Banco Agrícola prestará RD$100 millones en Feria Agropecuaria

Santo Domingo RD.- El Banco Agrícola (Bagricola) financiará con tasas especiales la compra de animales y equipos agrícolas durante la Feria Agropecuaria Nacional 2022, que será inaugurada este viernes, con la presencia del presidente Luis Abinader. Asimismo, la institución financiera dijo que dispone de 100 millones de pesos para prestarlos a tasa cero a productores […]

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Bancos asumen costo del fraude a tarjetas Supérate y comienzan a pagar

El costo del millonario fraude a tarjetas Supérate lo asumen los bancos. En conjunto, varias entidades bancarias depositan unos 60 millones de pesos para la entrega de 40 mil tarjetas a beneficiarios afectados. La directora de Supérate, Gloria Reyes, aclaró que el sistema de pago de las tarjetas Supérate, es un sistema compartido entre el […]

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Biden eleva el tono contra Putin y le llama “dictador asesino”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elevó este jueves el tono contra su homólogo ruso, Vladímir Putin, al describirle como un “dictador asesino” que ha autorizado ataques “inhumanos” contra Ucrania. El mandatario estadounidense utilizó esas palabras un día después de tachar a Putin de “criminal de guerra” por las tácticas de Rusia en su […]

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El Tribunal Constitucional de Perú aprueba liberar al expresidente Fujimori

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú aceptó este jueves un “habeas corpus” que solicitaba la nulidad de una resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Alberto Fujimori, lo que implica que el expresidente será liberado, confirmó a Efe Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y […]

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Estado pide indemnización por más de 9 mil millones contra Jean Alain y demás del caso Medusa

Santo Domingo – El Estado dominicano, a través de los abogados contratados para recuperar el patrimonio público que esté en manos de terceros, están demandando como indemnización 9,200 millones de pesos contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso Medusa. La indemnización se solicitó mediante la querella con constitución en actor […]

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Firman acuerdo para promover una cultura de ciberseguridad

El Ministerio de la Presidencia (Minpre) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) firmaron este jueves un acuerdo, con el objetivo de impulsar y promover una cultura nacional de ciberseguridad que se fundamente en la protección efectiva del Estado dominicano en ese espectro tecnológico.

Según una nota de prensa, el convenio fue rubricado por el rector del Intec, Julio Sánchez Maríñez, y por el director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), Juan Gabriel Gautreaux, unidad apéndice del Minpre. Ambos ejecutivos se comprometieron a impulsar, desde sus respectivas instituciones, las acciones que sean necesarias para que la nación dominicana pueda contar con un ciberespacio más seguro.

El rector del Intec expresó que, tal vez por razones lamentables, más que nunca hace falta asegurar las mejores prácticas y prevención en materia de ciberseguridad, para protección de datos, herramientas y los sistemas de toda la sociedad, sin la cual ninguna sociedad moderna puede funcionar adecuadamente.

“No quiero referirme a hechos que uno preferiría ni tener que referirse, que preferiría que no hubieran ocurrido o estén ocurriendo, pero nos hacen patente la necesidad de esta área tan vibrante de la ciberseguridad”, indicó.

Sánchez Maríñez aseguró que el Gobierno y el Estado, en su conjunto, podrán contar con el Intec como un socio, responsable, innovador y cumplidor de los acuerdos que suscribe y de las iniciativas que se puedan desprender de ese esfuerzo.

De su lado, el director CNCS, Juan Gabriel Gautreaux, expresó que, con ese plan de acción el Gobierno y el Intec apoyarán y trabajarán para que se produzca un incremento en torno a una cultura nacional de ciberseguridad y el fortalecimiento de capacidades en el sector.

Apostó por mayor integración de mujeres al espectro de la ciberseguridad, a través del programa Ciberwoman, así como al programa Creando una trayectoria en ciberseguridad, dirigido a estudiantes universitarios de bajos recursos.

El acuerdo firmado por el CNCS, organismo del Minpre y el Intec promoverá el desarrollo y la seguridad nacional, así como un ciberespacio más seguro, en el que se desarrollen de manera confiables y permanentes las actividades productivas y lúdicas de toda la población, acorde con los lineamientos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Acordaron, además, desarrollar conferencias, programas de formación y otros encuentros académicos, con la finalidad de generar espacios para el intercambio y propagación del uso responsable de las tecnologías de la información.

Para el logro de los objetivos del acuerdo, las instituciones incorporaron una Mesa de Trabajo Interinstitucional para la coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances del convenio. Las comisiones serán encabezadas por Omar de Los Santos, director de Coordinación de Estrategias de Ciberseguridad en el CNCS, y Osvaldo Larancuent, coordinador de la Carrera en Ciberseguridad en Intec. 

