A cuatro días de la desaparición del agregado agrícola y comercial de la Embajada de República Dominicana en Haití, Carlos Guillén Tatis, las autoridades no han dado con el paradero del diplomático.
De acuerdo a un comunicado entregado por el embajador dominicano Faruk Miguel Castillo a la Cancillería de Haití, Guillén Tatis habría sido secuestrado en el área de Croix des Bouquets, el pasado viernes 29 de abril, alrededor del mediodía mientras conducía en dirección a Jimaní.
La Embajada Dominicana en Haití solicitó a la Cancillería haitiana que las autoridades de ese país dispongan una inmediata investigación para la liberación ‘sano y salvo’ de Guillén, ya que detrás de su desaparición estaría la pandilla criminal “400 Mawozo” y quienes piden un rescate de 500 mil dólares por el diplomático.
Según el comunicado, Castillo informó que formuló la solicitud de investigación cumpliendo instrucciones del Gobierno dominicano, impartidas por el canciller Roberto Álvarez, amparados en los artículos 25 y 26 de la Convención de Viena de 1961.
Guillén Tatis fue designado como agregado comercial en Haití mediante el decreto 657-20, firmado por el presidente Luis Abinader el 18 de noviembre de 2020.
El consejero tiene un hijo, David, quien reside en Nueva York. Este declaró a la prensa que su padre es insulinodependiente y necesita sus medicamentos para subsistir.
Bandas peligrosas
Por su parte, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), William Charpentier, dijo que estas bandas “ponen en jaque a la región” y advirtió que “las pocas autoridades que hay en Haití no tienen la capacidad para enfrentarlas”.
De acuerdo al Centro de Análisis y de Investigación en Derechos Humanos (Cardh, por sus siglas en francés), las bandas armadas secuestraron a 225 personas en Haití entre enero y marzo de 2022.
Esto supone un aumento del 58.45 % con respecto al primer trimestre de 2021, pero representa una mejoría de -44.31 %en relación al período octubre-diciembre de 2021.
La banda 400 Mawozo, opera en el este de Puerto Príncipe, donde frecuentemente se producen secuestros, robo de vehículos y extorsión a empresarios.
Esta pandilla, comandada por Wilson Joseph, también habría sido la responsable del secuestro en octubre de 2021 de 17 misioneros menonitas canadienses y estadounidenses.
Diario Libre intentó contactar a autoridades de la Cancillería pero no fue posible obtener declaraciones, ya que oficialmente el caso de Guillén no ha sido declarado como secuestro.
Tropas especiales del Ejército Nacional habrían sido enviadas en la tarde del lunes a la zona fronteriza.
El subsidio gubernamental a diversos sectores sociales del país como a los combustibles, programas de ayuda económica, financiamiento para las importaciones y, entre otras medidas, la venta de productos de la canasta básica a bajo costo pone en riesgo la estabilidad del Presupuesto Nacional, afectando las inversiones gubernamentales.
Para el economista y catedrático de la Universidad de Columbia, Xavier Sala-I-Martin, el respaldo económico que brinda el Gobierno a la ciudadanía es una solución momentánea que podría repercutir en una escala inflacionaria a largo plazo, lo que supone seguir enfrentando más alzas de los precios si el Banco Central (BC) no aumenta su Tasa de Política Monetaria (TPM).
“Si para ayudar a que la gente no pague los combustibles el Gobierno se tiene que endeudar, los está ayudando ahora, pero a la larga, si esto dura mucho, va tener un déficit, que al final generará todavía más inflación”, explicó Sala-I-Martin en una entrevista concedida a Diario Libre durante su estadía en el país para participar en varias charlas en materia económica.
Valoró como positivo el desempeño de las autoridades gubernamentales para enfrentar la crisis que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, agravada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, recomendó evaluar los tipos de interés monetarios para ir haciendo ajustes y evitar una desaceleración económica.
Al responder la pregunta de cómo se puede controlar la inflación para que el país continúe el ritmo de crecimiento, dijo que la única manera de enfrentar la inflación es subir los tipos de interés. “El grado de aumento de los tipos de interés no está determinado, pero cuanto más tarde el país en reajustar, más altas serán las tasas y más grande va ser la crisis”.
«El Banco Central podría empezar a actuar, pero cuidado con esto porque se va sufrir de un lado, ya que se va apreciar la moneda y esto puede ser peligroso para el país. Los turistas de EE.UU que están decididos a venir a República Dominicana analizan los costos y dicen: -No. Es demasiado caro, mejor me voy a México-.»Xavier Sala-I-MartinEconomista y catedrático de la Universidad de Columbia.“
Según el economista español, la estrategia se debe realizar en conjunto con otros países para evitar que se aprecie la moneda nacional y, por consiguiente, disminuyan las inversiones y el flujo de remesas que son parte del motor que impulsa la economía dominicana.
Detalló que si “República Dominicana sube los tipos de interés y los demás países no, entonces hay un movimiento de capitales. La gente compra activos dominicanos y, por lo tanto, esto aprecia la moneda dominicana y si la moneda es más cara, los productos que se compran con moneda americana son más caros”.
Lo que hay que hacer, opina, es una coordinación de todos los bancos centrales relevantes para que todos aumenten su tasa de política monetaria al mismo tiempo. Si no es así, el que lo hace primero sale perdiendo porque sufren los exportadores, los vendedores, los negocios asociados al turismo, los puertos y a su vez se acarrean otros efectos negativos.
Además de las consecuencias en el turismo y la caída de las remeses, Sala-I-Martin sostuvo que la sociedad estaría experimentando una variación en el costo de algunos artículos y servicios que elevarían el costo de la canasta familiar y afectaría la llegada de más inversionistas.
Una de las prioridades del Gobierno dominicano debe ser controlar la escala inflacionaria que se vive actualmente con mecanismos de políticas monetarias que le permitan al Estado no financiar de manera prolongada los sectores productivos y evitar una reforma fiscal que agudice la angustia económica de la población, según el planteamiento del economista.
Para el experto en economía, en un contexto en el que las personas requieren mayores ingresos para suplir sus necesidades ante el alza de los precios, pensar en aumento salarial no es la alternativa a los problemas generales del país.
Puntualizó que cualquier tema alejado de lo concerniente a la estabilidad de los precios y asociado a distribuir efectivo atenta contra la planificación de políticas públicas e inversiones.
Para evitar un sobreendeudamiento que afecte la capacidad de pago del Gobierno de la deuda pública, el experto recomienda analizar de manera holística el comportamiento de la oferta y demanda para lograr un ajuste en la política monetaria en beneficio de la estabilidad presupuestaria y económica del país.
Desde la amplia oficina que planea dividir para ganar espacio, el director nacional del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) asegura que la actual gestión está comprometida con lograr la Institucionalización de la que fue la obra que promovió la anterior primera dama Cándida Montilla.
Henry Rosa Polanco trae su experiencia en el ejercicio privado y como docente de la carrera de administración. Sentado debajo de la imagen del papa Francisco que adorna el salón, habla de las acciones que emprenden para mejorar la labor del CAID, un servicio que no llega a cubrir el 30 % de su demandada y que en los últimos dos años ha visto reducir drásticamente la cantidad de usuarios que entran a su plan terapéutico.
Con esa realidad, la actual gestión prevé cambiar su modelo de intervención terapéutica, apoyado en un personal que ya recibió aumentos salariales de hasta un 30 % y con la esperanza de que terminen el nuevo centro que se construye en Santo Domingo Este, una obra a la cual este año no se le asignó presupuesto, pese al gran impacto que tendría en la meta de ampliar el servicio y de que su edificio principal está avanzado en más de un 90 %.
