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La empresaria y estrella estadounidense Kim Kardashian defendió en las redes sociales a la madre latina condenada a muerte Melissa Lucio, cuya ejecución está prevista para el próximo 27 de abril pese a las dudas que existen de su culpabilidad, y pidió la abolición de la pena de muerte. En un tuit, Kardashian, que en […]

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El Ministerio de la Mujer anunció conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) este martes que estará apoyando con el operativo «Semana Santa sin violencia es posible«, las acciones que tradicionalmente realiza el organismo en la Semana Mayor.

El operativo inicia el jueves 14 de abril en los principales peajes y paradas de autobuses, mientras que el sábado 16 se realizará en playas, balnearios y ríos del país, de acuerdo a un comunicado de prensa.

Más de 500 personas del Ministerio de la Mujer estarán distribuyendo volantes y materiales alusivos a la prevención de la violencia de género e intrafamiliar con el mensaje “Vivir sin violencia es posible” y el servicio de la línea de emergencia *212.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo que en la jornada junto al COE se pretende impactar a más de 250 mil personas, llevando a la ciudadanía el mensaje de orientación de que en “Semana Santa vivir sin violencia es posible”.

Seis terminales de autobuses y peajes serán visitados por el personal del Ministerio de la Mujer en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, entre las que se encuentran Caribe Tours, Transporte Cibao, Transporte Espinal y la terminal de autobuses y minibuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte,  así como las paradas hacia San Pedro de Macorís, La Romana e Higüey.

Las playas que serán impactadas con esta acción de sensibilización son Boca Chica, Guayacanes, Los Patos de Barahona, Las Terreras, Sosúa, Palenque, El Morro, mientras que los ríos son Masipedro y Comate, entre otros.

El Sistema de Licencia de Conducir por Puntos tiene por finalidad promover y desarrollar la seguridad en calles y carreteras, sobre todo salvar vidas, y para implementarlo se creó una mesa de trabajo interinstitucional que coordina las acciones, como lo contempla la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El sistema otorgará al conductor un saldo de 20 puntos en su licencia de conducir, y conforme cometa infracciones de tránsito, dichos puntos serán reducidos hasta llegar a cero. En ese momento, se procederá a tramitar la suspensión de su licencia.

Rosanny Torres, encargada de Cooperación Internacional y del Departamento de Planificación y Desarrollo de Intrant, dijo que los decretos 4-19, de reglamento sobre licencias por puntos, y 6-19 de licencia de conducir, están amparados en la ley 63-17.

Indicó que una de las normativas es la reeducación de los conductores infractores de la ley, porque el fin último del proyecto no es recaudar ni sancionar, sino reducir los accidentes en las vías del país. El sistema se le aplicará a todo conductor de vehículo que tenga licencia, desde motocicletas hasta vehículos con altas categorías.

Garantizó que el sistema no permitirá que se coloquen multas que no sean reconocidas por los conductores y para ello se coordinan los trabajos con la Procuraduría General de la República, la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(Digesett) y los jueces de paz, que serán los encargados de confirmar la violación a la ley.

Manifestó que trabajan en tres fases: una es la coordinación interinstitucional, comunicación a la ciudadanía y una tercera fase es la implementación paulatina del proceso para hacer algo bien hecho y que por esa causa no se ha fijado todavía fecha de inicio.

¿Cómo funcionará el sistema?

El sistema otorgará al conductor un saldo de 20 puntos en su licencia de conducir, y conforme cometa infracciones de tránsito, dichos puntos serán reducidos hasta llegar a cero. En ese momento, se procederá a tramitar la suspensión de su licencia.

Torres manifestó que cada infracción cuenta con puntos, por ejemplo, por violar la luz roja de un semáforo, son cinco puntos y se van acumulando hasta completar 20, lo que indica que a esa persona hay que suspenderle la licencia de conducir.

Aclaró que ese proceso es independiente a la multa, y como está establecido cada violación a la ley tiene un monto que el ciudadano debe pagar. ”Si un ciudadanos dice que no reconoce esa multa o que fue impuesta de manera injusta, le llegará una notificación, en el proceso puede apelar esa decisión y se apodera los jueces de paz y ahí se va a parar el proceso, no se les quitan los puntos todavía hasta que haya una decisión de los jueces”.

Sostuvo que si se determina que el conductor no cometió la infracción con las pruebas presentadas, entonces no procede quitarle puntos. Una persona puede perder todos los puntos, pero puede recuperarlos si en dos años no vuelve a cometer violaciones a la ley y se le agrega la mitad de los puntos que perdió.

