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El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnologías (Conescyt) aprobó crear una nueva comisión para continuar las discusiones tendentes a modificar la Normativa 09-15, que sustenta el Programa Docentes de Excelencia y de 19 miembros que tenía el grupo originalmente conformado, ahora solo tendrá siete, dejando fuera todo el que tenía una posición contraria a los cambios que pretenden bajar los estándares para el ingreso a la carrera.
En la reunión del pasado viernes 11 celebrada en el salón del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se designó a la viceministra de Educación Superior Evarista Matías; Ricardo Winter, rector de Psicología Industrial Dominicana; José Alejandro Aybar, rector de la Universidad del Caribe (Unicaribe); Antonio Caparrós, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Inicia; María Waleska Álvarez, presidenta de Acción Empresarial por la Educación (Educa) y Oscar Amargós, viceministro de Calidad, Control y Supervisión del Ministerio de Educación.
Los nuevos miembros forman parte del Gabinete Educativo que tiene pautado reunirse este miércoles con el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional, donde presentarán un Informe sobre la Normativa 09-15 que estaría orientado en la dirección de que esta sea cambiada, a pesar del rechazo que ha provocado esta intención.
¿Quiénes quedaron fuera?
Nurys González, del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu), el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo; la coordinadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Sheila Valera; la rectora de Utesa Santo Domingo, María Elena Cruz; el viceministro de la Presidencia, José Ramón Holguín; el asesor del Poder Ejecutivo en Educación Superior, Ángel Hernández; el presidente de la Academia de Ciencias, Luis Scheker Ortiz y Dinora García Romero, de Poveda (el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda).
La exministra de Educación Superior Ligia Amada Melo reiteró que las pretensiones de las autoridades del área de Educación Superior de cambiar la Normativa 09-15 tiene el propósito de reducir los requisitos de ingreso establecidos en las escuelas de pedagogía de las diversas universidades existentes en el país para promover más egresados, pero con menor calidad.
“Nosotros nos preguntamos cuál es el interés de cambiar una normativa que en los hechos ha demostrado que da resultados y ellos van a tratar de confundir al presidente Abinader diciéndole que ellos defienden la calidad y que no han quitado la prueba y no es verdad, ellos quieren mantener una prueba nacional hecha aquí que yo sé muy bien que la van a acomodar, para que entre todo el que quiera a estudiar docencia”, argumentó.
Melo es miembro del Conescyt y estuvo presente en la reunión del pasado viernes en la que se habló ampliamente del tema, en un turno libre, y a pesar de que la vicepresidenta Raquel Peña afirmó que el gobierno no tiene dentro de sus planes modificar la Normativa 09-15.
Explicó que la propuesta que se hace, aunque mantiene la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA), dice muy claro la propuesta que el índice de aprobación será indefinido y eso implica o puede implicar que, en la medida en que muchos reprueban, entonces van bajando los niveles de aprobación, de tal modo que puedan entrar muchos estudiantes a las escuelas de pedagogía porque al fin y al cabo el objetivo es ese, más maestros sin calidad.
El gobierno paga 100 mil pesos anuales a las universidades por cada estudiante que se forma bajo el Programa de Formación Docentes de Excelencia, a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), una dependencia del Ministerio de Educación.
Otro educador, que pidió quedarse en el anonimato afirmó: “Si el Gabinete Educativo resuelve la eliminación, debemos participar en el entierro de las esperanzas de los educadores de vocación y prestigio nacional e internacional, porque mueren los ideales que se han abrigado y de cuyo éxito de la Normativa 09-15 hay una evidencia insoslayable: el 95 % de la primera cohorte de egresados del Programa de Excelencia en la Formación Docente, aprobaron el concurso de oposición para ingresar a la carrera”.
Dijo que la Normativa encierra los estándares de calidad que harían posible la formación de mejores maestros que demanda el país y con esos egresados que han ingresado a la carrera en este nuevo año escolar, se inicia lo que sería un nuevo acontecer en la educación preuniversitaria que se espera logre sacar los aprendizajes de los niños del último lugar en las pruebas PISA, en todas las pruebas regionales y en las pruebas con muy bajos rendimientos académicos que toman los niños en dominicana.
Julio Leonardo Valeirón entiende que muy a pesar de los resultados significativos que al ser aplicada por varias universidades ésta generó, poniéndose de manifiesto en el pasado concurso docente del Ministerio de Educación, la normativa por el nivel de exigencia que suponía para estas instituciones encontró notables resistencia en su continuidad.
