El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) construirá una casa a la joven madre María Guadalupe Espinosa García que vive con dos hijos en una destartalada casucha en el sector Flor de Liz de este municipio.
Luego de enterarse a través de Diario Libre de la situación de la mujer, el ministro Carlos Bonilla, autorizó un levantamiento de la vivienda para construirle una nueva.
De igual modo se coordina con el Plan Social de la Presidencia para amueblar la casa una vez esté construida, informó la directora de comunicaciones del Mived, Patricia Florentino.
“Nosotros vamos a hacer el levantamiento, a ver si se le puede construir la casa ahí mismo, en el terreno donde está viviendo, pero vamos a evaluar el caso, ya nosotros lo tenemos», expresó.
María Guadalupe Espinosa García acaba de cumplir 18 años, pero su rostro aparenta de más edad y es que la pobreza ha marcado su trayecto de vida, ha sido implacable con ella y ahora con sus dos pequeños de tres meses y dos años con los que convive en un tugurio, en una absoluta indigencia en la falda de una montaña en el barrio “Flor de Liz II”, en Villa Altagracia.
Es la reproducción de un círculo de la pobreza que se extiende desde su madre, abuela y que aparenta continuar con una cuarta generación: sus hijos. Quisiera romper la cadena, pero está consciente de que necesita ayuda para lograrlo. María vive en una casita de hojalata vieja con sus dos pequeños, Isaac, de tres meses, y Jazmín, de dos años. El piso es de tierra, no tiene muebles, solo dos sillas plásticas y aunque cuenta con una vieja estufa, cuando suele cocinar lo hace en un anafe; porque nunca tiene gas.
El empresario César Félix Ramos Ovalle pasó de ser uno de los imputados en el caso Coral y Coral 5G a convertirse en un colaborador determinante para el Ministerio Público probar su acusación en contra de la red corrupta, supuestamente orquestada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou.
El Ministerio Público establece que este empresario, quien es dueño de la Estación de Combustible La Marina (o Marinita), se asoció con el coronel Rafael Núñez de Aza, cerebro financiero de la red, y de esa forma logró ganar cuatro licitaciones fraudulentas para el suministro de combustible que nunca llegó a ser entregado.
El Ministerio Público dice que esto era parte de una fachada para lavar dinero de los fondos sustraídos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Devuelve fondos
César Félix Ramos Ovalle estableció que en total llegó a recibir 18 millones 400 mil pesos, de las licitaciones fraudulentas y el 2 de febrero de este año procedió a devolver el 100% de ese dinero mediante el cheque número 001228, del Banco Popular, sellando de esa forma un convenio con el Ministerio Público para ser dejado fuera de la acusación, como de hecho ocurrió.
Según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el señor César Félix Ramos Ovalle, también admitió los hechos y su participación en los mismos.
Establecen que este confesó a la Pepca que “mediante la empresa Estación de Servicios La Marina, S.R.L. le fue adjudicado un porcentaje de cuatro licitaciones del Cestur, en el periodo junio 2019 hasta abril del 2021 para contrato de suministro de combustibles”.
Además, le habría revelado a los investigadores el modo en que surgió su vínculo con el Cestur y el acusado Rafael Núñez de Aza. Dijo que fue mediante la analista de compras de la institución. Esta mujer supuestamente lo contactó comunicándole que para poder ganar una licitación en el Cestur tendría que conversar con ellos.
Esta mujer le apartó una cita con Rafael Núñez de Aza, donde este acusado le habría establecido que debía participar en el proceso de licitación en condiciones “normales”. Le dieron la garantía de que sería seleccionado y comenzarían a pagarle de manera parcial las facturas remitidas por la empresa de combustible La Marinita.
La trama consistía entonces en que, el Cestur le pagaría a La Marinita el dinero para suplir combustible. La empresa recibía el pago, pero no realizaba la entrega del combustible. Supuestamente el dinero era devuelto en cajas y fundas de regalo a Núñez de Aza a través de emisarios.
Los presuntos emisarios fueron identificados como Miguel Cancún Ramírez, David Abreu Padilla y Jacobo Horacio. Además, el empresario justificó que se vio compelido a aceptar la proposición de Rafael Núñez de Aza, porque de no hacerlo, no tendría posibilidad de ser beneficiado con la adjudicación.
