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Acusados en la Operación Medusa y sus abogados no logran disimular el tedio frente a las cámaras de los fotorreporteros que cubren la audiencia  preliminar, etapa que comenzó hace más de un año en el proceso del caso de corrupción que comenzó en 2021. Los últimos cuatro meses se han agotado en la lectura del grueso expediente. 

A imputados y abogados se les ve echar largos sueños mientras los fiscales se turnan para leer rápido, algunas veces de manera ininteligible, las 12,275 páginas que posee la acusación. Ayer, martes, todavía no se había alcanzado la hoja número 8,000.

Últimamente, la amplia sala de la Corte de la Cámara Civil y Comercial, escogida desde un principio por el gran número de implicados en la supuesta estafa de más de 6,000 millones de pesos contra el Estado durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez (2016-2020) se ve vacía, contrario a como era en un principio. Los imputados que cuentan con varios abogados, durante la lectura, solo permanece uno. 

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa imputa en el caso Medusa a un total de 41 personas físicas y a 22 empresas. El juez que conoce el expediente actualmente es Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El temor del Ministerio Público

Recientemente, el Ministerio Público (MP) manifestó su temor de que el proceso penal a los acusados de sustraer los recursos del Estado, con más de dos años en los tribunales, concluya como otros de supuestos robos al erario y declarados extinguidos por vencer el tiempo máximo de cuatro años estipulado por la ley. 

“Cuando se quiera deducir de este proceso, una duración máxima y una extinción no será atribuible al órgano acusador”, se adelantó en aclarar la directora de Persecución del MP, Yeni Berenice Reynoso, cuando le fue rechazada su solicitud de que se permitiera leer en resumen la acusación.

Peravia. La actual regidora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Nizao, Daniela Dipré (Nena), pasó este martes a las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en apoyo a su candidato presidencial, Abel Martínez. La líder comunitaria, acompañada de su equipo de trabajo, fue recibida por Abel Martínez, quien le dio la bienvenida […]

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Las aportaciones obligatorias y del Estado dominicano a gremios profesionales y sindicatos suman cientos de millones de pesos al año. Diario Libre investigó los ingresos que reciben la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el Colegio Médico Dominicano (CMD), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y constató que no todos ofrecen información sobre los fondos recibidos y que, cuando lo hacen, los publican con años de retraso.

La afiliación obligatoria a un sindicato o colegio para ejercer una profesión se mantiene en algunos de estos gremios, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció en su sentencia de 1989 que la imposición de pertenecer a una agrupación, para ejercer una labor, constituía una violación al artículo 8 párrafo 6 y otras previsiones de la Constitución dominicana.

La sentencia de la SCJ sentó un precedente, en un histórico proceso que enfrentó en su momento a los propietarios de medios de comunicación con periodistas que buscaban que se mantuviera vigente la Ley 148, que creó el Colegio Dominicano de los Periodistas (CDP). Dicha legislación establecía, en su artículo 20, la obligatoriedad del registro previo del título de periodista en dicho colegio para poder ejercer el periodismo.

Este precedente emitido por la SCJ no fue asumido en otras áreas profesionales, pues para ejercer la medicina, el derecho y la ingeniera en la República Dominicana hay que estar afiliado a los colegios y asociaciones que agrupan a estos profesionales. La obligatoriedad está consignada en las leyes que crean estos organismos.

Es el caso de la Ley 68-03, que crea el CMD; de la  3-19, amparo legal del CARD, y la  61-60, que dio origen al Codia.

Con los docentes, la situación es distinta, pues solo están afiliados de manera automática a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) los que ganan una plaza a través del Concurso de Oposición Docente y son nombrados en el sistema educativo público. Los maestros del sector privado no han tenido cabida en la ADP.

La sindicalización

Afiliarse a un sindicato o colegios es un derecho establecido en el Código de Trabajo y en la Constitución, pero estas legislaciones no obligan a los profesionales a inscribirse en ellos.

