Línea de ayuda: El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223
Un adolescente de 17 años de edad fue hallado muerto colgando de un protector de hierro, con una soga atada al cuello, en el patio de la vivienda donde residía junto a sus padres en el sector Los Rieles, de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.
Se trata de Fraylin García Cabrera, quien habría dejado una carta manuscrita despidiéndose de sus familiares y seres queridos.
“Si está leyendo esta nota, es porque mi tiempo con ustedes en la tierra pasó”, indica el escrito.
Los parientes del joven fallecido indicaron que se encontraba depresivo desde hace varios días.
Detallaron que el menor de edad aprovechó la ausencia de sus padres para tomar la fatídica decisión.
Fraylin estudiaba en el liceo Pedro Henríquez Ureña, donde habría mostrado un buen comportamiento y muy buen índice académico.
El rechazo y presiones de comerciantes y vecinos de los alrededores de la autopista coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (San Isidro) lograron que el Ministerio de Obras Públicas derribara algunos tramos del muro que construye en esa vía.
Se creó una mesa de trabajo que se encarga de analizar el proyecto a partir de las inquietudes de la gente y de los criterios de construcción del Ministerio de Obras Públicas y, aunque la demanda de los residentes es que se elimine el muro, por lo menos han logrado que se modifique en parte lo que se ha hecho.
Los residentes en la zona plantean que se retome el proyecto original que se prometió cuando el presidente Luis Abinader fue al lugar a dar el primer picazo, que consiste en la ampliación de la vía con una isleta en el centro que sirva de protección a los transeúntes y permita la arborización, así como el acceso a los residenciales.
Vecinos rechazan el muro. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)
El viceministro de Obras Públicas, Roberto Herrera, comerciantes y residentes se han reunido en varias ocasiones para tratar el tema.
Herrera ha dicho que el diseño de la obra contempla una serie de soluciones para protección de los peatones con la construcción de cuatro puentes e igual cantidad de cruces con semáforos. En algunos tramos se observa que parte del muro fue retirado para ampliar el acceso a residenciales, como es el caso de la entrada del residencial Amalia y la zona franca, pero las soluciones son por las marginales.
A los comerciantes les preocupa el impacto que tiene el muro en sus establecimientos comerciales, que según informaron, la clientela ha bajado, debido a las dificultades de acceso.
La Alcaldía de Santo Domingo Este, en la persona del director de Planeamiento Urbano, Ángel Sosa, solo ha participado en una sola reunión cuando inició el proyecto y no ha sido tomado en cuenta en las posteriores reuniones.
Sosa ha dado su opinión como arquitecto y autoridad municipal, pero no ha sido tomada en cuenta por los responsable de la ampliación de la vía. Dentro de sus propuestas están la instalación de seis semáforos en el tramos de los cinco kilómetros y una isleta central parecida a la de la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional.
María Isabel Veras, Pedro Ramírez y Joan Prats padecen de Trastornos del Espectro Autista (TEA) y aunque comparten el diagnóstico de autismo grado I, sus historias son completamente diferentes, como pasa con esta condición, en la cual cada persona presenta manifestaciones particulares, con retos y habilidades distintas.
“Tú no pareces autista”, esa es la frase que Joan suele escuchar cuando revela su condición. Su nivel de funcionalidad le ha permitido estudiar Comunicación Publicitaria, maestrías en Mercadeo y actualmente cursa una en Psicología; así como desempeñarse en roles de periodista, crítico de cine, autor de libros y relaciones públicas, una faena retadora para una persona que sufre de ansiedad social, hiperactividad y déficit de atención.
Joan es un caso peculiar. Luego de una ruptura amorosa y una fase de desempleo, recibió su diagnóstico oficial en 2017, cuando tenía 40 años, aunque confesó que hacía mucho tiempo sentía que algo en él no “encajaba” con la cotidianidad de los demás, “afectando y complicando relaciones familiares y de pareja”.
Para ello, debió preparase económicamente y ahorrar suficiente dinero, unos 20 mil pesos en ese entonces.
“Es un proceso complejo, que conlleva análisis y entrevistas. No todo el mundo tiene acceso a ellos. Los adultos no reciben tanta atención como los niños, porque aprenden a enmascarar como mecanismo de supervivencia”, reconoció.
Al tratarse de una condición que no resalta a la vista o se hace evidente, Joan entiende que la nueva Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) ayudará a facilitar el acceso a servicios como terapias y a concienciar a la población sobre lo que es vivir con autismo.
Culpaban al Covid
Virginia Jaar y Pedro Veras son padres de la pequeña María Isabel, de cinco años de edad.
Con la llegada de la pandemia por COVID-19, María Isabel no pudo ingresar a la escuela a la edad estipulada. El poco contacto con otros niños hizo que sus padres entendieran que esa era la principal causa de su retraso en el habla.
Con la “vuelta a la normalidad”, inscribieron a la niña en un colegio y cuando la evaluaron, les advirtieron de todas las señales.
“Fue chocante recibir la noticia. Nosotros creíamos que era por el aislamiento”, comentó Virginia.
Con un gasto de 45 mil pesos al mes entre colegiatura y terapias, la familia comenzó a sufrir desgaste económico, además del emocional.
Virginia Jaar y su hija, María Isabel. (FUENTE EXTERNA)
Intentaron conseguir una cita para acudir al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) y los pusieron en una lista de espera con un mínimo de seis meses. De igual modo, aplicaron para planes sociales y recibir ayuda, pero no calificaron.
“Estudiamos mucho el caso y decidimos que su padre, quien tiene facilidad de trabajar desde la casa, se encargue del cuidado de la niña. Nos da mayor tranquilidad que dejarla en manos de una gente de la calle. A su edad, la niña todavía usa pañales y su comportamiento varía”, relató la madre.
Para la pareja, el mayor error fue inscribir a la niña en un colegio “tradicional”.
“No era una terapeuta que le prestaba atención a la niña. Empezó a tener una actitud agresiva, a morderse y a llorar”, recuerda Virginia.
A la fecha, la niña asiste a un centro especializado y están trabajando en la parte de sociabilización, en llevar a María a parques y centros comerciales.
«La gente te lanza miradas. Quisiera que no me la juzguen, mi niña es autista pero el país no está preparado»Virginia JaarMadre de una niña autista“
“Tengo fe de que pueda ser una persona independiente. La nueva ley va a abrir camino a que se sigan agregando avances para los niños con TEA, que, por cierto, son muchos los que están siendo diagnosticados”, agregó.
Un 2 x 1
El hijo del abogado Pedro Ramírez no solía mirar a los ojos y mostraba algunos comportamientos repetitivos.
Al llevar al niño cuando tenía tres años a hacerle los tests, Pedro empezó a observar que muchas de las respuestas que marcaba afirmativas para su pequeño, también lo definían a él.