“Lo que sí debe quedar claro, es que volver a los viejos esquemas de formación anterior a dicha normativa, es seguir echando el dinero del presupuesto de educación al zafacón, situación dramáticamente expuesta por el ministro de educación, Ángel Hernández, al asumir el cargo”.
A continuación los documentos de la Normativa 09-15 y la propuesta de modificación:
Los inmigrantes venezolanos hombres que son beneficiarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la República Dominicana tienen una mayor integración que las mujeres que también son parte de proyectos de intervención monetaria.
Esa es una de las conclusiones del informe Integración de migrantes venezolanos beneficiarios de la OIM República Dominicana, en el que se aplicó el Índice de Integración del Laboratorio de Políticas de Inmigración (IPL, por sus siglas en inglés).
El índice se realizó a 816 migrantes venezolanos que viven en la República Dominicana y que son integrantes de proyectos de la OIM para conocer su nivel de integración desde seis dimensiones: psicológica, lingüística, social, económica, política y navegacional.
Cada dimensión es capturada por un conjunto de dos a cuatro preguntas, que pueden incluir algunas subpreguntas. La puntuación de cada pregunta se computa entre 1 y 5 puntos. Luego, la medida se reescala para que oscile de 0 a 1, de modo que cuanto mayor sea la puntuación, más integrado estará el encuestado. La puntuación global se obtiene calculando la media de la puntuación de integración de cada dimensión
Las mujeres tienen puntuaciones generales de integración más bajas (0.62) que los hombres (0.65) y esto se refleja en varias dimensiones y variables del estudio. Por ejemplo, los hombres tienden a mostrar una integración ligeramente mayor que las mujeres, estando o no empleados ambos grupos poblacionales.
El puntaje de integración para los hombres empleados es de 0.66 y de 0.64 para las mujeres en la misma categoría. Es de 0.57 para los hombres no empleados y de 0.56 para las mujeres también no empleadas.
El género también influye en la integración de los inmigrantes y su tiempo de estadía en la República Dominicana, país que acoge la mayor población de refugiados y migrantes venezolanos del Caribe. Los hombres tienden a tener puntajes de integración ligeramente más altos que las mujeres en todos los grupos de duración de la estadía.
Para las mujeres, los ingresos tienen una relación positiva significativa con los puntajes de integración, lo que no es el caso de los hombres. Para ellos, los ingresos no tienen un impacto significativo en los puntajes de integración.
«Esto puede deberse al hecho de que, en este estudio, las mujeres son generalmente cabezas de familia», se explicó en el informe presentado el pasado viernes en el hotel JW Marriot por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Entre los encuestados que ganan más, a menudo trabajan en ventas o en servicios. En menor medida, tienen una ocupación técnica o profesional, o tienen una ocupación administrativa. Como el ingreso tiene una relación relativamente fuerte con la integración, puede explicar por qué para la variable de situación laboral, la diferencia en términos de género no es tan significativa.
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Tanto para las mujeres como para los hombres, el nivel educativo alcanzado tiene una correlación positiva con los puntajes de integración. Las mujeres con títulos de posgrado muestran el mismo puntaje de integración que los hombres con título de escuela secundaria o técnica.
La diferencia en el nivel de integración de las mujeres puede deberse al nivel de desempleo, se argumentó en el informe. Incluso si están empleadas, suelen trabajar en sectores menos remunerados en comparación con los hombres.
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Los hombres que viven en un hogar de tres miembros tienen puntajes de integración más altos que las mujeres que viven en un hogar del mismo tamaño. Los hombres que viven solos tienen puntajes de integración más bajos que los hombres que viven en un hogar de dos o tres miembros.
La explicación es que esto podría deberse a que los hombres no socializan de la misma manera que las mujeres en el área social–emocional y, como resultado, pueden lidiar con su soledad de manera que los alienen aún más en el contacto social, lo que afecta su puntaje de integración debido al impacto transversal del aislamiento social o la soledad.
Hay algunas señales de que las mujeres que viven solas tienen puntajes de integración más altos que las mujeres que viven en un hogar de dos, tres o cuatro miembros. Sin embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas.
Como el objetivo es obtener datos sobre los beneficiarios venezolanos de algunos proyectos de intervención monetaria de la OIM en la República Dominicana, no se pueden sacar conclusiones para todos los venezolanos en el país, para los migrantes de otras nacionalidades apoyados por los proyectos de la OIM o para toda la población de migrantes vulnerables en la República Dominicana.
Para este estudio, la integración se define como el grado en que los migrantes tienen el conocimiento y la capacidad para construir una vida exitosa y satisfactoria en las sociedades de acogida.
