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La República Dominicana registró la llegada de 626,010 turistas el pasado abril, lo que supone una cifra récord para este mes, con un crecimiento del 7 % con respecto a abril de 2019, informó este martes el Ministerio de Turismo. En el primer cuatrimestre, se acumula un descenso del 4.8 % en la llegada de […]
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La procuradora general, Miriam Germán Brito, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para que coordine con las fiscalías competentes las investigaciones de los casos de ciudadanos que han perdido la vida después de estar retenidos en cuarteles policiales. Durante una reunión de trabajo con la titular de la Dirección General de […]
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El Ejército de la República Dominicana desplegó este martes un contingente militar en la frontera con Haití a raíz del secuestro del consejero agrícola de su embajada en Puerto Príncipe, Carlos Guillén Tatis, capturado el viernes por una banda armada en el país vecino.
El refuerzo de la frontera se desarrolla «a fin de contrarrestar cualquier tipo de situación que se pueda avecinar», dijo el comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, coronel Faustino Almonte, en declaraciones a la prensa en Dajabón, paso fronterizo más septentrional entre ambos países.
Ni el Ministerio de Defensa ni el Ejército han precisado el número de militares que han sido desplegados en la frontera.
El pasado domingo, el Gobierno de República Dominicana informó del secuestro de su diplomático y solicitó a Haití dar inicio a una «inmediata investigación», para contribuir a su liberación «sano y salvo».
Guillén fue raptado en el área de Croix-des-Bouquets, zona controlada por la banda armada 400 Mawozo, cuando se dirigía por tierra al municipio dominicano de Jimaní, punto fronterizo más cercano a Puerto Príncipe.
Las bandas armadas que luchan por el control de territorios Puerto Príncipe perpetran secuestros indiscriminados para financiar sus actividades, en pleno recrudecimiento de la violencia en el país.
Desde mediados de abril, las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan se están disputando el control de varias barriadas en el norte de la capital, enfrentamientos que han causado la muerte de al menos 20 civiles y el desplazamiento de cientos de personas.
En febrero pasado, el presidente dominicano, Luis Abinader, inauguró las obras de una verja fronteriza «inteligente», que pretende cubrir cerca de la mitad de los 400 kilómetros entre ambos países.
La verja pretende regular los flujos transfronterizos comerciales y migratorios, enfrentar el contrabando, el tráfico de estupefacientes y garantizar la seguridad.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), tiene hasta este miércoles a la 1:05 de la tarde para depositar la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres y los demás implicados en el caso Coral.
Esto, tras la intimación que hiciera el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ya que la Pepca había dejado vencer el plazo de dos meses que le habían otorgado para completar la investigación.
De no presentar acto inclusivo en el tiempo establecido por el tribunal, los representantes de la Pepca correrían el riego de que la acción penal sea declarada extinguida, como lo establece el Código Procesal Penal.
“Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez en los cinco días siguientes, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de quince días. Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal”, dice el artículo 151 de Código Procesal Penal.
Los representantes del Ministerio Público han dicho que depositarán en el tiempo establecido. Justifican que la magnitud y calidad de la investigación requiere de tiempo, pero que presentarán una acusación contundente en la que incluirán a todos los involucrados que participaron en el entramado corrupto.
Las investigaciones de la Pepca establecen que Adán Cáceres se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político para crear una presunta red corrupta para distraer fondos públicos a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), institución que dirigía.
Por estos actos de corrupción fueron sometidos el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
La red supuestamente se extendió hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). De acuerdo con la Pepca, en estas instituciones se incluían en la nómina a militares y policías que se prestaron para hacer desfalcos millonarios a cambio de pequeños montos de ganancia.
Supuestamente, la red utilizó instituciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro para lavar dinero sustraído del erario público. Dicen que los imputados llegaron a aumentar considerablemente su patrimonio de manera que no podían justificar.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), tiene hasta este miércoles a la 1:05 de la tarde para depositar la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres y los demás implicados en el caso Coral.
Esto, tras la intimación que hiciera el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ya que la Pepca había dejado vencer el plazo de dos meses que le habían otorgado para completar la investigación.
De no presentar acto inclusivo en el tiempo establecido por el tribunal, los representantes de la Pepca correrían el riego de que la acción penal sea declarada extinguida, como lo establece el Código Procesal Penal.
“Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez en los cinco días siguientes, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de quince días. Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal”, dice el artículo 151 de Código Procesal Penal.
