Informaciones del Mundo
Están en poder del Ministerio Público los miembros de una patrulla de la Policía Nacional que el pasado sábado mataron a un joven en el sector Camboya, al norte de Santiago de los Caballeros.
Los agentes, cuyos nombres no han sido dados a conocer, serán sometidos a la justicia en las próximas horas por la muerte a tiros de Jalfany Alberto Reynoso Trinidad, de 22 años de edad.
El joven fue herido mortalmente cuando, según los miembros de la uniformada, desobedeció la orden de pare mientras se desplazaba en una motocicleta por una vía de la referida barriada.
Los miembros del cuerpo del orden alegaron que buscaban a un presunto delincuente con características similares a la del hoy occiso.
De acuerdo a las versiones de los familiares y vecinos, Reynoso Trinidad salía de trabajar de una estación de gasolina cuando fue interceptado por los agentes.
Protesta
La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional puso a los miembros de esa institución a disposición de la justicia luego de que en Camboya se lanzaron a las calles a protestar exigiendo justicia.
Los lugareños quemaron neumáticos y lanzaron escombros en las calles.
El tratamiento de un mes para un paciente diabético solo cuesta entre 6 y 15 pesos en las Farmacias del Pueblo, dependiendo de la dosis indicada.
En el caso de un insulinodependiente el tratamiento mensual oscila entre 110 y 700 pesos, hasta un 80 % menos que en las farmacias comerciales.
Así lo informó el director general del Programa de Medicamento Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), Adolfo Pérez, a propósito de que éste 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes.
Destacó que los medicamentos dispensados por Promese/CAL cumplen con los estándares de calidad requeridos por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps). Indicó que antes de ser distribuidos a la red de Farmacias del Pueblo y a los centros de salud del sistema público nacional, pasan por un proceso de inspección y analítica del departamento de Vigilancia y Control de Calidad de Insumos para la Salud de la institución, a cargo de garantizar que los productos recibidos cumplan con los estándares de calidad.
“Entre enero y noviembre de 2021, Promese/CAL despachó 514,760 unidades de insulina a las Farmacias del Pueblo; y 19, 745,190 pastillas, para tratar la enfermedad crónica”.
Destacó que las Farmacias del Pueblo dispensan las medicinas frecuentemente utilizadas, para manejar la diabetes tipo 1 y 2, entre las que se encuentran la Glibenclamida, Metformina en presentaciones de 500 y 850 mg., así como insulinas Cristalina o Regular, Mixta 70/30 y NPH.
La diabetes
La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Según el Ministerio de Salud Pública un 12 % de la población padece de diabetes.
Cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas al ser atacadas a tiros anoche por desconocidos mientras compartían en una fiesta, próximo al destacamento de la Policía Nacional en el ensanche Hermanas Mirabal, de Santiago de los Caballeros.
Hasta el momento solo han identificadas tres de las víctimas. Se trata de Lizbeth Ramírez, de 22 años de edad; Andy Junior Germosén, de 23; y Joan Díaz, de 19.
Las identidades de los heridos, ingresados en varios centros hospitalarios de la ciudad, no se han dado a conocer. Tampoco sus estados de salud.
El incidente se produjo próximo a la medianoche del domingo a pocos metros del destacamento policial de la barriada.
Según versiones, varias personas a bordo de varias motocicletas le aprendieron a tiros contra una multitud de jóvenes que compartían en un «teteo«.
Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas.
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Invertir en la educación de las niñas y educarlas sobre el cambio climático han sido los dos principales desafíos con los que la ministra de Medio Ambiente egipcia, Yasmine Fouad, clausuró el día temático de Género de la cumbre climática COP27. Fouad remarcó la importancia de educar a las niñas no solo para garantizarles este […]
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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuenta con 468 mil 107 dominicanos y dominicanas nuevos miembros de esa organización, quienes han ingresado al partido morado en el proceso de reorganización ordenado en IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. La revelación es de Rubén Bichara, miembro del Comité Político en un informe rendido en […]
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El Gobierno dominicano depositó por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso para buscar la nulidad del contrato 25-2003, para el transporte, almacenaje y manejo de materiales asfálticos, de fecha 26 de febrero del 2003 y todas sus adendas, suscritos por el Estado dominicano con la sociedad comercial Sargeant Petroleum, LTD y el señor Mustafá A. Abu Naba’a.
