Auditoría revela irregularidades de Adán Cáceres en Cusep

Hace casi un año, Adán Cáceres acusó al Ministerio Público de crear una verdad retorcida sobre su paso en la administración pública, sin embargo, la auditoría de la Cámara de Cuentas al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) complica aún más su situación legal.

El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre fungió como el director del Cusep durante los ocho años del gobierno del expresidente Danilo Medina (2012-2020), ese fue el período que auditó la Cámara de Cuentas en atención a una solicitud del Ministerio Público que lleva a cabo la investigación que mantiene en prisión a un grupo de exfuncionarios, proveedores del Estado y religiosos: Caso Coral.

La auditoría

La Cámara de Cuentas encontró muchas limitantes para auditar las órdenes de servicios y contratos suscritos, procesos de adquisición de bienes y servicios, pagos de nómina y otros gastos del Cusep. Básicamente, ese organismo actuó todo el tiempo (2012-2020) al margen de la ley.

  • Carece de estados financieros.

  • No registra sus operaciones a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (Siafe).

  • No tiene manuales de procedimientos internos y de cargos.

  • No tiene un comité de ética No cuenta con un portal institucional.

  • No publica los procedimientos de compras y contrataciones.

  • {No registra sus nóminas en el sistema de la Contraloría  General de la República, entre otras.

Hallazgos

Al no llevar un registro, el Cusep no suministró las nóminas del período auditado, las cuales ascienden a RD$ 879,200,032. Realizó pagos a personal que no labora en la entidad, por valor de RD$ 6,575,626.

El organismo auditor evidenció la sustracción de recursos a través de las nóminas de personal por valor de RD$ 36,121,434, encontró pagos a personal que labora en otra entidad del Estado, por valor de RD$ 1,248,650.

El Cusep realizó pagos a proveedores de bienes y servicios sin evidenciarse los procesos de selección establecidos por la Ley 340-06, por valor de RD$ 683,368,964, realizó compras sin evidencia de certificaciones de pagos de impuestos y Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por valor de RD$ 436,281,186, desembolsos sin facturas, por valor de RD$ 60,368,746.

Además, realizó retención de impuesto sobre la renta a proveedores y no remitió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por valor de RD$ 7,485,726.

El equipo auditor halló desembolsos por concepto de prendas de vestir, dieta, y retenciones de impuestos sin documento de recepción, por un valor de RD$ 16,273,024, además, pagos de alimentos, alquiler y servicios de inteligencia sin documentos de recepción por parte del beneficiario, por valor de RD$ 134,412,885.

La Cámara de Cuentas encontró expedientes sin órdenes de compras, por valor de RD$ 698,071, compras soportadas en facturas con un mismo Número de Comprobante Fiscal (NCF), por valor de RD$ 10,285,549, expedientes sin entrada de almacén o certificación del bien o servicio recibido, por valor de RD$ 150,439, pagos por concepto de inteligencia sin soportes, por valor de RD$ 959,589,419, facturas y entrada de almacén sin fecha de impresión, por valor de RD$2 millones.

Otras irregularidades que detectaron los investigadores fueron: compras de productos alimenticios sin soportes, por valor de RD$ 19,500,000, compra de “ticket” de combustible sin listado de beneficiarios anexo, por un valor de RD$245,459,550, distribuidoras de combustibles sin certificación de permiso o licencia, por valor de RD$ 464,463,401, duplicidad en órdenes de compras, por valor de RD$ 3,093,404.

Además, pagos a proveedores con lazos de consanguinidad con funcionario de la entidad, por valor de RD$ 121,926,235.

 

Situación legal

La auditoría al Cusep es uno de los documentos que ha esperado el Ministerio Público para presentar la acusación formal en contra de los imputados por pertenecer a un entramado de corrupción militar, policial y religioso que desfalcó al Estado dominicano durante ocho años, estos son el general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Tras los hallazgos de irregularidades e inobservancias, el director interino Jurídico de la Cámara de Cuentas, Roberto Reyes Pérez, recomienda a la máxima autoridad someter a las principales incumbentes del Cusep durante el periodo auditado por la violación a los artículos los artículos 47, 48, 49 y 54, relativos a las responsabilidades administrativa, civil e indicios de responsabilidad penal establecidos en la Ley 10-04.

Además, el órgano auditor llama a la máxima autoridad a gestionar la recuperación de los montos erogados sin la documentación justificativa.