Los representantes del Ministerio Público han dicho que depositarán en el tiempo establecido. Justifican que la magnitud y calidad de la investigación requiere de tiempo, pero que presentarán una acusación contundente en la que incluirán a todos los involucrados que participaron en el entramado corrupto.
Las investigaciones de la Pepca establecen que Adán Cáceres se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político para crear una presunta red corrupta para distraer fondos públicos a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), institución que dirigía.
Por estos actos de corrupción fueron sometidos el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
La red supuestamente se extendió hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). De acuerdo con la Pepca, en estas instituciones se incluían en la nómina a militares y policías que se prestaron para hacer desfalcos millonarios a cambio de pequeños montos de ganancia.
Supuestamente, la red utilizó instituciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro para lavar dinero sustraído del erario público. Dicen que los imputados llegaron a aumentar considerablemente su patrimonio de manera que no podían justificar.
Los jueces que integran el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago enviaron a juicio de fondo al doctor Lenin Quezada Fernández, acusado de actos de tortura, barbarie y abuso sexual.
El tribunal aceptó como buenas y válidas las pruebas que el Ministerio Público presentó en contra del galeno, exalcalde del municipio de Licey al Medio, en la provincia Santiago.
Según la acusación, Quezada Fernández abusaba de sus pacientes mientras estaban bajos los efectos de anestesia.
El imputado es señalado de incurrir en los tipos penales descritos en los artículos 303 y 303-4, 309-1 y 309-03, letra H, así como 330 y 331 del Código Penal Dominicano.
Durante la audiencia, también le fue ratificada la medida de coerción consistente en prisión preventiva al ex alcalde de Licey al Medio por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Quezada Fernández cumpla la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de Santiago.
Cuando el doctor fue apresado, en febrero del 2021, eran dos las acusadoras. En el transcurso de la investigación una de las querellantes retiró la acusación.
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este martes que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento de 6.4 % en marzo del presente año, lo cual, unido a las variaciones de 6.3 % en enero y de 5.8 % en febrero resultan en una expansión interanual de 6.1 % durante el primer trimestre del 2022.
La inflación acumulada durante los primeros tres meses del año alcanzó 2.80 %, mientras que la inflación interanual se ubicó en 9.05 % al cierre de marzo.
De acuerdo a un comunicado, este desempeño es un reflejo de resiliencia de la economía dominicana para enfrentar los efectos adversos del entorno internacional sobre la demanda agregada doméstica.
Indica que los resultados de los primeros meses del año se encuentran en línea con las proyecciones recientemente divulgadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se prevé un crecimiento de 5.5 % para la República Dominicana en 2022, posicionándola como la tercera de mayor incremento al cierre del año.
Asimismo, los modelos de pronósticos del Banco Central de la República Dominicana proyectan una expansión del producto interno bruto (PIB) real cercana a su potencial de 5.0 %-5.5 % para el cierre del presente año, conforme se mitiguen los riesgos derivados del conflicto geopolítico y la pandemia del COVID-19, que a su vez puedan aminorar las presiones latentes sobre la oferta agregada.
Entre las actividades económicas que tuvieron mayor incidencia en el dinamismo de enero-marzo de 2022 se encuentran: hoteles, bares y restaurantes (39.3 %), otras actividades de servicios (11.0 %), transporte (8.8 %), comunicaciones (8.2 %), comercio (7.8 %), energía y agua (7.5 %), salud (7.3 %), administración pública (7.4 %), manufactura de zonas francas (6.8 %) y construcción (6.3 %), entre otras.
La actividad hoteles, bares y restaurantes exhibió un aumento interanual promedio de 39.3 % en términos de valor agregado real, aportando alrededor de dos puntos porcentuales al resultado del IMAE en enero-marzo de 2022.
El dinamismo del sector se sustenta en la demanda externa de los servicios turísticos que ofrece el país, reflejado en la llegada de 1,714,947 pasajeros no residentes durante el primer trimestre del año, equivalente a un crecimiento interanual de 139.2 %, principalmente provenientes de los Estados Unidos.
La tasa de ocupación hotelera promedio se encontraba por encima de 70 % a marzo. Este comportamiento se mantuvo en abril, de acuerdo a los datos preliminares ofrecidos por el ministro de Turismo, los cuales indican que llegaron al país 626,010 turistas, para un crecimiento de 91 % con respecto a abril de 2021.