La información fue suministrada después de que se conociera que la empresa llevó al país a arbitraje internacional, a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, por la terminación del acuerdo.
En el recurso depositado por el Gobierno dominicano en la secretaría del TSA, el Estado alega violación de los artículos 37, 55 y 110 de la Constitución del 2002; violación del artículo 1004 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 48 de la Constitución del 2002; violación al Orden Público y al artículo 3 de la Ley No. 1494-47 sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; violación de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 1486-38 de Representación del Estado en los Actos Jurídicos; violación de la Ley No. 3-02 sobre Registro Mercantil; violación de la Ley No. 322-81 que trata sobre Concursos empresa o persona física extranjera y violación del artículo 1108 del Código Civil.
El escrito, depositado a nombre Estado Dominicano, representado por el Ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos, fue recibido en el Tribunal Superior Administrativo el pasado 25 de julio a las 3:11 de la tarde. El abogado que depositó la demanda conta el padre de Karim Abu Naba’a es Emmanuel Esquea Guerrero.
“En nuestro derecho, los actos que desconocen las exigencias legales para su validez resultan nulos y en consecuencia, no tienen existencia ni vigencia jurídica. El contrato del 26 de febrero del 2003 incurrió en grandes y graves vicios legales que lo hacen nulo radicalmente”, dicen los abogados en su escrito.
En el recurso se pide también declarar la nulidad del contrato suscrito el 14 de agosto del 2012 (alegada Adenda No. XIII del Contrato No. 25-2003) por violación de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 1486-38; violación del artículo 1108 del Código Civil y violación de la Ley No. 340-06.
También anular el contrato No. 13-2013, de almacenamiento y manejo de AC-30, de fecha 10 de mayo del 2013 por supuestas violaciones de los artículos 93, 6, 128 y 244 de la Constitución del 2010; del artículo 1181 del Código Civil; de los artículos 1 y 3 de la Ley No. 1486-38; de la Ley No. 340-06; de la Ley No. 322-81 y del artículo 1108 del Código Civil.
En el artículo quinto del recurso, el Estado también está pidiendo al Tribunal “condenar de manera conjunta y solidaria a la sociedad comercial SARGEANT PETROLEUM, LTD y al señor Mustafá A. Abu Naba’a, a la devolución a favor del Estado dominicano de la suma de US$176,948,321.23″.
Este monto habría sido pagado a la empresa, primero US$33,185,689.37 en exceso durante los años 2003-2013 por el transporte de 149,619,879.94 galones AC-30; otros US$53,863,156.78 por el mismo concepto durante los años 2003-2013, por el almacenamiento de 149,619,879.94 galones de AC-30 y US$89,899,475.08 pagados en exceso durante el año 2013-2020 por el almacenamiento de 147,376,188.65 galones de AC-30.
“Condenar conjunta y solidariamente a SARGEANT y el señor MUSTAFÁ A. ABU NABA’ A., al pago del dos por ciento (2 %) mensuales de los valores mencionados en el numeral quinto de estas conclusiones, hasta la ejecución total de la sentencia a intervenir”, se pide en el sexto considerando de la demanda.
En la demanda también se afirma que la empresa no cumplió con sus obligaciones fiscales establecidas en el Código Tributario (Ley No. 11-92) y tampoco con sus obligaciones de la seguridad social establecidas en la Ley No. 87-01.
El Gobierno dominicano depositó por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso para buscar la nulidad del contrato 25-2003, para el transporte, almacenaje y manejo de materiales asfálticos, de fecha 26 de febrero del 2003 y todas sus adendas, suscritos por el Estado dominicano con la sociedad comercial Sargeant Petroleum, LTD y el señor Mustafá A. Abu Naba’a.
La información fue suministrada después de que se conociera que la empresa llevó al país a arbitraje internacional, a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, por la terminación del acuerdo.