Gautreaux agradeció a las autoridades universitarias en nombre del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, por contribuir al desarrollo de la ciberseguridad, lo que permitirá afrontar los desafíos del ciberespacio.

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Denuncian violación de derechos humanos de migrantes en RD

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este jueves violaciones de derechos humanos de los migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana. La falta de documentos de identidad fue el principal tema expuesto durante la audiencia pública organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las instituciones no gubernamentales argumentaron que la falta de documentos le impide a esa población acceder al mercado laboral formal, situación que los empuja a la informalidad y a la explotación en los trabajos, le restringe de participar en la vida pública, acceder a créditos o programas gubernamentales y de asistencia social.

Wishna Joseph afirmó que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional desnacionalizó a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, y que todavía más de 35 mil no han recuperado sus documentos de identidad. En cuanto al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, las organizaciones cifraron en 7,149 las personas que continúan a la espera de ver su ciudadanía efectivamente acreditada.

Además, criticaron la deportación de mujeres haitianas embarazadas quienes, aseguraron, fueron capturadas en las inmediaciones de los hospitales cuando acudieron a recibir atenciones de salud. También juzgaron las deportaciones de niños y adolescentes.

A inicios de noviembre de 2021, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció que seguirá con las medidas migratorias más estrictas y pidió a la comunidad internacional actuar en Haití con urgencia. El Gobierno tomó las medidas ante la grave inestabilidad política y de seguridad que atraviesa Haití, la cual se recrudeció luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Sobre las deportaciones de las mujeres embarazadas, las autoridades dominicanas han señalado “la carga irrazonable” que supone para las finanzas públicas las atenciones en salud que brinda a las personas extranjeras sin documentos. Por tanto, se impidió el acceso al país a mujeres embarazadas a partir de los seis meses de gestación. El Gobierno dominicano también limitó solo a casos de emergencias, el acceso a los hospitales de todo el país a los inmigrantes indocumentados.

“Comunicados, cartas, notas de prensa, tour de medios, solicitudes de reuniones, visitas a funcionarios…  han sido parte de la estrategia de acercamiento. Sin embargo, desde su instalación las nuevas autoridades han dado señales inequívocas de ignorar los pocos avances alcanzados, implementando una serie de medidas que agravan la situación de dominicanos de ascendencia haitiana y sus familiares”, dijo Wishna Joseph.

“Hemos venido, nueva vez aquí, a un espacio en que los ciudadanos tenemos la oportunidad de ser escuchados para pedirle a nuestro Gobierno que pase la página de la discriminación institucionalizada. Hemos venido a decir a nuestras autoridades que los jóvenes que luchamos por nuestra superación somos parte integral de cualquier tipo de cambio que busque construir una sociedad más justa y democrática”, expresaron.

Demandas

Las organizaciones solicitaron al Estado dominicano, por intermediación de la CIDH, la adopción de una ley contra la discriminación, el reconocimiento sin restricciones del derecho de nacionalidad dominicana para los nacidos antes del 26 de enero de 2010, que la sentencia 168-13 “no siga produciendo” efectos sobre personas nacidas en territorio dominicano antes del 26 de enero de 2010, la garantía de la seguridad jurídica para recobrar de manera efectiva la nacionalidad a las personas destinatarias de la ley 169-14 y de los decretos 250-14, 262-20, 297-21.

Requirieron al Estado dominicano la “aplicación real” de estándares internacionales en caso de deportaciones de migrantes, sobre todo de aquellos de origen haitiano. Las organizaciones también solicitaron que se establezca régimen de consecuencias para los agentes migratorios que actúen fuera de los lineamientos.

Las organizaciones participantes fueron los movimientos: Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (Mosctha), de Mujeres Domínico Haitiana (Mudha) y Reconoci.Do; también el Centro de Desarrollo Sostenible (Cedeso), Plataforma Dominican@s por Derecho (DXD), Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (Ascala).

Sigue en la lista la Red Nacional de Organizaciones Populares (Renopo), la Asociación para la Promoción de la Vida (Coovida), el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race and Equality).

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Denuncian violación de derechos humanos de migrantes en RD

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron este jueves violaciones de derechos humanos de los migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana. La falta de documentos de identidad fue el principal tema expuesto durante la audiencia pública organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las instituciones no gubernamentales argumentaron que la falta de documentos le impide a esa población acceder al mercado laboral formal, situación que los empuja a la informalidad y a la explotación en los trabajos, le restringe de participar en la vida pública, acceder a créditos o programas gubernamentales y de asistencia social.