Este lunes entró en vigencia la suspensión de consultas y procesos electivos ambulatorios para Mapfre ARS a nivel nacional, Monumental en la región Norte, Renacer en el Sur y ARS Simag en el Este, dificultando el acceso a salud a cerca de dos millones de afiliados y sus dependientes, sumando los ya desafiliados pacientes pertenecientes a ARS Universal.
Esta estimación está fundamentada en la tabla de afiliados al régimen contributivo de octubre de 2021 publicada por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), cuando en ese entonces Mapfre ARS registraba 572,9578 afiliados; ARS Universal 312,014; Simag contaba con 76,163 afiliados; Monumental con 75,330 y Renacer contabilizaba 62,785 afiliados.
Cabe destacar que las ARS que más afiliados poseen en el país son Primera ARS y el Seguro Nacional de Salud (Senasa) con 1.2 millones respectivamente (a la fecha valorada).
Uno de los reclamos persistentes por parte del Colegio Médico Dominicano (CMD) que ha suscitado parte de su lucha contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) es la unificación de honorarios que reciben todos los médicos por servicios prestados.
Diario Libre conversó con el presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, Leonardo Brito, quien explicó, en su condición de Sociedad Especializada, en qué consiste la propuesta de tarifarios y el criterio para elegir las ARS en suspensión.
De acuerdo con Brito, la última vez que el Comité de Honorarios y Tarifas del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) se reunió fue en 2007 y desde entonces, no se le ha hecho indexación por inflación al tarifario establecido en ese entonces.
“Ese comité se reunió en el año 2007 y no se ha vuelto a reunir más, hace 15 años y nunca más ha vuelto a emitir una resolución. Los aumentos que se han hecho han sido por acuerdos o negociaciones del Colegio Médico”, precisó el especialista.
“El caso del pago de las consultas no es el mejor ejemplo porque todas las ARS pagan igual. Tras la retención de impuestos sobre la renta y el 10 %, al médico le quedan 360 pesos por una consulta”, detalló el galeno.
Brito aclaró que las diferencias en tarifario se presentan más bien cuando se trata de pagar los procesos operatorios, poniendo el ejemplo de una apendicectomía que algunas ARS las pagan a 14 mil pesos y otras a 8 mil por el mismo procedimiento.
Las ARS que ofrecen los mejores tarifarios son ARS Senasa, Banreservas y la del Banco Central, tomadas junto a la propia ARS del CMD como modelos de referencia para establecer un promedio de pago que los médicos proponen comenzar a utilizar a partir del 1 de diciembre.
Dijo que las ARS suspendidas se eligieron por ser las que más restricciones ponen, ofrecen peor canal de comunicación y brindan las tarifas más bajas.
«Son las ARS que peor tratan a los médicos, las que más restricciones han puesto tradicionalmente e históricamente más han hecho negación de servicios diciendo que eso no está en cobertura y son las que tienen las tarifas más bajas”, concluyó el cirujano.
Parte de la propuesta del CMD y las 56 Sociedades Especializadas es que a partir del 1 de diciembre se aplique un nuevo tarifario unificado, basado en las ARS que ofrecen los pagos más altos.
Cada sociedad se encargó de elaborar su propio listado.
“En el caso del Colegio de Cirujanos, las tarifas están estructuradas al promediar esas cuatro ARS (Senasa, Banreservas, Banco Central y ARS CMD), anexando el 17.62 % que es la inflación acumulada de septiembre 2021 a septiembre 2022. El fin es que todas las ARS les paguen igual a los cirujanos”, declaró Brito.
De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, declaró que se mantienen a la espera de la reunión tras el anuncio la semana pasada de la creación de una comisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para mediar.
«Las clínicas siguieron trabajando normal. Nosotros como clínicas le seguimos brindando el servicio a esos pacientes porque estamos a la espera de una reunión que nosotros hemos estado participando en ella desde hace prácticamente un mes», dijo Mena.
El Gobierno dominicano busca limitar la inmigración irregular en el país, sobre todo de haitianos, con más operativos en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Dirección Nacional de Migración (DGM).
Ayer lunes la institución realizó un «amplio operativo» en puntos estratégicos de la capital dominicana para contrarrestar el «trasiego de extranjeros» indocumentados y los resultados se darán a conocer este martes, informó en un comunicado la institución.
La Dirección General de Migración confirmó que el operativo es parte de la disposición del presidente de la República, Luis Abinader, quien anunció que las deportaciones de inmigrantes haitianos irregulares seguirán y se incrementarán.