De la confianza de Danilo
En su acusación la Pepca reitera y defiende la tesis de que la presunta red corrupta comenzó a estructurarse el 16 de agosto del 2012 con la llegada de Danilo Medina a la Presidencia de la República. Dice que fue esa la coyuntura aprovechada por personas de estrecha confianza del exmandatario para aumentar su influencia en las instituciones del Estado.
Señalan que Adán Benoni Cáceres Silvestre aprovechó la circunstancia y desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, supuestamente organizó un entramado societario y configuró una estructura criminal para distraer fondos del Estado.
Por otra parte señalan a Juan Carlos Torres Robiou, quien también habría aprovechado su cercanía con el presidente y su amistad con Adán Cáceres para replicar el modelo corrupto en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Pero además, la Pepca dice que las maniobras de Robiou llegaron a alcanzar al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Las anomalías en el CONANI se habrían producido durante la gestión de la esposa de Juan Carlos Torres Robiou.
La auditoría en Cusep
La investigación especial que solicitó la Pepca a la Cámara de Cuentas en el periodo agosto 2012 hasta agosto del 2020, en la gestión de Adán Cáceres en el Cusep, es utilizada como parte de la acusación.
Los investigadores de la Cámara de Cuentas entrevistaron a personas que aparecían en la nómina del Cusep y que estos manifestaron no ser empleados, y que nunca han prestado servicios en el Cusep. También confirmaron que a esas personas se les realizaba pagos mensuales y que debían transferirlos a militares. Había personas que figuraban en la nómina del Cusep, y también en la del Cestur.
¿Y la del Cestur?
En el Cestur también se realizó una investigación especial por parte de la Cámara de Cuentas, la cual es usada por la Pepca para corroborar las indagatorias que realizaron los investigadores del Ministerio Público.
Establecen que desde el 1 de enero del 2010 al 31 de mayo del 2021 (Gestión de Torres Robiou) y con Rafael Núñez de Aza como financiero de la institución, se realizaron decenas de irregularidades en manejo de fondos.
Indican que desde enero de 2014 a mayo de 2021, de una muestra de 331 personas, identificaron 226 que no poseen registros en los archivos físicos ni digitales en Recursos Humanos del Cestur. Sin embargo, durante el tiempo en cuestión se les pagó 175 millones 507 mil 353 pesos que iban a los bolsillos de los miembros del entramado.
Entramado societario
La Procuraduría dice que los miembros de la red y sus empresas incurrieron en lavado de activos e incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado dominicano.
La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
El Ministerio Público comprobó que muchas de las empresas que recibieron grandes sumas de dinero no tenían una dirección real, pues visitaron los lugares en los que debían estar y encontraron que se trataba de una farsa de los miembros de la red.
Yanibet Rivas, la jueza apoderada del caso Coral
La magistrada Yanibet Rivas fue apoderada recientemente para conocer el juicio preliminar del caso de corrupción Operación Coral y Coral 5G. Es una jueza con mucha experiencia manejando casos de alto perfil. Actualmente se desempeña como titular del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y ha instruidos casos de relevancia pública, tanto como jueza control de investigación, así como jueza de la fase intermedia y audiencia preliminar. Estuvo en casos como Operación Antipulpo, fue jueza control de la investigación; estuvo en el caso Tucano; caso Inversia (Delitos Financieros); caso Maconi (relacionado con narcotráfico ); caso de corrupción en la OMSA; caso Argenis Contreras, entre muchos otros. Su hoja de vida establece que es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Su carrera judicial inicio en el año 2014. Es docentes en varias universidades nacionales.
Fue restablecido el servicio de agua potable que durante cinco días afectó a residentes en más de 60 sectores del Distrito Nacional por la rotura de una de las tuberías del sistema Valdesia Santo Domingo en Los Ríos por parte de una empresa privada no autorizada.
El pasado jueves en la madrugada fue colocada una pieza especial que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(Caasd) mandó a hacer para corregir la avería que consistía en un hoyo de unas ocho pulgadas en unos de los tubos de 67 pulgada de diámetro.
Moradores de Los Ríos, Cristo Rey, Las 800, Villa Juana, Villa, Gualey, Ensanche Espaillat y otros informaron que el servicio está llegando como de costumbre, los días y horas establecidos.
Explicaron que desde el pasado jueves están recibiendo el líquido, que al principio el agua estaba llegando con poca presión, pero que luego se normalizó y ya están como antes de la avería, que fue el pasado domingo 8.
El lugar intervenido fue tapado con tierra, pero falta reasfaltar el tramo para restablecer el tránsito debido a que se continúa utilizando un solo carril.