Pedro y su hijo fueron diagnosticados con autismo de alto funcionamiento.
“Comencé a ver a una especialista y salió que yo también estaba dentro del espectro. Fue un 2 x 1”, afirmó.
“Dentro de todo el espectro, estamos al otro lado del autismo severo. Somos atípicos, pero parecemos típicos. Nosotros somos un caso en el que tenemos la dicha de poder contar con una terapia, una psicóloga y acceso a un tratamiento. No es barato porque es una constante en el tiempo”, aseguró el abogado de 51 años.
«El diagnóstico me ayudó muchísimo como padre y como esposo. Me permitió identificar muchas cosas de mi comportamiento y retos de socialización. Ningún caso es idéntico, cada quien tiene sus particularidades»Pedro Ramírez,Abogado diagnosticado con autismo“
“Ojalá la ley pueda ayudar a las familias de menos recursos y que no sea una ley que se quede en papel. En el país, leyes no faltan, lo que faltan es que se cumplan”.
Jeanelfred Beltré, psicóloga y presidenta de la Fundación Ciadif, explicó que en el 95 % de los casos, el diagnóstico oportuno de TEA ayuda, no a la cura, pero sí a mejorar las habilidades.
Cuando no hay un acercamiento a un terapeuta profesional, las personas dentro del espectro “crecen con ese vacío, la sensación de no encajar, con baja autoestima, ansiedad y depresión”, señala la especialista.
Actualmente, una consulta para diagnóstico cuesta de 21 mil pesos en adelante, llegando hasta 60 mil pesos, dependiendo el centro que las aplique.
Beltré explicó que esto se debe a que los resultados se envían a España para procesar la prueba TEA, cuyos derechos se pagan en euros.
“Solo por los derechos para aplicar la prueba ADOS hay que pagar 350 mil pesos y cada pruebo prueba que realices, debes de pagarla. Por eso es que las evaluaciones son muy costosas y a veces, los padres no entienden esa parte”,
Otro punto favorable que destaca es que hoy día, hay más profesionales dedicados a la salud mental.
“Ha sido fuerte porque, cuando se presenta el caso de ser madre soltera hay que ver el norte, las cosas de otra forma, y hay que dejar cosas que uno, como persona, como ser humano, quisiera ver en su vida: sueños, metas… Yo quería estudiar, quise ser diseñadora de interiores y estaba estudiando en Infotep, pero ya luego que me separé, no pude continuar, porque ya había que trabajar”.
Gabriela Soto, madre de tres y con 35 años de edad, resume en esa cita la que ha sido su vida (que detalla más adelante) los últimos nueve años, pero que bien puede representar la realidad de miles de mujeres que asumen el control de sus familias y sus casas.
«Un hogar de tamaño promedio se consideraría en situación de pobreza general si sus ingresos mensuales son inferiores a RD$22,176 en el año 2022»Enhogar 2022“
El número de hogares que tienen como figura principal o jefe a una mujer es cada vez mayor en República Dominicana. Hace 20 años, las jefas de hogar eran el 35.3 % del total de hogares, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Pero en la última medición, realizada en 2022, ya eran el 40.4 %.
Ellas, las mujeres, tienen la particularidad de encabezar, en su gran mayoría, los hogares monoparentales, siendo el 34.7 % frente al 3.4 % de los hombres en esta modalidad, conforme los datos de la Enhogar 2022.
También les toca dirigir hogares con menos recursos, pues son “las más pobres entre los pobres”, lo que les obliga a tener que idear maneras para que el ingreso pueda cubrir las necesidades de sus familias.
Limitar los estudios de los hijos, dejar de comerse un plato apetecido, no lucir la prenda codiciada, vivir al acecho del vendedor que trae los productos más baratos o llenarse de deudas para resolver problemas del momento, son parte de las maniobras que hace una ama de casa cuando le toca cargar con la doble tarea de ser madre y proveedora sin un apoyo económico extra de parte de una pareja.
El sueño no alcanzado
“Desde chiquita ella decía que iba a ser doctora y nosotros les decíamos que no teníamos recursos, que esa carrera es muy costosa”.
Juana Angustia habla de las decisiones que su situación de escasez de recursos le obligó a adoptar frente a las aspiraciones de su hija.
“Ella decía: ‘yo quiero ser doctora’ y yo le decía que no, que no, que ella no podía ser eso, porque no teníamos recursos para ella estudiar. Bueno, después decidimos que fuera a la universidad y que estudiara Enfermería. Ella se hizo auxiliar y ahora no hace mucho que se hizo licenciada en Enfermería. Ya no dice que quiere ser doctora…”, recuerda Angustia.
Aunque estuvo casada, a ella le tocó asumir el “timón” de la familia en términos de aportes económicos, pues el trabajo de su pareja, mientras vivió, no era fijo y el ingreso era inestable. Previo a su fallecimiento, el esposo de Juana había perdido la visión hacía varios años, así que a ella le tocó ser la gran proveedora y dirigir el hogar, como continúa ahora, cuando, viuda y con hijos entre 28 y 39 años, todavía se afana por resolver algunas de sus necesidades.
Ellas son más pobres
En 2022 el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza (CTP), del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, actualizó su metodología para medir la pobreza monetaria, una condición que se da cuando los hogares no tienen los recursos suficientes para adquirir la canasta básica.
Bajo el nuevo método, la tasa de pobreza general en el país para el 2022 fue de 27.7 %, pero al hacer la medición por género, las mujeres resultaron ser más pobres. La tasa de mujeres en pobreza general el año pasado fue de 29.4 % frente al 25.8 % de los hombres, dice el Ministerio de Economía en su informe “Pobreza Monetaria en República Dominicana 2022”.
“Dada la feminización de la pobreza en la República Dominicana, es importante considerar el índice de feminidad de la pobreza general que según CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) es el más alto de la región (CEPAL 2022) para el año 2022. Aplicando la Metodología 2022, fue de 135.6 mujeres de 20 a 59 años en situación de pobreza por cada 100 hombres en situación de pobreza”, dice el documento.
Mujeres al mando de su hogar a pesar de los pocos ingresos
Gabriela se casó a los 18 años y a esa misma edad quedó embarazada de su primera hija, que ahora tiene 16. Pese al embarazo, siguió estudiando con la meta fija de que algún día sería diseñadora de interiores.
Luego de su primera hija, llegaron otros dos que ahora tienen 11 y 9 años, pero desde hace justo nueve años, se separó de su pareja. “Levantar los hijos sola ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte, pero tiene su beneficio y también ha sido bueno, porque he podido adquirir mucha capacidad, he podido aprender a depender solamente de Dios y de mi fuerza”, dice la joven madre en la sala de la pequeña vivienda que ha logrado levantar en el sector conocido como Los Soto, en Arroyo Hondo II, en el Distrito Nacional.
