Intrant y la Comisión de Apoyo Barrial acuerdan implementar paradas de motociclistas

El director ejecutivo interino del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), coronel piloto Randolfo Rijo, ERD, y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB), Rolfi Rojas Guzmán, firmaron un acuerdo interinstitucional, con la finalidad de unir esfuerzos para la implementación de estrategias integrales destinadas a mejorar la movilidad urbana, la seguridad vial y la calidad de vida en los barrios dominicanos.

Mediante el convenio, las instituciones se comprometen a trabajar conjuntamente en la transformación y modernización del transporte de pasajeros en motocicletas, a través del Programa MOTOBEN, mediante el cual se implementarán más de 150 paradas de motociclistas en distintas localidades del país, todas debidamente registradas y con los permisos correspondientes de conformidad con la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El acuerdo también contempla dotar a los conductores de este tipo de vehículos con equipamientos de seguridad, como chalecos y cascos protectores. Además, se enfoca en la coordinación entre las partes para garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes, mejorando así el servicio de transporte público y la seguridad de los usuarios.

Al referirse al pacto, los incumbentes resaltaron la importancia del acuerdo, calificándolo como un catalizador para el desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana. A través de este se pretende no solo mejorar la infraestructura vial y de transporte, sino también fomentar la seguridad, la disminución de la delincuencia y la reducción de la contaminación ambiental.

Esta cooperación interinstitucional se inscribe en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana «Mi País Seguro», destacando el compromiso del Estado dominicano con el progreso y el bienestar de sus ciudadanos.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación, y marcará un precedente en la gestión y regulación del transporte en la República Dominicana, promoviendo un desarrollo urbano más inclusivo y seguro para todos.

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