El paraíso de Fukuyama no se lleva bien con los Derechos Humanos

“Un poco más avanzado que el caos,
tal vez en el primero o en el segundo día de la creación,
tengo un mundo de ideas que chocan,
se entrecruzan y, a veces, se organizan.”

Me he decidido a retomar mis artículos de opinión impulsado por una experiencia académica. Debatíamos en el aula sobre los derechos humanos e irremediablemente apareció el problema que el jurista chileno Hugo Vilches llama “abundancia terminológica”.

Los derechos humanos no pasan por un buen momento desde el punto de vista de su vigencia y tampoco del ejercicio de los derechos de las víctimas. Con esa preocupación en mente solicité a mis alumnos una lista de los Estados que NO violan los derechos humanos en el mundo. Y aunque luego de la búsqueda confirmaron lo que cualquiera sospecha, el aporte más novedoso fue el de Alan pues eligió como fuente el Chat GPT al que preguntó: “¿En qué país no se violan los derechos humanos?” Transcribo aquí la respuesta que le dio la ya popular herramienta de la inteligencia artificial, para nada distinta de la de cualquier persona medianamente informada y medianamente equipada de inteligencia de la otra:

“Desafortunadamente, no hay ningún país en el mundo donde los derechos humanos no sean violados en cierta medida. Las violaciones de los derechos humanos pueden tomar muchas formas, incluidas las restricciones a la libertad de expresión, la discriminación, la violencia contra ciertos grupos, la opresión política y más. Incluso en países con marcos legales sólidos que protegen los derechos humanos, aún pueden ocurrir violaciones debido a problemas sistémicos, corrupción o las acciones de individuos o grupos que ignoran estas leyes.”

Con esa y otras respuestas a mano cuesta tener que aceptar que en nuestra América ante el tema de los derechos humanos la reacción inmediata sea nombrar solo a tres países, cuando habría que nombrarlos a todos. Los derechos humanos son universales, en eso hay acuerdo, son un todo sistemático, no son jerarquizables, son irrenunciables, son inderogables, son exigibles y son progresivos. La utilización de los derechos humanos como arma política no ayuda a su plena vigencia y por ello cabe recordar pues se ¿olvida?, que los derechos son de las personas y no de los ciudadanos. Ése es un aspecto especialmente importante en cuanto a los derechos de los migrantes, a quienes los Estados deben asegurarles su protección en virtud de los pactos y declaraciones que casi todos han suscrito y firmado.

Como puede apreciarse, estamos ante desafíos nada sencillos y el recurso de invocar a la comunidad internacional se ve casi como una amenaza, cuando no como un eufemismo para llamar a los invasores. Las mayores muestras de la impotencia de esa comunidad internacional institucionalizada en la ONU son sus resoluciones sobre Palestina y las cerca de sesenta condenas al bloqueo a Cuba que han resultado absolutamente inútiles para lograr suprimirlo. En su versión americana, la OEA ha sido incapaz de resolver uno solo de los conflictos políticos en los países latinoamericanos y nadie duda de que es, por el contrario, mucho más proclive a generarlos o/y a justificarlos.

La inclinación de la OEA, lejos de ayudar a la plena vigencia de esas facultades que tenemos por el sólo hecho de ser personas dificulta, confunde y aumenta diariamente el número de víctimas en nuestro continente. Los hechos de estos últimos años no nos dejan mentir: en los dos primeros meses de este año fueron denunciadas 21 masacres en Colombia con 67 víctimas hasta el 2 de marzo; en México, en uno de sus casos más conocidos y horrendos, 43 estudiantes desaparecieron en Ayotzinapa sin que los victimarios hayan sido identificados ni se conozca el paradero de sus víctimas; en Chile la policía dejó casi 500 lesionados oculares, varios de ellos con ceguera total; en Perú no se conoce el número de víctimas fatales por la represión de las recientes manifestaciones populares; en El Salvador el estado de excepción ya es parte de la normalidad… Podríamos seguir contando pero lo cierto es que las víctimas de la violencia policial acusan a muchos de los Estados de nuestra región.

El planteamiento que hago nada tiene que ver con ser cómplice de la teoría del empate, aunque parece evidente que los Estados están igualados en rojo en esta materia. Ignorar este hecho hace que el avance en la vigencia de los Derechos Humanos sea prácticamente imperceptible.

Dicho esto, puede ser útil asumir como casos emblemáticos a los países favoritos de la “comunidad internacional” en nuestra América: Nicaragua donde se vive una deriva autoritaria luego de que se rompiera el pacto entre los Ortega–Murillo, el empresariado y la jerarquía de la iglesia católica cuando se terminó aquello de “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria” y las manifestaciones pacíficas de la oposición en 2018 llegaron a 300 muertos incluidos unos 80 que eran policías. En Venezuela la presión “humanitaria” es sin duda menor luego del fracaso de Cúcuta y del delirante nombramiento de un presidente “designado” por la comunidad internacional. Para que quedara en el olvido la tentación de una invasión y otras medidas económicas contra los venezolanos bastó que se autorizara la realización de actividades pretroleras en suelo venezolano a la empresa norteamericana Chevron.

La guinda de la torta, es sin duda Cuba. Allí es evidente la incapacidad de la comunidad internacional respecto del bloqueo que por lo menos significa la negación del derecho internacional. Sin duda los opositores al gobierno cubano son de un espectro admirable por su amplitud, pues van desde los que ponen bombas en aviones (Barbados), hasta los que probaron invadir, o los que se opusieron al recientemente aprobado Código de la Familia. Hay en el espectro hasta un pequeño contingente de opositores cubanos que exigen el fin del bloqueo partiendo de la premisa de que los comunistas cubanos utilizan el bloqueo hasta para justificar la falta de jeringas y por tanto nada sería más inteligente que levantar el bloqueo para dejarlos sin argumentos.

Insisto en todo esto como un intento casi desesperado para que no se detengan los esfuerzos por la plena vigencia de los derechos humanos. Una vigencia que sea plena en cuanto a los derechos y plena en cuanto a los espacios político-territoriales.

Sin embargo, y a pesar de mis pesares, cada día que pasa aumentan las evidencias de que el paraíso de Fukuyama que habitamos no se lleva bien con los derechos humanos.

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