Con lágrimas que de momento le invaden el rostro, la mujer cuenta lo doloroso que fue verse sola con tres niños pequeños. Lo primero a que atinó fue a dejar las clases de diseño que había empezado y pensar en buscar trabajo.
Una banca de lotería, donde le pagan 6,000 pesos al mes, fue lo primero que apareció. Lo bajo del salario y de la pequeña ayuda que los padres de sus hijos le daban por entonces, no alcanzaban para cubrir los gastos de la familia, así que Gabriela se vio en momentos de dificultad y obligada a recibir la solidaridad de su madre, que le cubría la segunda de las comidas del día. También tomaba “fiaos” (créditos) al colmado cercano. Con todo eso, cuenta que hubo muchos días en que acostó a los niños sin la cena, porque el dinero no le alcanzaba.
Desde entonces, la situación ha ido mejorado, aunque con limitaciones, pues el dinero, insiste, no es suficiente para todos los gastos que tienen los cuatro.
Para equilibrarse, la mujer acude a dos amigas que se encargan de cuidarle los niños, luego que regresan de la escuela, pues los ingresos no le alcanzan para pagar un lugar de cuido.
Con la alimentación, se asegura de que la nevera siempre esté llena, pues los niños “comen mucho”. Ella está al pendiente de comprar siempre productos en el mercado, porque le resultan más baratos, aprovecha los especiales que se anuncian para el supermercado y compra en polvo la leche, con que les sirve cereales a los niños, pues la líquida le sale más costosa.
Su manejo estricto del dinero le ha permitido, incluso, hacer algunos ahorros, con los que pudo levantar en concreto la pequeña casa que antes era de madera y estaba muy deteriorada. También equiparla con los enseres básicos y hasta para llevar de vez en cuando a los niños a un parque, a la heladería o la pizzería, le ha alcanzado.
Lo que si sigue relegado es su deseo ser diseñadora.
“Mi deseo todo el tiempo era hacer una casa y en ese tiempo no pude”
Juana Angustia tiene 62 años. Desde pequeña conoce lo que es ganarse su propio sustento, pues su padre falleció cuando ella tenía apenas dos y, para ayudar a su madre, le tocó trabajar desde temprano en la adolescencia.
No sabe escribir y lee con dificultad, pues solo llegó a cursar un cuarto grado de primaria. Se casó a los 16 y nunca paró de trabajar, primero en una zona franca, luego en una casa de familia, donde duró unos dos años. Lo dejó y puso su propio negocio de vender fritura en una de las calles de Villa Altagracia, donde vive, justo en el sector Pajarito.
“Tengo más de 35 años con este negocio y de ahí ha salido todo. La hembra es enfermera y eso fue a base de mi negocio trabajando, que la ayudé”, comenta.
Juana contó con la ayuda de su esposo, que hacía de vendedor de frutas y vegetales, pero la mayor parte de los aportes corrían por su cuenta. Con limitaciones, logró que sus tres hijos se hicieran bachilleres, aunque luego no le alcanzó para pagarle a su hija la carrera que quería.
“Uno ganando poco dinero, uno no puede hacer todo lo que uno quiere, porque mi deseo todo el tiempo era hacer una casa y en ese tiempo yo no pude”, exclama.
Tampoco pudo comprar algunas ropas o carteras que quiso ni visitar los lugares que le interesaron en algún momento. Tampoco complació todas las demandas de juguetes que le hacían sus hijos, para poder cubrir las exigencias de las casas y que no pasaran hambre. No obstante, ella siempre ha procurado hacer algún ahorro.
“Yo si tengo que hacer algo yo lo hago. Lo que pasa es que hay gente que cuando consiguen cinco pesos de una vez quieren gastarlo, yo no soy así. Si tengo que comprar algo lo compro, pero que sea de necesidad”.
Su disciplina a ahorrar y la ayuda del microcrédito, al que ha acudido en varias ocasiones, es lo que le permitió acondicionar su casa como había ideado. Cambió la madera por block y cemento, puso pisos y hasta logró revestir algunas de las paredes. Le favorece que sus hijos, ya adultos, trabajan y la ayudan con algunos gastos.
Ahora su deseo es comprar una camioneta que necesita para que su hijo la use en su trabajo. Como lo hizo cuando debía comprar los útiles escolares o cuando emprendió la tarea de remodelar su vivienda, sigue guardando lo poco que le permite su deprimido ingreso. Ya tiene previsto tomar otro crédito para completar el monto que no logre reunir y comprar el vehículo. “Voy a coger (prestado) 250,000. Ya hice la solicitud, pues yo tengo parte del dinero. Lo que yo tengo y el préstamo, con eso la vamos a comprar (la camioneta)”, dice confiada.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no ve con buenos ojos que el Ministerio de Educación firme convenios con instituciones dominicanas privadas vinculadas al sector y con organismos internacionales, para implementar planes dispersos y sin previo levantamiento diagnóstico en la educación dominicana.
En el caso del convenio de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) y el Minerd, por 649,364.00 dólares para colaborar conjuntamente en la implementación del proyecto presidencial para excelencia educativa, Hidalgo lo califica de lamentable.
“Lo primero es que es un convenio, pero ese convenio significa la erogación de 35 millones de pesos, EDUCA, que es miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE), no puede ser proveedor, ni contratista del Ministerio de Educación”, asegura la ADP.
De acuerdo al convenio de EDUCA, ellos aspiran a mejorar la gestión de los centros educativos, a través de unos talleres que se imparten de manera online.
Para ello, según la ADP, habrían subcontratado una universidad en España y otra en Uruguay para que den los talleres.
“En vez de EDUCA tirar piedra a la clase docente, ya que tiene techo de cristal, debería elevar el debate educativo”, subrayó.
El sindicato también critica que el Minerd permanentemente esté subcontratando funciones, y puso como ejemplo el caso de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cultura y la Ciencia (OEI) y UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Sobre UNICEF indica que actualmente tiene un contrato de 654 millones de pesos para un programa para mejorar las matemáticas, el lenguaje y la ciencia en el primer ciclo de primaria.
Otro programa que se ejecuta a través de este organismo y con fondos del Minerd es uno que busca evitar las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes, con la implementación de un plan piloto en los centros educativos
“Ese organismo internacional no es experto en lenguaje, ni en Lengua Española, ni en Matemáticas y qué es lo que termina haciendo UNICEF, subcontratando personal de instituciones”, denunció el sindicato.
De la OEI denunciaron que se convirtió en una agencia de bienes raíces, mediante un contrato con el Ministerio de Educación para ayudarlo en la compra de un edificio.
