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La Guardia Costera estadounidense en Puerto Rico informó este viernes que ha repatriado a 72 migrantes dominicanos y ha devuelto a 14 haitianos a República Dominicana, después de interceptar sus embarcaciones en aguas del oeste de Puerto Rico.

Un ciudadano dominicano permanece en Puerto Rico para enfrentar un enjuiciamiento federal por cargos de intento de reingreso ilegal a Estados Unidos, según el comunicado de la Guardia Costera.

La primera embarcación fue interceptada el pasado martes, luego de que la tripulación de una aeronave de Aduanas y Protección Fronteriza de la Fuerza Marítima detectara un viaje ilegal sospechoso en el Pasaje de Mona en tránsito hacia Puerto Rico.

En el barco viajaban 30 ciudadanos de República Dominicana y siete hombres haitianos que fueron entregados a un buque de la Armada de República Dominicana el miércoles.

La segunda intervención ocurrió el miércoles en la misma zona del Pasaje de Mona, un canal de las Antillas que separa República Dominicana de Puerto Rico y conecta el mar Caribe con el océano Atlántico.

La embarcación interceptada estaba muy sobrecargada y volcó, pero todos los pasajeros fueron rescatados por la tripulación del patrullero Heriberto Hernández, con la asistencia de las unidades marinas de la Policía de Puerto Rico.

Un total de 42 dominicanos y siete haitianos viajaban en ese barco y fueron también entregados a un buque de la Armada de República Dominicana.

Desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, la Guardia Costera ha interceptado 53 viajes ilegales en el Pasaje de Mona y en aguas del Caribe cerca de Puerto Rico.

Un total de 1,308 migrantes viajaban en esas embarcaciones, en su mayoría de República Dominicana (940), pero también de Haití (298), Venezuela (36) y Cuba (24), entre otros.

El Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso que por motivos del asueto de la Semana Santa las instituciones gubernamentales laborarán hasta las 4:00 de la tarde del miércoles 13 de abril o “Miércoles Santo”.

En un comunicado enviado a los medios, el MAP explica que la decisión fue tomada por esa institución en su rol de órgano rector del empleo público y la calidad de los servicios públicos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 41-08, de Función Pública, y el artículo 27 del Reglamento de Relaciones 523-09.

“Asimismo, en base a lo establecido en la Resolución 0008, emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que elimina algunas medidas adoptadas a partir de la pandemia COVID-19, de fecha 16 de febrero de 2022; y lo previsto en la Resolución del MAP 074-2022, que establece el reintegro de todo el personal de los entes y órganos de la administración pública”, indicó.

Sin embargo, con relación a los servicios a ciudadanos, la circular establece que se “deja en libertad a los titulares de órganos, entes y empresas públicas, a que, por la naturaleza de sus funciones y servicios, pueden establecer horas y días de trabajo especiales, a fin de garantizar la prestación de servicios que brindan a la ciudadanía”.

El comunicado del MAP explica que el reintegro de todo el personal de la administración pública está pautado a realizarse a las 8:00 de la mañana del lunes 18 del mes en curso.

Semana Santa

A partir de las 2:00 de la tarde del Jueves Santo y hasta las 6:00 de la tarde del Domingo, Día de Resurrección, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) llevará a cabo el Operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2022 para prevenir y responder ante cualquier emergencia que pueda presentársele a los vacacionistas.

Un total de 48,223 personas de las diferentes instituciones que conforman el COE darán asistencia, a partir del Jueves Santo, a los ciudadanos que se trasladen a los diferentes puntos del país durante el asueto de Semana Santa.

La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional cambió por segunda ocasión la fecha que tenía pautada para leer su decisión en el caso de Gabriel Villanueva, quien apeló la condena de 20 años por la muerte de su expareja Andreea Celea.

La información la dieron a conocer los familiares de la víctima, quienes dijeron esperar que los cambios de fecha se hayan producido para tomar la mejor decisión.

“Nos cambiaron la fecha de fallo de apelación nuevamente. Esperamos con Dios que todos estos cambios de fecha se deban a otorgar a las autoridades competentes el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible”, expresa una comunicación de los parientes de Celea.

La Corte del Distrito Nacional se había reservado la decisión para el 31 de marzo, pero no fue posible. Se anunció que leerían el fallo el 11 de abril, sin embargo, debido a la Semana Santa, los jueces decidieron mover la fecha del fallo para el miércoles 20 de abril.

Villanueva recurrió la sentencia de 20 años que le impuso en marzo del 2021. El tribunal de primer grado lo declaró culpable de haber lanzado a Andreea Celea del octavo piso de un hotel de la capital.

El condenado pretende con su recurso que la corte ordene una nueva sentencia declarándolo inocente y en vía de consecuencias, lo absuelva del proceso. Alega que se le violentaron sus derechos en el juicio de primera instancia y que la sentencia dictada en su contra contiene contradicciones.

Villanueva cumple su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

Las víctimas

Los familiares de Andreea Celea entienden que en vez de los 20 años a los que sentenciaron a Villanueva, debieron dictarse 30 años, bajo el argumento de que la muerte de su pariente se trató de un asesinato porque fue un crimen premeditado.

Cuando lo sentenciaron, a Gabriel Villanueva también le impusieron el pago de una indemnización de RD$5 millones por los daños y perjuicios causados a la familia de Andreea Celea.

Los jueces que emitieron ese fallo fueron Claribel Nivar, Yisell Soto y Deiby Peguero del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El tribunal estableció que hubo un círculo de violencia que tuvo un nexo causal con la muerte de Celea. Para sostener esta afirmación, los jueces se basaron en las declaraciones de varios testigos, presentados en juicio.

Sobre las evidencias para el homicidio, el tribunal explicó que la caída del cuerpo indica que se trató de “un movimiento parabólico” y, por el lugar del impacto, se pudo establecer que hubo “una fuerza externa”, debido a que el cuerpo cayó en un lugar distante, y la única persona que estaba con Andreea en ese hotel era Villanueva. La muerte de Celea se produjo el 1 septiembre del 2018.

El de República Dominicana fue uno de los 93 votos a favor de la suspensión de Rusia, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La medida, que se adoptó basado en informes sobre supuestas violaciones y abusos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de Rusia en Ucrania, contó con 24 votos en contra y 54 abstenciones.

Durante la Asamblea General de la ONU, celebrada el jueves 7 de abril, los países miembros acogieron una resolución en la que además expresan su grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania. 

Además de República Dominicana, entre los países latinoamericanos que también votaron a favor de la suspensión de Rusia se encuentran: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay, según informa la ONU a través de su página Web.

“En contra, votaron: Bolivia, Cuba, Nicaragua. Se abstuvieron: Brasil, El Salvador, México. Por su parte, Venezuela no pudo votar porque debido al impago de sus cuotas no tiene derecho”.

Desde que la invasión rusa a Ucrania inició en febrero, el Gobierno dominicano ha mantenido una postura de crítica ante el conflicto, la que se evidenció, primero en las declaraciones del presidente Luis Abinader, condenando la acción militar.  

Luego, el país ha votado a favor de resoluciones emitidas por la ONU para que cesen las hostilidades rusas.  Uno de ellas fue la resolución adoptada durante el 76º período de sesiones de la Asamblea General que estuvo presidido por República Dominicana, el pasado 24 de marzo.

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