Los sindicatos y colegios profesionales en la República Dominicana se constituyeron para lograr “una mejor remuneración del trabajo que ofrecen, conquistas sectoriales, respeto a la profesión y al profesional, para protegerlo, representarlo y velar para que todo el que ejerza la carrera sea profesional del área”.

Con el paso de los años han demostrado su poder, logrado en base a presiones, huelgas sectoriales y generales. 

El mayor poder político lo exhiben los maestros y los médicos, quienes han protagonizado, desde su fundación cientos de protestas y huelgas en los sectores más sensitivos del país: la salud y la educación. 

Los aumentos de salarios constituyen sus principales reclamos, con resultados significativos, que se traducen en mayores ingresos por horas trabajadas.

El dinero del Estado en las arcas de los gremios

Pero la fortaleza de estas instituciones radica en el dinero que reciben del Estado por diversas vías. A los médicos y los maestros se les descuenta mensualmente de sus salarios una cuota para los gremios que los agrupan.

Los colegios que agrupan a los ingenieros, arquitectos y los abogados son financiados por el Estado a través de cuotas establecidas para el Codia, en el caso de las obras públicas, y para el CARD, por concepto de procesos judiciales y notariales realizados en la República Dominicana.

Ningún organismo estatal audita los fondos que reciben estos colegios y sindicatos, recursos que en su mayoría han sido invertidos en la adquisición de bienes e inmuebles. 

El poder económico y político de la ADP

La ADP es uno de los sindicatos con mayor poder económico y político de la República Dominicana. En los últimos 10 años ha recibido 3,544.29 millones de pesos, de los descuentos, que, de manera automática, hace el Ministerio de Educación del salario de los docentes nombrados en el sistema educativo público.

Los datos están registrados en el informe “Gastos derivados del salario fijo en el presupuesto del Minerd 2013-2022″. A los docentes activos se les descuenta mensualmente el 1 % de sus salarios y los jubilados y pensionados aportan el 0.25 % de su sueldo para el gremio.

Este año el sindicato recibirá más recursos debido al incremento de la matrícula de los maestros, que pasó de 110 miembros activos en 2022 a 124,452 para 2023.

La afiliación a la ADP es automática, al igual que el descuento del salario de cada docente del sector público. Esto fue establecido en el año 1989 en la gestión del Secretario de Estado de Educación Bellas Artes y Cultos, José Nicolás Almánzar García, siendo Joaquín Balaguer presidente de la República. Esta decisión fortaleció económicamente al gremio que solo tenía el poder político.

Dentro de sus conquistas se destacan tener su propia AFP que es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima); su ARS (Semma); y, además, tiene representación en el Consejo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y el Consejo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

El Colegio Médico Dominicano

El artículo 11 de la Ley 68-03 que crea el Colegio Médico Dominicano establece que para ejercer la profesión de médico en forma privada o en cargos públicos de índole asistencial, médico, administrativo, médico docente, técnico sanitario o de investigación es requisito indispensable ser miembro titular del CMD.

De acuerdo a su artículo 23, el financiamiento del CMD procederá de: las cuotas de sus miembros, las cuales se descontarán automáticamente de los sueldos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y otras instituciones en subvención estatal. Los médicos deben autorizar por escrito el descuento.

Para los médicos que laboran en el sector privado las cuotas de contribución se establecieron en 1,700 pesos mensuales para un médico titular y 1,200 pesos para el médico pasante. No todos cumplen con este pago mensual al gremio y solo en las fechas en que hay elecciones se les exige pagar 500 pesos para ejercer el derecho al voto.

Se desconoce el monto que recibe el CMD de los descuentos que realiza el Ministerio de Salud a los médicos. Tampoco el CMD publica en su página web los estados financieros.

Los médicos cuentan con la ARS – CMD para garantizar asistencia en salud en los principales centros médicos del país, laboratorios acreditados y otros diagnósticos especializados y una atención personalizada de servicios.

Además del Seguro de responsabilidad civil para médicos, para dar respuestas a los problemas legales inherentes a la profesión, con un equipo de médicos y abogados altamente calificados y acorde a las reglamentaciones de ambas profesiones.

