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El presidente Luis Abinader y el director del Gabinete de Política Social del Gobierno, Tony Peña Guaba, inauguraron el centro número 98 del programa Oportunidad 1424, destinado a formar e insertar en el mercado laboral a jóvenes entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan.
Peña Guaba explicó que con con este proyecto, que ya funciona en 25 provincias, se imparte formación técnica a través del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) y luego se hacen las diligencias para que los egresados hagan sus pasantías en empresas.
En el proceso se integran diversas instituciones, como los Comedores Económicos para suplir la comida. También se otorga una tarjeta de ayuda con un fondo de mil pesos mensualmente.
El funcionario adelantó que estos jóvenes serán incluidos para recibir el bono navideño, de 1,500 pesos.
En su tercera y última actividad en La Romana, Abinader participó en la inauguración de una fábrica de bloques de cemento de la Ferretería El Detallista.
Más temprano, el mandatario había inaugurado el puerto de cruceros La Romana, de Central Romana Corporation.
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La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que dispone la creación de la Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina y dispone la supresión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS).
La iniciativa, sometida por el Poder Ejecutivo el pasado 25 de mayo, fue aprobada en el Senado el 12 de julio pasado.
El pleno acogió el informe favorable que rindió la Comisión Permanente de Energía, presidida por el diputado Gaddis Corporán.
El informe señala que el plazo de cinco años establecido por la Ley 142-12 que pospone la vigencia de las disposiciones de la Ley No.100-13, del 30 de julio de 2013, respecto a la CDEEE, venció el 30 de septiembre de 2018, sin que se cumpliera con el mandato legal que erige al Ministerio de Energía y Minas como el órgano rector del sector eléctrico.
Además, establece que por la supresión de la CDEEE se hace necesario trasferir todo su patrimonio, activos y pasivos, incluyendo la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Añade que “es un deber del Estado dominicano solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, fortaleciendo su marco institucional para dotarlo de mayor seguridad jurídica, a la vez que se fomente el flujo de inversiones, garantizando los principios constitucionales de eficacia, jerarquía, transparencia, economía y coordinación”.
El informe fue firmado por siete de 15 diputados miembros de la Comisión Permanente de Energía.
Al agotar un turno el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, miembro de la comisión Permanente de Energía y que no firmó el informe favorable, aseguró que con la pieza se busca privatizar Punta Catalina.
Cuestionó que, aunque la auditoría técnica y financiera sobre esa Central Termoeléctrica está listo no le fue remitido a la comisión, aunque ésta lo solicitó.
Para Crespo con esa pieza se estaría sobrelegislando y cuestionó la rapidez con que se quiere aprobar la iniciativa.
En tanto que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que ese proyecto de ley no tiene como fin privatizar Punta Catalina.
Precisó que la posición externada por Crespo le obliga a solicitarle las documentaciones que sustentan sus argumentos.
También, argumentó que no había prisa en aprobar esa iniciativa.
El proyecto contó con 96 votos a favor, 12 en contra y 22 abstenciones.
El comunicado emitido por la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana que señala que en los últimos meses viajeros han sido retrasados, detenidos y sujetos a mayores interrogatorios por su color de piel, continúa generando rechazo.
Este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su vocero, Juan Julio Campos, consideraron esa denuncia exagerada y fuera de contexto.
Pacheco considera que la posición asumida por el gobierno dominicano al respecto recoge el sentir nacional.
“El comunicado (de la Embajada de los Estados Unidos en el país) nos parece un poquito exagerado, tal vez fuera de contexto y que no recoge exactamente la veracidad de lo que ocurre hoy en la República Dominicana”, reflexionó.
El líder congresual exhortó a todos los que se refieren a asuntos inherentes al país que lo hagan con la debida moderación, recordando que la República Dominicana es un país libre y soberano.
Manifestó que el país está jugando su papel y dijo que lamentablemente todo lo que es extranjero que resida ilegalmente debe ser repatriado o regularizado conforme a lo que establece la ley de Migración.
Recordó que el país no puede seguir “cargando” con el problema haitiano, porque no le corresponde.
En tanto que Juan Julio Campos, vocero del bloque de diputados del PLD, ofreció una rueda de prensa junto a los miembros de esa bancada para manifestar su rechazo al comunicado estadounidense, el cual lo consideró exagerado.
Precisó que esa bancada “considera exagerados y fuera de la realidad los criterios establecidos en el reciente comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana”.
Aseguró que ninguna otra nación del mundo ha hecho más por Haití que República Dominicana.
Campos destacó que su bancada, que representa la segunda fuerza de legisladores en el Congreso Nacional, defiende el derecho soberano de la República Dominicana de hacer valer las leyes y otras normativas que regulan la presencia del estado migratorio.
Llamó a la Embajada de Estados Unidos en el país a que retire ese comunicado y reconsidere “expresiones que darían la percepción de que la República Dominicana es un país racista”.
El vocero del bloque de diputados del PLD aseguró que el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos “demuestra el interés de algunas naciones de unificar la isla”.