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Auditoría revela irregularidades de Adán Cáceres en Cusep

Hace casi un año, Adán Cáceres acusó al Ministerio Público de crear una verdad retorcida sobre su paso en la administración pública, sin embargo, la auditoría de la Cámara de Cuentas al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) complica aún más su situación legal.

El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre fungió como el director del Cusep durante los ocho años del gobierno del expresidente Danilo Medina (2012-2020), ese fue el período que auditó la Cámara de Cuentas en atención a una solicitud del Ministerio Público que lleva a cabo la investigación que mantiene en prisión a un grupo de exfuncionarios, proveedores del Estado y religiosos: Caso Coral.

La auditoría

La Cámara de Cuentas encontró muchas limitantes para auditar las órdenes de servicios y contratos suscritos, procesos de adquisición de bienes y servicios, pagos de nómina y otros gastos del Cusep. Básicamente, ese organismo actuó todo el tiempo (2012-2020) al margen de la ley.

  • Carece de estados financieros.

  • No registra sus operaciones a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (Siafe).

  • No tiene manuales de procedimientos internos y de cargos.

  • No tiene un comité de ética No cuenta con un portal institucional.

  • No publica los procedimientos de compras y contrataciones.

  • {No registra sus nóminas en el sistema de la Contraloría  General de la República, entre otras.

Hallazgos

Al no llevar un registro, el Cusep no suministró las nóminas del período auditado, las cuales ascienden a RD$ 879,200,032. Realizó pagos a personal que no labora en la entidad, por valor de RD$ 6,575,626.

El organismo auditor evidenció la sustracción de recursos a través de las nóminas de personal por valor de RD$ 36,121,434, encontró pagos a personal que labora en otra entidad del Estado, por valor de RD$ 1,248,650.

El Cusep realizó pagos a proveedores de bienes y servicios sin evidenciarse los procesos de selección establecidos por la Ley 340-06, por valor de RD$ 683,368,964, realizó compras sin evidencia de certificaciones de pagos de impuestos y Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por valor de RD$ 436,281,186, desembolsos sin facturas, por valor de RD$ 60,368,746.

Además, realizó retención de impuesto sobre la renta a proveedores y no remitió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por valor de RD$ 7,485,726.

El equipo auditor halló desembolsos por concepto de prendas de vestir, dieta, y retenciones de impuestos sin documento de recepción, por un valor de RD$ 16,273,024, además, pagos de alimentos, alquiler y servicios de inteligencia sin documentos de recepción por parte del beneficiario, por valor de RD$ 134,412,885.

La Cámara de Cuentas encontró expedientes sin órdenes de compras, por valor de RD$ 698,071, compras soportadas en facturas con un mismo Número de Comprobante Fiscal (NCF), por valor de RD$ 10,285,549, expedientes sin entrada de almacén o certificación del bien o servicio recibido, por valor de RD$ 150,439, pagos por concepto de inteligencia sin soportes, por valor de RD$ 959,589,419, facturas y entrada de almacén sin fecha de impresión, por valor de RD$2 millones.

Otras irregularidades que detectaron los investigadores fueron: compras de productos alimenticios sin soportes, por valor de RD$ 19,500,000, compra de “ticket” de combustible sin listado de beneficiarios anexo, por un valor de RD$245,459,550, distribuidoras de combustibles sin certificación de permiso o licencia, por valor de RD$ 464,463,401, duplicidad en órdenes de compras, por valor de RD$ 3,093,404.

Además, pagos a proveedores con lazos de consanguinidad con funcionario de la entidad, por valor de RD$ 121,926,235.

 

Situación legal

La auditoría al Cusep es uno de los documentos que ha esperado el Ministerio Público para presentar la acusación formal en contra de los imputados por pertenecer a un entramado de corrupción militar, policial y religioso que desfalcó al Estado dominicano durante ocho años, estos son el general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Tras los hallazgos de irregularidades e inobservancias, el director interino Jurídico de la Cámara de Cuentas, Roberto Reyes Pérez, recomienda a la máxima autoridad someter a las principales incumbentes del Cusep durante el periodo auditado por la violación a los artículos los artículos 47, 48, 49 y 54, relativos a las responsabilidades administrativa, civil e indicios de responsabilidad penal establecidos en la Ley 10-04.

Además, el órgano auditor llama a la máxima autoridad a gestionar la recuperación de los montos erogados sin la documentación justificativa.

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Escuela Nacional de la Judicatura realiza graduación

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) realizó este viernes su XX graduación ordinaria y la octava de posgrado.

