Una madre abogó este jueves por la creación de una ley que proteja los derechos de las personas con autismo en el país.
“Ante el incremento, de manera alarmante en la República Dominicana, del nacimiento de niños con autismo y otros problemas neurodivergentes se hace necesario la promulgación de una ley que abarque todos los derechos fundamentales para una real y efectiva protección de los neurotipicos”, manifestó Maxi Feliz, quien tiene un niño con la condición mencionada.
Feliz, quien es graduada de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, efectúo recientemente la primera investigación jurídica sobre autismo en el país, titulada “Derechos de las personas con la condición del espectro autista atendiendo a la necesidad de igualdad diferenciada en la República Dominicana”, refiere una nota de prensa.
“Hay que establecer, promover y garantizar la atención médica, acceso a educación, inclusión social y laboral, entre otros aspectos. Realizar un levantamiento de la situación real del país, un informe estadístico donde se recoja la cantidad de personas con TEA (trastornos con espectro autista) por rango de edad, la situación económica en que se encuentran”, estableció en su investigación.
La profesional sugirió que el levantamiento incluya los tratamientos requeridos y todos los aspectos que fueren necesarios para determinar en qué punto se encuentra la nación, pues solo así se podrán implementar las medidas enfocadas a cada sector.
Asimismo, aconsejó la creación de un centro nacional para autismo, que trate la condición exclusiva, la coordinación, implementación y fiscalización de todo lo relacionado con los derechos y reconocimientos a favor de las personas con estos trastornos.
De igual manera, también centros especializados en las diferentes regiones del país destinados al diagnóstico temprano de los niños con autismo e instrucción u orientación a los padres de aquellos niños que se han diagnosticado, y que estos centros pueden estar incorporados dentro de la misma estructura hospitalaria, en áreas desocupadas.
“Estos deben contar como mínimo de salas multisectoriales para la habilitación y mejoramiento de habilidades; personal altamente calificado y expertos en el tema; servicios de atención con un alto nivel de empatía; generar accesibilidad, tolerancia y reducir los tiempos de espera; realizar seguimientos de casos, y, en los casos que sea posible gestionar las consultas virtuales”, explicó.
Dijo qu el aprovechamiento de las tecnologías y los medios de comunicación digitales a través de la creación e implementación de programas digitales o software que permitan la interconexión rápida y simple entre los centros de salud, los doctores y los centros especializados.
“El acceso a los centros especializados de TEA, como el diagnóstico inicial y orientación a los padres sea subsidiado por el Estado y, por ende, libre de costo para las familias que requieran los servicios”, indicó.
En su investigación, la profesional, como forma de hacer frente a la creciente problemática, entiende que se deben otorgar becas internacionales cubiertas en su totalidad por el Estado dominicano y realizar convenios entre universidades nacionales e internacionales para la implementación de maestrías, especializaciones, talleres y cursos relacionados con el tratamiento a los neurodivergentes.
Agregó que en el caso de que se compruebe de que el solicitante de la beca o inscripción en un centro educativo privado es un familiar de una persona con TEA, recomienda el incentivo por parte del Estado de proporcionales computadoras, material gastable e integrarlo en prácticas remuneradas dentro de uno de los centros especializados, entres otras sugerencias.