Los Planes Sociales del CMD fueron creados como instrumentos para la protección social de su membresía, además de que complementa prestaciones económicas por discapacidad, maternidad, auxilios funerarios.

“El Codia no es un sindicato”

La ley que creó el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores (Codia), estableció en su favor un impuesto del 1 por mil del costo de toda obra pública y un 2 por mil de las obras del sector privado.

El Estado, a través de la Tesorería Nacional retiene los valores correspondientes a la tasa profesional establecida en favor del Codia, en cumplimiento al decreto 319-98 emitido por el presidente Leonel Fernández, “para facilitar el cobro y que estos recursos permitan al Codia cumplir eficazmente la labor de fiscalización en su calidad de asesor oficial del Estado en la supervisión de las obras públicas.

Teodoro Tejada, expresidente del Codia, aclaró a Diario Libre que esta institución no es un sindicato y recibe anualmente un estimado de 120 a 135 millones de pesos anuales del Estado, recursos que administra una Asamblea de Representantes que se reúne cada mes y rinde cuentas a sus integrantes.

Señaló que la ley consigna que la entidad no podrá desarrollar actividades de carácter político partidista, ni asumir actitud de la índole expresada, pero refiere que casi todas las juntas directivas del Codia a todo lo largo de su existencia han respondido al gobierno del momento.

“Esto lo que hace que es que el Codia no haya podido desarrollar en el tiempo, un mecanismo donde impere la democracia y la participación universal. Esto se refleja en la baja votación para elegir sus autoridades, la cual no alcanza el 10 % de su matrícula”, concluyó.

Los millones que recibe el CARD

La ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) establece en el artículo 65 los aportes que recibe para coadyuvar a su funcionamiento y desarrollo.

La entidad recibe 50 pesos por cada contrato notariado; por los registros, modificaciones, renovaciones y transformaciones comerciales tramitadas por ante la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana, por los actos de alguaciles y las conclusiones judiciales

Igualmente 50 pesos por los actos de los Juzgados de Paz; Tribunal de Primera Instancia; Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, Corte de Apelación, Tribunal Superior de Tierras, Suprema Corte de Justicia, Instancia a los Tribunales o representantes del Ministerio Público; Reclamación de valores ante instancias bancarias y    Certificaciones judiciales y del Ministerio Público.

Por este concepto el CARD recibe anualmente un estimado de 102 millones de pesos. Este dato está contenido en el informe de “Presupuesto económico año 2021” colgado en la página web de la entidad.

Las cuotas de los abogados al Colegio no son de carácter obligatorio y están establecidas en 1,000 pesos anuales. Se estableció que la mayoría no paga el monto de la membresía.

La administración de estos recursos ha sido denunciada en justicia en varias ocasiones. La más reciente fue incoada contra Miguel Surún Hernández a quien se acusa de ser responsable de un supuesto “desfalco sistemático” al gremio de los abogados.  El exprocurador fiscal Gregory Castellanos Ruano, presentó la acusación en la Procuraduría General de la República.

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Rosa Acevedo, reconoció este martes que el país vive una “situación epidemiológica muy difícil” a causa del virus del dengue que mantiene abarrotadas las emergencias de clínicas privadas y hospitales. 

La especialista aseguró que “para nadie es un secreto que tenemos una epidemia por fiebre y dengue desde hace unos meses. La población infantil ha sido la más afectada, pero no es la única”.

Acevedo se refirió a los boletines emitidos por la Dirección General de Epidemiología (Digepi), cuya última actualización permite ver datos solo hasta la semana número 37.

“Si revisamos el documento de la oficina de Epidemiología en su semana número 37, podemos observar que hay un 83 % más casos cuando los comparamos con la misma semana al 2022 y no estamos en la semana 37, ya vamos por la semana 42, una semana en la que el incremento de casos ha sido aún mayor”, destacó.