También la ADP critica que el Ministerio de Educación la contratara a la OEI para validar los libros de texto, por una millonaria suma, cuando esas funciones corresponden a la Dirección de Currículo, tal como los establece la Ley General de Educación.
PNUD y dispositivos
Del PNUD que acompañó al Minerd en la compra de los dispositivos electrónicos para la educación a distancia en medio de la pandemia de COVID-19, también el sindicato tiene sus interrogantes. Se pregunta si el papel de estos organismos internacionales es recibir dinero a cambio de “acompañamientos” y “asesorías” en el Ministerio de Educación y otras instituciones del Estado.
Este organismo recibió unos 13 mil millones de pesos por asesoría y acompañamiento para la compra de 752,000 laptops, netbooks y tabletas, a ser distribuidas en la comunidad educativa.
De estos dispositivos en los almacenes del Ministerio de Educación, en el primer trimestre de 2023 había 281,417 laptops, netbooks y tabletas, de la licitación internacional realizada a finales de 2020, que junto a otros componentes electrónicos guardados en el depósito, tienen un valor de 4,120,015,820.69 pesos.
Génesis Santos, secretaria de Asuntos Docentes y Pedagógicos, informó que ha sido exitoso el plan piloto de acompañamiento pedagógico para lograr mejores resultados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, cuyos resultados serán presentados el próximo sábado.
En una propuesta entregada a la Cámara de Diputados, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVHED) propone polémicos cambios estructurales al Proyecto de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual fue aprobado por la Cámara Baja, el pasado 24 de mayo, en primera lectura.
En su propuesta de modificación el MIVHED sugiere que los propietarios de casas cobren una fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o telecable. Además, busca crear un fondo para destinarlos a casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta.
50%
El costo de la fianza para los servicios será de tres pagos de facturación, aumentado en un 50%
El MIVHED, dirigido por el ministro Carlos Bonilla, propone a la comisión especial de diputados que estudia la pieza que, al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario “pueda exigir” el pago de la fianza, que en ningún caso excederá el valor de los servicios públicos correspondientes a dos períodos consecutivos de la facturación.
El documento que entregó el Ministerio establece que el propietario “podrá abstenerse” de cumplir las obligaciones del contrato hasta que reciba la fianza para pagar los servicios y dispone que el contrato quedará terminado de forma automática si el inquilino no costea la fianza dentro de un plazo de quince días a partir del momento de la firma del contrato.
Entre los cambios que quiere integrar la entidad al proyecto de ley, busca que el pago de los servicios sea asumido exclusivamente por el inquilino, pero cuando existan atrasos constantes en los pagos de alguno de estos servicios, la empresa afectada podrá exigir al propietario, la fianza que éste recibió cuando se firmó el contrato de alquiler.
En su última sugerencia sobre el tema, el MIVHED plantea que las empresas prestadoras de servicios de comunicación, agua y energía eléctrica no puedan negar la solicitud de nuevos contratos bajo el pretexto de facturas en atraso por parte de inquilinos o propietarios anteriores.
“Casas transitorias”
Dentro del grupo de modificaciones entregadas al equipo de diputados, la entidad gubernamental aspira a crear un stock de viviendas para los inquilinos que se vean imposibilitados de pagar el alquiler y que, por ello, deban abandonar las casas que rentaron.
Con esto, el MIVHED se propone proteger a los inquilinos “en su derecho a una vivienda sin afectar las condiciones financieras de los propietarios”.
Para esto, aparte de facilitar casas transitorias, la institución habilitará un fondo público de garantías de alquiler y propone un programa para proporcionar apoyo jurídico del Estado a quienes tengan que enfrentarse con propietarios que pretendan desalojarlos.
Precio de alquiler
En su propuesta, el MIVHED agrega un artículo que dispone que el precio del alquiler de una vivienda no podrá superar el 1.5% del valor comercial del inmueble y, en todos los casos, el ajuste del precio será reglamentado por el MIVHED utilizando referentes de insumos de construcción, cambio en condiciones macroeconómicas y del salario mínimo.
Conjuntamente, en otro punto de la iniciativa, el MIVHED se propone como responsable de hacer una reglamentación para definir de forma anual el valor del porcentaje de ajuste de los precios según el destino de los contratos de alquiler. En consecuencia, deberá definirse si el inmueble alquilado será usado para vivienda, fines comerciales o industriales.
Incentivos fiscales
El MIVHED sugiere al Estado crear incentivos fiscales que fomenten la construcción de casas destinadas al alquiler y que incluyen reducción de impuestos a quienes fijen precios justos, también, deducciones impositivas para quienes mejores estructuras físicas destinadas para negocios e incentivos fiscales a los inquilinos que mantengan sus pagos al día, así como beneficios tributarios para los extranjeros que construyan proyectos de inversión destinados para alquilar.
Estos incentivos persiguen promover “una mayor estabilidad y sostenibilidad en el mercado”.
Comisión se reúne mañana para analizar propuestas
El diputado Eugenio Cedeño, presidente de la comisión especial que estudia el proyecto, anunció que el equipo que dirige se reunirá mañana, martes y, durante el encuentro, pretenden escuchar de forma presencial el paquete de sugerencias que emitieron los diferentes sectores acerca de la pieza.
La propuesta de la Finjus
En otra propuesta de modificación entregada a la comisión de diputados, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) busca que el proyecto que analizan los congresistas sea dispuesto únicamente para viviendas y no para locales comerciales o industriales, como lo establece la pieza que aprobaron los legisladores en primera lectura.
Según Finjus, si los locales comerciales se incluyen en la ley, se afectaría el sector productivo y se perjudicaría el dinamismo de la inversión, por lo que propuso dejar fuera del proyecto de alquileres a los locales comerciales, industriales y turísticos y basar estos en el derecho civil y el principio de autonomía de las partes.
La pieza fue propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y por el legislador Rafael Castillo.
“Ha sido fuerte porque, cuando se presenta el caso de ser madre soltera hay que ver el norte, las cosas de otra forma, y hay que dejar cosas que uno, como persona, como ser humano, quisiera ver en su vida: sueños, metas… Yo quería estudiar, quise ser diseñadora de interiores y estaba estudiando en Infotep, pero ya luego que me separé, no pude continuar, porque ya había que trabajar”.
Gabriela Soto, madre de tres y con 35 años de edad, resume en esa cita la que ha sido su vida (que detalla más adelante) los últimos nueve años, pero que bien puede representar la realidad de miles de mujeres que asumen el control de sus familias y sus casas.
«Un hogar de tamaño promedio se consideraría en situación de pobreza general si sus ingresos mensuales son inferiores a RD$22,176 en el año 2022»Enhogar 2022“
El número de hogares que tienen como figura principal o jefe a una mujer es cada vez mayor en República Dominicana. Hace 20 años, las jefas de hogar eran el 35.3 % del total de hogares, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Pero en la última medición, realizada en 2022, ya eran el 40.4 %.