Estos operativos de interdicción seguirán todos los días en todo el territorio dominicano, pero ayer se inició con el reforzamiento de las labores en el Distrito Nacional que concluye con el traslado de los detenidos al Centro Vacacional de Haina, provincia San Cristóbal.
Las acciones son como respuesta al llamamiento que hizo el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, quien pidió a República Dominicana detener las deportaciones de haitianos.
Türk argumentó que la «incesante» violencia armada y las «sistemáticas» violaciones de los derechos humanos en Haití no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos a su país.
Luis Abinader instruyó, además, a las autoridades encargadas del orden interno del país a perseguir y someter a la justicia a los extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o del Estado.
La Dirección General de Migración será la encargada de expulsar a esos extranjeros y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), a través de los consulados fuera del país, propiciará que estas personas jamás puedan entrar a territorio dominicano.
William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (Menamird), dijo estar preocupado porque esta medida perjudique, especialmente, a los inmigrantes de origen haitiano con más de dos o tres décadas en el país, que contribuyeron al crecimiento económico a través de sus trabajos en los ingenios azucareros.
«Lamentamos esa situación. A veces, en ocasiones, las leyes no son justas. Creemos que esa política que tiene el gobierno no contribuye a proteger a los más débiles, a los más vulnerables», expresó Charpentier.
El activista consideró que las políticas migratorias «castigan» principalmente a los inmigrantes más pobres que huyen del caos de su país, mientras que «los grandes responsables» de la situación de Haití «viven andando en el mundo, disfrutando su dinero».
Sobre el operativo de ayer lunes, William Charpentier aseguró que se trató de una «persecución» en contra de los negros y contra quienes los agentes de Migración asumen que son haitianos. «Yo creo que se pueden hacer las cosas y hacerlas bien, sin atropellar a nadie», expresó.
La cantidad de inmigrantes haitianos vinculados a actos delictivos en la República Dominicana durante los últimos cinco años disminuyó en un 63 %, según los datos proporcionados por la Policía Nacional.
La institución tiene registro de 978 inmigrantes haitianos en hechos delictivos para el 2017, al menos 930 para 2018 y 1,103 para el 2019. Para los próximos dos años, hay una reducción significativa de haitianos vinculados en actos delictivos, 517 y 357, respectivamente.
Esta disminución podría estar relacionada con las medidas de restricciones establecidas por el gobierno dominicanos por la pandemia del COVID-19 y disminuir los contagios.
Hay que tener en cuenta que los haitianos representan el 87.2 % (497,825 personas) de la población inmigrante en la República Dominicana, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) de 2017, por lo que son quienes tienen mayor incidencia.
El robo es el principal acto delictivo en el que están vinculados los inmigrantes haitianos en la República Dominicana. En los datos policiales hay registro de 2,569 haitianos señalados de estar relacionados en robos entre los años de 2017 a 2021.
La segunda posición, y para el mismo período, es ocupada por casos relacionados con heridas, con 541 inmigrantes. En tercer lugar, están los haitianos vinculados a homicidios, con 342. Seguidos de 165 en agresiones físicas.
Para los abusos sexuales, la Policía Nacional tiene registro de 93 y en riñas hay 59. Por el porte ilegal de armas hay 30 haitianos, 27 en casos de falsificaciones, 23 en casos de venta de droga, 21 en incendios de propiedades y 15 en secuestros.
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En el documento La migración en la República Dominicana: contexto, retos y oportunidades del Programa de las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD), los investigadores Daniel Morales y Catherine Rodríguez destacaron que no existe información respecto a los impactos que la migración tiene en las tasas de criminalidad del país.
La situación no les sorprende porque existen pocos estudios al respecto en la región de América Latina, ya sea por la falta de información y a la dificultad para identificar las causas del fenómeno, como también indican los autores Juan Blyde, Matías Busso y Ana María Ibáñez.
El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnologías (Conescyt) aprobó crear una nueva comisión para continuar las discusiones tendentes a modificar la Normativa 09-15, que sustenta el Programa Docentes de Excelencia y de 19 miembros que tenía el grupo originalmente conformado, ahora solo tendrá siete, dejando fuera todo el que tenía una posición contraria a los cambios que pretenden bajar los estándares para el ingreso a la carrera.
En la reunión del pasado viernes 11 celebrada en el salón del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se designó a la viceministra de Educación Superior Evarista Matías; Ricardo Winter, rector de Psicología Industrial Dominicana; José Alejandro Aybar, rector de la Universidad del Caribe (Unicaribe); Antonio Caparrós, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Inicia; María Waleska Álvarez, presidenta de Acción Empresarial por la Educación (Educa) y Oscar Amargós, viceministro de Calidad, Control y Supervisión del Ministerio de Educación.
