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El Ministerio de Salud Pública, como parte de su estrategia de medición y prevención, desarrolla las denominadas Jornadas de Sobrepeso, Obesidad, Diabetes e Hipertensión (Sodhi) con el fin de detectar en qué proporción estas enfermedades están afectando a la población y determinar los planes de acción en las zonas con los máximos valores.

El primer estudio Sodhi se realizó en mayo de 2021, en la cual participaron 7,949 personas adultas y en él se detectó que el 32.3 % de los participantes sufría de hipertensión, el 12% de diabetes y 71.1 % de sobrepeso y obesidad.

De acuerdo al ministro Daniel Rivera, de esas 2,544 personas a las que se les diagnosticó alta presión arterial, el 46 % (1,170 participantes) no sabía que padecía esta condición.

Además de la presión arterial, en las jornadas Sodhi, a los pacientes les miden la glicemia, el peso corporal, la talla de la circunferencia abdominal y el índice de masa corporal.

Monte Cristi lidera la lista de provincias con mayor cantidad de habitantes con alta presión arterial (50.5 %), seguida de Espaillat (48.2 %) y Duarte (45.8 %).

Hermanas Mirabal (45.5 %), San Cristóbal (44.6 %), Pedernales (40.2 %), Hato Mayor (40 %), María Trinidad Sánchez (36.6 %), Barahona (35.2 %) y San Pedro de Macorís (34.5 %) completan las diez provincias con la mayor concentración de pacientes hipertensos. 

Santiago ocupa el lugar número 13 con el 33.2 % de población hipertensa y Santo Domingo el puesto 15 con un 32.7 %.

Rivera explicó que la hipertensión causa lesiones en las arterias coronarias, que junto a la diabetes y al colesterol elevado, provocan cardiopatías isquémicas e infartos de miocardios.

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Por otro lado, el estudio Sodhi también documentó que Hato Mayor concentra la mayor población en sobrepeso y obesidad del país con un 81.1 % de los participantes.

El segundo lugar es para San Pedro de Macorís (79.2 %) y el Distrito Nacional con 78.6% completa la tripleta.

Otras provincias con alto índice de obesidad son: Monte Cristi (78.4 %), Bahoruco (77.9 %), Samaná (76.5 %), La Vega (75.4 %), María Trinidad Sánchez (75.2 %), Santiago (75.1 %) y Dajabón (75 %).

En Santo Domingo, la incidencia de obesidad es de 69 por ciento.

Pacientes diabéticos

En cuando a ciudadanos con alto nivel de azúcar en la sangre, estos se concentran en Monte Plata (45.5 %), Azua (37.5 %) y Elías Piña (36.4 %).

El ministro Rivera manifestó que estas cifras son altas, considerando que la media es 12 %.

Otras provincias con alta cantidad de pacientes con hiperglucemia son: Monte Cristi (23.9 %), Pedernales (23.9 %), Espaillat (23.5 %), La Vega (22.4 %), Distrito Nacional (21.2 %), El Seibo (20 %) y Hermanas Mirabal (19.8 %).

Paradójicamente, Monte Cristi está en el top 4 en las tres categorías, sin embargo, también posee la población más grande de longevos.

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El Distrito Nacional marca una alta cantidad de ciudadanos obesos y en sobrepeso, pero no valores tan elevados en presión arterial y glicemia.

“Desde Salud Pública, tenemos que vigilar a todas las enfermedades que puedan afectar al ser humano para nosotros mejorar su calidad de vida, su sobrevida y poder llevar mayor tranquilidad a la población”, acotó Rivera.

El galeno recalcó que “esta situación de sobrepeso y obesidad, va vinculada a la hipertensión y la diabetes” y que el fin de estos estudios es “crear un efecto cascada que motive a otros ciudadanos a conocer sus números”.