“Se está haciendo un gran esfuerzo para que esto sea institucional y no dependa de la… que esto se vea desde la perspectiva y el enfoque de derecho y no de una condescendencia a los niños que se ve con pena… y por tanto, que esto se convierta en una institución transparente, diáfana, efectiva, que cada peso nosotros lo podamos contabilizar”, comenta.
Con esa visión busca romper con el modelo administrativo heredado, en el que -asegura- se manejaban las compras a discrecionalidad del Despacho de la Primera Dama, no había sistema de monitoreo para medir resultados, había exceso de personal administrativo y faltaba transparencia en el manejo de las informaciones.
Inaugurado en 2013, el CAID se define como un centro que “se dedica a la evaluación, diagnóstico y la rehabilitación de niños y niñas de cero a doce años con trastornos del espectro autista (TEA), parálisis cerebral (PC) y síndrome de Down”.
En su web postula que procura mejorar la calidad de vida de esos niños y de su red familiar y social, con un catálogo de 18 servicios y tres programas de intervención: entrenamiento a familias, habilidades sociales e intervenciones asistidas con animales.
Desde su creación y hasta el 2020, el CAID fue uno de los programas que ejecutó el Despacho de la Primera Dama, en la gestión 2012-2020, pero con la nueva administración del Gobierno, y la decisión de la actual primera dama Raquel Arbaje de no asumir el despacho, su administración fue transferida al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), mediante el Decreto 368-20, del 20 de agosto del 2020.
Luego con el Decreto 170-21, del 16 de marzo de 2021, se crea el CAID como “un órgano desconcentrado, tanto funcional como territorialmente”, adscrito al Ministerio de Salud Pública. También crea un Consejo Directivo para su dirección.
El centro tiene la misión de “garantizar servicios de calidad a las familias de menores condiciones económicas”, meta que se ve limitada en los últimos años por la incapacidad de atender toda la demanda de servicios.
Los tres centros que existen en la actualidad, en Santo Domingo Oeste, Santiago y San Juan de la Maguana, tienen un total de 1,176 usuarios en plan terapéutico, apenas el 28 % de un total de 4,216 que han solicitado ingreso.
Las quejas de familias que llevan hasta dos años en espera de un cupo para entrar a terapia abundan en redes sociales, en páginas web y entre personas consultadas por este medio.
Martha (nombre ficticio para proteger su identidad) tiene tres niños con autismo, incluyendo a dos gemelos de tres. En 2017 solicitó el ingreso para el mayor, que ahora tiene siete años, y fue en 2019 cuando le llamaron a una cita, gracias –dice ella– a un contacto. Sin embargo, luego que le llamaron, su niño no fue admitido por razones de edad, le explicaron.
Con la dificultad, decidió hacer el sacrificio económico de ir a un centro privado en el que paga 12,000 pesos semanales, por las dos sesiones a la semana que reciben sus tres hijos. Sabe que el CAID es más integral, pero ya no tiene ánimos de pasar a espera. Tampoco puede pedir los permisos de trabajo que implicaría asistir a las terapias en ese centro, puesto que el servicio coincide con el horario laboral.
Cada año es menor el número de los que alcanzan entrar a ese centro.
En un cuadro estadístico entregado a Diario Libre se observa que en 2016 fueron admitidos 299 niños y niñas, número que subió a 394 al 2017, pero desde entonces ha venido en declive. En 2018 los admitidos fueron 207, en 2019 bajó a 173, en 2020 a 54 y en 2021 a 32.
Por el contrario, los que están en espera de iniciar su plan terapéutico y los que están en proceso de evaluación van en aumento cada año.
Por ejemplo, de 1,019 niños y niñas en espera de iniciar terapia, 36 datan de 2016 y 103 de 2017. Otros 294 lo hacen desde 2019, un total de 208 de 2020 y 244 de 2021.
El año pasado es también del que más expedientes en evaluación existen, con 571 de un total de 962 que hay en ese estatus en el periodo de seis años.
Por entrar a terapia hay un total de 918 personas que no han logrado completar las pruebas requeridas para el ingreso, las que -Polanco admite- son “difíciles y costosas”.
Una de ellas es la cariotipo que cuesta varios miles de pesos, aún en centros públicos de salud. El hospital materno Nuestra Señora de la Altagracia la ofrece en su catálogo de servicios de laboratorio en 4,000 pesos, con tiempo de entrega de resultados de mes y medio.
El director nacional del CAID asegura que están retomando conversaciones y acuerdos en proceso, incluido uno interinstitucional con el Servicio Nacional de Salud (SNS), a fin de poder agilizar la red de referencia y que las familias puedan hacerse las analíticas al menor costo posible. También evalúan la posibilidad de que se pueda establecer a nivel público una clínica genética o que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ofrezca cobertura.
Cambio de modelo terapéutico
Con una entidad que trabaja al tope y con las largas filas de espera, Polanco manifiesta sus intenciones de cambiar el modelo de intervención actual, consistente en una terapia semanal por tiempo indefinido, hacia una más intensiva, con objetivos planteados y tiempo limitado y que integre a la familia para que pueda continuar las intervenciones en casa.
“El nuevo modelo lo que propone es que evaluemos al niño según su condición, si es grave, leve o moderada, evaluarlo de acuerdo a sus necesidades específicas… Trazarnos objetivos bien concretos en un tiempo determinado como cuatro meses, ocho meses e implementemos un diseño de intervenciones terapéuticas combinadas, multidisciplinarias de tal manera que pueda agregársele valor a ese niño, esa niña en su entorno familiar”.
Indica que, una vez cumplido el objetivo, el caso se revisa y se procede al egreso, dando de esta forma una mayor rotación de familias.
La madre de un niño de siete años que recibe atención en el CAID, pero que prefiere no identificarse, siente que la sola terapia a la semana que recibe su hijo no es suficiente para lograr su desarrollo. La mujer, que estudió psicología, decidió pagar una terapia complementaria en un centro privado para ampliar la estimulación del infante.
“Es que debería estar en otras terapias, pero es tan costoso”, lamenta. “Sería bueno trabajar con más terapias para complementar, aunque el Gobierno deberá pensar más que en las terapias, en aulas educativas para la docencia, (que funcione como escuela)”, añade.
Henry Rosa Polanco, director nacional del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). (NELSON PULIDO)
VIDEO
Sin presupuesto para terminar obra
Además de cambiar de modelo terapéutico, el director nacional del CAID dice que su gestión optimizará espacio dividiendo algunos salones y pone de ejemplo su propia oficina. Pero sin titubeos, exclama que la mejor opción es el centro que se levanta en Santo Domingo Este, cuya edificación principal la heredaron de la administración pasada con más de un 90 % de construcción y aún no logran terminarla.
La lentitud en la entrega de la obra motivó un descenso de una comisión de la Cámara de Diputados al lugar. Ysabel de la Cruz, presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de ese órgano legislativo, quien acudió junto a miembros de la Comisión de Desarrollo Humano, explica que la visita es para sensibilizar al presidente de la República, Luis Abinader, para que termine, por lo menos, el edificio principal.
“Estamos pidiendo que el Presidente termine esta obra que ya es tiempo, tiene un año y ocho meses esta administración y es un tema muy sensible para Santo Domingo Este, necesitamos que el centro esté funcionando”, expresa, al tiempo que le recuerda al mandatario que él tiene la facultad de buscar los recursos que necesita en otras partidas.
La falta de ese centro afecta a Juana Vega (nombre ficticio), madre de una niña de diez años que ha visto desmejorar las habilidades de su hija con síndrome de Down, luego de que parara las terapias en el CAID de Santo Domingo Oeste.
Las limitaciones económicas le dificultaron disponer siempre de los más de 200 pesos de pasajes que le cuesta moverse desde su casa, ubicada en el kilómetro 12 ½ de la Autopista las Américas, hasta la avenida Luperón, donde se ubica el centro en funcionamiento. A esto se suman las dificultades de recibir el servicio luego de que le cambiaron a la terapeuta de su niña, que ahora lleva más de cinco años sin recibir el servicio.
