El G20 prolonga suspensión de la deuda a las naciones pobres
El grupo de las 20 principales economías del mundo (G-20) pactó este miércoles ampliar la suspensión de los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres del mundo para proporcionar un estímulo a la economía mundial, en medio de la pandemia del coronavirus.
‘Hemos acordado extender la moratoria de deuda para los países más pobres durante seis meses’, anunció el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Mohamed al Yadan, que presidió la reunión, en una conferencia de prensa posterior al encuentro entre los ministros.
Al Yadan explicó que el grupo del G20 pactó esta medida debido a la ‘continua presión de liquidez’ en esas naciones que ‘están lidiando con los desafíos sanitarios, sociales y económicos asociados a la pandemia del COVID-19’.
Este acuerdo, según el ministro saudí, será revisado en su reunión de la próxima Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se celebrará en abril.
La decisión de prolongar la suspensión tanto los reembolsos de capital como los pagos de intereses beneficia a todos los países de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el brazo de desarrollo internacional del BM, que actualmente están en servicio de la deuda con ambos organismos de crédito.
Tras la reunión, los funcionarios del G20 aplaudieron en un comunicado que la perspectiva de la actividad económica mundial ‘es menos negativa’ ahora que hace unos meses, gracias a los signos de recuperación en las economías que se han reabierto ‘gradualmente’.
Sin embargo, reconocieron que esta recuperación está siendo ‘desigual, muy incierta y sujeta a elevados riesgos a la baja’.
‘Reafirmamos nuestra determinación de continuar utilizando todas las herramientas de políticas disponibles durante el tiempo que sea necesario para salvaguardar la vida, el empleo y los ingresos de las personas, apoyar la recuperación económica mundial y mejorar la resiliencia del sistema financiero’, detallaron.
La moratoria del G20 entró en vigor el 1 de mayo y, hasta el acuerdo de hoy, estaba previsto que durase hasta final de año. Su objetivo es ayudar a los 73 países más pobres del mundo, aunque solo 42 se han acogido a esa medida.
Los países del G20, las principales economías del mundo, son los principales prestatarios de las naciones con menos recursos y China destaca por ser de lejos el mayor acreedor.
De hecho, en 2019, China era dueña del 63 % de los fondos que los países más pobres deben a los socios del G20, un aumento significativo con respecto a 2013, cuando poseía el 45 %, según datos incluido en el informe publicado por el BM.
Alargar la suspensión de la deuda era una petición tanto de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, como del presidente del BM, David Malpass, y otros entes multilaterales y Gobiernos.
No obstante, sectores de la sociedad civil, como la organización Oxfam Internacional, han catalogado esta extensión del G20 como ‘lo mínimo’ que podía hacer el grupo en el contexto actual.
“Con el caos económico causado por el COVID-19, que amenaza con retrasar décadas la lucha contra la pobreza, extender la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda era lo mínimo que podía hacer el G20′, señaló Jaime Atienza, responsable de políticas de deuda de Oxfam Internacional, en un comunicado enviado a Efe.
Oxfam fue un paso más allá y pidió ‘la cancelación de los pagos de la deuda’ ya que, sin ella, ‘solo se retrasará el tsunami de deuda que se apoderará de muchos de los países más pobres del mundo, dejándolos incapaces de afrontar la inversión en salud y seguridad social’.
Un informe publicado este lunes por el BM revela que la deuda entre los países más pobres aumentó un 9,5% hasta los 744.000 millones de dólares en 2019 con respecto al año anterior, lo que a juicio de Malpass evidencia la necesidad ‘urgente’ de actuar, especialmente con la crisis provocada por la pandemia.
La actual crisis sanitaria, de hecho, ha incrementado la preocupación sobre las economías de los países más pobres, que aumentaron sus deudas de manera sustancial tras la crisis económica de 2008. EFE