aseguró el martes que procederán a someter a procesos disciplinarios e incluso penales para ser separados de la institución, en los casos que lo ameriten, a los que se les compruebe que han protegido a los miembros de las redes criminales que lideran Pimentel García y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla). A las dos bandas, que son rivales, se les atribuye “decenas de muertes”.
En las operaciones, las fuerzas élites penetraron a lugares considerados “difíciles” en Santiago y tomaron el control de zonas que por años fueron consideradas territorios dominados por algunas organizaciones criminales, como El Hoyo de Bartola, supuesto centro de operación de Pimentel García (la J), quien ha asegurado en un comunicado que no tiene asuntos pendientes con la justicia y se ha desligado de las imputaciones que se le hace de amenazar a Germán Brito.
Los allanamientos, además de Santiago de los Caballeros, se extendieron a San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega.
La pasada semana, la procuradora general reveló, sin mencionar al autor, que quien la amenazó lo hizo por WhatsApp y le advirtió que “podía mandar a matar a su hijo”. Según Miriam Germán, el que se atrevió a intimidarla lo hizo para que no se toque “a sus gentes en las cárceles”.
Los abogados de varias de las personas detenidas mediante los allanamientos en el primer día de Operación Halcón IV desligan a sus clientes de las estructuras del narcotráfico y crimen organizado que las autoridades buscan desarticular.
Juan Carlos Báez Peralta, representante legal de Luis Francisco Pimentel, padre de Joel Ambioris Pimentel García (a) “la J”, dice que el Ministerio Público no ha establecido si lo someterá a la justicia.
“Entendemos que deben despacharlo porque no se le ocupó nada”, indicó Báez Peralta.
Según dice, su cliente es una persona diabética, por lo que entiende que desde el órgano acusador deben tener algún tipo de consideración.
El jurista Mayobanex Peña asegura que el Ministerio Público no encontró durante las pesquisas ninguna prueba que vinculen a sus representados, la ciudadana canadiense Olis Báez y Manuel Eduardo Franco, con ninguna actividad ilícita.
Las autoridades han ocupado armas y dinero, así como cocaína, marihuana, entre otras evidencias de delitos en la operación que sigue en proceso.
Dos agentes de la Policía Nacional fueron apresados al ser sorprendidos mientras alegadamente intentaban robarse cerca de un millón de pesos en un establecimiento en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, que era allanado como parte de la Operación Halcón IV
La información la ofreció a Diario Libre una fuente oficial, que pidió reserva de su identidad.
Los detenidos, cuyos nombres no han sido ofrecidos, están adscritos a la unidad Lince en el cuerpo del orden.
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Los internos en la fortaleza Concepción de La Vega intentaron evitar la intervención realizada en ese penal como parte de la Operación Halcón IV, llevada a cabo por el Misterio Público y varios organismos castrenses de la República Dominicana contra dos estructuras del crimen organizado bajo investigación, de las cuales gran parte de sus miembros guardan prisión.
La información fue ofrecida a Diario Libre por la fiscal titular de esa demarcación, Aura Luz García.
“En un momento dado se quiso formar un motín que fue controlado inmediatamente sin que se reportaran personas heridas”, indicó la magistrada.
Desde hace décadas, la prevalencia de acoso y violencia escolar es alta en las escuelas públicas de la República Dominicana y la tendencia es a que la situación se agrave. Diariamente en la plataforma de incidencias del Ministerio de Educación se registran cientos de hechos violentos, que incluyen agresiones físicas, verbales y sexuales que ocurren en los centros educativos y en sus entornos.
El último levantamiento realizado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), en el 2014, reportó una tasa de 33.6 % de violencia escolar, en un Estudio de Prevalencia, Tipología y Causas de la Violencia en los Centros Educativos de Básica y Media de la República Dominicana.
Refería el estudio que las características sociodemográficas influencian el acoso escolar; también la edad (con mayor prevalencia en alumnos de 13 a 18 años); el sexo (prevaleciendo mayormente en el masculino); el sector (presentando mayores niveles en el sector urbano); y nivel socioeconómico (predominando en los sectores de bajos ingresos).