Segunda Jornada Sodhi

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El pasado 17 de mayo se celebró el Día Mundial de la Hipertensión y por tal motivo, las autoridades de Salud decidieron organizar la segunda versión del estudio Sodhi, a realizarse los días 17, 19, 21, 24 y 26 de mayo, de 8:30 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Algunos centros donde se están realizando las evaluaciones son: Ayuntamiento de Boca Chica, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Parque las Palmas de Los Minas, Parque de Villa Mella, tienda La Sirena de Villa Mella, Parque de la Pedro Olivio Cedeño, Plaza Lama (Avenida Nicolás de Ovando), Hospital Santo Socorro, Ministerio de Agricultura, Parque de Manoguayabo, Occidental Mall, Hospital Rodolfo de la Cruz, Hiper Olé del Kilómetro 17 de la Autopista Duarte, entre otros.

La jornada se desarrolla desde el viceministerio de Salud Colectiva, a través de su Departamento de Apoyo a la Promoción y Educación en Salud (DAPES), en coordinación con el Departamento de Investigación en Salud (DISA), las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS).

El llamado del ministro

“A aquellos que no se han tomado la presión arterial, que se tomen la presión. Se van a sorprender, es un gran asesino silencioso. De repente, a una persona le da un dolor de cabeza, siente un dolor de pecho, unas palpitaciones y lo que termina es con hipertensión arterial”, afirmó.

A la vez, pidió disminuir la ingesta de sal y las grasas, así como hacer un plan regular de ejercicios para mantener bajos los índices Sodhi y a la vez, prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares.

Dejando todas sus pertenencias hechas cenizas, lo poco que tenían ahorrado y solo saliendo con lo que llevaban puestos, así se encuentran varias familias que perdieron sus propiedades durante un incendio registrado en el barrio Las Lilas del sector Los Tres Brazos.

Los afectados afirman que son 15 las viviendas quemadas y que no hubo personas lesionadas.

Una de las personas que vivía en uno de estos espacios, la señora Martina Ogando, contó que solo pensó sacar a sus seis hijos con vida sin importar las cosas materiales.

Entre lágrimas explicó el momento en que pasó el siniestro y como las personas se tenían que quedar de brazos cruzados viendo como todo se consumía en solo minutos.

Martina explicó que se levantaba de madrugada a poner café en dos grecas pequeñas que tenía para salir temprano en la mañana con un termo a venderlo. “Con esto yo por lo menos sacaba arroz con huevos para mis hijos, pero ahora me quedé sin nada”, contó Martina.

Indicó que esta labor le permitía guardar unos 25 pesos diarios, con lo que ahorraba para pagar su casa mensual.

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Similar situación ocurre con la señora Miladys Encarnación, quien vive junto a su esposo y cinco hijos, entre ellos una joven de 22 años quien padece de una condición especial de salud.

«Esto es como si fuera una pesadilla, porque todos quedamos en la calle», expresó Encarnación. 

Encarnación contó que al perder todo, los vecinos y algunos familiares han tenido que ir en su auxilio hasta ver que solución le dan las autoridades pertinentes.

Indicó que lo poco que tenía ahorrado era para pagar el tratamiento de la joven quien presenta un trastorno cerebral, que no lo permite razón de entendimiento como una persona normal.

“Ha sido Dios que nos ha dado la fuerza para continuar, para no desesperarnos, esperar en Dios que tengamos donde vivir pronto», comentó.

También Marielis Rodríguez, de 31 años, tuvo que salir corriendo con sus tres hijos al ver que las llamas del incendio corrían de forma rápida hacia donde se encontraban.

Estas familias quedaron totalmente en la calle y esperan que el Gobierno acuda en ayuda, ya que muchos de estos tienen niños y también perdieron los utensilios para asistir a las escuelas.

“Estos niños perdieron sus cuadernos, libros, mochilas, las tablets que fueron entregadas por el Ministerio de Educación, uniformes, perdieron todo, más el trauma que tienen”, indicó uno de los dirigentes comunitarios del sector.