Los nuevos miembros forman parte del Gabinete Educativo que tiene pautado reunirse este miércoles con el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional, donde presentarán un Informe sobre la Normativa 09-15 que estaría orientado en la dirección de que esta sea cambiada, a pesar del rechazo que ha provocado esta intención.
¿Quiénes quedaron fuera?
Nurys González, del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu), el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo; la coordinadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Sheila Valera; la rectora de Utesa Santo Domingo, María Elena Cruz; el viceministro de la Presidencia, José Ramón Holguín; el asesor del Poder Ejecutivo en Educación Superior, Ángel Hernández; el presidente de la Academia de Ciencias, Luis Scheker Ortiz y Dinora García Romero, de Poveda (el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda).
La exministra de Educación Superior Ligia Amada Melo reiteró que las pretensiones de las autoridades del área de Educación Superior de cambiar la Normativa 09-15 tiene el propósito de reducir los requisitos de ingreso establecidos en las escuelas de pedagogía de las diversas universidades existentes en el país para promover más egresados, pero con menor calidad.
“Nosotros nos preguntamos cuál es el interés de cambiar una normativa que en los hechos ha demostrado que da resultados y ellos van a tratar de confundir al presidente Abinader diciéndole que ellos defienden la calidad y que no han quitado la prueba y no es verdad, ellos quieren mantener una prueba nacional hecha aquí que yo sé muy bien que la van a acomodar, para que entre todo el que quiera a estudiar docencia”, argumentó.
Melo es miembro del Conescyt y estuvo presente en la reunión del pasado viernes en la que se habló ampliamente del tema, en un turno libre, y a pesar de que la vicepresidenta Raquel Peña afirmó que el gobierno no tiene dentro de sus planes modificar la Normativa 09-15.
Explicó que la propuesta que se hace, aunque mantiene la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA), dice muy claro la propuesta que el índice de aprobación será indefinido y eso implica o puede implicar que, en la medida en que muchos reprueban, entonces van bajando los niveles de aprobación, de tal modo que puedan entrar muchos estudiantes a las escuelas de pedagogía porque al fin y al cabo el objetivo es ese, más maestros sin calidad.
El gobierno paga 100 mil pesos anuales a las universidades por cada estudiante que se forma bajo el Programa de Formación Docentes de Excelencia, a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), una dependencia del Ministerio de Educación.
Otro educador, que pidió quedarse en el anonimato afirmó: “Si el Gabinete Educativo resuelve la eliminación, debemos participar en el entierro de las esperanzas de los educadores de vocación y prestigio nacional e internacional, porque mueren los ideales que se han abrigado y de cuyo éxito de la Normativa 09-15 hay una evidencia insoslayable: el 95 % de la primera cohorte de egresados del Programa de Excelencia en la Formación Docente, aprobaron el concurso de oposición para ingresar a la carrera”.
Dijo que la Normativa encierra los estándares de calidad que harían posible la formación de mejores maestros que demanda el país y con esos egresados que han ingresado a la carrera en este nuevo año escolar, se inicia lo que sería un nuevo acontecer en la educación preuniversitaria que se espera logre sacar los aprendizajes de los niños del último lugar en las pruebas PISA, en todas las pruebas regionales y en las pruebas con muy bajos rendimientos académicos que toman los niños en dominicana.
Julio Leonardo Valeirón entiende que muy a pesar de los resultados significativos que al ser aplicada por varias universidades ésta generó, poniéndose de manifiesto en el pasado concurso docente del Ministerio de Educación, la normativa por el nivel de exigencia que suponía para estas instituciones encontró notables resistencia en su continuidad.
“Lo que sí debe quedar claro, es que volver a los viejos esquemas de formación anterior a dicha normativa, es seguir echando el dinero del presupuesto de educación al zafacón, situación dramáticamente expuesta por el ministro de educación, Ángel Hernández, al asumir el cargo”.
A continuación los documentos de la Normativa 09-15 y la propuesta de modificación:
Después de 22 años de carrera criminal y casi tres años tras las rejas, el narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alías El Abusador, ha llegado a un destino final que podría acarrearle una condena máxima de 25 años de prisión.
Este lunes se hizo público un acuerdo de declaración de culpabilidad entre Peralta y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en el que “El Abusador” se declara responsable del segundo cargo de tres radicados en su contra: el tráfico a los Estados Unidos de 450 kilogramos de cocaína.