“Mi niña recibió un atraso, porque eso le estaba haciendo muy bien, porque con uno es más difícil que con su terapéutica. Entonces, eso le hizo mucho daño, pues ella hablaba, no sacaba la lengua, pero ella ya…”
“En realidad el centro si hace falta, porque hay muchas madres que tienen los niños y no le dan seguimiento por lo retirado que les queda, además del turno que tienen que hacer”, comenta Juana.
Vista de dos de las edificaciones que se levantan como complemento del CAID Santo Domingo Este. (EDDY VITTINI)
En tres meses… si hay dinero
El ingeniero Osiris Decena, director general de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, explica que la obra, en sentido general, está en 60 %, pero hay partes que están más avanzadas.
El proyecto del CAID Santo Domingo Este contempla un edificio principal para terapias, un edificio administrativo y otro que inicialmente sería para atención a familias, pero se modificó para que sirva como escuela laboral para adolescentes con síndrome de espectro autista.
“El edificio principal está en un 90 % a 95 %, el módulo A está en un 60 %”, dice señalando las edificaciones en que obreros trabajan en pintura, aunque en otros todavía se levanta la obra gris.
Su interés –dice– es poner en funcionamiento el edificio principal que está más avanzado, lo que puede lograr en tres meses, si cuentan con el presupuesto. Esa parte la recalca. Las demás obras quedarían para una segunda etapa.
“El proceso constructivo, para terminar esto, en términos reales es de unos tres a cuatro meses. Ahora bien, eso es en condiciones idóneas, hay algunas cosas que dependen de nosotros y hay otras que no. Por ejemplo, el que tengamos un presupuesto adecuado, eso no depende de nosotros”.
Explica que la obra tiene una asignación presupuestaria de un poquito más de 88 millones de pesos, pero que son insuficientes para concluir, pues requiere más de 400 millones de pesos. Solo el mobiliario especial que demanda el centro costaría unos 300 millones instalarlos.
Decena asegura que ese monto fue el que presentó al realizar en 2021 la planificación presupuestaria del 2022, pero no sabe qué pasó después, pues los recursos no fueron asignados.
De hecho, al revisar el presupuesto de este año, Obras Públicas no cuenta con ninguna asignación para el CAID.
En el presupuesto de 2020, cuando todavía la entidad era dirigida por el Despacho de la Primera Dama, Obras Públicas contó con dos partidas, una por 235.3 millones procedentes del fondo general del Tesoro, para la construcción de esa obra, más otros 13.1 millones por concepto de “Construcción de Cuatro (04) Centros de Atención Integral para Niños Discapacitados (CAID) (Coordinado con el Despacho de la Primera Dama)”.
Bajo ese mismo concepto, en el presupuesto de 2021 también se destinaron 270.4 millones al Ministerio, aunque esta vez con recursos externos.
En ambos años también se destinaron partidas de 5.2 millones a través de la Presidencia de la República para la construcción de un parque comunitario levantado a un extremo del centro, pero que en la actualidad se pierde entre maleza.
Decena reconoce que los recursos con los que trabajan actualmente en la obra no estaban en el presupuesto, sino que fue un movimiento interno para continuar unos trabajos que, asegura, nunca se han paralizado.
Explica que les ha tocado enfrentar situaciones adversas.
Ingeniero Osiris Decena, director general de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas. (EDDY VITTINI)
“Nos encontramos con contratistas descapitalizados. Pero había situaciones peores…teníamos, por ejemplo, partidas que no estaban en ningún contrato, pero ya estaban ejecutadas, y otras que estaban contratadas y no se ejecutaron y económicamente no teníamos la holgura para hacer esas modificaciones e incluir las nuevas”.
Esa situación, dice, les llevó a tener que hacer ajustes a los contratos originales que le tomaron tiempo, pues todo debe contar con la aprobación de la Contraloría General. Además, debieron resolver –afirma– el drenaje que se complicó, al levantar dos nuevas estructuras que se adicionaron al proyecto original.
También, trabajar en las instalaciones de agua, pues la edificación carecía, incluso, de tuberías. Suma también el tiempo que han dedicado a la revisión de los catálogos para elegir el mobiliario especial del centro.
“Eso es un trabajo arduo que se hizo cuando la gente visualizaba que se estaba trabajando poco”, resalta.
Más personal y mejor remunerado
Otro de los cambios que el director nacional del CAID, Henry Rosa Polanco, prevé para eficientizar el servicio es modificar el horario de labor de los terapeutas que actualmente trabajan ocho horas.
La idea es que hagan dos o tres turnos de cuatro horas y así poder captar a otros profesionales que, aunque quieren entrar, no lo hacen por no pasar todo el día en el CAID, sostiene.
Actualmente, en los tres centros del CAID laboran 390 personas, de las que 188 son parte del personal de salud, 156 del personal administrativo y 46 del área de seguridad. Todos consumen un monto en nómina de 16,714,943 pesos, de un presupuesto anual de 389.7 millones, asignado a través del Ministerio de Salud Pública.
Polanco, que entró a dirigir la entidad en agosto pasado, a requerimiento del sacerdote Jorge William Hernández, presidente del Consejo Directivo, asegura que tras su llegada tuvo que desvincular a por los menos ocho personas, pero que además contrató a otros, sobre todo del área de salud.
El personal también goza de un reajuste salarial que favoreció sobre todo a los terapeutas. Los que antes ganaban 60,000 al mes, pasaron a cobrar 78,000, según las informaciones suministradas.
El Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio “no es financieramente sostenible en el corto, mediano o largo plazo”, debido a que “no se cumple el requerimiento básico de un sistema de reparto: las contribuciones de los docentes activos no alcanzan para pagar los beneficios adquiridos por los docentes que se retiran”.
La observación la hace Acción Empresarial por la Educación (Educa), como resultado de una “Evaluación del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del magisterio: Recomendaciones de política pública para su sostenibilidad”.
Poco caso se hizo a esta investigación realizada por expertos que observaron que, si se mantiene la tendencia de incrementos salariales actuales y del número de docentes hasta 2030, el fondo de retiro no podrá hacer frente al pago de prestaciones más allá del 2045. Y, llegado 2038, cuando finaliza el periodo transitorio dispuesto por el reglamento, el Ministerio de Educación estaría destinando el 16 % de su presupuesto al pago de prestaciones y contribuciones previsionales.
De acuerdo a los datos contenidos en la indagación, varios factores amenazan la sostenibilidad financiera del programa y cita en primer lugar los aumentos salariales constantes desde el año 2013 al personal docente activo, incluyendo a docentes cercanos a la edad de retiro.
En segundo lugar aumentos en el monto de las pensiones de docentes ya retirados de sus funciones que, han incrementado significativamente la partida total de pensiones y jubilaciones en el mismo periodo.
En tercer lugar, el aumento en la esperanza de vida poblacional, la disminución de la edad promedio de los nuevos docentes del magisterio, y una normativa de jubilación que prioriza los años de servicio docente sobre la edad del afiliado, podrían resultar en una mayor carga financiera para el programa de pensiones y jubilaciones en el mediano y largo plazo.
Se cita además, el curso de acción que se tomó respecto al traspaso de los afiliados y de los fondos acumulados por los docentes, previo al inicio de las operaciones de Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima), crearon un desbalance financiero en el fondo desde sus inicios, comprometiendo aún más su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
Papel del Inabima
Fue creado mediante la Ley General de Educación 66-97, de abril de 1997, para el manejo de las pensiones y jubilaciones de los maestros del sistema público. Inició sus operaciones en 2006, pero no fue hasta 2008 cuando, mediante la ley 451-08 fue formalizado su rol de administrador.
En 2009, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ordena el traspaso de docentes y sus fondos al Inabima.