El hecho ocurrió a la 1:00 de la madrugada de este viernes. Fue a las 3:00 de la mañana cuando los bomberos pudieron sofocar las llamas que amenazaban con extenderse a otras viviendas.

Ayer la señora Albania Merán, una de las afectadas, dijo que antes del incendio el servicio eléctrico estaba inestable con aumento y disminución y que luego hubo una explosión que de inmediato incendió las viviendas.

Los dirigentes comunitarios del sector piden que este caso sea tomado en cuenta por el presidente Luis Abinader. 

La gente lamenta lo sucedido y afirma que intentaron salvar algunas cosas de la vivienda, pero el incendio fue tan rápido que no hubo tiempo.

Al lugar acudió Lenín Mateo, quién se identificó como representante de Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), dijo que el Gobierno les buscaría una solución a las familias y que mientras tanto los afectados recibieron alimentos.

También asistió el diputado Carlos de Jesús, del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y el regidor por la misma organización Juan Calderón y prometieron ayudar a las familias. Sin embargo, no precisaron el tipo de ayuda que les ofrecerían. 

Ocho ciudadanos dominicanos han sido secuestrados en Haití desde febrero del año pasado, de acuerdo con los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de la República Dominicana.

Todas las víctimas fueron hombres, quienes se dedicaban a diferentes actividades desde transportistas, camioneros, periodistas, diplomáticos y personal de apoyo para filmaciones.

Diario Libre solicitó a la Cancillería dominicana los reportes desde el 2018 a la fecha sobre los dominicanos secuestrados en Haití, país que vive un aumento de esta actividad por parte de las bandas armadas.

“(…) nuestra base de datos relativa a los ciudadanos dominicanos secuestrados en Haití, solo contempla los casos ocurridos a partir del año 2021”, se lee en el documento con la respuesta, firmado por Cándido Mercedes Polanco, director de Protección a Nacionales en el Exterior.

Dos de los secuestros a dominicanos son atribuidos a la banda 400 Mawoso. “En todas las ocasiones los ciudadanos han sido liberados”, se informó.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) reiteró que “en ninguno” de los casos el Gobierno ha pagado “ningún monto económico” por los rescates para la liberación de los secuestrados.

El primer secuestro registrado es del 20 de febrero, cuando los hermanos Maicol Enrique y Antonio Campusano fueron raptados. La información que ofreció la madre Jaqueline Feliz es que sus hijos trabajaban en la filmación de una película cuando sucedió el hecho. Los hermanos fueron puestos en libertad seis días después.

Un mes después fue tomado un camión de transporte de mercancías en la comuna Port-de-Paix, al norte de Haití. La información fue notificada a la Cancillería por Luis Díaz Peguero. La placa del vehículo es la número L419845. 

“EI consulado en Cabo Haitiano Ie ofrece seguimiento al caso”, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores en la información enviada a este medio.

El 8 de octubre del año pasado los camineros Joel Pineda y Luis Díaz fueron secuestrados en Haití. El 22 de septiembre ocurrió el rapto del también camionero Wilson Rodríguez. Los dominicanos fueron liberados el 15 de noviembre de 2021.

En noviembre fue secuestrado el corresponsal Alexander Gálvez, un periodista haitianodominicano, quien labora para el Grupo de Medios Telemicro.

Uno de los más recientes casos es el del diplomático Carlos Guillén Tatis, nombrado en noviembre de 2020 como consejero agrícola de la Embajada de la República Dominicana en la capital haitiana de Puerto Príncipe.

Guillén Tatis se trasladaba desde Puerto Príncipe hacia el municipio fronterizo dominicano de Jimaní, pero fue raptado el 29 de abril en la barriada Croix-des-Bouquets, zona controlada por la banda 400 Mawoso.

Cuatro días después, Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, informó sobre la liberación de Guillén Tatis “sano y salvo”.

Un poco más de una semana después del secuestro del diplomático dominicano, se produjo el secuestro de un autobús de la compañía Metro Servicios Turísticos. El vehículo salió del territorio dominicano  alrededor de las 4:00 de la tarde con 17 pasajeros a bordo: ocho haitianos, ocho turcos, más el chofer quien es dominicano.