Un informe más reciente del Ministerio de Educación, dado a conocer en abril de 2023, registra 20,120 hechos de violencia física, verbal y psicológica entre estudiantes, dentro y fuera de los centros educativos, y 1,724 casos entre docentes y estudiantes. También 1,154 estudiantes embarazadas, 112 de ellas han sido víctimas de violación. Otras 28 adolescentes embarazadas, producto de incestos, entre otras incidencias.
Casos de violencia entre estudiantes fueron reportados por el Ministerio de Educación en abril.
Y esta violencia tiene rostros. Rostros de estudiantes que han fallecido y otros que cargan con las secuelas físicas y psicológicas de estos hechos, en casos que se hicieron virales y que han consternado a la sociedad.
Esmeralda Richiez, de 16 años, y Yeiron Almánzar Cabrera, de 12 años, murieron víctimas de esta violencia. Richiez murió desangrada producto de una violación de la que se acusa a su maestro de matemáticas, John Kelly Martínez, en la provincia La Altagracia, y Yeiron Almánzar Cabrera quien, según se afirma, falleció a consecuencia de golpes y heridas que le propinó un compañero de curso, en la Escuela Primaria República de Panamá, en Santo Domingo Este.
En San Pedro de Macorís, un joven le cortó la mano a un estudiante del Liceo José Joaquín Pérez en el sector Villa Velázquez. El adolescente de 15 años fue auxiliado por compañeras de clases que lograron darle los primeros auxilios y trasladarlo al hospital Salvador B. Gautier, donde le salvaron la mano.
El agresor, Juan Manuel Cedano, alias Manguito, se entregó a las autoridades el pasado viernes 9 de junio y se le conocerán las medidas de coerción en la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís.
Más reciente, en las afueras de un centro educativo de la comunidad La Gina, Miches, El Seibo, hubo un enfrentamiento con machetes entre estudiantes y esta semana en el liceo San Luis Gonzaga, ubicado en la comunidad Las Uvas, en La Vega, una estudiante le arrancó parte del cabello a otra.
Tanto en este caso, como en el ocurrido en San Pedro de Macorís, los agresores se burlaron de las víctimas en las redes sociales y no mostraron arrepentimiento por sus hechos.
Actualmente, hay 2,500 miembros de la Policía Escolar para la seguridad de más de 7 mil centros educativos. Para el ministro de Educación, Ángel Hernández, el tema de la violencia en las escuelas va más allá de los centros educativos, pues es un tema social.
Explica que por lo general las bandas juveniles se establecen en los barrios donde viven los niños y esa participación en bandas se refleja, posteriormente, en las escuelas, en donde se producen eventos de violencia derivados de ello.
“Ese problema no lo resuelve la escuela. Es en la sociedad que hay que procurar una solución integral. La escuela fomenta los valores propios de una sociedad democrática, enfatiza en la solución pacífica de conflictos y apoya con orientación y psicología, fomenta la disciplina en aula”, aseguró Hernández.
Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), afirma que el magisterio nacional entrega lo mejor en procura de evitar la violencia en las escuelas del país.
Asegura que las autoridades han dejado solos a los maestros y también las familias están ausentes del proceso de aprendizaje de sus hijos y de su comportamiento.
Hidalgo se quejó de que hay miles de escuelas que no tienen un portero, ni un policía escolar.
“Hemos abogado para que se busque una salida adecuada, si no la violencia y los embarazos se van a multiplicar para el próximo año escolar, estamos a tiempo”, dijo.
Jaime Tolentino, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), afirmó que lo que sucede en los barrios tiene un impacto directo en los centros educativos.
Al confirmar que los incidentes han aumentado en las escuelas y sus entornos en los últimos años, como asociación han solicitado un incremento en el patrullaje por parte de la Policía Nacional como medida preventiva.
Reiteró que la integración de la familia al proceso de enseñanza-aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes es vital para que el proceso educativo se de en armonía y de calidad.
La Policía Nacional está dando seguimiento a los casos de violencia en los centros educativos, que han registrado al menos a un estudiante muerto y otros han resultado gravemente heridos.