Anteriormente el Ministerio de Hacienda manejaba las pensiones y jubilaciones, hasta que en el 2001 los docentes fueron afiliados a las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero muchos se quedaron en el sistema anterior.
El pago de gran parte de las pensiones proviene del presupuesto del Minerd, ya que el patrimonio del Inabima, que se nutre de los aportes, está siendo capitalizado. De acuerdo al reglamento de la institución, durante 15 años el Estado asumirá el pago de las pensiones y jubilaciones, y el Inabima cubrirá las pensiones de sobrevivencia. En una segunda etapa, de 15 años también, el pago será compartido entre ambos, pero el Inabima aportará un máximo de 10 %.
¿Un sistema mal concebido?
Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, explica que el sistema jubilatorio de los docentes en la República Dominicana que corresponde al Inabima, tiene algunas características que a la luz de los análisis actuariales, realizado Educa con el apoyo de empresas especializadas en estos cálculos que tienen su complejidad, concluyen en demostrar que ese sistema no será sustentable.
“Las causales jubilatorias resultan muy asequibles pues un profesor se puede retirar, independientemente de su edad, si ha cumplido 15 años de servicio con el 60 % de su salario, esto es una situación compleja porque podríamos estar ante personas que ingresan muy jóvenes al sistema, digamos con 25 años y después de 15 años de servicios se pudiera estar retirando a los 40 años y este es un problema importante a la hora de solventar el sistema de pensiones”, expuso.
Caraballo indica que el programa demuestra no ser razonable, dado que la contribución de los docentes activos no es mayor a los beneficios de los docentes que se retiran.
“En las proyecciones actuariales se demuestra como en poco más de 25 años el peso relativo de las jubilaciones y pensiones dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Educación pasará de ese 5 % , como es actualmente a un 20 % o a un 16 % en un escenario más conservador, pero aun así estaríamos triplicando este esfuerzo lo cual por la magnitud que se corresponde sería muy difícil de financiar”, advirtió.
Sugiere Educa la posibilidad de que el sistema no estuvo bien diseñado desde el comienzo o de que no se ajustó a los cambios, en relación con el tamaño del cuerpo docente y el crecimiento de los salarios. Una posible solución que plantea, tomando como base la experiencia internacional, es incrementar la edad de retiro de los docentes.
Sugerencias planteadas
Los hallazgos del estudio realizado por Educa con el apoyo técnico y económico del Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES), del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; y de la AFP Popular del Grupo Popular Dominicano ponen en evidencia la necesidad de revisar el diseño actual del programa, y realizar las modificaciones necesarias para garantizar su sostenibilidad.
“Por un lado, se deben realizar estudios actuariales periódicos, que permitan realizar oportunamente ajustes al diseño del programa, respondiendo a los cambios del sistema educativo y el personal docente. Por otro lado, se debe diversificar las inversiones realizadas con el patrimonio del fondo, de forma que se obtenga una mayor rentabilidad. Hasta el momento ha habido una limitada diversificación de los instrumentos de inversión, que ha servido principalmente como un medio de financiamiento del déficit del sector público, y que pudiera ser riesgoso e improductivo”, señala el estudio en sus sugerencias.
En relación con el traspaso de la responsabilidad de los pagos al Inabima, se recomienda iniciar con la programación gradual del pago de las prestaciones con cargo al Programa, de forma que se aliviane la carga de estos compromisos dentro del presupuesto del Minerd.
Millones de pesos en cuatro planes de retiro
A través del Inabima se pagan las pensiones y jubilaciones, las jubilaciones por antigüedad en el servicio, la de los pensionados por discapacidad y las pensiones por sobrevivencia. De acuerdo a las memorias del Ministerio de Educación, al 30 de octubre de 2021 el Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones contaba con 21,288 jubilados y pensionados, para un monto mensual de RD$801,952,113.00. De este monto, RD$15,588,534.00 son pagados a través de una compañía aseguradora, en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley 87-01 y el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones del Inabima. El Programa Especial de Jubilación por Antigüedad en el Servicio actualmente está constituido por 16,912 docentes, de los cuales, el 68 % son mujeres y el 32 % hombres, para una nómina de RD$704,801,367.00 mensuales. La nómina de pensionados por discapacidad está compuesta por 4,376 pensionados, 77 % mujeres y 23 % hombres, para un total mensual de RD$97,150,746.00, de los cuales RD$16,396,837.00 son pagados a través de una compañía aseguradora. La nómina de pensionados por sobrevivencia la compone 2,197 beneficiarios, para un total mensual de RD$37,434,509.00, de los cuales RD$19,876,021.00 son pagados a través de una compañía aseguradora.
En menos de un mes tres hombres murieron en medio de extrañas circunstancias en distintos centros de salud donde recibían atenciones médicas luego de haber sido trasladados desde dotaciones de la Policía Nacional, donde se encontraban detenidos.
El caso más reciente es el de David de los Santos, detenido el pasado día 27 tras alegadamente haber protagonizado un incidente con una mujer en una plaza comercial y llevado al destacamento del Ensanche Naco. Murió el pasado domingo.
El acta de defunción entregada por el Ministerio de Salud Pública a los familiares del joven, de la que estos remitieron una imagen a Diario Libre, establece preliminarmente se trató de un homicidio y que el deceso fue causado por un trauma craneoencefálico.
Sobre los golpes sufridos por el profesor de Educación Física y empleado de un call center, que residía en Los Alcarrizos, la dotación policial había dicho que se los provocó la propia víctima en medio de una crisis nerviosa que hizo en la celda.
De los Santos fue llevado al destacamento Naco en el Distrito Nacional, desde donde el día 28 fue trasladado al hospital Francisco Moscoso Puello y posteriormente al hospital Darío Contreras, donde murió.
“Yo llamé y me comuniqué con el destacamento de Naco; ahí es donde me dicen que sí, que él estaba allá. Cuando mi mamá y yo vamos allá, nos dicen que está en el Moscoso Puello porque hizo una reacción en la que se estaba dando golpes, y aparte de eso se le subió la presión, pero que él estaba bien”, narró su hermana Sugeidy al enfatizar en que David nunca había hecho crisis de ese tipo.
Tras haber trascendido la muerte de David de los Santos, el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, dispuso la suspensión de todo el personal que estaba de servicio en el destacamento del Ensanche Naco la noche del 27 de abril, cuando fue llevado detenido.
“Fueron suspendidos todos y hay una investigación en curso. El director de la Policía reitera que no va a tolerar acciones que violenten la seguridad de los ciudadanos”, sostuvo el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira al ofrecer la información. “El director de la Policía reitera que no va a tolerar acciones que violenten la seguridad de los ciudadanos”, sostuvo.
Luis Abinader dice que se hará justicia
En la tarde de este lunes, día en que fue velado y sepultado el joven profesional, el presidente Luis Abinader aseguró a través de su cuenta oficial de Twitter que se hará justicia en este caso. “Como en otros casos, cuyos responsables están sometidos y encarcelados, le garantizo a la familia de David y a la sociedad dominicana que en mi gestión ningún caso de esa naturaleza quedará sin sanción, sin importar quién o quiénes sean los responsables”, se publicó en esta red social. En un tuit anterior, enlazado al ya citado, Abinader dijo que está consternado ante el fallecimiento de De los Santos.
Creen fue homicidio
El Ministerio Público informó que investiga como un homicidio la muerte de David de los Santos.
“Estamos abordando el caso como un homicidio por las múltiples lesiones contusas que presenta el cuerpo de la víctima, incluyendo lesiones por esposas en ambas muñecas”, indicó Kelvyn Colón, fiscal interino del Distrito Nacional, en un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República. Posteriormente la fiscal titular Rosalba Ramos dijo que asumirá la dirección de las investigaciones.