“La niñez dominicana se ha visto sumamente afectada y en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Emergencias abarrotadas de padres que buscan asistencia para sus hijos y que cuando hay la necesidad de hospitalización no aparece una cama en el momento para resolver el problema de salud, que es un derecho para cada dominicano”, agregó.

Luchan contra situación

La pediatra indicó que, desde la sociedad que preside, están pendientes de estos acontecimientos desde su inicio y han aportado con capacitaciones y actualización en el manejo en las comunidades, como una forma de mitigar esta problemática, laborando también en conjunto con la Sociedad de Infectología.

Acevedo aclaró que al dengue “lo ideal no es manejarlo. No debiéramos estar viviendo situaciones tan difíciles si hubiésemos comenzado a trabajar en prevención durante todo el año”.

La especialista llamó a eliminar los criaderos de mosquitos, insecto que calificó como el “verdadero enemigo”, transmisor de otras virus como zika y chikungunya. 

Dicen es una «real epidemia«

Durante el más reciente encuentro semanal con la prensa, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, indicó que durante el año 2023 en el país se han registrado 11,618 casos sospechosos de dengue y nueve muertes asociadas a la enfermedad.

El presidente del Distrito del Colegio Médico Dominicano (CMD), Juan Pablo Lagos, aseguró que el país atraviesa una “real epidemia”.

De acuerdo con Lagos, «miles de hogares están siendo afectados por este terrible virus y en decenas de estos hogares ha llegado el dolor y el luto».

El galeno hizo un llamado al Ministerio de Salud Pública, junto a todas las instituciones sanitarias y las fuerzas vivas del país, a sentarse seriamente a enfrentar esta epidemia,coordinando acciones en conjunto contra el dengue.

Ante el conflicto por el río Masacre que mantiene enfrentada a la República Dominicana con Haití, una comisión encabezada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobrevoló ayer la franja norte de la frontera para rendir un informe técnico sobre las obras hídricas que construyen ambos países.

La comisión estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, quien confirmó que solamente harían un levantamiento y recogerían información. Le acompañó Andrés Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo Integral.

“El objetivo de esta misión es solamente recabar información para luego entonces presentar un informe a los países miembros”, indicó el director de Operaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), Juan Nova.

El geólogo Osiris de León, quien acompañó a los comisionados, dijo que sobrevolaron la cuenca del río Masacre, desde su nacimiento en Loma de Cabrera, hasta su desembocadura en la bahía de Manzanillo. También la cuenca del Artibonito, el río más largo de la isla, que nace en República Dominicana y atraviesa todo el territorio haitiano. Es su principal fuente de agua.

“Estamos acompañando la delegación para que ellos vean con sus propios ojos cuál es la realidad ambiental, social, hidrológica, hidráulica y forestal de la zona. Creo que ya ellos tienen una vista panorámica amplia de todo lo que es la extensión de la cuenca”, manifestó de León.

Agregó que “la idea de ellos es ver la cuenca, ver cómo está, ver cómo están los caudales, ver cómo está la vegetación”.

Don Miguel

También planearon sobre la comunidad de Don Miguel, donde el gobierno dominicano tiene en proyecto construir una presa, para la que ya están listos los diseños, según ha dicho el presidente Luis Abinader.

Al aterrizar, en la fortaleza Beller, en Dajabón, la misión visitó el canal La Vigía. En el lugar, personal del Indhri dio detalles a los enviados de la OEA sobre la rehabilitación de esa obra, con la que  el gobierno ha pretendido salvar un caudal mínimo del río para los agricultores aguas abajo y para la laguna Saladillo.

Además, recorrieron el área en territorio dominicano frente a la obra del controversial canal que los haitianos construyen en su lado.

Luego visitaron Compagnie de Développement Industriel S.A. (Codevi), empresa en la frontera que emplea a miles de haitianos.

Los representantes del organismo internacional fueron guiados por una delegación dominicana que estuvo integrada por el coronel Freddy Soto Thormann, director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront); Emil Chireno, del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex); Juan Carlos Nova, del Indrhi; y el geólogo Osiris de León.