El delito, indica el documento, se produjo “desde o alrededor de y entre 2007 hasta junio de 2017”, usando de base “a los países de República Dominicana, Venezuela, Colombia, las Antillas Neerlandesas”.
Según los reportes de prensa del año pasado, el 28 de noviembre de 2018 un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó a Peralta de conspiración para importar heroína y cocaína al territorio aduanero de los Estados Unidos (cargos uno y dos) y de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína para fines de importación ilegal a los Estados Unidos (cargo tres).
El acuerdo de culpabilidad, establecido el pasado 4 de noviembre de este año, estipula por el cargo de tráfico de 450 kilogramos de cocaína una condena de entre 235 meses (20 años) y 293 meses (25 años), esto bajo los criterios de las directrices federales de sentencia que se establecen a partir de la gravedad del delito y los antecedentes penales.
Y es que a pesar de señalar el documento que “la pena máxima legal por el delito imputado en el segundo cargo de la acusación es una pena de prisión que no puede ser inferior a diez años ni superior a cadena perpetua”, la directriz debe contemplar si hay antecedentes penales. En el caso de Peralta, se establece que “las partes no estipulan ninguna categoría de antecedentes penales para el acusado”.
Por lo que aunque el nivel del delito federal por tráfico de cocaína es alto, en este caso específico 38, ante la ausencia de antecedentes penales (condenas previas) no se contempla la cadena perpetua. Esto a partir de los criterios pautados en las Directrices Federales de Sentencias, que incluye 43 niveles de delito y seis categorías de antecedentes.
También se específica que “el acusado entiende que la sentencia que se impondrá será determinada únicamente por el juez de distrito de los Estados Unidos. Estados Unidos no puede hacer y no ha hecho ninguna promesa o representación en cuanto a qué sentencia recibirá el acusado”.
En cuanto a la condena, el acuerdo explica que “el demandado reconoce que hay un mínimo obligatorio de 120 meses (10 años). “Las partes acuerdan que cualquier recomendación de cualquiera de las partes de una pena de prisión por debajo o por encima de la recomendación de sentencia estipulada constituirá un incumplimiento material del Acuerdo de culpabilidad”.
Meses de prisión, diez años, es el mínimo obligatorio de pena acordado entre Peralta y las autoridades de EE.UU.
Además se indica que para el cargo en el que se declara culpable “la multa que no exceda los US$10,000,000; y un plazo de libertad supervisada de al menos 5 años”.
En el acuerdo se señala que Peralta deberá pagar una tasación monetaria especial (Special Monetary Assessment, SMA) de 100 dólares por cada cargo. Este pago se le aplica a todos los condenados por delitos federales en Estados Unidos y el dinero se dirige al Fondo para las Víctimas del Crimen (Crime Victim Fund).
La culpabilidad aceptada deja a César Emilio Peralta sin posibilidad de libertad condicional “y que no se puede suspender la imposición de la sentencia del acusado”.
También renunció a la apelación. “El acusado renuncia al derecho de apelar cualquier aspecto del juicio y la sentencia de este caso, incluidos, entre otros, el período de encarcelamiento o libertad condicional, la restitución, las multas, el decomiso y el período y las condiciones de libertad supervisada”.
Las autoridades judiciales de Estados Unidos, en el Distrito de Puerto Rico, también especifican en el documento que “en la sentencia, si hubiera cargos pendientes y si el acusado (César Emilio Peralta) cumpliera con los términos de este acuerdo de culpabilidad, Estados Unidos procederá a desestimar los cargos restantes de la acusación pendiente contra el acusado en este caso”.
Al momento de su apresamiento en Cartagena, Colombia, el 2 de diciembre de 2019, las autoridades puertorriqueñas indicaron que César Emilio Peralta (El Abusador) se inició en el narcotráfico en 1997 y que fue arrestado en República Dominicana en los años 2000, 2008 y 2015.
En la declaración de culpabilidad se detalla que Peralta “era el líder de una prolífica organización de tráfico de drogas (DTO) con sede en la República Dominicana con socios en otros países, incluidos, entre otros, México, Colombia, Haití, España y Venezuela” y que “comandó casas de escondite y el movimiento de sustancias controladas a través de lanchas rápidas y contenedores de carga hacia los Estados Unidos, incluido Puerto Rico”. También que él y su grupo “eran responsables de la importación de cocaína y heroína, entre otras sustancias controladas, a Estados Unidos”.