Otros dos casos en abril
La madrugada del 17 de abril una patrulla de la Policía Nacional detuvo a José Gregorio Custodio, de 38 años, en San José de Ocoa, que falleció el día siguiente por causas que permanecen bajo investigación. Su cuerpo presentaba golpes en distintas partes.
Al respecto los agentes de turno en el destacamento al que fue llevado Custodio, dijeron que este se había sentido mal, por lo que fue llevado al hospital provincial, donde se produjo el fallecimiento. Días después circuló en las redes el video del arresto en que se ve a los policías que lo detuvieron por presunta violencia de género lanzarlo al piso mientras se encontraba esposado, ponerle los pies en el cuello y patearlo antes de conducirlo al destacamento.
El cinco de abril se produjo la muerte del barbero Richard Báez, de 30 años, que días antes había sido detenido por miembros de la Policía Nacional en el distrito municipal Santiago Oeste, conducido hasta la dotación de la zona y luego trasladado hasta el hospital regional universitario José María Cabral y Báez, donde fue llevado por atenciones a causa de golpes que recibió.
Sobre las circunstancias en que Richard recibió los golpes hay versiones que indican que fue al momento de la detención y otras de que fue mientras se hallaba bajo custodia policial.
Pide investigar
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, calificó de preocupantes los casos de violencia ocurridos en las últimas dos semanas en los recintos policiales en San José de Ocoa y el Distrito Nacional, en los que dos ciudadanos han muerto.
Mientras el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños, dijo que estos hechos afectan la reforma que se realiza a la Policía. “Es urgente que se adopten respuestas contundentes ante estos hechos”, dijo el también coordinador de la reformal.
Instalarán cámaras
Tras los últimos escándalos la Policía Nacional, informó este lunes que instalará cámaras de seguridad en nuevos 100 destacamentos que se construirán, a fin de mantener el control de lo que acontece en esos recintos, que actualmente se encuentran en la mirilla pública.
Desde la amplia oficina que planea dividir para ganar espacio, el director nacional del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) asegura que la actual gestión está comprometida con lograr la Institucionalización de la que fue la obra que promovió la anterior primera dama Cándida Montilla.
Henry Rosa Polanco trae su experiencia en el ejercicio privado y como docente de la carrera de administración. Sentado debajo de la imagen del papa Francisco que adorna el salón, habla de las acciones que emprenden para mejorar la labor del CAID, un servicio que no llega a cubrir el 30 % de su demandada y que en los últimos dos años ha visto reducir drásticamente la cantidad de usuarios que entran a su plan terapéutico.
Con esa realidad, la actual gestión prevé cambiar su modelo de intervención terapéutica, apoyado en un personal que ya recibió aumentos salariales de hasta un 30 % y con la esperanza de que terminen el nuevo centro que se construye en Santo Domingo Este, una obra a la cual este año no se le asignó presupuesto, pese al gran impacto que tendría en la meta de ampliar el servicio y de que su edificio principal está avanzado en más de un 90 %.
“Se está haciendo un gran esfuerzo para que esto sea institucional y no dependa de la… que esto se vea desde la perspectiva y el enfoque de derecho y no de una condescendencia a los niños que se ve con pena… y por tanto, que esto se convierta en una institución transparente, diáfana, efectiva, que cada peso nosotros lo podamos contabilizar”, comenta.
Con esa visión busca romper con el modelo administrativo heredado, en el que -asegura- se manejaban las compras a discrecionalidad del Despacho de la Primera Dama, no había sistema de monitoreo para medir resultados, había exceso de personal administrativo y faltaba transparencia en el manejo de las informaciones.
Inaugurado en 2013, el CAID se define como un centro que “se dedica a la evaluación, diagnóstico y la rehabilitación de niños y niñas de cero a doce años con trastornos del espectro autista (TEA), parálisis cerebral (PC) y síndrome de Down”.
En su web postula que procura mejorar la calidad de vida de esos niños y de su red familiar y social, con un catálogo de 18 servicios y tres programas de intervención: entrenamiento a familias, habilidades sociales e intervenciones asistidas con animales.
Desde su creación y hasta el 2020, el CAID fue uno de los programas que ejecutó el Despacho de la Primera Dama, en la gestión 2012-2020, pero con la nueva administración del Gobierno, y la decisión de la actual primera dama Raquel Arbaje de no asumir el despacho, su administración fue transferida al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), mediante el Decreto 368-20, del 20 de agosto del 2020.
Luego con el Decreto 170-21, del 16 de marzo de 2021, se crea el CAID como “un órgano desconcentrado, tanto funcional como territorialmente”, adscrito al Ministerio de Salud Pública. También crea un Consejo Directivo para su dirección.
El centro tiene la misión de “garantizar servicios de calidad a las familias de menores condiciones económicas”, meta que se ve limitada en los últimos años por la incapacidad de atender toda la demanda de servicios.
Los tres centros que existen en la actualidad, en Santo Domingo Oeste, Santiago y San Juan de la Maguana, tienen un total de 1,176 usuarios en plan terapéutico, apenas el 28 % de un total de 4,216 que han solicitado ingreso.
Las quejas de familias que llevan hasta dos años en espera de un cupo para entrar a terapia abundan en redes sociales, en páginas web y entre personas consultadas por este medio.
Martha (nombre ficticio para proteger su identidad) tiene tres niños con autismo, incluyendo a dos gemelos de tres. En 2017 solicitó el ingreso para el mayor, que ahora tiene siete años, y fue en 2019 cuando le llamaron a una cita, gracias –dice ella– a un contacto. Sin embargo, luego que le llamaron, su niño no fue admitido por razones de edad, le explicaron.
Con la dificultad, decidió hacer el sacrificio económico de ir a un centro privado en el que paga 12,000 pesos semanales, por las dos sesiones a la semana que reciben sus tres hijos. Sabe que el CAID es más integral, pero ya no tiene ánimos de pasar a espera. Tampoco puede pedir los permisos de trabajo que implicaría asistir a las terapias en ese centro, puesto que el servicio coincide con el horario laboral.
Cada año es menor el número de los que alcanzan entrar a ese centro.
En un cuadro estadístico entregado a Diario Libre se observa que en 2016 fueron admitidos 299 niños y niñas, número que subió a 394 al 2017, pero desde entonces ha venido en declive. En 2018 los admitidos fueron 207, en 2019 bajó a 173, en 2020 a 54 y en 2021 a 32.
Por el contrario, los que están en espera de iniciar su plan terapéutico y los que están en proceso de evaluación van en aumento cada año.
Por ejemplo, de 1,019 niños y niñas en espera de iniciar terapia, 36 datan de 2016 y 103 de 2017. Otros 294 lo hacen desde 2019, un total de 208 de 2020 y 244 de 2021.
El año pasado es también del que más expedientes en evaluación existen, con 571 de un total de 962 que hay en ese estatus en el periodo de seis años.
Por entrar a terapia hay un total de 918 personas que no han logrado completar las pruebas requeridas para el ingreso, las que -Polanco admite- son “difíciles y costosas”.
Una de ellas es la cariotipo que cuesta varios miles de pesos, aún en centros públicos de salud. El hospital materno Nuestra Señora de la Altagracia la ofrece en su catálogo de servicios de laboratorio en 4,000 pesos, con tiempo de entrega de resultados de mes y medio.
El director nacional del CAID asegura que están retomando conversaciones y acuerdos en proceso, incluido uno interinstitucional con el Servicio Nacional de Salud (SNS), a fin de poder agilizar la red de referencia y que las familias puedan hacerse las analíticas al menor costo posible. También evalúan la posibilidad de que se pueda establecer a nivel público una clínica genética o que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ofrezca cobertura.