Otra forma es tomando un curso de reeducación y sensibilización con tiempo suficientes para que el infractor se capacite y pueda conducir de manera consciente.

“Todo este proceso es preventivo y educativo, esas son las funciones principales y en última instancia, sanción, como se ha mencionado aquí en el Intrant”. Los trabajos de preparación e implementación del sistema son apoyados por el Banco Interameriano de Desarrollo (BID).

Ronsanny Torres explicó que este sistema no es un invento y dijo que se aplica en otros países con buenos resultados como es conductores más responsables, más educados y por ende una disminución significativa de los accidentes de tránsito y por consiguiente de muertes.

En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) llegó el momento de poner multas. Así lo declara el superintendente Jesús Feris Iglesias, respecto a las afiliaciones irregulares que se realizan en el país y por las que al menos siete administradoras de riesgos de salud (ARS) fueron multadas a finales de marzo pasado con un monto que sobrepasa los 20 millones de pesos.

Pero las irregularidades no se detienen. En la actualidad, la entidad tiene varios casos en investigación que abarcan denuncias de personas que no reconocen haber elegido la ARS que tienen asignada. 

“Esas irregularidades han venido sucediendo desde hace mucho tiempo y se les enviaba correspondencia para que no lo siguieran haciendo, pero eso es como llevarte una luz roja y que no haya consecuencias…  Determinamos, aquí en la Sisalril, que ya llegó el momento de, no solamente enviarle una comunicación, sino que vamos a poner la multa tal y como dice la ley”, dijo Feris Iglesias, y avisó que ya no están jugando, sino aplicando la ley.

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Su advertencia va también contra aquellos que sean reincidentes, pues aseguró que, en esta ocasión, se aplicó una multa por todas las denuncias a cada ARS, pero que de continuar la práctica se harán de forma individual por cada persona que presente una queja.

Con sus resoluciones de marzo pasado, la Sisalril sancionó a las ARS Renacer, GMA, Simag, Semma, Futuro, la del Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Monumental. Las sanciones parten de denuncias de alrededor de 200 personas que fueron afiliadas o traspasadas de una ARS a otra sin su previo consentimiento.  

La Sisalril informó que las multas también se aplican tras un proceso que “evidenció un incremento exponencial” de afiliaciones y traspasos irregulares en las ARS, así como la inobservancia de ellas a las solicitudes de información desde la institución.

La Sisalril indica que las investigaciones por afiliación inconsulta arrojaron que algunos formularios de traspasos tienen montaje de la imagen de la cédula del afiliado, huellas dactilares idénticas en diferentes afiliados o que las huellas y firma no coinciden con la del afiliado. 

La Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece la libre elección de las personas para afiliarse en las administradoras de riesgos de salud de su preferencia.

La Federación Dominicana Americana de Asociaciones de Carga Marítima y Aérea (Fedacama) llamó este martes a la comunidad dominicana en el exterior a abstenerse de enviar mercancías que vayan en contra de la ley para que eviten ser sometidos a la justicia y no afecten al sector que genera más de 15,000 empleos entre Estados Unidos y la República Dominicana.

Bertha Marjaris Gil de Batista, presidenta de la Fedacama, dijo a Diario Libre que, como «organización transparente», están tomando las identificaciones de las personas que envían cajas y tanques al país para que las autoridades puedan investigar en caso de ser necesario.

“Nosotros no podemos seguir permitiendo que ellos (dominicanos en el exterior) sigan enviando cosas ilícitas en los tanques y cajas. Las autoridades han encontrado whisky, drogas, armas, dinero y balas”, indicó la representante de Fedacama.

Dijo que los embarcaderos que representa llegan a las personas que más lo necesitan en la República Dominicana.

“Hay personas que uno debe cruzar un río hasta en burro para poder llegar a ellos. Nosotros llegamos a lugares del país donde no hay supermercados ni nada. Nosotros estamos llamando a la diáspora dominicana a que chequee, porque se está verificando manualmente y por escáner, o sea van a detectar todo. Ahora mismo ellos (las autoridades) no quieren que se envíen ni baterías porque eso dispara el escáner”, indicó Gil de Batista.

Agregó que, como empresas, van a las casas en Estados Unidos y reciben los paquetes sellados porque las licencias que tienen no les permiten abrir las cajas que los clientes entregan. En ese país residen aproximadamente dos millones de dominicanos.

“En la factura de nosotros hay una declaración jurada de que las personas que envían se hacen responsables de las cajas o tanques que nos entregan, pero además de eso, les estamos pidiendo identificaciones que tengan fotografías y que sea válido en Estados Unidos. Puede ser el pasaporte o licencia de conducir de Estados Unidos. También, piden las cédulas de las personas en la República Dominicana”, explicó.

