La red de ciberdelito desmantelada por la Operación Discovery estafaba a ciudadanos estadounidenses, esencialmente mayores de 60 años, a través de llamadas telefónicas, establece el Ministerio Público en su documento de solicitud de medida coerción.
Como “ciberdelicuentes”, expertos en tecnología y que manejan el idioma inglés, el órgano persucutor indica que para perpetrar las estafas adoptaron la técnica caller ID spoofing o suplantación de identificador de llamadas.
El spoofing consiste en usurpar una identidad electrónica para ocultar la propia identidad y así cometer delitos en Internet. Es un tipo de estafa en la que un delincuente disfraza una dirección de correo electrónico, un nombre, un número de teléfono, un mensaje de texto o la URL de un sitio web para mostrar y convencer a un objetivo de que está interactuando con una fuente conocida y confiable.
Bajo este mecanismo la red redireccionaba los números telefónicos y simulaban falsamente un código de área americano para ejecutar el plan fraudulento con sus operaciones ilícitas sin ser descubiertos.
En la red, el spoofing era utilizado de la manera siguiente:
· El atacante, busca enmascarar su número, inicia sesión en el sitio web del proveedor de servicios de spoofing y proporciona la información de pago.
· Una vez dentro del sitio, provee su propio número -generalmente perteneciente a una tarjeta prepaga adquirida sólo con propósitos maliciosos-, el número de la víctima, y la identificación falsa a ser mostrada a esta última.
· El proveedor entonces llama al atacante al número suministrado, llama a la víctima, y luego unen ambas comunicaciones junto con la información ilegítima.
· El destinatario de la estafa ve la identificación falsa, contesta la línea, y es comunicado directamente con el atacante, todo esto según la explicación del Ministerio Público en el documento.
Lograda la conexión con la víctima, entra en máxima ejecución de sus funciones el abridor, que es la persona que comete la estafa de manera inicial.
“Informa de manera engañosa una situación de emergencia, preocupación, de alarma, de presión psicológica, en la cual hace que la víctima rápidamente acceda a conseguir el dinero y depositarlo a la estructura criminal, en la modalidad de transferencia”.
Luego entran a la escena los cerradores, según el MP estos son los que vuelven a contactar a la víctima vía telefónica, muchos de ellos pasándose por miembros del FBI o abogados, para confirmar la situación y que se deposite el dinero lo más antes posible.
Al hacerse pasar por autoridades federales amenazaban a las víctimas de ser enviadas a prisión si no realizaban un pago a una cuenta o dirección de la red que siempre estaba a nombre de un tercero, especifica el expediente.
“Infundían terror a personas decidiéndoles que podían secuestrarlos a ellos y su familia. Esto les garantizaban que las víctimas pudieran depositar altas sumas de dinero en dólares, logrando así el resultado del crimen”.
La red utilizaba como medio para el movimiento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a través de remesadoras como Caribe Express, Wenster Union, entre otras.
Las partes agraviadas solicitaron a las autoridades dominicanas, a través de la Embajada de Estados Unidos, la cooperación internacional a fin de identificar a los responsables.
La investigación inició en julio de 2020, especifica el Ministerio Público, y fue a través del seguimiento realizado a las cuentas en la red social Facebook del imputado Pablo Miguel Balbuena (a) Miguel Ortiz y/o La Válvula seguido de varias interceptaciones telefónicas, que el organismo dio al traste con los demás integrantes de la red.
A los 38 implicados se le imputa la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de drogas. Además, se le añade el cargo de uso de armas de fuego, porte y tenencia de armas de fuegos ilegales.
Los sindicados son: Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari) (cabecilla), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
Asimismo, Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan de Dios Martínez Brito.
Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.
Además, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Estévez y/o Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.
Desmantelamiento
La estructura criminal, que operaba desde Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata fue desmantelada la semana pasada a través de decenas de allanamientos simultáneos realizados en el país y en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
El Ministerio Público aseguró que posee múltiples evidencias de transacciones millonarias, alrededor de 30 vehículos de alta gama, armas de fuego de alto calibre, y más de 300 equipos electrónicos, incluyendo computadoras y celulares.
El expediente indica que el monto estafado a los norteamericanos fue de más de 100 millones de dólares. Por el hecho, las autoridades solicitan al Juzgado de Atención Permanente de Santiago la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y la declaratoria del caso complejo.
La audiencia de conocimiento de medida coerción fue fijada para el próximo lunes, 14 de marzo, luego de que la jueza acogiera la petición de la defensa que requirió el expediente físico para su estudio.
