El programa de Gobierno: desarrollo productivo

Por su amplitud y ambición, el programa de gobierno del presidente electo Luís Abinader se aproxima mucho a un plan de desarrollo. Parte de dos premisas. La primera es que en la República Dominicana hay un “agrietamiento” de la institucionalidad democrática evidente en la elevada concentración del poder, en un manejo clientelar del Estado y en un funcionamiento deficiente de las instituciones que se refleja en la prevalencia de corrupción y la impunidad, el clientelismo, la ausencia de contrapesos y una justicia capturada por el poder político. La segunda es que la economía y la sociedad funcionan de una manera que no beneficia a la gente y que genera desigualdad y exclusión.

Se trata de dos premisas fuertes de las cuales se deberían derivar un conjunto de propuestas de políticas de gobierno que contribuyan a romper con las estructuras institucionales y con las relaciones de poder que le dan sustento. De hecho, el programa dice que se propone contribuir a cambiar la situación, apoyando un proceso mediante el cual la gente se empodere, se organice y se movilice para exigir el cumplimiento de las leyes y un acceso adecuado y equitativo a los servicios públicos. También se propone refundar al Estado para ponerlo al servicio de las personas y cambiar la dinámica de la economía proveyendo incentivos al cambio tecnológico, la creación de empleos y la generación de divisas.

El objetivo de este artículo es pasar un balance rápido y crítico a algunos temas centrales del programa relacionados con el desarrollo productivo. ¿Qué propone el programa en materia de empleos? ¿Qué propone para transformar la agropecuaria, impulsar el turismo, desarrollar la industria y lograr más y mejor energía? ¿Van las propuestas en la dirección correcta? ¿Son propuestas suficientes?

Un balance general apunta a que la mayoría de las propuestas son razonables, muchas han sido discutidas ampliamente, hay consensos alrededor de ellas y son poco controversiales. Sin embargo, muy probablemente en aras del consenso, algunas de ellas se presentan de forma muy general, no se indica las formas en que ellas van a ser impulsadas y no es evidente la forma en que contribuirán a la transformación profunda que el programa promete.

Agropecuaria y ruralidad: ¿Dónde están los recursos?

En esta materia, el programa reconoce que el territorio rural del país es uno de pobreza, marginalidad y exclusión. También reconoce que, aunque la agropecuaria sigue una de las actividades de mayor importancia, la economía y el empleo en las zonas rurales se han diversificado, y que los empleos en el agro continúan siendo precarios y de baja calidad y productividad.
Para superar la marginación rural y la baja productividad agrícola propone lo obvio: mejorar sensiblemente los servicios públicos en las zonas rurales, tanto los sociales como los productivos. Esto supone poner particular énfasis en los servicios de salud, educación y protección social en las zonas rurales, y fortalecer los servicios de apoyo a la producción. Apunta explícitamente a mejorar la infraestructura productiva, transformar el riego hacia uno de mucho mayor eficiencia, garantizar el acceso al financiamiento y fomentar la transformación tecnológica. Nada de eso es contencioso y existe consenso en las acciones públicas en estos ámbitos son cruciales para la transformación de la agricultura. Sin embargo, poner la acción pública a esa altura requiere invertir muchos más recursos públicos que los que actualmente se invierten. El programa no aborda esta crucial cuestión.

Lo más innovador de las propuestas es los énfasis que pone en: a) orientar los esfuerzos para lograr una producción más sostenible, cuestión esta que ha sido ignorada por mucho tiempo, b) apoyar proyectos específicos de exportación, y c) reformar y modernizar la institucionalidad del sector. Urge una nueva ley para el Ministerio de Agricultura que permita que esa entidad cumpla el rol que debe.

Desarrollo industrial: hay que ir a los detalles

El programa ubica adecuadamente el rol crucial de la industria en el desarrollo y la creación de empleos, identifica el momento de transformación tecnológica que vive el sector en el mundo y muestra preocupación por el proceso de desindustrialización que vive el país. Para revertir la situación propone reintroducir el incentivo basado en la depreciación acelerada de activos para promover la inversión y la actualización tecnológica de las industrias, proveer créditos fiscales a empresas que inviertan en investigación y desarrollo para aumentar la productividad y el uso de tecnologías verdes, promover una cultura de la calidad (algo crucial para poder exportar) fortaleciendo el INDOCAL y promoviendo los encadenamientos con las exportaciones.