El conductor Martín Castro fue puesto en libertad tras seis días en cautiverio. Fue llevado a la Embajada dominicana en Puerto Príncipe para recibir las atenciones médicas de lugar.

Las bandas armadas en Haití secuestraron a 225 personas entre enero y marzo , según un informe del Centro de Análisis y de Investigación en Derechos Humanos (CARDH, por sus siglas en francés).

La cifra supone un aumento del 58.45 % con respecto al primer trimestre de 2021. Este aumento, según la ONG, se relaciona con la inestabilidad política en el país.

En medio de la calle o en las redes sociales, un pedido se vuelve recurrente: busco trabajo. Maura Mayta es madre soltera y cada día se instala en la esquina de una concurrida calle de Cochabamba para ofrecer sus servicios de limpieza. “Yo trabajo eventual, por día tengo que conseguir mi ganancia y a veces no hay. Quisiera tener un ingreso mensual, un trabajo fijo, aunque sea medio tiempo”, dice mientras espera a que alguien la contrate al menos por esa jornada.

Pero eso no solo les sucede a personas sin estudios superiores. En Twitter, por ejemplo, cada día profesionales de diversas áreas aprovechan sus 280 caracteres para tratar de vender sus habilidades, en busca de oportunidades en un mundo virtual de desconocidos.

Aunque las previsiones en Latinoamérica apuntan a que el desempleo se reduciría a 9,3% este año frente al 10% de 2021, el panorama aún es desalentador e incierto para miles de personas que cargan en sus espaldas el deterioro de la economía y el lento avance de la reactivación del mercado de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sentencia que podríamos tardar hasta 2023 o 2024 para recuperar los niveles prepandemia. 

El profesor de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, Raúl Mercau, explica las implicaciones laborales de esta nueva etapa en la que en muchos países están levantando las medidas impuestas por la pandemia: “Para algunos trabajadores que pertenecen a sectores vulnerables, que tienen cierta edad  y no se recuperan es muy difícil su reconversión productiva, seguro van a tener una herida permanente y van a ser expulsados del mercado laboral sin poder reinsertarse al sistema. Ese grupo serían los desempleados crónicos”, dijo a CONNECTAS.

Según el informe Perspectivas sociales y del desempleo en el mundo 2022 de la OIT, este año habrá en el subcontinente 28,8 millones de desempleados y 27,6 millones en 2023. En 2019, el número se ubicaba en 24,3 millones.

La informalidad no es una salida

El trabajo de calidad se ha reducido considerablemente con los despidos masivos y los cierres de fábricas y empresas durante la crisis más fuerte de la pandemia. Eso deja la informalidad como una opción para muchos.

Al respecto la OIT dice que la fuerza laboral informal representa más de la mitad del total de personas empleadas en América Latina, y Bolivia tiene el mayor índice de informalidad de la región y uno de los más elevados a nivel mundial.

Ecuador, Perú y Colombia cuentan con más del 60% de su población ocupada en empleos asalariados informales. En el caso de México y Brasil, las mayores economías latinoamericanas, el porcentaje asciende a un 57% y a un 47%, respectivamente.

El panorama es diferente en Chile y Uruguay donde se tiene más empleo formal que informal, y ambos con una tasa de informalidad por debajo del 30%.

“Lo formal en Bolivia es la informalidad y eso significa que entre el 75 al 80% de la economía es informal. Es una cifra sumamente elevada de acuerdo a estándares internacionales”, dice Iván Velásquez, coordinador de proyectos de la fundación Konrad Adenauer en Bolivia y autor del estudio “Economía informal e informalidad en una sociedad multiétnica”, donde también ahonda en la incidencia de un “escenario de pobreza a nivel urbano y rural, altas tasas de desempleo, subempleo, desigualdad de género y trabajo precario, inseguro y mal pagado”.