Se indica que existen grabaciones, en las que en marzo de 2017 Peralta detalla “el tráfico semanal de 20 kilogramos de cocaína a Puerto Rico a través de un avión. También otra de junio de ese año en la que apunta “un traslado marítimo de narcóticos enviado desde República Dominicana que fue recibido por un barco desde Mayagüez, Puerto Rico para recoger los narcóticos”. En otra grabación de ese mismo mes, “describió varias rutas de tráfico de narcóticos desde Antigua, Barbados, St. Thomas, St. Martin y Fajardo, Puerto Rico”.
Año en que las autoridades de Puerto Rico indican que César Emilio Peralta (El Abusador) se inició en el mundo del narcotráfico.
1997
En Puerto Rico son presentados tres cargos en contra de Peralta: conspiración para importar heroína y cocaína a los Estados Unidos (cargos uno y dos) y de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína para fines de importación ilegal a los Estados Unidos (cargo tres).
28 de noviembre de 2018
Peralta es visto en fotos publicadas en las redes en un resort de la zona este de la República Dominicana.
16-18 agosto de 2019
En una rueda de prensa el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y el ahora expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés, definieron a Peralta como el capo más poderoso en el país, con un historial de 20 años en el tráfico de estupefacientes entre República Dominicana y Puerto Rico. Informaron el apresamiento de cinco cabecillas de la red de Peralta y éste fue declarado prófugo.
20 de agosto de 2019
César Emilio Peralta fue capturado en el sector Bocagrande en Cartagena, Colombia, en un operativo en el que participaron agentes “de la DEA, el FBI y la Policía de República Dominicana”, de acuerdo a reportes de la prensa colombiana.
2 de diciembre de 2019
El abogado de Peralta, Joaquín Pérez, informó que el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, había firmado la extradición de su representado y que sería llevado a Puerto Rico, donde fueron presentados los cargos en su contra.
14 de octubre de 2021
Peralta es extraditado desde Colombia a Puerto Rico.
22 de diciembre de 2021
El Estado dominicano y la empresa de cemento asfáltico Sargeant Petroleum (SP) se han demandado mutuamente por los cumplimientos de los contratos por cemento asfáltico. El Estado dominicano inició el proceso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y la empresa Sargeant Petroleum a nivel internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
En la República Dominicana, la oficina de abogados Esquea y Valenzuela representa al Estado dominicano en un recurso contencioso administrativo que solicita la nulidad del contrato No. 25-2003, firmado en el año 2003; la adenda XIII al citado contrato y el contrato No. 13-2016, del 10 de mayo de 2013. Además, solicita la condena de manera conjunta y solidaria a Sargeant Petroleum y a Mustafá Abu Naba’a y la devolución por la suma de 176.9 millones de dólares pagados en exceso y 33.1 millones de dólares por concepto de valores en exceso durante los años 2003-2013 en el transporte de 149.6 galones de AC-30. También, la suma de 53.9 millones por valores en exceso pagados por el almacenamiento del material entre los años 2003-2013; y el monto de 89.9 por valores pagados desde 2013 al 2020 en almacenamiento AC-30.
La demanda fue interpuesta en el país ante el TSA el 25 de julio de 2022.
Sobre el arbitraje a nivel internacional solicitado por Sargeant Petroleum, la oficina de abogados de Esquea y Valenzuela, que encabeza Enmanuel Esquea Guerrero, emitió ayer un comunicado de prensa en el que indica que «la empresa Sargeant Petroleum ha estado reclamando al gobierno dominicano un crédito en virtud del contrato suscrito en 2013 con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el almacenaje y manejo de galones de asfalto, para lo cual se contrató una firma de abogados local que ha estado evaluando la validez de dicho reclamo». Asimismo, sostiene que, en el transcurso de dicha evaluación, Sargeant inició una demanda en arbitraje internacional de inversión.
La República Dominicana, señala el comunicado, cuenta con la firma de abogados Linkalters LLP para su representación ante el arbitraje internacional.
La empresa de cemento asfáltico Sargeant Petroleum LTD busca una indemnización por 88.3 millones de dólares por daños y perjuicios derivados de la terminación de un contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el año 2017 y terminado por el Gobierno dominicano en noviembre del año 2020.
El Gobierno de la República Dominicana está al tanto de la demanda en arbitraje de la empresa Sargeant Petroleum LTD, desde mayo del 2021. Así lo hacer constar la Dirección de Crédito Público en un memorándum de oferta de bonos del país.
El documento indica entre las litigaciones significativas que en mayo de 2021, Sargeant Petroleum, LTD envió a la República una notificación de arbitraje bajo el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA, firmado entre la República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y los Estados Unidos.