Aseguró que cada semana los miembros de la Fedacama, que son 384 empresas, envían 200 contenedores hacia la República Dominicana, que contienen comida y ropa usada, en su mayoría.

“Debemos cuidar este servicio, este servicio es exclusivo de la República Dominicana. Ningún otro país tiene este servicio, deben pagar mucho dinero porque es pesado. Para nosotros no, para nosotros es todo lo que coja una caja o un tanque”, señaló.

Reiteró que no pueden enviar drogas, dinero y ni ningún tipo de armas.

“El cliente debe estar seguro a quién le está entregando su carga, porque algunas compañías se están prestando, cogen su dinero y se van. Hay contenedores perdidos”, apuntó.

Dijo que las empresas de Fedacama están abocadas a desarrollar campañas de orientación hacia el cliente para que sepan qué deben enviar y qué no.

“Nosotros gastamos mucho dinero haciendo este tipo de trabajo, de educar al cliente a través de canales de televisión, periódicos y los diferentes medios de comunicación. Los clientes deben saber que no podemos dañar el trabajo que hacemos. Nos afecta a nosotros y a las familias dominicanas”, indicó.

Dijo que le están solicitando a la Dirección General de Aduanas hacer pública a las personas que incurran en actos ilícitos. “Nosotros estamos cumpliendo con lo que ellos nos están pidiendo y ellos tienen a mano a quiénes ellos pueden penalizar”.

La República Dominicana ha deportado a 792 migrantes haitianas embarazadas desde que comenzó en noviembre de 2021 con las expulsiones de las gestantes. Además, ha devuelto hacia Haití a 433 familias con menores de 18 años.

Diario Libre le solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) los datos de estas deportaciones con el 2017 como año de partida. Sin embargo, la DGM respondió que desde ese período a octubre de 2021 “no se produjeron deportaciones de familias completas ni de embarazadas”. Explicó en un documento que esas deportaciones comenzaron en noviembre de 2021 y “se mantienen hasta la fecha”.

Las deportaciones de migrantes haitianas embarazadas comenzaron en momentos en que la República Dominicana endureció sus políticas migratorias por la crisis de violencia en Haití, como comunicó el presidente dominicano Luis Abinader, en momentos en que llamó a la comunidad internacional a actuar con urgencia sobre el país vecino.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/05/gráfico-deportaciones-de-embarazadas-haitinas-05042022-diario-libre-33f1ce7c.jpeg

El argumento es que también los servicios de maternidad para las haitianas embarazadas representan un alto costo económico para la República Dominicana. Las instituciones de salud dominicanas han informado que los partos, naturales o por vía cesárea, de mujeres haitianas pasaron de ser el 12.5 % en el 2018 al 30.5 % en el 2021.

Organismos internacionales, como las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han criticado al país por la medida tomada. El Sistema de Naciones Unidas expresó su preocupación por las deportaciones de las mujeres embarazadas que “buscaban o inclusive ya recibían atención en centros de salud y hospitales”.

La CIDH señaló que las expulsiones exponen a las mujeres embarazadas “a graves vulneraciones” y urgió al país a acatar el principio de no devolución de una persona a otro país donde su vida o libertad peligre.

En la audiencia pública de la CIDH el Estado dominicano, representado por el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Josué Fiallo, se defendió de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en personas migrantes, sobre todo aquellas que son procedentes de Haití y de ascendencia haitiana.  

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Fiallo garantizó que en el país “no se realizan” deportaciones masivas de mujeres migrantes embarazadas. El diplomático explicó que la DGM posee protocolos que impiden las deportaciones de las mujeres embarazadas en labores de parto. El embajador también aseguró que la deportación solo ocurre cuando es médicamente seguro para la madre y el bebé.   

La ley de Migración

La Ley General de Migración 285-04 faculta a las autoridades dominicanas a deportar a los extranjeros que estén en situación irregular y su reglamento de aplicación prohíbe las detenciones de mujeres embarazadas o lactantes, menores de edad, solicitantes de asilo y envejecientes.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dio a conocer ayer los detalles del operativo preventivo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2022”, el primero después de las restricciones que se vivieron durante ese periodo en los últimos dos años a consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.

Según dijo el director del COE, Juan Manuel Méndez García, el desplazamiento de personas en Semana Santa tiende a ser mayor a cuatro millones y para este año se espera se incremente.

Atribuye el posible aumento en la movilidad a la recuperación del turismo que se ha venido produciendo, lo que causaría mayor dinamismo en el asueto, tanto de dominicanos como de extranjeros.