Hasta ahora la Caasd no ha identificado a la empresa que causó la avería ni informa del costo que tuvo la corrección de la misma.
Desde el 31 de mayo de 2014, hace casi ocho años, el Sistema 9-1-1 funge como ente coordinador en la gestión y asignación de ayuda a los dominicanos en casos de emergencia.
Las agencias que forman parte de la asistencia brindada por el Sistema 9-1-1 son la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), los Cuerpos de Bomberos, la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Dirección General de Urgencias, Emergencias y Desastres de Salud Pública, que integra al Servicio Nacional de Salud (SNS), todos bajo la sombrilla de este número único para canalizar las llamadas.
De acuerdo a la información compartida por el Departamento de Prensa de la institución, entre enero y diciembre del año 2021, el Sistema 9-1-1 recibió un total de 4,575,243 llamadas, de las cuales 2,740,841 fueron no productivas, es decir, el 59.9 % del total.
Durante ese período se gestionaron 709,045 emergencias, un promedio diario de 1,942 reportes atendidos.
Las horas más activas son de 7:00 a 11:00 de la noche, espacio donde se reciben más llamadas.
La institución aclara que “se consideran llamadas no productivas aquellas donde el usuario no tuvo la intensión de reportar una emergencia real, llamadas de broma o número equivocado”.
Para este 2022, el panorama se vislumbra igual. En los primeros cuatro meses de este año, el 9-1-1 ha recibido 1,450,572 llamadas, de las cuales, 957,967 (el 66 %) han sido llamadas molestosas.
Todo esto a pesar de que la Ley 184-17 dice que las personas que reporten una falsa emergencia podrían ser sancionadas con prisión de tres a seis meses y multa de cuatro a diez salarios mínimos.
En cuanto a las emergencias, se han atendido 209,815 casos de enero a abril de 2022, siendo accidentes de tránsito la causa más recurrente, seguido de episodios de violencia doméstica, dificultad respiratoria, emergencia obstétrica y dolor abdominal.
La entidad dirigida por el coronel piloto, Randolfo Rijo Gómez (ERD) cuenta con dos sedes físicas, una en Santo Domingo y otra en Santiago, pero brinda servicio a 25 provincias, siendo las últimas inclusiones Valverde, El Seibo, Hato Mayor y San José de Ocoa.
Las provincias donde se reportan más emergencias son: Santo Domingo (un 30 % de los casos); Santiago (13 %); Distrito Nacional (12.5 %); San Cristóbal, Puerto Plata y La Altagracia (con un 4 % respectivamente).
¿Cómo es el proceso?
El Sistema 9-1-1 únicamente necesita conocer dos informaciones para despacho de unidades ante situaciones de emergencias: cuál es su emergencia y dónde está ubicada.
Una vez el operador crea el caso (le toma 120 segundos) y lo encausa al despachador, este último verifica la unidad disponible más cercana para asistir al evento crítico.
Los tiempos de respuesta oscilan entre 14 y 22 minutos en el casco urbano.
La Policía Nacional es asignada a más del 96% de las emergencias. Las unidades policiales son enviadas de manera simultánea para proveer protección al personal que asiste a dar respuesta a las emergencias de las demás instituciones.
La institución aclara que los vehículos que atienden las emergencias son operados por las instituciones de respuesta: Policía Nacional, Bomberos, Servicio Nacional de Salud (SNS)
Quejas por lentitud
En las últimas semanas se han reproducido las quejas por la lentitud en el servicio del 9-1-1.
Cabe recordar que, en el incendio en el Canal del Sol, ocurrido el pasado 26 de abril, donde fruto del mismo tres personas perdieron la vida, los residentes del área dijeron que la asistencia tardó demasiado.
Otro caso es el del joven Delvis Hernández, camarógrafo de Noticias SIN, quien perdió la oreja grabando un conflicto con choferes en El Café de Herrera. Este debió ser trasladado a un centro de salud por sus compañeros de trabajo porque la ambulancia nunca llegó.
El ciudadano chino que fue apuñaleado en la Ferretería Z&C fue trasladado en un vehículo privado al entender que llegarían más rápido al centro de salud.
El 9-1-1 dice que gracias a un plan piloto que se replicará de manera paulatina en otras comunidades del territorio nacional, utilizando tecnología inteligente y softwares, se ha logrado reducir el tiempo de respuesta en Santo Domingo, específicamente el Distrito Nacional.