Probablemente lo más importante de la propuesta es que reconoce a las exportaciones como un motor esencial para el crecimiento industrial. El objetivo de exportar más debería ser el eje articulador de los esfuerzos por impulsar el desarrollo industrial porque obliga a la transformación tecnológica y al incremento en la productividad.

Sin embargo, la propuesta general necesita ser acompañada o debe ser seguida de propuestas específicas para actividades manufactureras concretas. Cada actividad tiene una naturaleza y una dinámica de desarrollo particular. Por lo tanto, el rol que puede jugar la política pública en el fomento de la transformación tecnológica es diferente para cada sector de actividad. El diablo está en los detalles y hay que llegar hasta ellos.

Por último, hay que indicar que, para el caso de las zonas francas, la propuesta necesita ser profundizada. En su mayoría, no apuntan a una transformación sino a la prolongación del estatus quo. Hay espacio para hacer política industrial para las zonas francas que impulsen el escalamiento en las cadenas globales de valor hacia eslabones de mayor contenido tecnológico y más valor agregado.

Turismo

El programa se propone como objetivo lograr que el país se convierta en un destino ordenado, seguro y sostenible y que logre crecer de forma inclusiva, con más empleos y que contribuya a lograr más calidad de vida para las personas. Para ello, ofrece mejorar sensiblemente el entorno de los destinos (esta es una de las barreras más serias que impiden que las comunidades participen de los beneficios del turismo), aumentar la oferta complementaria, ordenar el territorio para lograr un turismo viable y sostenible, desarrollar polos específicos que diversifiquen territorialmente la actividad, así como las modalidades de turismo, para lo cual es necesario aumentar la oferta complementaria (p.e. gastronomía, servicios de salud y servicios de turismo ecológico e histórico) y profundizar los encadenamientos entre el turismo y el resto de la economía.

Las propuestas del programa son irrebatibles y persigue lograr esos objetivos elaborando un Plan Integral de Turismo en todos los polos del país.

Energía

En esta materia, uno de los grandes dolores de cabeza de esta economía, el programa propone reducir las pérdidas de la distribución reduciendo los costos de operación de las distribuidoras, reestructurándolas y consolidándolas en una solo empresa, impulsando un plan de reducción de pérdidas con inversiones anuales por 10 mil millones de pesos por cinco años consecutivos y aplicando gradualmente la llamada “tarifa técnica”. También propone contratar la gestión de la distribución y la comercialización con empresas privadas especializadas sobre la base de indicadores de desempeño e impulsar las cooperativas eléctricas autogestionarias.

Empleo
El programa declara la creación de empleos formales como una prioridad. Por ello, es natural que ponga énfasis en el desarrollo de los sectores productivos (industria y agropecuaria), las exportaciones y el turismo. Pero también propone, como es común, fomentar los llamados start-ups o empresas nacientes e innovadoras, y reducir la informalidad con incentivos y facilitación tributaria y financiera y a través de las compras públicas. En este punto, valga solo recordar que, aunque facilitar la formalización de los informales es útil, la vía principal para crear empleos decentes es la expansión de las empresas modernas y productivas en número y tamaño.

La propuesta también reconoce la importancia de promover las habilidades y conocimientos para fomentar los empleos formales y decentes, el énfasis que hay que poner en el empleo para mujeres y la necesidad de proteger el trabajo doméstico. Esto último merece el reconocimiento de todos al presidente electo y a su equipo.

Por último, se propone promover las alianzas público-privadas para desarrollar nuevas infraestructuras en apoyo al desarrollo productivo y los empleos. El vínculo entre ambos sectores es saludable pero solo dentro de un marco de instituciones sólidas en la que el Estado tenga la suficiente fuerza y autonomía como para defender el interés público. Desafortunadamente, esto no es algo de lo que nos podamos vanagloriar.

Una responsabilidad ciudadana básica es conocer y entender las implicaciones de lo que propone su liderazgo político. Empecemos revisando el programa de gobierno. Se trata de un paso esencial para el diálogo necesario entre el Estado y la ciudadanía.

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