La visita se produjo luego de que el presidente Luis Abinader solicitara a la Organización de Estados Americanos su mediación para tratar la crisis generada por la construcción del canal de trasvase en el río Masacre. El gobierno dominicano considera la construcción una violación de tratados.

El recorrido se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. Los soldados del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y militares del Ejército de la República Dominicana (ERD) impidieron el acceso a los representantes de los medios de comunicación a las áreas recorridas por la comisión.

De la visita de los delegación de la OEA

El canciller Roberto Álvarez sostuvo el pasado lunes, una reunión con la misión de la OEA, y le explicó que el canal que se construye en Haití podría tener significativas implicaciones, no solo medioambientales, sino también sociales y económicas.

• “La gestión del agua y los recursos naturales asociados tienen un impacto directo en las comunidades agrícolas y pesqueras que dependen del río, de la Laguna Saladillo y otros humedales para su sustento”, reiteró el canciller Álvarez.

Manifestó: “Aspiramos a que este proceso pueda dar lugar a una solución que contemple las preocupaciones de ambas naciones, y que fortalezca la arquitectura institucional y jurídica que rige nuestras relaciones bilaterales”.

De su lado, el comisionado Jean Michel Arrighi explicó que el objetivo de esta visita es levantar información técnica a fin de conocer la situación.

La República Dominicana pidió la intervención de la OEA durante una sesión del Consejo Permanente en busca de solucionar la “conflictiva situación” que enfrenta al país con Haití por la construcción del canal. En ese mismo escenario, la delegación de Haití defendió la construcción del canal y abogó una “solución definitiva” que respete los aspectos legales internacionales sobre la materia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/17/image-haitianos-de-salida.jpg

Las balas perdidas en la  República Dominicana siguen siendo una preocupación. A menudo, estas balas se originan en tiroteos relacionados con actividades criminales, disputas entre bandas, discusiones personales, entre otras acciones. Producto de estos hechos tres vidas inocentes se perdieron en menos de dos semanas, incluyendo dos menores de edad.

Xavier Puello Salomón, de 9 años, murió de un disparo en la cabeza mientra compartía en un parque junto a sus primos en el barrio Batey 43, del municipio Villa Altagracia, en la provincia San Cristóbal. El hecho ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 9:30 de la noche. 

El menor fue alcanzado con un disparo realizado por desconocidos, quienes se enfrentaron a tiros por un supuesto ajuste de cuentas en un negocio de bebidas alcohólicas del referido sector, el cual queda justo al frente del parque kilómetro 43.

Pese a que el niño quedó con vida al momento del impacto, murió este lunes mientras recibía atenciones médicas en el hospital Robert Reid Cabral.

Una madre destrozada 

«Mi niño no se sentía y ese hombre me lo mató», decía la madre del menor mientras lloraba de forma desconsolada por la muerte de su vástago, a quien describió como un niño tranquilo y cariñoso.

Julia Puello Acevedo manifestó que eran las 9:30 de la noche y que en ese momento lo estaba llamando para que se preparara para acostarse, ya que lo había dejado compartir unos minutos más con su familia porque era fin de semana. 

Soñaba con salvar vidas 

El menor cursaba el 4to de primaria en la escuela Lorenzo Pérez Poché, ubicada en el referido sector, y siempre fue muy aplicado en sus estudios.

Según sus familiares, soñaba con ser médico, ya que su mayor sueño era salvar vidas.

El negocio de bebidas: «un lugar de problemas»

Un tío del fallecido aseguró que desde que pusieron el negocio de bebidas alcohólicas en el sector los problemas no faltan, debido a la cantidad de «delincuentes» que lo frecuentan. Inocencio Salomón sostuvo que no es la primera vez que ocurren casos similares y que por desgracia hoy le tocó a su familia estar en duelo.

Pide a las autoridades que el caso no quede impune y que se investigue a fondo a los responsables del hecho. Además, recomienda considerar el cierre definitivo de este local.

