El Ministerio Público solicitó este martes a “decenas de familias” cuyos parientes fueron asesinados por miembros de varias organizaciones criminales enfrentadas este día, mediante la Operación Halcón IV, a que se acerquen a la Procuraduría General de la República para proceder contra los imputados.
Les dijo que acudan a la entidad “sin ningún temor de hablar”, ya que han creado un programa especial “de protección de testigos”.
Las víctimas, de acuerdo a una nota de prensa de la Procuraduría, fueron asesinadas “por las organizaciones enfrentadas” en la operación conjunta efectuada hoy.
La Operación Halcón IV comenzó a las 3:30 de la madrugada de este martes y abarcó las provincias Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega.
También, las cárceles Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito, Cárcel Pública de La Vega, en las que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión”.
Más de 10 personas fueron detenidas en esta operación que busca a los integrantes de redes vinculadas al sicariato, lavado de activos y narcotráfico.
Los implicados
Entre los principales investigados, por asesinatos y narcotráfico, están Joel Ambioris Pimentel García (a) la J, José Halminton Ureña (a) Nino Come Mezcla), Isidro Marcelino Tavares Acevedo (Chicho) y Rafael Tomás Conill Salcedo (a) Niño Hot Dog (quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez), Kelvin Manuel Concepción López (a) El Menor.
También, Ángel Pascual García Vásquez (a) Alex Capucha), Alejandro Vidal (a) Alex, Carlos Erik Abreu Ureña, Briayan Rafael Abreu Ureña, Ilich Raymundo Báez Ureña, Jonás Antonio Turbi Molina (a)Jonás, Francisco Rosario Matías, Elimelec Quiñones Calderon, José Miguel Fabián García Sánchez y Luis José Bonilla Santana (a) Viento, Jencil Freund Arias (a) Toro, Deibys Santiago Santiago (a) Fory Two, Kelvin Pablo García Rodríguez (a) Kelvin Fantasma, Allison Moreno Rodríguez (a) Barajita, Luis Amaurys Pimentel García (a) Manito, entre otros.
En la operación en proceso participan varias unidades aéreas en apoyo a las fuerzas especiales. De igual manera, movilizó a 71 fiscales y 1,350 fuerzas especiales policías, militares, agentes y miembros de unidades élites de los cuerpos armados del país.
Santiago fue utilizada como sede de la operación, conforme al Ministerio Público.
Sobre el como «la J» el Ministerio Público dice que las investigaciones «lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias del Norte de República Dominicana».
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