La “Operación Pulpo” es más compleja de lo que aparentaba
Como “cada vez más grave y compleja” calificó ayer el Ministerio Público la situación que afronta el grupo procesado en el entramado de corrupción puesto al descubierto a través de la “Operación Pulpo”, algo que, a su vez, sirvió de justificación a ese ente para solicitar una prórroga de cuatro meses, para presentar acusación formal en su contra.
Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que a los acusados no sólo se les investiga por los hechos iniciales presentados en la medida de coerción, sino que han surgido otras líneas a raíz de las pesquisas.
Camacho, que junto a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, están a la cabeza de las pesquisas, dijo que hay nuevas querellas y denuncias contra los encartados en el expediente.
Antes de vencerse el tiempo para la presentación de la acusación en contra de los implicados en el caso de corrupción, el Ministerio Público solicitó al juez Amauri Martínez, apoderado de la investigación, una prórroga de cuatro meses.
En la instancia, dirigida al juez del Tercer Juzga do de la Instrucción del Distrito Nacional, los fiscales alegan, entre otras razones que dan fuerza al pedido de prórroga, que están “a la espera de una investigación de la Cámara de Cuentas, que ya se encuentra en proceso, como le comunicó el pasado 29 de julio el presidente del órgano de control, Janel Andrés Ramírez Sánchez”.
En el caso figuran. como imputados Alexis Medina Sánchez y su hermana, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona.
Al grupo de exfuncionarios, proveedores privilegiados del Estado y supuestos testaferros se les acusa de aprovecharse de sus vínculos con el poder político para acumular fortunas millonarias.
El Ministerio Público determinó que Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.
Afirma que, mediante tráfico de influencias y violaciones a múltiples leyes, los encartados crearon un millonario entramado societario para beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales, utilizando a personas físicas y jurídicas.
PRISIÓN
Fallo de Vargas
En diciembre de 2020, el juez Alejandro Vargas dictó 18 meses de prisión preventiva, domiciliaria y presentación periódica para los imputados, por presuntamente integrar una red que estafó al Estado con miles de millones de pesos amparados en el vínculo familiar de dos de los procesados, Alexis Medina Sánchez y Magalys Medina Sánchez, con el entonces presidente Danilo Medina.