En el recurso depositado por el Gobierno dominicano en la secretaría del TSA, el Estado alega violación de los artículos 37, 55 y 110 de la Constitución del 2002; violación del artículo 1004 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 48 de la Constitución del 2002; violación al Orden Público y al artículo 3 de la Ley No. 1494-47 sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; violación de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 1486-38 de Representación del Estado en los Actos Jurídicos; violación de la Ley No. 3-02 sobre Registro Mercantil; violación de la Ley No. 322-81 que trata sobre Concursos empresa o persona física extranjera y violación del artículo 1108 del Código Civil.
El escrito, depositado a nombre Estado Dominicano, representado por el Ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos, fue recibido en el Tribunal Superior Administrativo el pasado 25 de julio a las 3:11 de la tarde. El abogado que depositó la demanda conta el padre de Karim Abu Naba’a es Emmanuel Esquea Guerrero.
“En nuestro derecho, los actos que desconocen las exigencias legales para su validez resultan nulos y en consecuencia, no tienen existencia ni vigencia jurídica. El contrato del 26 de febrero del 2003 incurrió en grandes y graves vicios legales que lo hacen nulo radicalmente”, dicen los abogados en su escrito.
En el recurso se pide también declarar la nulidad del contrato suscrito el 14 de agosto del 2012 (alegada Adenda No. XIII del Contrato No. 25-2003) por violación de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 1486-38; violación del artículo 1108 del Código Civil y violación de la Ley No. 340-06.
También anular el contrato No. 13-2013, de almacenamiento y manejo de AC-30, de fecha 10 de mayo del 2013 por supuestas violaciones de los artículos 93, 6, 128 y 244 de la Constitución del 2010; del artículo 1181 del Código Civil; de los artículos 1 y 3 de la Ley No. 1486-38; de la Ley No. 340-06; de la Ley No. 322-81 y del artículo 1108 del Código Civil.
En el artículo quinto del recurso, el Estado también está pidiendo al Tribunal “condenar de manera conjunta y solidaria a la sociedad comercial SARGEANT PETROLEUM, LTD y al señor Mustafá A. Abu Naba’a, a la devolución a favor del Estado dominicano de la suma de US$176,948,321.23″.
Este monto habría sido pagado a la empresa, primero US$33,185,689.37 en exceso durante los años 2003-2013 por el transporte de 149,619,879.94 galones AC-30; otros US$53,863,156.78 por el mismo concepto durante los años 2003-2013, por el almacenamiento de 149,619,879.94 galones de AC-30 y US$89,899,475.08 pagados en exceso durante el año 2013-2020 por el almacenamiento de 147,376,188.65 galones de AC-30.
“Condenar conjunta y solidariamente a SARGEANT y el señor MUSTAFÁ A. ABU NABA’ A., al pago del dos por ciento (2 %) mensuales de los valores mencionados en el numeral quinto de estas conclusiones, hasta la ejecución total de la sentencia a intervenir”, se pide en el sexto considerando de la demanda.
En la demanda también se afirma que la empresa no cumplió con sus obligaciones fiscales establecidas en el Código Tributario (Ley No. 11-92) y tampoco con sus obligaciones de la seguridad social establecidas en la Ley No. 87-01.
El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dictó siete años de prisión a un hombre que fue detenido cuando se disponía a traficar 381.96 gramos de cocaína en Lucerna, Santo Domingo Este.
De acuerdo con la información de la Procuraduría General de la República, se trata de Patricio Pierre, de nacionalidad haitiana, quien cumplirá la sentencia en el centro de privación de libertad La Victoria.
El expediente instrumentado por el Ministerio Público establece que el 3 de agosto de 2021, alrededor de las 12:54 de la noche, el hoy condenado fue detenido por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por presentar una actitud sospechosa.
Detalla que, tras su detención, los agentes procedieron a registrarlo y le ocuparon una cartera pequeña que tenía en su interior 73 porciones de un polvo blanco, de las cuales 72 estaban envueltas en fundas plásticas transparentes con cierre y una envuelta en un pedazo de papel transparente.
Tras analizar las sustancias se determinó que correspondían a cocaína clorhidratada, como consta en el certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
De acuerdo con la información, durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Darío Almonte, «demostró con suficientes elementos probatorios la responsabilidad penal del encartado, por haber violado los artículos 5-A, 28 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas», dice la nota de la Procuraduría.