Ellas, las mujeres, tienen la particularidad de encabezar, en su gran mayoría, los hogares monoparentales, siendo el 34.7 % frente al 3.4 % de los hombres en esta modalidad, conforme los datos de la Enhogar 2022.
También les toca dirigir hogares con menos recursos, pues son “las más pobres entre los pobres”, lo que les obliga a tener que idear maneras para que el ingreso pueda cubrir las necesidades de sus familias.
Limitar los estudios de los hijos, dejar de comerse un plato apetecido, no lucir la prenda codiciada, vivir al acecho del vendedor que trae los productos más baratos o llenarse de deudas para resolver problemas del momento, son parte de las maniobras que hace una ama de casa cuando le toca cargar con la doble tarea de ser madre y proveedora sin un apoyo económico extra de parte de una pareja.
El sueño no alcanzado
“Desde chiquita ella decía que iba a ser doctora y nosotros les decíamos que no teníamos recursos, que esa carrera es muy costosa”.
Juana Angustia habla de las decisiones que su situación de escasez de recursos le obligó a adoptar frente a las aspiraciones de su hija.
“Ella decía: ‘yo quiero ser doctora’ y yo le decía que no, que no, que ella no podía ser eso, porque no teníamos recursos para ella estudiar. Bueno, después decidimos que fuera a la universidad y que estudiara Enfermería. Ella se hizo auxiliar y ahora no hace mucho que se hizo licenciada en Enfermería. Ya no dice que quiere ser doctora…”, recuerda Angustia.
Aunque estuvo casada, a ella le tocó asumir el “timón” de la familia en términos de aportes económicos, pues el trabajo de su pareja, mientras vivió, no era fijo y el ingreso era inestable. Previo a su fallecimiento, el esposo de Juana había perdido la visión hacía varios años, así que a ella le tocó ser la gran proveedora y dirigir el hogar, como continúa ahora, cuando, viuda y con hijos entre 28 y 39 años, todavía se afana por resolver algunas de sus necesidades.
Ellas son más pobres
En 2022 el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza (CTP), del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, actualizó su metodología para medir la pobreza monetaria, una condición que se da cuando los hogares no tienen los recursos suficientes para adquirir la canasta básica.
Bajo el nuevo método, la tasa de pobreza general en el país para el 2022 fue de 27.7 %, pero al hacer la medición por género, las mujeres resultaron ser más pobres. La tasa de mujeres en pobreza general el año pasado fue de 29.4 % frente al 25.8 % de los hombres, dice el Ministerio de Economía en su informe “Pobreza Monetaria en República Dominicana 2022”.
“Dada la feminización de la pobreza en la República Dominicana, es importante considerar el índice de feminidad de la pobreza general que según CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) es el más alto de la región (CEPAL 2022) para el año 2022. Aplicando la Metodología 2022, fue de 135.6 mujeres de 20 a 59 años en situación de pobreza por cada 100 hombres en situación de pobreza”, dice el documento.
Mujeres al mando de su hogar a pesar de los pocos ingresos
Gabriela se casó a los 18 años y a esa misma edad quedó embarazada de su primera hija, que ahora tiene 16. Pese al embarazo, siguió estudiando con la meta fija de que algún día sería diseñadora de interiores.
Luego de su primera hija, llegaron otros dos que ahora tienen 11 y 9 años, pero desde hace justo nueve años, se separó de su pareja. “Levantar los hijos sola ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte, pero tiene su beneficio y también ha sido bueno, porque he podido adquirir mucha capacidad, he podido aprender a depender solamente de Dios y de mi fuerza”, dice la joven madre en la sala de la pequeña vivienda que ha logrado levantar en el sector conocido como Los Soto, en Arroyo Hondo II, en el Distrito Nacional.
Con lágrimas que de momento le invaden el rostro, la mujer cuenta lo doloroso que fue verse sola con tres niños pequeños. Lo primero a que atinó fue a dejar las clases de diseño que había empezado y pensar en buscar trabajo.
Una banca de lotería, donde le pagan 6,000 pesos al mes, fue lo primero que apareció. Lo bajo del salario y de la pequeña ayuda que los padres de sus hijos le daban por entonces, no alcanzaban para cubrir los gastos de la familia, así que Gabriela se vio en momentos de dificultad y obligada a recibir la solidaridad de su madre, que le cubría la segunda de las comidas del día. También tomaba “fiaos” (créditos) al colmado cercano. Con todo eso, cuenta que hubo muchos días en que acostó a los niños sin la cena, porque el dinero no le alcanzaba.
Desde entonces, la situación ha ido mejorado, aunque con limitaciones, pues el dinero, insiste, no es suficiente para todos los gastos que tienen los cuatro.
Para equilibrarse, la mujer acude a dos amigas que se encargan de cuidarle los niños, luego que regresan de la escuela, pues los ingresos no le alcanzan para pagar un lugar de cuido.
Con la alimentación, se asegura de que la nevera siempre esté llena, pues los niños “comen mucho”. Ella está al pendiente de comprar siempre productos en el mercado, porque le resultan más baratos, aprovecha los especiales que se anuncian para el supermercado y compra en polvo la leche, con que les sirve cereales a los niños, pues la líquida le sale más costosa.
Su manejo estricto del dinero le ha permitido, incluso, hacer algunos ahorros, con los que pudo levantar en concreto la pequeña casa que antes era de madera y estaba muy deteriorada. También equiparla con los enseres básicos y hasta para llevar de vez en cuando a los niños a un parque, a la heladería o la pizzería, le ha alcanzado.
Lo que si sigue relegado es su deseo ser diseñadora.
“Mi deseo todo el tiempo era hacer una casa y en ese tiempo no pude”
Juana Angustia tiene 62 años. Desde pequeña conoce lo que es ganarse su propio sustento, pues su padre falleció cuando ella tenía apenas dos y, para ayudar a su madre, le tocó trabajar desde temprano en la adolescencia.
No sabe escribir y lee con dificultad, pues solo llegó a cursar un cuarto grado de primaria. Se casó a los 16 y nunca paró de trabajar, primero en una zona franca, luego en una casa de familia, donde duró unos dos años. Lo dejó y puso su propio negocio de vender fritura en una de las calles de Villa Altagracia, donde vive, justo en el sector Pajarito.
“Tengo más de 35 años con este negocio y de ahí ha salido todo. La hembra es enfermera y eso fue a base de mi negocio trabajando, que la ayudé”, comenta.
Juana contó con la ayuda de su esposo, que hacía de vendedor de frutas y vegetales, pero la mayor parte de los aportes corrían por su cuenta. Con limitaciones, logró que sus tres hijos se hicieran bachilleres, aunque luego no le alcanzó para pagarle a su hija la carrera que quería.