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Parques de zonas francas dominicanos despiertan interés de inversionistas turcos, coreanos, entre otras nacionalidades para instalar sus empresas multinacionales de ensamblaje y producción en el país, gracias al remozamiento y reapertura de espacios que estaban cerrados. El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) tiene 264 solicitudes nuevas de delegaciones internacionales para instalarse.
“Antes aquí se importaba todo, hasta los papelitos bonitos”. Con este planteamiento el director de Proindustria, Ulises Rodríguez, destaca la reactivación de los parques de zonas francas. “Varias delegaciones (de inversionistas internacionales) están visitando los parques con los que estamos conversando sobre las políticas para su instalación, hay otros (inversionistas) que se fueron y ya van a volver”, dijo.
Rodríguez explicó que fruto de un análisis que ellos hicieron (los inversionistas) donde toman en cuenta el clima de inversión, la estabilidad política y económica, y también la seguridad jurídica, determinaron que el mejor destino para invertir en zonas francas es República Dominicana.
“Estamos discutiendo las condiciones para instalarse porque ellos lo que buscan es la infraestructura por la que pagan un alquiler” y desde Proindustria realizamos las gestiones para garantizarles un lugar favorable para el tipo de actividad que realizaran, sostuvo.
«Hemos tenido una recuperación interesantísima en lo que tiene que ver con la economía, el empleo, la producción y mejora de la competitividad.»Ulises RodríguezDirector del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria).“
Durante una entrevista en el Diálogo Libre que realiza Grupo Diario Libre, Rodríguez expresó que los ingresos por alquiler de naves aumentaron. “Anteriormente recibíamos 27 millones de pesos por concepto de alquiler de las naves, pero en la actualidad el ingreso promedio es de 43 millones de pesos mensualmente, sin construir naves nuevas”.
“Nosotros tenemos, en la actualidad, 434 naves industriales en todo el país” que están generando un 59 % más de ingresos económicos al Gobierno, 16 millones más de lo que se recaudaba antes, gracias a la reapertura de parques que estaban cerrados “desde hace mucho tiempo” y al remozamiento de los que estaban deteriorados, explicó.
El aumento en las recaudaciones mensuales se debe al programa de remozamiento que estructuró la institución gubernamental con la que han recuperado 39 naves que no estaban habilitadas, lo que impacta la creación de empleos en este sector productivo.
El director de Proindustria indicó que esperan recuperar los 163,000 empleos que habían antes de la pandemia del COVID-19 con la expectativa de llegar a 200,000 a finales de este año. Además, dijo que los demás parques privados también están recibiendo grandes solicitudes, lo que contribuye a generar más puestos laborales.
Al preguntarle sobre la diversificación de las zonas francas y los productos que se preparan en estas instalaciones, dijo que esa evolución ha permitido que muchos productos internacionales y nacionales se fabriquen en el país para exportación y, en algunos casos para consumo local, como preparación de tabacos, joyas, dispositivos médicos y electrónicos, ropa y hasta ensamblaje de vehículos.
Consideró que la innovación aumenta la inversión extranjera y, por lo tanto, el aumento de empleos. Sin embargo, expresa atención a lo que trae consigo la diversificación como la automatización de procesos y tecnificación que pondrían en riesgo algunos empleos.
«No hay forma de generar empleos masivos que no sea a través de zonas francas. Buscamos que las empresas aprovechen los incentivos que hay en el país para que se instalen.»Ulises RodríguezDirector del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria).“
Informó que las naves de zonas francas tradicionales tienen en promedio de 400 a 500 personas trabajando y ahora “se enfrentan al dilema de tener 170 personas por nave. Ese monto baja más de la mitad por el tema de diversificación de las zonas francas y porque el proceso de la tecnología reduce la mano de obra manual”.
Rodríguez añadió que “es un tema que preocupa a la gente porque podrían desaparecer algunas plazas laborales”, pero, evalúa como positivo el avance de la automatización porque impulsa a que las personas se especialicen y dignifiquen sus ingresos salariales.
En ese sentido, argumentó que las empresas que mejor pagan son las que tienen producción de dispositivos médicos, envolturas de cigarros, calls centers (centros de llamadas), entre otras modalidades de plataformas de servicios en las que el promedio mínimo es de 30,000 pesos al mes. “Eso está por encima del salario mínimo”, comentó.
Además, manifestó que los salarios son mejores que antes y que ahora hay otros incentivos que pueden mejorar la calidad de vida de los trabajadores como, la integración de estancias infantiles para las madres solteras.
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