Wishna Joseph afirmó que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional desnacionalizó a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, y que todavía más de 35 mil no han recuperado sus documentos de identidad. En cuanto al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, las organizaciones cifraron en 7,149 las personas que continúan a la espera de ver su ciudadanía efectivamente acreditada.

Además, criticaron la deportación de mujeres haitianas embarazadas quienes, aseguraron, fueron capturadas en las inmediaciones de los hospitales cuando acudieron a recibir atenciones de salud. También juzgaron las deportaciones de niños y adolescentes.

A inicios de noviembre de 2021, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció que seguirá con las medidas migratorias más estrictas y pidió a la comunidad internacional actuar en Haití con urgencia. El Gobierno tomó las medidas ante la grave inestabilidad política y de seguridad que atraviesa Haití, la cual se recrudeció luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Sobre las deportaciones de las mujeres embarazadas, las autoridades dominicanas han señalado “la carga irrazonable” que supone para las finanzas públicas las atenciones en salud que brinda a las personas extranjeras sin documentos. Por tanto, se impidió el acceso al país a mujeres embarazadas a partir de los seis meses de gestación. El Gobierno dominicano también limitó solo a casos de emergencias, el acceso a los hospitales de todo el país a los inmigrantes indocumentados.

“Comunicados, cartas, notas de prensa, tour de medios, solicitudes de reuniones, visitas a funcionarios…  han sido parte de la estrategia de acercamiento. Sin embargo, desde su instalación las nuevas autoridades han dado señales inequívocas de ignorar los pocos avances alcanzados, implementando una serie de medidas que agravan la situación de dominicanos de ascendencia haitiana y sus familiares”, dijo Wishna Joseph.

“Hemos venido, nueva vez aquí, a un espacio en que los ciudadanos tenemos la oportunidad de ser escuchados para pedirle a nuestro Gobierno que pase la página de la discriminación institucionalizada. Hemos venido a decir a nuestras autoridades que los jóvenes que luchamos por nuestra superación somos parte integral de cualquier tipo de cambio que busque construir una sociedad más justa y democrática”, expresaron.

Demandas

Las organizaciones solicitaron al Estado dominicano, por intermediación de la CIDH, la adopción de una ley contra la discriminación, el reconocimiento sin restricciones del derecho de nacionalidad dominicana para los nacidos antes del 26 de enero de 2010, que la sentencia 168-13 “no siga produciendo” efectos sobre personas nacidas en territorio dominicano antes del 26 de enero de 2010, la garantía de la seguridad jurídica para recobrar de manera efectiva la nacionalidad a las personas destinatarias de la ley 169-14 y de los decretos 250-14, 262-20, 297-21.

Requirieron al Estado dominicano la “aplicación real” de estándares internacionales en caso de deportaciones de migrantes, sobre todo de aquellos de origen haitiano. Las organizaciones también solicitaron que se establezca régimen de consecuencias para los agentes migratorios que actúen fuera de los lineamientos.

Las organizaciones participantes fueron los movimientos: Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (Mosctha), de Mujeres Domínico Haitiana (Mudha) y Reconoci.Do; también el Centro de Desarrollo Sostenible (Cedeso), Plataforma Dominican@s por Derecho (DXD), Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (Ascala).

Sigue en la lista la Red Nacional de Organizaciones Populares (Renopo), la Asociación para la Promoción de la Vida (Coovida), el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race and Equality).

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Jean Alain dice la Pepca actúa con trama dilatoria

El Consejo de Defensa del exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el expediente levantado tras la Operación Medusa, denunció a la prensa y a la opinión pública una supuesta trama de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) para dilatar el proceso de investigación que siguen a su cliente.

La defensa del exprocurador considera que no existen pruebas en su contra y que el objetivo del Ministerio Público «es prolongar la prisión ilegal» de su cliente, reenviando las audiencias fijadas por los tribunales como táctica dilatoria.

“El Ministerio Público presentó el pasado 28 de febrero una solicitud de prórroga de cuatro meses al dejar vencer el plazo ampliado de ocho meses otorgado, sin presentar un archivo del caso o una acusación como lo manda la ley”, indica un documento de prensa enviado por la barra de la defensa de Rodríguez.

«Luego de engañar al país informando que tenían un expediente blindado, resulta que no tienen una sola prueba contra el exprocurador, y por tanto, solicitan cuatro meses adicionales, solicitud que en función del artículo 228 del Código Procesal Penal ordena la suspensión de la presión preventiva y conlleva la libertad del investigado», dijo el abogado Gustavo Biaggi.