Cambio de modelo terapéutico
Con una entidad que trabaja al tope y con las largas filas de espera, Polanco manifiesta sus intenciones de cambiar el modelo de intervención actual, consistente en una terapia semanal por tiempo indefinido, hacia una más intensiva, con objetivos planteados y tiempo limitado y que integre a la familia para que pueda continuar las intervenciones en casa.
“El nuevo modelo lo que propone es que evaluemos al niño según su condición, si es grave, leve o moderada, evaluarlo de acuerdo a sus necesidades específicas… Trazarnos objetivos bien concretos en un tiempo determinado como cuatro meses, ocho meses e implementemos un diseño de intervenciones terapéuticas combinadas, multidisciplinarias de tal manera que pueda agregársele valor a ese niño, esa niña en su entorno familiar”.
Indica que, una vez cumplido el objetivo, el caso se revisa y se procede al egreso, dando de esta forma una mayor rotación de familias.
La madre de un niño de siete años que recibe atención en el CAID, pero que prefiere no identificarse, siente que la sola terapia a la semana que recibe su hijo no es suficiente para lograr su desarrollo. La mujer, que estudió psicología, decidió pagar una terapia complementaria en un centro privado para ampliar la estimulación del infante.
“Es que debería estar en otras terapias, pero es tan costoso”, lamenta. “Sería bueno trabajar con más terapias para complementar, aunque el Gobierno deberá pensar más que en las terapias, en aulas educativas para la docencia, (que funcione como escuela)”, añade.
Henry Rosa Polanco, director nacional del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). (NELSON PULIDO)
VIDEO
Sin presupuesto para terminar obra
Además de cambiar de modelo terapéutico, el director nacional del CAID dice que su gestión optimizará espacio dividiendo algunos salones y pone de ejemplo su propia oficina. Pero sin titubeos, exclama que la mejor opción es el centro que se levanta en Santo Domingo Este, cuya edificación principal la heredaron de la administración pasada con más de un 90 % de construcción y aún no logran terminarla.
La lentitud en la entrega de la obra motivó un descenso de una comisión de la Cámara de Diputados al lugar. Ysabel de la Cruz, presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de ese órgano legislativo, quien acudió junto a miembros de la Comisión de Desarrollo Humano, explica que la visita es para sensibilizar al presidente de la República, Luis Abinader, para que termine, por lo menos, el edificio principal.
“Estamos pidiendo que el Presidente termine esta obra que ya es tiempo, tiene un año y ocho meses esta administración y es un tema muy sensible para Santo Domingo Este, necesitamos que el centro esté funcionando”, expresa, al tiempo que le recuerda al mandatario que él tiene la facultad de buscar los recursos que necesita en otras partidas.
La falta de ese centro afecta a Juana Vega (nombre ficticio), madre de una niña de diez años que ha visto desmejorar las habilidades de su hija con síndrome de Down, luego de que parara las terapias en el CAID de Santo Domingo Oeste.
Las limitaciones económicas le dificultaron disponer siempre de los más de 200 pesos de pasajes que le cuesta moverse desde su casa, ubicada en el kilómetro 12 ½ de la Autopista las Américas, hasta la avenida Luperón, donde se ubica el centro en funcionamiento. A esto se suman las dificultades de recibir el servicio luego de que le cambiaron a la terapeuta de su niña, que ahora lleva más de cinco años sin recibir el servicio.
“Mi niña recibió un atraso, porque eso le estaba haciendo muy bien, porque con uno es más difícil que con su terapéutica. Entonces, eso le hizo mucho daño, pues ella hablaba, no sacaba la lengua, pero ella ya…”
“En realidad el centro si hace falta, porque hay muchas madres que tienen los niños y no le dan seguimiento por lo retirado que les queda, además del turno que tienen que hacer”, comenta Juana.
Vista de dos de las edificaciones que se levantan como complemento del CAID Santo Domingo Este. (EDDY VITTINI)
En tres meses… si hay dinero
El ingeniero Osiris Decena, director general de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, explica que la obra, en sentido general, está en 60 %, pero hay partes que están más avanzadas.
El proyecto del CAID Santo Domingo Este contempla un edificio principal para terapias, un edificio administrativo y otro que inicialmente sería para atención a familias, pero se modificó para que sirva como escuela laboral para adolescentes con síndrome de espectro autista.
“El edificio principal está en un 90 % a 95 %, el módulo A está en un 60 %”, dice señalando las edificaciones en que obreros trabajan en pintura, aunque en otros todavía se levanta la obra gris.
Su interés –dice– es poner en funcionamiento el edificio principal que está más avanzado, lo que puede lograr en tres meses, si cuentan con el presupuesto. Esa parte la recalca. Las demás obras quedarían para una segunda etapa.
“El proceso constructivo, para terminar esto, en términos reales es de unos tres a cuatro meses. Ahora bien, eso es en condiciones idóneas, hay algunas cosas que dependen de nosotros y hay otras que no. Por ejemplo, el que tengamos un presupuesto adecuado, eso no depende de nosotros”.
Explica que la obra tiene una asignación presupuestaria de un poquito más de 88 millones de pesos, pero que son insuficientes para concluir, pues requiere más de 400 millones de pesos. Solo el mobiliario especial que demanda el centro costaría unos 300 millones instalarlos.
Decena asegura que ese monto fue el que presentó al realizar en 2021 la planificación presupuestaria del 2022, pero no sabe qué pasó después, pues los recursos no fueron asignados.
De hecho, al revisar el presupuesto de este año, Obras Públicas no cuenta con ninguna asignación para el CAID.
En el presupuesto de 2020, cuando todavía la entidad era dirigida por el Despacho de la Primera Dama, Obras Públicas contó con dos partidas, una por 235.3 millones procedentes del fondo general del Tesoro, para la construcción de esa obra, más otros 13.1 millones por concepto de “Construcción de Cuatro (04) Centros de Atención Integral para Niños Discapacitados (CAID) (Coordinado con el Despacho de la Primera Dama)”.
Bajo ese mismo concepto, en el presupuesto de 2021 también se destinaron 270.4 millones al Ministerio, aunque esta vez con recursos externos.
En ambos años también se destinaron partidas de 5.2 millones a través de la Presidencia de la República para la construcción de un parque comunitario levantado a un extremo del centro, pero que en la actualidad se pierde entre maleza.
Decena reconoce que los recursos con los que trabajan actualmente en la obra no estaban en el presupuesto, sino que fue un movimiento interno para continuar unos trabajos que, asegura, nunca se han paralizado.
Explica que les ha tocado enfrentar situaciones adversas.
Ingeniero Osiris Decena, director general de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas. (EDDY VITTINI)
“Nos encontramos con contratistas descapitalizados. Pero había situaciones peores…teníamos, por ejemplo, partidas que no estaban en ningún contrato, pero ya estaban ejecutadas, y otras que estaban contratadas y no se ejecutaron y económicamente no teníamos la holgura para hacer esas modificaciones e incluir las nuevas”.
Esa situación, dice, les llevó a tener que hacer ajustes a los contratos originales que le tomaron tiempo, pues todo debe contar con la aprobación de la Contraloría General. Además, debieron resolver –afirma– el drenaje que se complicó, al levantar dos nuevas estructuras que se adicionaron al proyecto original.
También, trabajar en las instalaciones de agua, pues la edificación carecía, incluso, de tuberías. Suma también el tiempo que han dedicado a la revisión de los catálogos para elegir el mobiliario especial del centro.
“Eso es un trabajo arduo que se hizo cuando la gente visualizaba que se estaba trabajando poco”, resalta.
Más personal y mejor remunerado
Otro de los cambios que el director nacional del CAID, Henry Rosa Polanco, prevé para eficientizar el servicio es modificar el horario de labor de los terapeutas que actualmente trabajan ocho horas.
La idea es que hagan dos o tres turnos de cuatro horas y así poder captar a otros profesionales que, aunque quieren entrar, no lo hacen por no pasar todo el día en el CAID, sostiene.
