El tortuoso camino para aplicar la orden del Supremo sobre la ‘ley de nietos’: de los recursos exprés a las revisiones del censo fuera de plazo
La suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos confirmada este lunes por el Tribunal Supremo cierra la puerta a que este dé marcha atrás en su decisión tras el adelanto electoral, como habían pedido la Abogacía del Estado y la Fiscalía, y abre un sinfín de dudas sobre cómo va a poder llevarse a cabo esa medida sin precedentes. Los magistrados dejan su cumplimiento en manos de la Oficina del Censo Electoral y de los consulados que, ya antes de que se convocaran las elecciones generales para el 29 de noviembre, consideraban “materialmente imposible” culminar a tiempo para las elecciones autonómicas y municipales de mayo la revisión del Censo de Electores de Residentes Ausentes (CERA) que requiere la orden del Supremo. En sus autos de este lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado, además, ofrecer a los afectados (163.020 personas, según la Abogacía) personarse en el procedimiento en el plazo de cinco días, lo que puede derivar en un aluvión de recursos de difícil gestión a mes y medio de las elecciones.