El suspendido director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero fue cuestionado este jueves por casi cuatro horas y por tercera ocasión por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice en la sede Procuraduría General de la República (PGR), por alegadas irregularidades cometidas en sus funciones a través de un acuerdo con la empresa de envíos Mía Cargo Group.
“Les aseguramos que nosotros estaremos aquí cuando la Procuraduría nos requiera”, dijo al salir con paso rápido hacia el vehículo que le esperaba al frente del Ministerio Público.
Peguero ha dado escasas declaraciones a la prensa durante las tres comparecencias ante las autoridades del Ministerio Público; sus abogados tampoco han dado la cara.
A su entrada, el exfuncionario dijo que, los miembros de la prensa son mis amigos y que ha recibido un buen trato por parte del Ministerio Público.
Peguero manifestó en días anteriores: “En cuanto al contrato con Mía Cargo Group, debemos establecer que a mi llegada al Instituto Postal Dominicano, nos encontramos con el contrato firmado en fecha 4 de diciembre de 2019 entre la empresa Tahití S.A, representada por el señor Eugenio Henríquez Disla y de parte de Mía Group, por el señor Diego Aníbal Cedtillero”.
Agregó que el Inposdom se percató de que entre las citadas empresas había diferencias comerciales, por lo que se rescindió el contrato existente, pero en vista de que eso provocaría la paralización del servicio de Impospak se decidió contratar a la firma consultora jurídica DKM, la cual autorizó a la Junta Directiva a realizar un nuevo acuerdo, esta vez solo con la empresa Mía Group.
El presidente Luis Abinader suspendió la noche del lunes a Peguero, luego de que se conociera de las supuestas irregularidades en esa institución. En su lugar, el mandatario designó de manera interina a Katiusca del Carmen Báez de Hilario (Katy Báez).
Asimismo, la Dirección de Contrataciones Públicas había solicitado la destitución del funcionario, luego de la investigación realizada junto la Unidad Antifraude de la Contraloría General de República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que verificaron anomalías en el Inposdom que datan de varios años y a las que Peguero sumó “nuevas violaciones”.