“Uno ganando poco dinero, uno no puede hacer todo lo que uno quiere, porque mi deseo todo el tiempo era hacer una casa y en ese tiempo yo no pude”, exclama.
Tampoco pudo comprar algunas ropas o carteras que quiso ni visitar los lugares que le interesaron en algún momento. Tampoco complació todas las demandas de juguetes que le hacían sus hijos, para poder cubrir las exigencias de las casas y que no pasaran hambre. No obstante, ella siempre ha procurado hacer algún ahorro.
“Yo si tengo que hacer algo yo lo hago. Lo que pasa es que hay gente que cuando consiguen cinco pesos de una vez quieren gastarlo, yo no soy así. Si tengo que comprar algo lo compro, pero que sea de necesidad”.
Su disciplina a ahorrar y la ayuda del microcrédito, al que ha acudido en varias ocasiones, es lo que le permitió acondicionar su casa como había ideado. Cambió la madera por block y cemento, puso pisos y hasta logró revestir algunas de las paredes. Le favorece que sus hijos, ya adultos, trabajan y la ayudan con algunos gastos.
Ahora su deseo es comprar una camioneta que necesita para que su hijo la use en su trabajo. Como lo hizo cuando debía comprar los útiles escolares o cuando emprendió la tarea de remodelar su vivienda, sigue guardando lo poco que le permite su deprimido ingreso. Ya tiene previsto tomar otro crédito para completar el monto que no logre reunir y comprar el vehículo. “Voy a coger (prestado) 250,000. Ya hice la solicitud, pues yo tengo parte del dinero. Lo que yo tengo y el préstamo, con eso la vamos a comprar (la camioneta)”, dice confiada.
María Isabel Veras, Pedro Ramírez y Joan Prats padecen de Trastornos del Espectro Autista (TEA) y aunque comparten el diagnóstico de autismo grado I, sus historias son completamente diferentes, como pasa con esta condición, en la cual cada persona presenta manifestaciones particulares, con retos y habilidades distintas.
“Tú no pareces autista”, esa es la frase que Joan suele escuchar cuando revela su condición. Su nivel de funcionalidad le ha permitido estudiar Comunicación Publicitaria, maestrías en Mercadeo y actualmente cursa una en Psicología; así como desempeñarse en roles de periodista, crítico de cine, autor de libros y relaciones públicas, una faena retadora para una persona que sufre de ansiedad social, hiperactividad y déficit de atención.
Joan es un caso peculiar. Luego de una ruptura amorosa y una fase de desempleo, recibió su diagnóstico oficial en 2017, cuando tenía 40 años, aunque confesó que hacía mucho tiempo sentía que algo en él no “encajaba” con la cotidianidad de los demás, “afectando y complicando relaciones familiares y de pareja”.
Para ello, debió preparase económicamente y ahorrar suficiente dinero, unos 20 mil pesos en ese entonces.
“Es un proceso complejo, que conlleva análisis y entrevistas. No todo el mundo tiene acceso a ellos. Los adultos no reciben tanta atención como los niños, porque aprenden a enmascarar como mecanismo de supervivencia”, reconoció.
Al tratarse de una condición que no resalta a la vista o se hace evidente, Joan entiende que la nueva Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) ayudará a facilitar el acceso a servicios como terapias y a concienciar a la población sobre lo que es vivir con autismo.
Culpaban al Covid
Virginia Jaar y Pedro Veras son padres de la pequeña María Isabel, de cinco años de edad.
Con la llegada de la pandemia por COVID-19, María Isabel no pudo ingresar a la escuela a la edad estipulada. El poco contacto con otros niños hizo que sus padres entendieran que esa era la principal causa de su retraso en el habla.
Con la “vuelta a la normalidad”, inscribieron a la niña en un colegio y cuando la evaluaron, les advirtieron de todas las señales.
“Fue chocante recibir la noticia. Nosotros creíamos que era por el aislamiento”, comentó Virginia.
Con un gasto de 45 mil pesos al mes entre colegiatura y terapias, la familia comenzó a sufrir desgaste económico, además del emocional.
Virginia Jaar y su hija, María Isabel. (FUENTE EXTERNA)
Intentaron conseguir una cita para acudir al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) y los pusieron en una lista de espera con un mínimo de seis meses. De igual modo, aplicaron para planes sociales y recibir ayuda, pero no calificaron.
“Estudiamos mucho el caso y decidimos que su padre, quien tiene facilidad de trabajar desde la casa, se encargue del cuidado de la niña. Nos da mayor tranquilidad que dejarla en manos de una gente de la calle. A su edad, la niña todavía usa pañales y su comportamiento varía”, relató la madre.
Para la pareja, el mayor error fue inscribir a la niña en un colegio “tradicional”.
“No era una terapeuta que le prestaba atención a la niña. Empezó a tener una actitud agresiva, a morderse y a llorar”, recuerda Virginia.
A la fecha, la niña asiste a un centro especializado y están trabajando en la parte de sociabilización, en llevar a María a parques y centros comerciales.
«La gente te lanza miradas. Quisiera que no me la juzguen, mi niña es autista pero el país no está preparado»Virginia JaarMadre de una niña autista“
“Tengo fe de que pueda ser una persona independiente. La nueva ley va a abrir camino a que se sigan agregando avances para los niños con TEA, que, por cierto, son muchos los que están siendo diagnosticados”, agregó.
Un 2 x 1
El hijo del abogado Pedro Ramírez no solía mirar a los ojos y mostraba algunos comportamientos repetitivos.
Al llevar al niño cuando tenía tres años a hacerle los tests, Pedro empezó a observar que muchas de las respuestas que marcaba afirmativas para su pequeño, también lo definían a él.
Pedro y su hijo fueron diagnosticados con autismo de alto funcionamiento.
“Comencé a ver a una especialista y salió que yo también estaba dentro del espectro. Fue un 2 x 1”, afirmó.
“Dentro de todo el espectro, estamos al otro lado del autismo severo. Somos atípicos, pero parecemos típicos. Nosotros somos un caso en el que tenemos la dicha de poder contar con una terapia, una psicóloga y acceso a un tratamiento. No es barato porque es una constante en el tiempo”, aseguró el abogado de 51 años.
«El diagnóstico me ayudó muchísimo como padre y como esposo. Me permitió identificar muchas cosas de mi comportamiento y retos de socialización. Ningún caso es idéntico, cada quien tiene sus particularidades»Pedro Ramírez,Abogado diagnosticado con autismo“
“Ojalá la ley pueda ayudar a las familias de menos recursos y que no sea una ley que se quede en papel. En el país, leyes no faltan, lo que faltan es que se cumplan”.