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Otro menor perdió la vida en Santiago 

Un niño de nueve años también falleció durante el fin de semana tras ser alcanzado por una bala en el sector de Cienfuegos, supuestamente, de manera accidental, cuando un agente de la policía daba mantenimiento a una pistola prestada que utilizaba en horas de trabajo.

Ander Jesús Trino Rodríguez murió mientras recibía atenciones en el hospital periférico del sector ensanche Libertad, en Santiago.

El policía fue detenido e identificado como Melvin Ericsson Muñoz de Jesús, de 22 años, cuñado de la víctima.

Madre del menor asegura fue un accidente

Angelina Rodríguez Almonte, madre del niño, asegura que «fue un accidente» y describió a su hijo como muy «alegre».

«Estaba en tercero, era alegre, contento y le gustaba jugar mucho… él llegó a la casa que andaba con su papá y cogió para donde su hermana de un pronto, y ahí sucedió todo…que fue un accidente nada más no sé más nada», narró. 

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Una mujer entre las víctimas

Una mujer falleció el pasado 09 de octubre mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, luego de que una bala perdida penetrara una puerta de metal y la impactara en su residencia, ubicada en el sector de Villa María, municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Mayelin Feliciano Rodríguez, de 36 años. Según el diagnóstico médico, la dama presentó «herida de arma de fuego con entrada en el hombro derecho, sin salida, alojada en hemitórax posterior izquierdo, trauma penetrante de tórax por herida de arma de fuego, hemoneumotórax derecho y shock hipovolémico».

Enfrentamiento entre bandas

El hecho ocurrió tras originarse un enfrentamiento entre líderes de bandas en el sector, el pasado domingo 8 de octubre, alrededor de las 10:45 de la noche.

En medio de la confrontación, miembros de una banda criminal de La Malena abrieron fuego contra otra de Villa María, y una de las balas impactó a Feliciano Rodríguez, al atravesar una puerta de metal, causándole graves heridas.

El hecho tuvo lugar en la calle Ercilia Pepín, cerca de la ferretería Ferre Cross. Se mencionó que uno de los líderes de la banda de Villa María fue identificado como «Adrián el Moreno», mientras que el de la banda de La Malena se conoce como «Randy».

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Ante el conflicto por el río Masacre que mantiene enfrentada a la República Dominicana con Haití, una comisión encabezada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobrevoló ayer la franja norte de la frontera para rendir un informe técnico sobre las obras hídricas que construyen ambos países.

La comisión estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, quien confirmó que solamente harían un levantamiento y recogerían información. Le acompañó Andrés Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo Integral.

“El objetivo de esta misión es solamente recabar información para luego entonces presentar un informe a los países miembros”, indicó el director de Operaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), Juan Nova.

El geólogo Osiris de León, quien acompañó a los comisionados, dijo que sobrevolaron la cuenca del río Masacre, desde su nacimiento en Loma de Cabrera, hasta su desembocadura en la bahía de Manzanillo. También la cuenca del Artibonito, el río más largo de la isla, que nace en República Dominicana y atraviesa todo el territorio haitiano. Es su principal fuente de agua.

“Estamos acompañando la delegación para que ellos vean con sus propios ojos cuál es la realidad ambiental, social, hidrológica, hidráulica y forestal de la zona. Creo que ya ellos tienen una vista panorámica amplia de todo lo que es la extensión de la cuenca”, manifestó de León.

Agregó que “la idea de ellos es ver la cuenca, ver cómo está, ver cómo están los caudales, ver cómo está la vegetación”.

Don Miguel

También planearon sobre la comunidad de Don Miguel, donde el gobierno dominicano tiene en proyecto construir una presa, para la que ya están listos los diseños, según ha dicho el presidente Luis Abinader.

Al aterrizar, en la fortaleza Beller, en Dajabón, la misión visitó el canal La Vigía. En el lugar, personal del Indhri dio detalles a los enviados de la OEA sobre la rehabilitación de esa obra, con la que  el gobierno ha pretendido salvar un caudal mínimo del río para los agricultores aguas abajo y para la laguna Saladillo.