Actualmente, en los tres centros del CAID laboran 390 personas, de las que 188 son parte del personal de salud, 156 del personal administrativo y 46 del área de seguridad. Todos consumen un monto en nómina de 16,714,943 pesos, de un presupuesto anual de 389.7 millones, asignado a través del Ministerio de Salud Pública.
Polanco, que entró a dirigir la entidad en agosto pasado, a requerimiento del sacerdote Jorge William Hernández, presidente del Consejo Directivo, asegura que tras su llegada tuvo que desvincular a por los menos ocho personas, pero que además contrató a otros, sobre todo del área de salud.
El personal también goza de un reajuste salarial que favoreció sobre todo a los terapeutas. Los que antes ganaban 60,000 al mes, pasaron a cobrar 78,000, según las informaciones suministradas.
En menos de un mes tres hombres murieron en medio de extrañas circunstancias en distintos centros de salud donde recibían atenciones médicas luego de haber sido trasladados desde dotaciones de la Policía Nacional, donde se encontraban detenidos.
El caso más reciente es el de David de los Santos, detenido el pasado día 27 tras alegadamente haber protagonizado un incidente con una mujer en una plaza comercial y llevado al destacamento del Ensanche Naco. Murió el pasado domingo.
El acta de defunción entregada por el Ministerio de Salud Pública a los familiares del joven, de la que estos remitieron una imagen a Diario Libre, establece preliminarmente se trató de un homicidio y que el deceso fue causado por un trauma craneoencefálico.
Sobre los golpes sufridos por el profesor de Educación Física y empleado de un call center, que residía en Los Alcarrizos, la dotación policial había dicho que se los provocó la propia víctima en medio de una crisis nerviosa que hizo en la celda.
De los Santos fue llevado al destacamento Naco en el Distrito Nacional, desde donde el día 28 fue trasladado al hospital Francisco Moscoso Puello y posteriormente al hospital Darío Contreras, donde murió.
“Yo llamé y me comuniqué con el destacamento de Naco; ahí es donde me dicen que sí, que él estaba allá. Cuando mi mamá y yo vamos allá, nos dicen que está en el Moscoso Puello porque hizo una reacción en la que se estaba dando golpes, y aparte de eso se le subió la presión, pero que él estaba bien”, narró su hermana Sugeidy al enfatizar en que David nunca había hecho crisis de ese tipo.
Tras haber trascendido la muerte de David de los Santos, el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, dispuso la suspensión de todo el personal que estaba de servicio en el destacamento del Ensanche Naco la noche del 27 de abril, cuando fue llevado detenido.
“Fueron suspendidos todos y hay una investigación en curso. El director de la Policía reitera que no va a tolerar acciones que violenten la seguridad de los ciudadanos”, sostuvo el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira al ofrecer la información. “El director de la Policía reitera que no va a tolerar acciones que violenten la seguridad de los ciudadanos”, sostuvo.
Luis Abinader dice que se hará justicia
En la tarde de este lunes, día en que fue velado y sepultado el joven profesional, el presidente Luis Abinader aseguró a través de su cuenta oficial de Twitter que se hará justicia en este caso. “Como en otros casos, cuyos responsables están sometidos y encarcelados, le garantizo a la familia de David y a la sociedad dominicana que en mi gestión ningún caso de esa naturaleza quedará sin sanción, sin importar quién o quiénes sean los responsables”, se publicó en esta red social. En un tuit anterior, enlazado al ya citado, Abinader dijo que está consternado ante el fallecimiento de De los Santos.
Creen fue homicidio
El Ministerio Público informó que investiga como un homicidio la muerte de David de los Santos.
“Estamos abordando el caso como un homicidio por las múltiples lesiones contusas que presenta el cuerpo de la víctima, incluyendo lesiones por esposas en ambas muñecas”, indicó Kelvyn Colón, fiscal interino del Distrito Nacional, en un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República. Posteriormente la fiscal titular Rosalba Ramos dijo que asumirá la dirección de las investigaciones.
Otros dos casos en abril
La madrugada del 17 de abril una patrulla de la Policía Nacional detuvo a José Gregorio Custodio, de 38 años, en San José de Ocoa, que falleció el día siguiente por causas que permanecen bajo investigación. Su cuerpo presentaba golpes en distintas partes.
Al respecto los agentes de turno en el destacamento al que fue llevado Custodio, dijeron que este se había sentido mal, por lo que fue llevado al hospital provincial, donde se produjo el fallecimiento. Días después circuló en las redes el video del arresto en que se ve a los policías que lo detuvieron por presunta violencia de género lanzarlo al piso mientras se encontraba esposado, ponerle los pies en el cuello y patearlo antes de conducirlo al destacamento.
El cinco de abril se produjo la muerte del barbero Richard Báez, de 30 años, que días antes había sido detenido por miembros de la Policía Nacional en el distrito municipal Santiago Oeste, conducido hasta la dotación de la zona y luego trasladado hasta el hospital regional universitario José María Cabral y Báez, donde fue llevado por atenciones a causa de golpes que recibió.
Sobre las circunstancias en que Richard recibió los golpes hay versiones que indican que fue al momento de la detención y otras de que fue mientras se hallaba bajo custodia policial.
Pide investigar
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, calificó de preocupantes los casos de violencia ocurridos en las últimas dos semanas en los recintos policiales en San José de Ocoa y el Distrito Nacional, en los que dos ciudadanos han muerto.
Mientras el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños, dijo que estos hechos afectan la reforma que se realiza a la Policía. “Es urgente que se adopten respuestas contundentes ante estos hechos”, dijo el también coordinador de la reformal.
Instalarán cámaras
Tras los últimos escándalos la Policía Nacional, informó este lunes que instalará cámaras de seguridad en nuevos 100 destacamentos que se construirán, a fin de mantener el control de lo que acontece en esos recintos, que actualmente se encuentran en la mirilla pública.
A cuatro días de la desaparición del agregado agrícola y comercial de la Embajada de República Dominicana en Haití, Carlos Guillén Tatis, las autoridades no han dado con el paradero del diplomático.
De acuerdo a un comunicado entregado por el embajador dominicano Faruk Miguel Castillo a la Cancillería de Haití, Guillén Tatis habría sido secuestrado en el área de Croix des Bouquets, el pasado viernes 29 de abril, alrededor del mediodía mientras conducía en dirección a Jimaní.
La Embajada Dominicana en Haití solicitó a la Cancillería haitiana que las autoridades de ese país dispongan una inmediata investigación para la liberación ‘sano y salvo’ de Guillén, ya que detrás de su desaparición estaría la pandilla criminal “400 Mawozo” y quienes piden un rescate de 500 mil dólares por el diplomático.
Según el comunicado, Castillo informó que formuló la solicitud de investigación cumpliendo instrucciones del Gobierno dominicano, impartidas por el canciller Roberto Álvarez, amparados en los artículos 25 y 26 de la Convención de Viena de 1961.
Guillén Tatis fue designado como agregado comercial en Haití mediante el decreto 657-20, firmado por el presidente Luis Abinader el 18 de noviembre de 2020.
El consejero tiene un hijo, David, quien reside en Nueva York. Este declaró a la prensa que su padre es insulinodependiente y necesita sus medicamentos para subsistir.
Bandas peligrosas
Por su parte, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), William Charpentier, dijo que estas bandas “ponen en jaque a la región” y advirtió que “las pocas autoridades que hay en Haití no tienen la capacidad para enfrentarlas”.
De acuerdo al Centro de Análisis y de Investigación en Derechos Humanos (Cardh, por sus siglas en francés), las bandas armadas secuestraron a 225 personas en Haití entre enero y marzo de 2022.