Jeanelfred Beltré, psicóloga y presidenta de la Fundación Ciadif, explicó que en el 95 % de los casos, el diagnóstico oportuno de TEA ayuda, no a la cura, pero sí a mejorar las habilidades.
Cuando no hay un acercamiento a un terapeuta profesional, las personas dentro del espectro “crecen con ese vacío, la sensación de no encajar, con baja autoestima, ansiedad y depresión”, señala la especialista.
Actualmente, una consulta para diagnóstico cuesta de 21 mil pesos en adelante, llegando hasta 60 mil pesos, dependiendo el centro que las aplique.
Beltré explicó que esto se debe a que los resultados se envían a España para procesar la prueba TEA, cuyos derechos se pagan en euros.
“Solo por los derechos para aplicar la prueba ADOS hay que pagar 350 mil pesos y cada pruebo prueba que realices, debes de pagarla. Por eso es que las evaluaciones son muy costosas y a veces, los padres no entienden esa parte”,
Otro punto favorable que destaca es que hoy día, hay más profesionales dedicados a la salud mental.
Una empleada lucha por honrar un compromiso financiero por el que teme perder el apartamento que compró su hija. Vive en incertidumbre por una deuda de más de dos millones de pesos que adquirió por ser garante solidaria de un joven que buscaba alternativas para irse a vivir una experiencia de intercambio cultural a Estado Unidos.
Su historia no difiere de otras tantas en las que los garantes, fiadores y codeudores han perdido hasta sus bienes por la irresponsabilidad del deudor principal. Algunos desconocían que podían demandar a la persona por la que firmaron.
La empresa, que podría ejecutar un embargo retentivo sobre los bienes de la madre soltera, acordó con el joven contratante financiar su viaje al exterior con la garantía de que tres personas cumplirían el pago por penalidad de 20,000 dólares si él se quedaba en suelo norteamericano.
“Él trabajaba en un salón con una sobrina. Lo veía que estudiaba y tenía tanto interés de echar para adelante. Y, ya tú sabes, caí en ese error”, se lamenta la mujer.
Ahora enfrenta un proceso de apelación para ver si, legalmente, logra un acuerdo con el cual impedir cualquier medida contra la vivienda de su hija y establecer cuotas de pago por los dos millones de pesos a los que ascendió la penalidad por el incumplimiento del joven.
La figura de garante o codeudor es una norma en el país para aquellas personas que no tienen línea de crédito o aval para préstamos, compras de bienes o artículos y hasta para el alquiler de un inmueble.
La diferencia entre el garante y el codeudor es que el garante (fiador) es una persona con solvencia económica que se compromete a pagar si el deudor principal no puede. En cambio, el codeudor contrae las mismas responsabilidades contractuales que el deudor, explica la Superintendencia de Bancos (SB).
La entidad reguladora destaca una tercera figura: el garante solidario. Lo define como un fiador que no ha puesto como garantía ningún bien o activo particular a ser embargado en caso de que el deudor incumpla con la deuda, pero se entiende que compromete su patrimonio de forma solidaria.
¿Afecta el score financiero?
Tras firmar un contrato como fiador o codeudor la persona arrastra consigo la deuda como si fuera propia, por lo que se toma en cuenta para calcular el puntaje (score) financiero, asegura a Diario Libre Digna Paulino, coach financiera. “Afecta directamente el historial crediticio y se registra el compromiso para ambos firmantes”, dice.
Sin embargo, laley 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados, indica lo contrario.
En su artículo 68, el documento legal prohíbe a las Sociedades de Información Crediticia (SIC) publicar en los reportes de un garante o fiador las informaciones de los titulares de la información, de tal modo que el incumplimiento de pago del deudor no perjudique el estatus crediticio del garante o del fiador, ni afecte negativamente el crédito score o puntaje de crédito de éste.
Asimismo, deja bajo responsabilidad de los aportantes de datos dar estricto cumplimiento al presente artículo, no obstante a que las SIC colecten y procesen dichas informaciones para los fines de cuadrar las cuentas asociadas a los créditos. Si un titular, garante o fiador se ve afectado por el incumplimiento de este artículo deberá acogerse al procedimiento de reclamación especificado en esta ley.
Paulino resalta que la banca dominicana está facultada para explicarle al detalle lo que conlleva para la persona de la segunda firma un contrato de dicha índole y, de hecho, ha presenciado casos de algunos codeudoresque rechazan la solicitud justo al momento de la firma para no afectar su crédito.
Dentro de las recomendaciones que da -casi a diario- a sus clientes está el tema de la documentación y la importancia de leer bien cuáles son las características y apartados que rigen la transacción a firmar. Saber la vigencia y, sobre todo, cuáles garantías se incluyen por impago.
Los anteriores consejos le hubiesen servido a Rafael Batista. “Fui garante de mi hermana para un préstamo bancario. Casi me cuesta mi pequeño negocio”, relata. Firmó en una entidad financiera para que su pariente recibiera 50,000 pesos, para «supuestamente» poner un negocio.
Resalta que su hermana no pagó ni la primera cuota y después de seis meses él fue contactado para responsabilizarse por el dinero prestado más sus intereses. El monto total ya superaba los 100,000 pesos.
Para evitar un embargo, Batista se dispuso a solicitar una consolidación de deudas en otra entidad, donde acostumbraba a financiar su actividad económica, pero su capacidad de pago se vio afectada por el valor que tomó su hermana.
La solución inmediata fue acudir a un prestamista informal para pagar, al menos, las primeras tres cuotas. Ahora tiene dos compromisos que le impiden impulsar su taller de mecánica, con el que genera los ingresos para sustentar su familia.
¿Qué son las Sociedades de Información Crediticia?
En el país hay cuatro operando, según la Superintendencia de Bancos
Son empresas dedicas a la recopilación, almacenamiento y comunicación de datos sobre el comportamiento de pago de los consumidores de bienes o servicios, incluyendo su historial y perfil de riesgo crediticio.
TransUnion
Kalifika
Data Crédito
Acierta
Garantes para alquilar y comprar viviendas
El sector inmobiliario también incluye en sus requerimientos para el alquiler o venta de inmuebles la necesidad de un fiador o garante solvente que responda ante la falta de pago y coste daños intencionales a la propiedad.
Por dicha responsabilidad firmó Anailda Paredes, quien ayudó a una amiga de su hija a alquilar un apartamento en el Distrito Nacional.
No pensó que colaborarle a la joven le iba a generar un “dolor de cabeza”. Señala a Diario Libre que, por falta de pago y deterioro de la unidad, tiene una deuda ascendente a 75,000 pesos.
Para el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios (AEI), Roberto Bogaert, la norma es clara y persigue proteger la propiedad y los ingresos del propietario en su totalidad.