Además, recorrieron el área en territorio dominicano frente a la obra del controversial canal que los haitianos construyen en su lado.

Luego visitaron Compagnie de Développement Industriel S.A. (Codevi), empresa en la frontera que emplea a miles de haitianos.

Los representantes del organismo internacional fueron guiados por una delegación dominicana que estuvo integrada por el coronel Freddy Soto Thormann, director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront); Emil Chireno, del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex); Juan Carlos Nova, del Indrhi; y el geólogo Osiris de León.

La visita se produjo luego de que el presidente Luis Abinader solicitara a la Organización de Estados Americanos su mediación para tratar la crisis generada por la construcción del canal de trasvase en el río Masacre. El gobierno dominicano considera la construcción una violación de tratados.

El recorrido se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. Los soldados del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y militares del Ejército de la República Dominicana (ERD) impidieron el acceso a los representantes de los medios de comunicación a las áreas recorridas por la comisión.

De la visita de los delegación de la OEA

El canciller Roberto Álvarez sostuvo el pasado lunes, una reunión con la misión de la OEA, y le explicó que el canal que se construye en Haití podría tener significativas implicaciones, no solo medioambientales, sino también sociales y económicas.

• “La gestión del agua y los recursos naturales asociados tienen un impacto directo en las comunidades agrícolas y pesqueras que dependen del río, de la Laguna Saladillo y otros humedales para su sustento”, reiteró el canciller Álvarez.

Manifestó: “Aspiramos a que este proceso pueda dar lugar a una solución que contemple las preocupaciones de ambas naciones, y que fortalezca la arquitectura institucional y jurídica que rige nuestras relaciones bilaterales”.

De su lado, el comisionado Jean Michel Arrighi explicó que el objetivo de esta visita es levantar información técnica a fin de conocer la situación.

La República Dominicana pidió la intervención de la OEA durante una sesión del Consejo Permanente en busca de solucionar la “conflictiva situación” que enfrenta al país con Haití por la construcción del canal. En ese mismo escenario, la delegación de Haití defendió la construcción del canal y abogó una “solución definitiva” que respete los aspectos legales internacionales sobre la materia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/17/image-haitianos-de-salida.jpg

Las aportaciones obligatorias y del Estado dominicano a gremios profesionales y sindicatos suman cientos de millones de pesos al año. Diario Libre investigó los ingresos que reciben la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el Colegio Médico Dominicano (CMD), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y constató que no todos ofrecen información sobre los fondos recibidos y que, cuando lo hacen, los publican con años de retraso.

La afiliación obligatoria a un sindicato o colegio para ejercer una profesión se mantiene en algunos de estos gremios, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció en su sentencia de 1989 que la imposición de pertenecer a una agrupación, para ejercer una labor, constituía una violación al artículo 8 párrafo 6 y otras previsiones de la Constitución dominicana.

La sentencia de la SCJ sentó un precedente, en un histórico proceso que enfrentó en su momento a los propietarios de medios de comunicación con periodistas que buscaban que se mantuviera vigente la Ley 148, que creó el Colegio Dominicano de los Periodistas (CDP). Dicha legislación establecía, en su artículo 20, la obligatoriedad del registro previo del título de periodista en dicho colegio para poder ejercer el periodismo.

Este precedente emitido por la SCJ no fue asumido en otras áreas profesionales, pues para ejercer la medicina, el derecho y la ingeniera en la República Dominicana hay que estar afiliado a los colegios y asociaciones que agrupan a estos profesionales. La obligatoriedad está consignada en las leyes que crean estos organismos.

Es el caso de la Ley 68-03, que crea el CMD; de la  3-19, amparo legal del CARD, y la  61-60, que dio origen al Codia.

Con los docentes, la situación es distinta, pues solo están afiliados de manera automática a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) los que ganan una plaza a través del Concurso de Oposición Docente y son nombrados en el sistema educativo público. Los maestros del sector privado no han tenido cabida en la ADP.