Según una nota de prensa, 36 de los graduados son a aspirantes a defensores público, quienes agotaron un periodo de capitación para entrar al sistema de justicia penal. 

Mientras que en el programa de posgrado de recibieron sus títulos 12 jueces y juezas, tres servidores judiciales y dos defensores públicos, quienes egresaron de las maestrías en Derecho Judicial, Administración de Justicia Constitucional, Administración de Justicia Especializada y Administración de Justicia Penal. 

En el acto, Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), afirmó que la ENJ es una institución que ha mostrado amplio compromiso con el fortalecimiento de la judicatura nacional. 

Asimismo, Molina Peña aseguró que los programas formativos de la ENJ integran diversas filosofías del aprendizaje y la conducta, para catapultar a los servidores judiciales y sustentar su vocación en conocimientos firmes y útiles. 

Indicó que la oferta académica acoge lo mejor del país en materia jurídica, integrando también perfiles internacionales. 

“La defensoría pública, en la persona de los defensores y defensoras, ha sido el gran dinamizador del sistema de justicia, maneja el 80 % de los casos penales del sistema, lo que supone el grueso de los conflictos que impactan en la convivencia. Hoy se gradúan, junto a otros magistrados y magistradas, 36 defensores públicos. Y esto tiene mucho valor, pues la formación de las y los defensores públicos es fundamental para la garantía de la tutela judicial efectiva y la preservación de los derechos”, afirmó.

“El centro de la labor que llevamos a cabo son las personas. La república se enriquece con el trabajo por una justicia al día. Que se produce alrededor de valores que constituyen la mística de un modo de hacer”, agregó.

Las palabras de agradecimiento en nombre de los graduandos estuvieron a cargo de Juana Daritza Caba Girón.

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Secuestro de reo en funeraria de la 17

Tres hombres armados se llevaron la tarde de este viernes a un recluso desde una funeraria en la que velaban a su madre, en «un aparente secuestro», según manejan las autoridades.

La Procuraduría General de la República dijo que el reo Adolfo Delan Morel Pérez, de 20 años de edad, fue sacado de la funeraria, ubicada en la avenida Padre Castellanos (La 17), en el Distrito Nacional, alrededor de las 4:00 de la tarde de este viernes.

En una nota de prensa, explica que la agentes de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) habían llevado a Morel Pérez, quien guarda prisión por robo y otros delitos, al velatorio de su madre. El hombre fue trasladado desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de Higüey, donde guarda prisión. 

«Los agentes que lo custodiaban resultaron ilesos porque la pistola del presunto secuestrador que intentó dispararles se encasquilló», agregó la Procuraduría. 

Mientras que los presuntos secuestradores huyeron en dirección hacia Santo Domingo Este en un carro blanco con cristales tintados.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que de inmediato inició, junto con la Policía Nacional, una operación conjunta para la búsqueda y captura de Morel Pérez.

Asimismo adelantó que reforzará sus protocolos de traslados de privados de libertad que se ven precisados a acudir a actos fúnebres de familiares directos.

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Secuestro de reo en funeraria de la 17

Tres hombres armados se llevaron la tarde de este viernes a un recluso desde una funeraria en la que velaban a su madre, en «un aparente secuestro», según manejan las autoridades.

La Procuraduría General de la República dijo que el reo Adolfo Delan Morel Pérez, de 20 años de edad, fue sacado de la funeraria, ubicada en la avenida Padre Castellanos (La 17), en el Distrito Nacional, alrededor de las 4:00 de la tarde de este viernes.

En una nota de prensa, explica que la agentes de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) habían llevado a Morel Pérez, quien guarda prisión por robo y otros delitos, al velatorio de su madre. El hombre fue trasladado desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de Higüey, donde guarda prisión. 

«Los agentes que lo custodiaban resultaron ilesos porque la pistola del presunto secuestrador que intentó dispararles se encasquilló», agregó la Procuraduría. 

Mientras que los presuntos secuestradores huyeron en dirección hacia Santo Domingo Este en un carro blanco con cristales tintados.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que de inmediato inició, junto con la Policía Nacional, una operación conjunta para la búsqueda y captura de Morel Pérez.

Asimismo adelantó que reforzará sus protocolos de traslados de privados de libertad que se ven precisados a acudir a actos fúnebres de familiares directos.

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Fracasa intento de diálogo Luis Abinader para evitar huelga

La coalición de organizaciones populares, sociales, feministas, del transporte y ambientales reiteró su llamado a huelga el próximo lunes en las 14 provincias del Cibao.