El Consejo de Defensa del exprocurador recusó formalmente a cinco miembros del Ministerio Público de los más de 1,500 que componen la matrícula de la institución. Entre los llamados a ser recusados se encuentran los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice por estos encontrarse inhabilitados para investigar a su excompañero de trabajo conforme lo prohíbe de forma expresa el artículo 80, acápites 1, 7 y 9 de la Ley 133-11, dice la nota de prensa. Pero la recusación fue rechazada «por carecer de argumentos legales». 

“Existen decenas de pruebas, declaraciones públicas y escritos que demuestran la deteriorada relación y animadversión existente de parte de los miembros del Ministerio Público y el exprocurador. La destitución de Yeni Berenice y su rechazo a participar del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) para la selección de los fiscales y procuradores es una muestra suficiente de su falta de objetividad en el proceso”, subrayó la defensa del exprocurador.

Otro de los representantes legales de Rodríguez, Carlos Balcácer, manifiestó que el Ministerio Público tiene un año y medio investigando, que incluye ocho meses formales que ya han vencido, «aparte de negar y ocultar todos los documentos y pruebas que se piden, para ahora solicitar al tribunal una prórroga de cuatro meses porque el expediente blindado ya no está tan blindado». «No merecen ni un solo día de prórroga y si la otorgan, entonces que cumpla el juez con la ley, otorgando la libertad de nuestro cliente”, sostuvo Balcácer. 

Reitera que la audiencia sea abierta al público

El Consejo de Defensa reiteró que la opinión pública debe estar informada y atenta del proceso, pues han solicitado de nuevo que la audiencia fijada para el viernes 18 de marzo a las 4:00 de la tarde sea pública y a puertas abiertas «para que todo lo que acontezca en la sala sea conocido».

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Jean Alain dice la Pepca actúa con trama dilatoria

El Consejo de Defensa del exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el expediente levantado tras la Operación Medusa, denunció a la prensa y a la opinión pública una supuesta trama de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) para dilatar el proceso de investigación que siguen a su cliente.

La defensa del exprocurador considera que no existen pruebas en su contra y que el objetivo del Ministerio Público «es prolongar la prisión ilegal» de su cliente, reenviando las audiencias fijadas por los tribunales como táctica dilatoria.

“El Ministerio Público presentó el pasado 28 de febrero una solicitud de prórroga de cuatro meses al dejar vencer el plazo ampliado de ocho meses otorgado, sin presentar un archivo del caso o una acusación como lo manda la ley”, indica un documento de prensa enviado por la barra de la defensa de Rodríguez.

«Luego de engañar al país informando que tenían un expediente blindado, resulta que no tienen una sola prueba contra el exprocurador, y por tanto, solicitan cuatro meses adicionales, solicitud que en función del artículo 228 del Código Procesal Penal ordena la suspensión de la presión preventiva y conlleva la libertad del investigado», dijo el abogado Gustavo Biaggi.

El Consejo de Defensa del exprocurador recusó formalmente a cinco miembros del Ministerio Público de los más de 1,500 que componen la matrícula de la institución. Entre los llamados a ser recusados se encuentran los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice por estos encontrarse inhabilitados para investigar a su excompañero de trabajo conforme lo prohíbe de forma expresa el artículo 80, acápites 1, 7 y 9 de la Ley 133-11, dice la nota de prensa. Pero la recusación fue rechazada «por carecer de argumentos legales». 

“Existen decenas de pruebas, declaraciones públicas y escritos que demuestran la deteriorada relación y animadversión existente de parte de los miembros del Ministerio Público y el exprocurador. La destitución de Yeni Berenice y su rechazo a participar del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) para la selección de los fiscales y procuradores es una muestra suficiente de su falta de objetividad en el proceso”, subrayó la defensa del exprocurador.

Otro de los representantes legales de Rodríguez, Carlos Balcácer, manifiestó que el Ministerio Público tiene un año y medio investigando, que incluye ocho meses formales que ya han vencido, «aparte de negar y ocultar todos los documentos y pruebas que se piden, para ahora solicitar al tribunal una prórroga de cuatro meses porque el expediente blindado ya no está tan blindado». «No merecen ni un solo día de prórroga y si la otorgan, entonces que cumpla el juez con la ley, otorgando la libertad de nuestro cliente”, sostuvo Balcácer. 

Reitera que la audiencia sea abierta al público

El Consejo de Defensa reiteró que la opinión pública debe estar informada y atenta del proceso, pues han solicitado de nuevo que la audiencia fijada para el viernes 18 de marzo a las 4:00 de la tarde sea pública y a puertas abiertas «para que todo lo que acontezca en la sala sea conocido».

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