En ese sentido, Juan Julio Campos recordó que el país es soberano y que ante ese tema la sociedad dominicana esta unificada.
Mientras que el vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Fulcar, llamó a los dominicanos, más allá de las banderías políticas, para que todos los sectores de la sociedad civil aúnen esfuerzos para apoyar las medidas adoptadas por el gobierno.
Consideró que la advertencia hecha por la Embajada de los Estados Unidos parece que no está bien documentada porque no se corresponde con la verdad.
En ese sentido, dijo que el gobierno dominicano está haciendo lo correcto ante la migración masiva de ciudadanos haitianos al endurecer las medidas migratorias sin violar la ley y acorde con lo que establece la Constitución.
“La situación que está viviendo Haití es para que la República Dominicana tome medidas para salvaguardar la seguridad ciudadana y mantener la independencia y la soberanía del país… y para contribuir también a frenar la ola de delincuencia que tiene el país”, analizó.
Dijo que el cierre de la frontera demuestra que en Haití nadie tiene control de nada y que son las bandas que están dirigiendo ese país.
Indicó que esos actos realizados ayer en la zona fronteriza fueron producto de la insensatez y argumenta que afecta más a Haití que a la República Dominicana que depende más de los productos dominicanos que se exportan.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que dispone la creación de la Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina y dispone la supresión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS).
La iniciativa, sometida por el Poder Ejecutivo el pasado 25 de mayo, fue aprobada en el Senado el 12 de julio pasado.
El pleno acogió el informe favorable que rindió la Comisión Permanente de Energía, presidida por el diputado Gaddis Corporán.
El informe señala que el plazo de cinco años establecido por la Ley 142-12 que pospone la vigencia de las disposiciones de la Ley No.100-13, del 30 de julio de 2013, respecto a la CDEEE, venció el 30 de septiembre de 2018, sin que se cumpliera con el mandato legal que erige al Ministerio de Energía y Minas como el órgano rector del sector eléctrico.
Además, establece que por la supresión de la CDEEE se hace necesario trasferir todo su patrimonio, activos y pasivos, incluyendo la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Añade que “es un deber del Estado dominicano solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, fortaleciendo su marco institucional para dotarlo de mayor seguridad jurídica, a la vez que se fomente el flujo de inversiones, garantizando los principios constitucionales de eficacia, jerarquía, transparencia, economía y coordinación”.
El informe fue firmado por siete de 15 diputados miembros de la Comisión Permanente de Energía.
Al agotar un turno el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, miembro de la comisión Permanente de Energía y que no firmó el informe favorable, aseguró que con la pieza se busca privatizar Punta Catalina.
Cuestionó que, aunque la auditoría técnica y financiera sobre esa Central Termoeléctrica está listo no le fue remitido a la comisión, aunque ésta lo solicitó.
Para Crespo con esa pieza se estaría sobrelegislando y cuestionó la rapidez con que se quiere aprobar la iniciativa.
En tanto que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que ese proyecto de ley no tiene como fin privatizar Punta Catalina.
Precisó que la posición externada por Crespo le obliga a solicitarle las documentaciones que sustentan sus argumentos.
También, argumentó que no había prisa en aprobar esa iniciativa.
El proyecto contó con 96 votos a favor, 12 en contra y 22 abstenciones.
Tras volver al horario regular de ventas de bebidas alcohólicas en Santo Domingo y algunos municipios, la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos de Diversión se comprometió ante el Ministerio de Interior y Policía a contribuir con el Gobierno para preservar la paz social y los niveles de seguridad ciudadana en República Dominicana.
Dentro de las iniciativas mencionadas están que los agentes de la Dirección General de Control de Bebidas Alcohólicas (Coba) estará realizando inspección de manera rigurosa en todos los establecimientos afiliados.
Además, deberán alumbrar todo el frente de los establecimiento, sus parqueos y el perímetro de sus locales.
Así también, los dueños de centros de diversión tendrán que instalar cámaras de seguridad en las afueras de sus instalaciones y dentro de los locales, de las cuales las autoridades tendrán acceso las veces que sean necesarias.
De igual forma, deberán instalar detectores de armas de fuego y metales para el cumplimiento de la prohibición a estos establecimientos.
También, los dueños de negocios se comprometieron a cumplir con la prohibición de sustancias controladas y en caso de observarlas deberán avisar a las autoridades correspondientes.
Los negocios tienen que garantizar que las bebidas alcohólicas que comercialicen no sean adulteradas y que, en caso de que el cliente esté en notorio estado de embriaguez, suspender el consumo de bebidas.
Dentro de las medidas acordadas está también evitar la contaminación sónica que puedan afectar a los residentes del entorno. Según explica el documento del acuerdo, está medida será monitoreada por el Ministerio de Interior y Policía.
Los establecimientos de diversión nocturna deberán llevar una supervisión sanitaria periódicamente regido por protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública.
Tendrán que tener de forma «obligatoria» dos extinguidores, puerta de salida de emergencia, sistema de videovigilancia, parqueos regulados y personal del mismo debidamente acreditado como soporte externo del local.
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