Diego Pesqueira, vocero de la institución, asegura que son “preocupantes” los casos, pero que los reportes que hasta el momento tienen es que en más del 98 % de los centros educativos el año escolar culminará sin que se registren hechos delictivos.
“En el país hay más de 7,000 escuelas y centros educativos y en algunos de ellos siempre es tradición que a final de año los estudiantes que han tenido algún tipo de situación con otro compañerito y se espera en esta etapa que tengan algún tipo de situaciones”, explicó.
Francisca de la Cruz, directora de Orientación y Psicología del Minerd, asegura que el tema de la violencia y la salud mental de los estudiantes ha sido abordado de manera integral.
Esto incluyó un programa para la intervención que se hizo, el pasado año, de 10 centros educativos de la Regional 10, pues habían presentado mayores niveles de violencia, con un plan piloto por una cultura de paz y la disciplina positiva para trabajar la prevención de esa problemática.
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Para la psicóloga clínica especialista en terapia infanto-juvenil, Clarissa Guerrero Subero, la ola de violencia que estamos viviendo como sociedad es masiva y es un reflejo de las actitudes y reacciones que como adultos estamos modelando para la resolución de conflictos. Esto incluye lo que estos chicos viven a diario en sus entornos y la falta de régimen de consecuencias en la sociedad. Indica que para prevenir la violencia en las escuelas lo primordial sería que el sistema de educación pública sea funcional en todas sus estructuras. “Con esto incluyendo a los que dirigen dichos centros y la implementación de normas, pero a la vez desde la casa y la crianza aportando con un modelaje basado en el respeto”, expresó.
Guerrero citó como una dificulta que la sociedad impulsa a mucho de estos jóvenes por caminos que violentan las normas. “Es todo un sistema que necesita modificarse para poder dar una respuesta apropiada”, argumentó.
El presidente, Luis Abinader, anunció hoy que el gobierno llevará a licitación pública en julio una nueva línea del Tren Metropolitano de Santo Domingo, que irá desde la estación del metro de la Kennedy con Máximo Gómez hasta la Charles de Gaulle, en primer tramo.
«Quiero aprovechar este escenario para anunciarles que el próximo mes de julio se lanzará la licitación en una alianza público-privada del que será el nuevo Sistema Ferroviario Nacional, iniciando en su primera etapa el Tren Metropolitano del Gran Santo Domingo, que irá desde la estación del Metro de la Kennedy con la Máximo Gómez hasta la Charles de Gaulle en un primer tramo», adelantó el presidente.
El ambicioso plan de transporte colectivo se extenderá hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas. «El inicio de las obras de este trascendental proyecto está previsto para el primer trimestre del próximo año», explicó el mandatario.
Abinader destacó la información hoy durante su alocución en la conferencia Business Future of the Americas, una congregación de 23 Cámaras Americanas de Comercio de toda la región en donde se analizan importantes temas que han de influir en el desarrollo comercial y económico de Latinoamérica y El Caribe.
Continuó diciendo: «Queremos conectar todos los polos del país y generar otros nuevos. Estamos creando una nueva geografía de oportunidades para todos los dominicanos y dominicanas, desde los proyectos turísticos de Pedernales hasta el de Miches, parándonos en el corazón de la isla, para convertir a Santiago en una metrópolis moderna y conectarla en media hora con el proyecto Bergantín en Puerto Plata y el desarrollo industrial, logístico y energético de Manzanillo.
Recordó que cuando habló del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que abarca el desarrollo del Teleférico de Los Alcarrizos, el Monorriel y el Teleférico de Santiago, así como la ampliación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, también se pensó que era demasiado ambicioso como para lograrlo en tiempo récord, analizó.
«Ustedes hoy pueden constatar que el Teleférico de Los Alcarrizos ya está en operación y que los demás proyectos llevan un nivel de avance muy satisfactorio», agregó el mandatario.
«Como ven, no solo actuamos en el Gran Santo Domingo. Llevamos el desarrollo donde vive la gente. Pero no queremos quedarnos ahí, nuestro compromiso es tan grande como nuestras posibilidades, y estamos dispuestos a aprovecharlas todas», sostuvo.
