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El Gobierno ayudará a los inmigrantes a certificar que carecen de antecedentes penales para que la regularización sea masiva

El texto definitivo del decreto que abrirá la puerta a una regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes, que aprobará este martes el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso EL PAÍS, endurece las condiciones para acceder a este proceso en la cuestión clave de los antecedentes penales, tal como recomendó el Consejo de Estado, pero a la vez busca una fórmula para que se pueda acoger el número máximo posible de extranjeros. La norma les da un mes para pedirlos en sus países y si no logran que se los envíen será el propio Ejecutivo quien solicite directamente a través de vías diplomáticas esos documentos durante un proceso de tres meses para facilitar que lleguen a tiempo y se puedan regularizar. Si pasan esos tres meses sin que los papeles hayan llegado, el interesado tendrá 15 días extra para conseguirlos por su cuenta. Si no lo logra, no podrá entrar en el proceso.

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