La jornada fue ratificada luego de que fracasara una reunión que sostuvieron este viernes representantes del gobierno central y líderes de los organizadores del movimiento huelgario en la gobernación de Santiago.

Los convocantes informaron que decidieron continuar con el llamado ante la falta de respuestas de las autoridades.

El encuentro fue realizado luego de que el presidente Luis Abinader invitó a la coalición al diálogo durante su participación en un programa radial.

En su intervención, el jefe de Estado consideró injusta la jornada, al indicar que le ha tocado gobernar en medio de una crisis sanitaria, así como en medio de un conflicto armado con la invasión de Rusia a Ucrania.

En tal sentido, el gobernante pidió paciencia a la población. 

Sostuvo que no puede resolver en dos años los problemas que históricamente han afectado la nación.

Garantizó que su gestión atenderá y dará respuesta a cada una de las demandas planteadas por la coalición convocante al paro.

 

Demandas

Entre las reivindicaciones que los grupos populares, sociales, feministas, del transporte y ambientales exigen al gobierno central figura  que cumpla con los compromisos arribados en cada una de las comunidades de las 14 provincias de la región Norte.

Además, demandan rebaja en los precios de los combustibles y los artículos de la canasta familiar.

Se oponen a la privatización de la termoeléctrica punta Catalina, el patrimonio público y por la modificación del sistema que rige las AFP-ARS.

Demandan también aumento general de salarios, un servicio eficiente de agua potable y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Asimismo, construcción de obras prioritarias cómo acueductos, aceras y contenes, asfaltado de calles, construcción y terminación de escuelas y reparación de hospitales, construcción de puentes y caminos vecinales.

También, por el cumplimiento de los acuerdos ADP-Ministerio de Educación.

La huelga está programada para las 6:00 de la mañana del lunes.

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Autorizan auditor privado a Alexis Medina

El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deybi Timoteo Peguero, autorizó este viernes a un auditor privado para que realice un contra-peritaje a los informes periciales (incluidas auditorias de la Cámara de Cuentas) que presentó el Ministerio Público para acusar a Juan Alexis Medina de construir un entramado societario para desfalcar al Estado.

El juez tomó su decisión a petición de Medina, principal imputado de la Operación Antipulpo, y designó al contador Lázaro Pericles Arias Santos, de la firma de auditores Arias Jiménez y Asociados para que sea el encargado de realizar el contra-examen.

La defensa de Alexis Medina, encabezada por el abogado Carlos Salcedo, motivó en su escrito de auxilio judicial, que es necesaria la intervención de un perito para que Alexis Medina pueda ejercer su defensa con el mismo rigor técnico que lo ha hecho el Ministerio Público y rebatir las afirmaciones contra sus empresas.

Además, establece que existen aspectos técnicos de algunos procesos de contrataciones públicas, cuyos requerimientos deben ser explicados por los profesionales capacitados en el área. Entiende que estas pruebas deben ser realizadas por expertos imparciales, objetivos e independientes.

La defensa de Juan Alexis Medina también había solicitado la entrega de documentaciones a través de Libre Acceso a la Información a once instituciones públicas para examinar los procesos y poder utilizar pruebas a descargo.  

Entre las instituciones a las que hicieron solicitudes están la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas, la Contraloría General de la República, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Salud, Fonper, Autoridad Portuaria, Compra y Contrataciones Públicas, Ministerio de Educación, entre muchas otras.

Entre las documentaciones solicitadas están expedientes relativos a procesos de compra, licitaciones, contrataciones, certificaciones, y otros procesos relacionados con las empresas que presuntamente son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez.

Camacho: “Tenemos un caso blindado”

Para el titular de la Pepca, Wilson Camacho, la decisión del tribunal no afecta en nada al Ministerio Público. Aseguró que tienen un proceso “blindado” en contra de los imputados por corrupción.

“En ningún modo estas cuestiones afectan al Ministerio Público, puesto que lo referente a entrega de información fue a instituciones que no tienen que ver con el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público ha estado entregando todas las informaciones, y tiene un proceso blindado”, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho.

El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de ser el gerente operativo de un alegado entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

Los imputados

En el caso también figuran como imputados Carmen Magalys Medina Sánchez (su hermana), Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la entonces Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

El Ministerio Público presenta cargos, además, contra las empresas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

El expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.

Destaca que llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparado en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios.

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