El Poder Ejecutivo dispuso que la Policía Nacional establezca una unidad especializada para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.
En su artículo 2, se instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional, proceder, en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado.
Mediante el decreto 668-22, el Ejecutivo instruye al director general de Migración a que, en los casos en que se compruebe que ciudadanos extranjeros hayan incurrido en el ilícito señalado en el artículo 2 del presente decreto, ejecute su expulsión del país. Asimismo, a impedir de manera definitiva a personas en estas circunstancias ingresar nuevamente a territorio nacional.
La disposición establece que la expulsión de estas personas deberá ser notificada al consulado correspondiente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores instruya a los consulados de la República Dominicana establecidos en los países de origen de los ciudadanos extranjeros que incurran en la violación de la ley que señala el presente decreto, a establecer un registro particular, con el propósito de que estos ciudadanos no puedan optar jamás por ningún tipo de visado o permiso de entrada al territorio de la República Dominicana, así sea en calidad de turista o de residente.
El decreto, dado a conocer este sábado, tiene fecha del viernes 11 de noviembre del 2022 y resalta que es de alto interés para la presente Administración la preservación de la seguridad nacional y el orden público, así como la protección del derecho de propiedad consignado en el artículo 51 de la Constitución de la República.
También, señala que el gobierno dominicano ha luchado durante años por asegurar la efectiva tutela del derecho de propiedad, que resulta hoy en día particularmente relevante para fortalecer la seguridad jurídica, por lo que deben tomarse todas las medidas necesarias para impedir las ocupaciones irregulares o invasiones a la propiedad privada.