La espera de la auditoría que realiza la Cámara de Cuentas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, ejecutado durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, es uno de los principales argumentos defendidos hoy por el Ministerio Público para que le otorguen la prórroga a fin de terminar la investigación del caso Medusa.
Los miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) argumentan que esa auditoría es un elemento fundamental del caso, ya que, supuestamente, el Plan de Humanización fue una de las maniobras utilizadas por los integrantes de la red Medusa para estafar al Estado.
Otro de los argumentos presentados por la Pepca es que a través de ese plan se pagaron 400 millones en equipos, muchos de los cuales ni siquiera se fabricaron.
El Ministerio Público está solicitando cuatro meses para terminar la investigación y presentar la acusación, en la que serán incluidas «todas las personas y empresas» utilizadas para cometer actos de corrupción.
Durante su discurso, la directora de Persecución, Yeni Berenice, también dijo que faltan decenas de testigos por interrogar.
No tienen caso blindado, dicen abogados
Los abogados defensores de los imputados, por otro lado, han planteado que no hay un «caso blindado» como alega el Ministerio Público. Exponen que de ser cierto, no habrían solicitado una prórroga.
“No se explica que, a un año de esa situación… la auditoría a La Victoria, ahora es tomada como subterfugio o justificación para una prórroga… Es más, antes de que Jean Alain fuese apresado ellos estaban en esos movimientos procesales y ahora lo resucitan para justificar a la jueza el plazo de los cuatro meses”, dijo el abogado Carlos Balcácer, defensa de Jean Alain.
“Es una engañifa más de la que ya estamos acostumbrados. Es decir que hay que estar claro, el que no presenta acusación es porque no está preparado… no se puede ser así, hay que ser un poquito más honestos”, aseguró Balcácer.
En ese sentido se expresó Ingrid Hidalgo, abogada de Jhonattan Rodríguez. Entiende que el Ministerio Público dice muchas cosas, “pero probarlo es lo difícil”.
“Desde el primer momento el Ministerio Público ha manifestado que tiene una investigación blindada, con amplios y miles de soportes probatorios, entonces no necesita cuatro meses, lo que debe hacer es presentar acusación”, dijo Hidalgo.
La audiencia se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual dio un receso hasta las 3:30 de la tarde para que las partes puedan almorzar.
El expediente
El expediente del caso Medusa señala que los encartados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República.
Desde el año pasado, el exprocurador Jean Alain Rodríguez; el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, cumplen prisión preventiva por 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