Esto supone un aumento del 58.45 % con respecto al primer trimestre de 2021, pero representa una mejoría de -44.31 %en relación al período octubre-diciembre de 2021.
La banda 400 Mawozo, opera en el este de Puerto Príncipe, donde frecuentemente se producen secuestros, robo de vehículos y extorsión a empresarios.
Esta pandilla, comandada por Wilson Joseph, también habría sido la responsable del secuestro en octubre de 2021 de 17 misioneros menonitas canadienses y estadounidenses.
Diario Libre intentó contactar a autoridades de la Cancillería pero no fue posible obtener declaraciones, ya que oficialmente el caso de Guillén no ha sido declarado como secuestro.
Tropas especiales del Ejército Nacional habrían sido enviadas en la tarde del lunes a la zona fronteriza.
El Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio “no es financieramente sostenible en el corto, mediano o largo plazo”, debido a que “no se cumple el requerimiento básico de un sistema de reparto: las contribuciones de los docentes activos no alcanzan para pagar los beneficios adquiridos por los docentes que se retiran”.
La observación la hace Acción Empresarial por la Educación (Educa), como resultado de una “Evaluación del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del magisterio: Recomendaciones de política pública para su sostenibilidad”.
Poco caso se hizo a esta investigación realizada por expertos que observaron que, si se mantiene la tendencia de incrementos salariales actuales y del número de docentes hasta 2030, el fondo de retiro no podrá hacer frente al pago de prestaciones más allá del 2045. Y, llegado 2038, cuando finaliza el periodo transitorio dispuesto por el reglamento, el Ministerio de Educación estaría destinando el 16 % de su presupuesto al pago de prestaciones y contribuciones previsionales.
De acuerdo a los datos contenidos en la indagación, varios factores amenazan la sostenibilidad financiera del programa y cita en primer lugar los aumentos salariales constantes desde el año 2013 al personal docente activo, incluyendo a docentes cercanos a la edad de retiro.
En segundo lugar aumentos en el monto de las pensiones de docentes ya retirados de sus funciones que, han incrementado significativamente la partida total de pensiones y jubilaciones en el mismo periodo.
En tercer lugar, el aumento en la esperanza de vida poblacional, la disminución de la edad promedio de los nuevos docentes del magisterio, y una normativa de jubilación que prioriza los años de servicio docente sobre la edad del afiliado, podrían resultar en una mayor carga financiera para el programa de pensiones y jubilaciones en el mediano y largo plazo.
Se cita además, el curso de acción que se tomó respecto al traspaso de los afiliados y de los fondos acumulados por los docentes, previo al inicio de las operaciones de Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima), crearon un desbalance financiero en el fondo desde sus inicios, comprometiendo aún más su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
Papel del Inabima
Fue creado mediante la Ley General de Educación 66-97, de abril de 1997, para el manejo de las pensiones y jubilaciones de los maestros del sistema público. Inició sus operaciones en 2006, pero no fue hasta 2008 cuando, mediante la ley 451-08 fue formalizado su rol de administrador.
En 2009, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ordena el traspaso de docentes y sus fondos al Inabima.
Anteriormente el Ministerio de Hacienda manejaba las pensiones y jubilaciones, hasta que en el 2001 los docentes fueron afiliados a las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero muchos se quedaron en el sistema anterior.
El pago de gran parte de las pensiones proviene del presupuesto del Minerd, ya que el patrimonio del Inabima, que se nutre de los aportes, está siendo capitalizado. De acuerdo al reglamento de la institución, durante 15 años el Estado asumirá el pago de las pensiones y jubilaciones, y el Inabima cubrirá las pensiones de sobrevivencia. En una segunda etapa, de 15 años también, el pago será compartido entre ambos, pero el Inabima aportará un máximo de 10 %.
¿Un sistema mal concebido?
Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, explica que el sistema jubilatorio de los docentes en la República Dominicana que corresponde al Inabima, tiene algunas características que a la luz de los análisis actuariales, realizado Educa con el apoyo de empresas especializadas en estos cálculos que tienen su complejidad, concluyen en demostrar que ese sistema no será sustentable.
“Las causales jubilatorias resultan muy asequibles pues un profesor se puede retirar, independientemente de su edad, si ha cumplido 15 años de servicio con el 60 % de su salario, esto es una situación compleja porque podríamos estar ante personas que ingresan muy jóvenes al sistema, digamos con 25 años y después de 15 años de servicios se pudiera estar retirando a los 40 años y este es un problema importante a la hora de solventar el sistema de pensiones”, expuso.
Caraballo indica que el programa demuestra no ser razonable, dado que la contribución de los docentes activos no es mayor a los beneficios de los docentes que se retiran.
“En las proyecciones actuariales se demuestra como en poco más de 25 años el peso relativo de las jubilaciones y pensiones dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Educación pasará de ese 5 % , como es actualmente a un 20 % o a un 16 % en un escenario más conservador, pero aun así estaríamos triplicando este esfuerzo lo cual por la magnitud que se corresponde sería muy difícil de financiar”, advirtió.
Sugiere Educa la posibilidad de que el sistema no estuvo bien diseñado desde el comienzo o de que no se ajustó a los cambios, en relación con el tamaño del cuerpo docente y el crecimiento de los salarios. Una posible solución que plantea, tomando como base la experiencia internacional, es incrementar la edad de retiro de los docentes.
Sugerencias planteadas
Los hallazgos del estudio realizado por Educa con el apoyo técnico y económico del Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES), del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; y de la AFP Popular del Grupo Popular Dominicano ponen en evidencia la necesidad de revisar el diseño actual del programa, y realizar las modificaciones necesarias para garantizar su sostenibilidad.
“Por un lado, se deben realizar estudios actuariales periódicos, que permitan realizar oportunamente ajustes al diseño del programa, respondiendo a los cambios del sistema educativo y el personal docente. Por otro lado, se debe diversificar las inversiones realizadas con el patrimonio del fondo, de forma que se obtenga una mayor rentabilidad. Hasta el momento ha habido una limitada diversificación de los instrumentos de inversión, que ha servido principalmente como un medio de financiamiento del déficit del sector público, y que pudiera ser riesgoso e improductivo”, señala el estudio en sus sugerencias.
En relación con el traspaso de la responsabilidad de los pagos al Inabima, se recomienda iniciar con la programación gradual del pago de las prestaciones con cargo al Programa, de forma que se aliviane la carga de estos compromisos dentro del presupuesto del Minerd.
Millones de pesos en cuatro planes de retiro
A través del Inabima se pagan las pensiones y jubilaciones, las jubilaciones por antigüedad en el servicio, la de los pensionados por discapacidad y las pensiones por sobrevivencia. De acuerdo a las memorias del Ministerio de Educación, al 30 de octubre de 2021 el Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones contaba con 21,288 jubilados y pensionados, para un monto mensual de RD$801,952,113.00. De este monto, RD$15,588,534.00 son pagados a través de una compañía aseguradora, en virtud de las disposiciones establecidas en la Ley 87-01 y el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones del Inabima. El Programa Especial de Jubilación por Antigüedad en el Servicio actualmente está constituido por 16,912 docentes, de los cuales, el 68 % son mujeres y el 32 % hombres, para una nómina de RD$704,801,367.00 mensuales. La nómina de pensionados por discapacidad está compuesta por 4,376 pensionados, 77 % mujeres y 23 % hombres, para un total mensual de RD$97,150,746.00, de los cuales RD$16,396,837.00 son pagados a través de una compañía aseguradora. La nómina de pensionados por sobrevivencia la compone 2,197 beneficiarios, para un total mensual de RD$37,434,509.00, de los cuales RD$19,876,021.00 son pagados a través de una compañía aseguradora.
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó a través de su boletín que a raíz de las condiciones meteorológicas existe un reporte de daños causados por la incidencia de una vaguada que se ubica sobre el territorio nacional.