Entiende que es el único mecanismo que les garantiza el cumplimiento de los contratos y, con ello, evitan que los adquirientes muestren resistencia en caso de desalojo de la propiedad.
«Es lo normal en el sector, que se pida una garantía antes de proceder a entregar la unida«, expresa, al tiempo de que considera como acto extremo el caso de sacar un inquilino de la propiedad.
Regularmente un contrato de alquiler indica en los deberes del garante lo siguiente:
El fiador solidario acepta las responsabilidades contraídas por el inquilino de pagar al propietario, tanto las mensualidades acordadas, en caso de que esta dejare de hacerlo, como las demás obligaciones incluyendo, pero no limitado a responsabilidad civil, impuestos, daños y deterioro del apartamento.
En ese sentido, las obligaciones que conforman dicho contrato indican que el inquilino y el fiador son indivisibles entre ellos, lo mismo que entre sus herederos y causahabientes.
El codeudor puede perseguir al deudor legalmente
En todos los casos, los afectados pueden agotar un proceso legal para perseguir al deudor principal y hacerlo enfrentar sus consecuencias, siempre que económicamente pueda hacerlo. Sin embargo, el costo de pagar a un abogado y sus procedimientos podría salir más costoso que honrar el compromiso, plantea el abogado José Eduardo Guillén Sánchez.
Explica que con frecuencia se ven casos de demandas por “mala fe” en contra del solicitante del préstamo, que en la mayoría de los casos es un amigo cercano con aspiraciones.
“Cuando el codeudor se liga a una deuda, de dicho compromiso no se puede retirar, a menos que llegue a un acuerdo con la entidad o la persona que dará el bien o el dinero para hacer un cambio de codeudor, lo que implica hacer un nuevo contrato”, advierte.
Explica que de los tipos de garantes que existían antes se han ido eliminando varios porque requerían que el acreedor cobrara primero al deudor principal y si este demostraba que no podía pagar, entonces acudía al garante.
Ahora, se usa más el garante solidario, a quien se le puede hacer el reclamo de pago indistintamente de que el contratante inicial pueda o no pagar la deuda. Es decir, que tanto el garante como el deudor están comprometidos de pagar cuando llegue la fecha. En su defecto, pueden ser llamados para cumplir.
En ese orden, quienes han servido de garantes y codeudores instan a las personas a no fiarse de la buena voluntad y hacer un autoanálisis de si pueden o no acarrear con la deuda y obligación de pago de otro individuo.
El Estado dominicano y la sociedad civil trabajan en un Pacto por el Agua 2021 – 2036, que busca dotar al país de un marco regulatorio, resolver el déficit de inversión en infraestructuras, así como lograr el saneamiento, la protección y conservación de las cuencas.
La iniciativa pretende también plantear soluciones a la escasez del agua, al deterioro de su calidad y a la falta de obras de regulación y de su almacenamiento.
Las discusiones están enfocadas en superar los desafíos del agua a través de una reforma al sector hídrico de la República Dominicana.
De acuerdo al borrador en discusión, el Pacto Nacional por el Agua está estructurado en cuatro fases, una primera en la que el Gobierno lanzó la iniciativa Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua, con propuesta de distintas naturalezas, algunas de las que implican políticas públicas concretas, reformas legislativas y reestructuraciones institucionales.
La segunda consistió en la elaboración de un diagnóstico sobre los recursos hídricos del país, que ha permitido identificar y caracterizar en general, los principales problemas y las causas que los generan en las diferentes regiones hidrográficas. En la tercera fase se sometió a debate público el diagnóstico elaborado en la fase 2, obteniéndose como producto final la situación actual de los recursos hídricos a nivel de los territorios provinciales.
En la cuarta y última fase se contempla agrupar los compromisos que serán asumidos, una vez identificados los problemas.
Conforme a la propuesta, se asumirá el agua como un bien de dominio público y como patrimonio estratégico de la República Dominicana, indispensable para la vida de las personas, los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la nación, cuyo uso estará apegado a los criterios y protección del medio ambiente.
De los reclamos
Los reclamos y manifestaciones que en contra de cualquier intento de privatizar el agua realizan grupos de ambientalistas, forman parte de la vigilancia en torno a las discusiones que se dan actualmente para consensuar la propuesta de un Pacto Nacional por el Agua.
Las preocupaciones giran en torno a que puedan utilizarse las concesiones como garantía para préstamos, así como en que se aplique una debida regularización del saneamiento de las aguas por parte de las grandes entidades que la contaminan. Además, en que se ratifique el agua como un derecho humano fundamental y por ende no sea privatizada.
Conforme al ambientalista Luis Carvajal, en la propuesta no aparece la palabra privatización, pero sí crean herramientas y mecanismos indirectos para ello.
“Estamos avanzando en el Pacto por el Agua, para que en este pacto se ponga un freno a cualquier ruta que pretenda privatizar y se garantice que cualquier ley que llegue al Congreso, llegue libre de cualquier componente que pueda crear fuerza para la gestión privada”, apuntó.
Citó entre esos componentes las concesiones que se otorguen con garantías o que las alianzas públicas privadas impliquen conversiones con derechos asumidos sobre el manejo y la oferta comercial del servicio desde entidades privadas.
Carvajal sostuvo que la reacción del gobierno es que no hay vocación privatizadora en la propuesta en discusión.
“La reacción del movimiento social, ha sido que estamos revisando y hemos encontrado una serie de elementos que tienen que ser modificados en la propuesta de ley y en eso estamos”, enfatizó.
Indicó que el papel del grupo es movilizarse, plantearle, advertirle a la sociedad y resistir localmente los proyectos que se entiendan afecten a la sociedad.
De los puntos más destacados
Diseñar, consensuar y aprobar con la sociedad civil en su conjunto el Plan Nacional de Recursos Hídricos e Infraestructuras, para su aplicación efectiva. Desarrollar en cada cuenca hidrográfica un plan de restauración de ríos. Elaborar el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado a nivel nacional, que establezca las prioridades de inversiones, tanto en agua potable como en los sistemas de recolección, tratamiento y depuración de las aguas residuales. Formulación y aprobación del Plan Hidrológico Nacional, y posteriormente de los planes de recursos hídricos a escala territorial de las cuencas hidrográficas. Detener los procesos contaminantes y degradativos que afectan las aguas superficiales, subterráneas y litorales costeros marinos del territorio nacional. Apropiar las inversiones necesarias para garantizar el acceso al agua potable para la satisfacción de las necesidades primarias de las personas. Cobrar el costo justo y equilibrado del agua para asegurar la viabilidad a largo plazo del servicio de abastecimiento, y promover su uso consciente y responsable para garantizar la sustentabilidad del recurso. Realizar las inversiones requeridas en obras de infraestructuras hidráulicas para la regulación y almacenamiento de agua.
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