Velásquez recalca que “la informalidad es el escape para poder generar ingresos de una manera más rápida porque las unidades económicas de este sector no buscan grandes sumas de dinero, sino la subsistencia del momento”.

Discurso populista “al rescate”

La recuperación depende de las medidas que asuman los gobiernos, pero en todo caso habrá diferencias marcadas y más desigualdad que conducirán a consecuencias a largo plazo.

En Colombia, por ejemplo, en medio de una intensa campaña electoral rumbo a las presidenciales, los sondeos señalan al empleo como la principal preocupación de los ciudadanos. Y en esta área el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien lidera las encuestas, plantea  la ‘Política de Empleo Garantizado’.

En esta propuesta pone en el centro al Estado para que actúe como empleador de última instancia, ofreciendo empleo con salario básico a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentren cómo hacerlo en el sector privado. El planteamiento parece reflejar una tendencia populista que podría tener fuertes consecuencias por sus costos elevados y su posible efecto sobre la productividad.

Por otro lado, en Argentina el presidente Alberto Fernández, que anunció esta semana su candidatura para la reelección, es elocuente con un discurso que vende la reactivación de la economía y va más allá: “Hemos recuperado el trabajo, pero tenemos que recuperar el salario, que entre 2015 y 2019 cayó, y eso demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza.”  Una idea tan general que no termina de asentar en la compleja realidad de ese país.

“Si bien es cierto que en Argentina se han ido recuperando puestos de trabajo y la tasa de desempleo es relativamente baja, estamos cerca de un 7% en el último cuatrimestre del año pasado, el problema es que mientras los precios van por ascensor los salarios van por las escaleras. Entonces, en esta carrera de precios y salarios verdaderamente el que más pérdidas tiene es el trabajador”, explicó a CONNECTAS el profesor Mercau.

Migrantes: la otra realidad

Pero esto es solo una pequeña parte de la inmensa problemática del desempleo. Una situación que afecta el tema de los migrantes.

Recientemente Estados Unidos y México, durante una reunión de antesala a la novena Cumbre de las Américas, se propusieron encarar los problemas estructurales de la migración a través de un plan conjunto de inversión y creación de empleo para Centroamérica.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la colaboración de México es vital para enfrentar lo que considera un “reto migratorio sin precedentes en todo el hemisferio”.  Según el  “Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022”, Estados Unidos ha sido el primer destino de los migrantes internacionales desde 1970.

Pero, para el economista mexicano Jimy Cruz, “los migrantes tienen que ir donde haya oportunidades laborales y la ola migratoria no se va a contener mientras exista el estímulo de la gran demanda laboral de una economía como la de Estados Unidos, que se reactivó mucho más rápido que en el resto de los países de Latinoamérica”.

El experto también hace referencia a la denominada “Gran Renuncia”, un fenómeno por el que una importante cantidad de trabajadores estadounidenses han dejado sus empleos desde el comienzo de la pandemia alcanzando un récord de 4,5 millones en noviembre de 2021, informó esta semana la Oficina de Estadísticas Laborales.

Este panorama se presenta entonces como una oportunidad para los inmigrantes que podrían resolver la escasez de mano de obra en Estados Unidos específicamente en los sectores salud, computación y matemáticas, limpieza y mantenimiento de edificios. Un estudio difundido por el American Immigration Council calcula que “para 2030 habrá en ese país unos 165 millones de puestos de trabajo, y casi la mitad, unos 80 millones, estarán vacantes debido a las jubilaciones, cambios de carrera o las personas que simplemente abandonan el mercado laboral”.

Pero, por supuesto, la solución al desempleo en América Latina no puede pasar por la migración masiva a Estados Unidos, ni esta sociedad está dispuesta a recibirla. La falta de trabajo es una realidad con la que nos topamos cada día y que se traduce en una economía más vulnerable, en un desarrollo más lento, y en países que no ofrecen las condiciones para vivir con dignidad y mejores oportunidades. Urgen verdaderas soluciones.

Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.

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