Anunció que este año, como de costumbre, el operativo comenzará el Jueves Santo (14 de abril) a las 2:00 de la tarde y concluirá el Domingo de Resurrección (17 de abril) a las 6:00 de la tarde. 

Indicó que se desplegarán 48,223 personas a nivel nacional que integran más de 20 instituciones involucradas en el montaje a fin de prevenir accidentes, asfixia por inmersión e intoxicación por alcohol y alimentos.

Durante el operativo “Conciencia por la Vida” habrá 3,175 puestos de socorro, 165 ambulancias, 41 talleres móviles, 57 puestos de grúa, 9 centros de comando regional, 3 helicópteros, 19 embarcaciones, 43 autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, 1,525 unidades de respuesta inmediata y 15 dispositivos de asistencia vial.    

También se prohibirá la circulación de vehículos pesados desde el 14 de abril a las 6:00 de la mañana hasta el lunes 18 a las 5:00 de la mañana.

Asimismo a los vehículos pesados que por la naturaleza de sus cargas se les permita circular deberán hacerlo únicamente por el carril derecho y a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora.         

De igual forma se prohíbe transitar más de dos personas a bordo de una motocicleta y se exigirá cascos protectores también a los pasajeros, en tanto que en camionetas no estará permitido transportar personas en la parte trasera.

El cumplimiento de las medidas citadas estará a cargo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

esas instituciones tambiénserán responsables de la revisión del estado de las condiciones de los vehículos de transporte público que operan a nivel nacional.   

La Defensa Civil informó que 232 playas y balnearios han sido clausurados por la peligrosidad que representan.

En tanto que la Politur dijo que tendrá un personal operativo compuesto por 1,706 de sus miembros en polos y áreas turísticas.

Juan Manuel Méndez llamó a la población a comportarse con moderación para que el operativo sea exitoso. 

Novedades  

En el marco del operativo preventivo el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 pondrá a disposición del COE su red de videovigilancia para supervisar balnearios, peajes y zonas urbanas durante la jornada.

La información la ofreció el director ejecutivo del organismo, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez.

Otra novedad es que el Ministerio de la Mujer desarrollará el operativo denominado “Semana Santa sin Violencia es Posible”.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo que con esos fines, más de 500 personas distribuirán volantes con materiales alusivos a la prevención de la violencia de género e intrafamiliar en estaciones de peaje, paradas de autobuses y playas y balnearios de diferentes zonas. 

Esperan hoteles llenos

El sector hotelero de la provincial La Altagracia y La Romana espera que los hoteles de la zona se llenen en Semana Santa. 

Esa proyección la hace Ernesto Veloz, presidente de Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este (Asoleste) en relación a Verón, Bávaro-Punta Cana,

«Todavía el booking (reservas) no está completo, faltan días suficientes. Al último momento, es cuando la gente normalmente se apresura mucho, pero lo que esperamos tener es una ocupación muy buena», declaró.

Expuso que en la actualidad tienen 44 mil habitaciones hoteleras, distribuidas en 67 hoteles y a final de año esperan andar por las 45 mil.

Destino La Romana-Bayahíbe  

Ana García, directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles La Romana Bayahíbe (AHRB) y del Cluster Turístico La Romana Bayahíbe (CTRB), comentó que tienen grandes expectativas para esta Semana Santa, pues, su mercado tradicional se está recuperando y tienen una demanda creciente del mercado local.

El destino La Romana-Bayahíbe cuenta con 14 resorts que suman más de 5,500 habitaciones, y unos 10 hoteles boutique, con aproximadamente 250 habitaciones adicionales, afirmó la ejecutiva.

La República Dominicana ha deportado a 792 migrantes haitianas embarazadas desde que comenzó en noviembre de 2021 con las expulsiones de las gestantes. Además, ha devuelto hacia Haití a 433 familias con menores de 18 años.

Diario Libre le solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) los datos de estas deportaciones con el 2017 como año de partida. Sin embargo, la DGM respondió que desde ese período a octubre de 2021 “no se produjeron deportaciones de familias completas ni de embarazadas”. Explicó en un documento que esas deportaciones comenzaron en noviembre de 2021 y “se mantienen hasta la fecha”.

Las deportaciones de migrantes haitianas embarazadas comenzaron en momentos en que la República Dominicana endureció sus políticas migratorias por la crisis de violencia en Haití, como comunicó el presidente dominicano Luis Abinader, en momentos en que llamó a la comunidad internacional a actuar con urgencia sobre el país vecino.

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Organismos internacionales, como las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han criticado al país por la medida tomada. El Sistema de Naciones Unidas expresó su preocupación por las deportaciones de las mujeres embarazadas que “buscaban o inclusive ya recibían atención en centros de salud y hospitales”.