«Para lograr estos resultados han sido cruciales los esfuerzos del Gobierno dominicano en apoyar la reactivación del sector, encabezados por el Gabinete de Turismo que lidera el presidente de la República, Luis Abinader, mediante la implementación de estrategias para captar pasajeros de mercados con potencial de crecimiento y garantizar la estabilidad del turismo dominicano ante cambios en los patrones globales de consumo y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania», dice el Banco Central.
Asimismo, la recuperación del turismo se ha beneficiado de la mejoría significativa de la situación sanitaria relacionada con el COVID-19.
El ministro de Turismo, David Collado, calificó este martes como un hecho aislado la muerte violenta en Casa de Campo, La Romana, de un ejecutivo extranjero de una zona franca.
“Esto es un tema privado…, es un caso aislado y es lamentable, pero es un tema pasional”, expresó el ministro.
Collado lamentó el fallecimiento del empresario Jefrey Richard Mcmahon, quien murió a causa de herida de arma blanca y golpes en la cabeza, según había reportado la Policía Nacional el pasado lunes.
El funcionario se pronunció con pocas palabras tras ser cuestionado por la prensa durante la presentación del informe mensual de actividad turística en abril en el país.
El lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de Mcmahon con signos de violencia en un complejo en la referida zona turística.
Con respecto al hecho, la Policía informó que profundiza las investigaciones para capturar al autor del crimen, quien habría entrado con la víctima al complejo de Casa de Campo.
El relato del suceso, según el informe preliminar del cuerpo del orden, indica que el victimario salió en el vehículo del occiso, rompiendo la barra de seguridad al salir.
El cuerpo de la víctima, quien era ejecutivo de una empresa tabacalera en La Romana, fue enviado a la regional Este del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en la ciudad de San Pedro de Macorís.
Mejora lentamente el tránsito por la carretera de Manoguayabo donde una compañía contratista, del Ministerio de Obras Públicas, trabaja desde diciembre del año pasado en un tramo de unos dos kilómetros.
Los trabajos se realizan desde Operaciones Especiales hasta la carretera de Hato Nuevo, pero según moradores y usuarios, los trabajos siguen lentos.
El tramo comprendido en el cruce de la carretera de Manoguayabo y Cordillera o carretera Principal de La Ciénaga, sigue crítico con charcos, pero el resto fue acondicionado con tierra para proceder a quemarla.
Las aceras y contenes fueron consumidos y todavía se trabaja en la construcción del sistema de alcantarillado con sus respetivos registros e imbornales para canalizar las aguas pluviales de la zona.
Cuando llueve el lugar se convierte en un lodazal que pone en peligro a los conductores, que muchas veces se deslizan por la vía. Con frecuencia se producen entaponamientos de vehículo debido a que tienen que transitar con lentitud por los tramos en malas condiciones, como el cercano al puentecito de la localidad.
En la vía, el Estado invierte más de 280 millones de pesos. Comerciantes de la zona han denunciado en varias ocasiones que muchos de sus negocios se han ido a la quiebra debido a que los trabajos han dificultado el tránsito de vehículos. Durante varios meses los vehículos fueron prohibido de circular por el lugar.
Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas asfaltó la principal parte de la carretera La Cordillera o de La Ciénaga, una demanda de muchos años de los moradores de la zona. Falta un pequeño tramo de menos de 10 metros en la parte de La Ciénaga.
Los trabajos fueron completados hasta el sector Bella Colina y de ahí en adelante la situación es crítica, principalmente poco antes donde la vía se empalma con la carretera de Manoguayabo, detrás de Operaciones Especiales de la Policía.
En ambas carreteras el gobierno invierte alrededor de 400 millones de pesos y se beneficiará a miles de pobladores de varios barrios y residenciales de la zona.
Durante varias horas fueron mantenidos como rehenes por internos el subdirector de seguridad y el agente encargado del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, La Vega.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) aseguró que Víctor José Acero Vicente, subdirector de seguridad del centro y el agente encargado Yancarlo Salvador Carvajal, fueron liberados sanos y salvos tras el rapto.
El reporte preliminar establece que ambos fueron emboscados y raptados a las 10:30 de la mañana y liberados cerca de la 1:00 de la tarde.
El informe agrega que los raptores, siete internos del módulo 5 del CCR El Pinito, exigían su traslado a un recinto no reformado.
Los privados de libertad involucrados en el hecho de los agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) cumplen medidas de coerción por distintos delitos mientras uno está condenado a 20 años de prisión.
El Ministerio Público de La Vega inició una investigación y presentará cargos por secuestro contra todos los involucrados.