Sargeant Petroleum, de acuerdo con el comunicado, alegó «daños a la reputación y lucro cesante como una violación de las obligaciones del país bajo el DR-CAFTA».
De acuerdo con la demanda del Estado, en el año 2003 Sargeant Petroleum ganó la licitación con una tarifa que incluyó en dicho contrato un costo de US$0.5418 (US$0.36188 por transporte y US$0.18 por almacenaje) en vez de US$0.14 por el transporte y US$0.14 por el almacenamiento que había sido la oferta ganadora. Lo mismo sucedió con la duración del contrato, la cual en la licitación fue de 2 años, pero se contrató por ocho 8.
Este lunes entró en vigencia la suspensión de consultas y procesos electivos ambulatorios para Mapfre ARS a nivel nacional, Monumental en la región Norte, Renacer en el Sur y ARS Simag en el Este, dificultando el acceso a salud a cerca de dos millones de afiliados y sus dependientes, sumando los ya desafiliados pacientes pertenecientes a ARS Universal.
Esta estimación está fundamentada en la tabla de afiliados al régimen contributivo de octubre de 2021 publicada por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), cuando en ese entonces Mapfre ARS registraba 572,9578 afiliados; ARS Universal 312,014; Simag contaba con 76,163 afiliados; Monumental con 75,330 y Renacer contabilizaba 62,785 afiliados.
Cabe destacar que las ARS que más afiliados poseen en el país son Primera ARS y el Seguro Nacional de Salud (Senasa) con 1.2 millones respectivamente (a la fecha valorada).
Uno de los reclamos persistentes por parte del Colegio Médico Dominicano (CMD) que ha suscitado parte de su lucha contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) es la unificación de honorarios que reciben todos los médicos por servicios prestados.
Diario Libre conversó con el presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, Leonardo Brito, quien explicó, en su condición de Sociedad Especializada, en qué consiste la propuesta de tarifarios y el criterio para elegir las ARS en suspensión.
De acuerdo con Brito, la última vez que el Comité de Honorarios y Tarifas del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) se reunió fue en 2007 y desde entonces, no se le ha hecho indexación por inflación al tarifario establecido en ese entonces.
“Ese comité se reunió en el año 2007 y no se ha vuelto a reunir más, hace 15 años y nunca más ha vuelto a emitir una resolución. Los aumentos que se han hecho han sido por acuerdos o negociaciones del Colegio Médico”, precisó el especialista.
“El caso del pago de las consultas no es el mejor ejemplo porque todas las ARS pagan igual. Tras la retención de impuestos sobre la renta y el 10 %, al médico le quedan 360 pesos por una consulta”, detalló el galeno.
Brito aclaró que las diferencias en tarifario se presentan más bien cuando se trata de pagar los procesos operatorios, poniendo el ejemplo de una apendicectomía que algunas ARS las pagan a 14 mil pesos y otras a 8 mil por el mismo procedimiento.
Las ARS que ofrecen los mejores tarifarios son ARS Senasa, Banreservas y la del Banco Central, tomadas junto a la propia ARS del CMD como modelos de referencia para establecer un promedio de pago que los médicos proponen comenzar a utilizar a partir del 1 de diciembre.
Dijo que las ARS suspendidas se eligieron por ser las que más restricciones ponen, ofrecen peor canal de comunicación y brindan las tarifas más bajas.
«Son las ARS que peor tratan a los médicos, las que más restricciones han puesto tradicionalmente e históricamente más han hecho negación de servicios diciendo que eso no está en cobertura y son las que tienen las tarifas más bajas”, concluyó el cirujano.
Parte de la propuesta del CMD y las 56 Sociedades Especializadas es que a partir del 1 de diciembre se aplique un nuevo tarifario unificado, basado en las ARS que ofrecen los pagos más altos.
Cada sociedad se encargó de elaborar su propio listado.
“En el caso del Colegio de Cirujanos, las tarifas están estructuradas al promediar esas cuatro ARS (Senasa, Banreservas, Banco Central y ARS CMD), anexando el 17.62 % que es la inflación acumulada de septiembre 2021 a septiembre 2022. El fin es que todas las ARS les paguen igual a los cirujanos”, declaró Brito.
De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, declaró que se mantienen a la espera de la reunión tras el anuncio la semana pasada de la creación de una comisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para mediar.
«Las clínicas siguieron trabajando normal. Nosotros como clínicas le seguimos brindando el servicio a esos pacientes porque estamos a la espera de una reunión que nosotros hemos estado participando en ella desde hace prácticamente un mes», dijo Mena.