La CIDH señaló que las expulsiones exponen a las mujeres embarazadas “a graves vulneraciones” y urgió al país a acatar el principio de no devolución de una persona a otro país donde su vida o libertad peligre.

En la audiencia pública de la CIDH el Estado dominicano, representado por el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Josué Fiallo, se defendió de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en personas migrantes, sobre todo aquellas que son procedentes de Haití y de ascendencia haitiana.  

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RD evitará ingreso de extranjeras embarazadas con seis meses o más

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Fiallo garantizó que en el país “no se realizan” deportaciones masivas de mujeres migrantes embarazadas. El diplomático explicó que la DGM posee protocolos que impiden las deportaciones de las mujeres embarazadas en labores de parto. El embajador también aseguró que la deportación solo ocurre cuando es médicamente seguro para la madre y el bebé.   

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La Ley General de Migración 285-04 faculta a las autoridades dominicanas a deportar a los extranjeros que estén en situación irregular y su reglamento de aplicación prohíbe las detenciones de mujeres embarazadas o lactantes, menores de edad, solicitantes de asilo y envejecientes.

El Sistema de Licencia de Conducir por Puntos tiene por finalidad promover y desarrollar la seguridad en calles y carreteras, sobre todo salvar vidas, y para implementarlo se creó una mesa de trabajo interinstitucional que coordina las acciones, como lo contempla la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El sistema otorgará al conductor un saldo de 20 puntos en su licencia de conducir, y conforme cometa infracciones de tránsito, dichos puntos serán reducidos hasta llegar a cero. En ese momento, se procederá a tramitar la suspensión de su licencia.

Rosanny Torres, encargada de Cooperación Internacional y del Departamento de Planificación y Desarrollo de Intrant, dijo que los decretos 4-19, de reglamento sobre licencias por puntos, y 6-19 de licencia de conducir, están amparados en la ley 63-17.

Indicó que una de las normativas es la reeducación de los conductores infractores de la ley, porque el fin último del proyecto no es recaudar ni sancionar, sino reducir los accidentes en las vías del país. El sistema se le aplicará a todo conductor de vehículo que tenga licencia, desde motocicletas hasta vehículos con altas categorías.

Garantizó que el sistema no permitirá que se coloquen multas que no sean reconocidas por los conductores y para ello se coordinan los trabajos con la Procuraduría General de la República, la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(Digesett) y los jueces de paz, que serán los encargados de confirmar la violación a la ley.

Manifestó que trabajan en tres fases: una es la coordinación interinstitucional, comunicación a la ciudadanía y una tercera fase es la implementación paulatina del proceso para hacer algo bien hecho y que por esa causa no se ha fijado todavía fecha de inicio.

¿Cómo funcionará el sistema?

El sistema otorgará al conductor un saldo de 20 puntos en su licencia de conducir, y conforme cometa infracciones de tránsito, dichos puntos serán reducidos hasta llegar a cero. En ese momento, se procederá a tramitar la suspensión de su licencia.

Torres manifestó que cada infracción cuenta con puntos, por ejemplo, por violar la luz roja de un semáforo, son cinco puntos y se van acumulando hasta completar 20, lo que indica que a esa persona hay que suspenderle la licencia de conducir.

Aclaró que ese proceso es independiente a la multa, y como está establecido cada violación a la ley tiene un monto que el ciudadano debe pagar. ”Si un ciudadanos dice que no reconoce esa multa o que fue impuesta de manera injusta, le llegará una notificación, en el proceso puede apelar esa decisión y se apodera los jueces de paz y ahí se va a parar el proceso, no se les quitan los puntos todavía hasta que haya una decisión de los jueces”.

Sostuvo que si se determina que el conductor no cometió la infracción con las pruebas presentadas, entonces no procede quitarle puntos. Una persona puede perder todos los puntos, pero puede recuperarlos si en dos años no vuelve a cometer violaciones a la ley y se le agrega la mitad de los puntos que perdió.

Otra forma es tomando un curso de reeducación y sensibilización con tiempo suficientes para que el infractor se capacite y pueda conducir de manera consciente.

“Todo este proceso es preventivo y educativo, esas son las funciones principales y en última instancia, sanción, como se ha mencionado aquí en el Intrant”. Los trabajos de preparación e implementación del sistema son apoyados por el Banco Interameriano de Desarrollo (BID).

Ronsanny Torres explicó que este sistema no es un invento y dijo que se aplica en otros países con buenos resultados como es conductores más responsables, más educados y por ende una disminución significativa de los accidentes de tránsito y por consiguiente de muertes.