FINJUS reclama acciones urgentes por falta de control en el sistema de tránsito terrestre

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), se pronunció este jueves por falta de control en el sistema de tránsito terrestre.

A ccontinuación, comunicado oficial de Finjus:

Es un punto común que el transporte se ha convertido en un problema agudo en los últimos años. Pese a los planes para su reorganización, el transporte y tránsito vial es una de las mayores causas de inseguridad en la actualidad. Esto viene aparejado con el aumento del congestionamiento y demoras en las vías públicas, que afectan por igual a ciudadanos y el sector público.

Es evidente que cada año se agrava el desplazamiento y la realización de las actividades cotidianas. Se destacan, como fuente directa de este fenómeno, el incremento desordenado de vehículos no aptos para circular, muchos de los cuales brindan un pésimo servicio a los usuarios.

Como otros problemas sociales, ante la ausencia de soluciones colectivas provenientes del Estado, la mayoría de la población solo piensa en su realidad particular y cree que comprando un carro o una motocicleta resolverá su caso. La falta de competencia de las agencias del Estado ha permitido que el sistema del motoconcho se consolide como el medio preferido de transporte en todas las clases sociales.

Se debe reconocer que esta realidad tiene décadas de existencia y lo que vemos cada año es su crecimiento desenfrenado. La ausencia de políticas públicas claras, la insuficiente cantidad de agentes entrenados para hacer cumplir la ley e imponer el orden, están en el centro de la causa de este problema.

El desorden y el caos en el tránsito se ha ido agudizando hasta convertirse en un peligro para la seguridad y la calidad de vida en todas partes. La capacidad de las vías públicas exige un plan de mitigación para liberar la creciente congestión de los espacios, que solo genera desasosiego y una demanda continua que reclama racionalizar el uso de las vías. 

Observamos con gran preocupación que no existe un verdadero sistema de control del tráfico, ni consecuencias para los infractores, o mecanismos de coordinación para la movilización de los trabajadores, empleados, estudiantes y público en general.

De acuerdo a los datos de la DGII al mes de diciembre del 2022, las motocicletas representaban el 56% del parque vehicular, con un incremento del 6.6% con respecto al año anterior.

A nivel internacional nuestra imagen no puede ser peor. De acuerdo al portal World of Statistics, el país encabeza, junto a Zimbabwe, Tailandia y Vietnam, la lista de naciones con más muertes per cápita, con 65 decesos por cada 100,000 habitantes. Los motoristas se han convertido en el sector más afectado en estas lamentables estadísticas, debido a las infracciones que cometen (violar la luz roja, ocupar las aceras, transitar en vía contraria, entre otras muchas), bajo la mirada indiferente de los agentes fiscalizadores.

En la misma línea, la insuficiencia de estacionamientos en áreas comerciales y de entidades gubernamentales para los visitantes, genera que las vías de la ciudad se tornen más angostas, pues induce a las personas a tener que ocupar parte de las zonas de circulación para la agilización del tráfico, aprovechándose algunas, incluso, de las aceras peatonales.

Consideramos que ha llegado el momento de tomar medidas urgentes e inteligentes, entre las que destacamos:

• Modernizar y aplicar rigurosamente la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dándole fuerza regulatoria.
• Promover programas continuos de educación vial en todos los sectores
• Aplicar nuevas sanciones que disuadan a quienes violan impunemente la ley de tránsito, especialmente por conducir bajo los efectos del alcohol y el manejo temerario.
• Declarar el estado de emergencia en materia de transporte, disponiendo que todos los sectores activos se involucren en su solución. Es el momento de que los ayuntamientos jueguen un rol más protagónico en la prevención y control del tránsito.

Debemos crear conciencia de que las 2,950 muertes que cada año ocurren por accidentes, de acuerdo al Intrant, y las decenas de miles de heridos y lesionados chocan contra el mandato constitucional de proteger la vida e integridad de cada habitante.

FINJUS reitera su compromiso de apoyar la labor que realizan las comisiones técnicas legislativas en este aspecto, dentro de marcos razonables y proporcionales, para establecer límites normativos que desestimulen las infracciones vehiculares y de motocicletas y comenzar a crear una nueva cultura de la movilidad en el país.

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