La sindicalización

Afiliarse a un sindicato o colegios es un derecho establecido en el Código de Trabajo y en la Constitución, pero estas legislaciones no obligan a los profesionales a inscribirse en ellos.

Los sindicatos y colegios profesionales en la República Dominicana se constituyeron para lograr “una mejor remuneración del trabajo que ofrecen, conquistas sectoriales, respeto a la profesión y al profesional, para protegerlo, representarlo y velar para que todo el que ejerza la carrera sea profesional del área”.

Con el paso de los años han demostrado su poder, logrado en base a presiones, huelgas sectoriales y generales. 

El mayor poder político lo exhiben los maestros y los médicos, quienes han protagonizado, desde su fundación cientos de protestas y huelgas en los sectores más sensitivos del país: la salud y la educación. 

Los aumentos de salarios constituyen sus principales reclamos, con resultados significativos, que se traducen en mayores ingresos por horas trabajadas.

El dinero del Estado en las arcas de los gremios

Pero la fortaleza de estas instituciones radica en el dinero que reciben del Estado por diversas vías. A los médicos y los maestros se les descuenta mensualmente de sus salarios una cuota para los gremios que los agrupan.

Los colegios que agrupan a los ingenieros, arquitectos y los abogados son financiados por el Estado a través de cuotas establecidas para el Codia, en el caso de las obras públicas, y para el CARD, por concepto de procesos judiciales y notariales realizados en la República Dominicana.

Ningún organismo estatal audita los fondos que reciben estos colegios y sindicatos, recursos que en su mayoría han sido invertidos en la adquisición de bienes e inmuebles. 

El poder económico y político de la ADP

La ADP es uno de los sindicatos con mayor poder económico y político de la República Dominicana. En los últimos 10 años ha recibido 3,544.29 millones de pesos, de los descuentos, que, de manera automática, hace el Ministerio de Educación del salario de los docentes nombrados en el sistema educativo público.

Los datos están registrados en el informe “Gastos derivados del salario fijo en el presupuesto del Minerd 2013-2022″. A los docentes activos se les descuenta mensualmente el 1 % de sus salarios y los jubilados y pensionados aportan el 0.25 % de su sueldo para el gremio.

Este año el sindicato recibirá más recursos debido al incremento de la matrícula de los maestros, que pasó de 110 miembros activos en 2022 a 124,452 para 2023.

La afiliación a la ADP es automática, al igual que el descuento del salario de cada docente del sector público. Esto fue establecido en el año 1989 en la gestión del Secretario de Estado de Educación Bellas Artes y Cultos, José Nicolás Almánzar García, siendo Joaquín Balaguer presidente de la República. Esta decisión fortaleció económicamente al gremio que solo tenía el poder político.

Dentro de sus conquistas se destacan tener su propia AFP que es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima); su ARS (Semma); y, además, tiene representación en el Consejo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y el Consejo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

El Colegio Médico Dominicano

El artículo 11 de la Ley 68-03 que crea el Colegio Médico Dominicano establece que para ejercer la profesión de médico en forma privada o en cargos públicos de índole asistencial, médico, administrativo, médico docente, técnico sanitario o de investigación es requisito indispensable ser miembro titular del CMD.

De acuerdo a su artículo 23, el financiamiento del CMD procederá de: las cuotas de sus miembros, las cuales se descontarán automáticamente de los sueldos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y otras instituciones en subvención estatal. Los médicos deben autorizar por escrito el descuento.

Para los médicos que laboran en el sector privado las cuotas de contribución se establecieron en 1,700 pesos mensuales para un médico titular y 1,200 pesos para el médico pasante. No todos cumplen con este pago mensual al gremio y solo en las fechas en que hay elecciones se les exige pagar 500 pesos para ejercer el derecho al voto.

Se desconoce el monto que recibe el CMD de los descuentos que realiza el Ministerio de Salud a los médicos. Tampoco el CMD publica en su página web los estados financieros.

Los médicos cuentan con la ARS – CMD para garantizar asistencia en salud en los principales centros médicos del país, laboratorios acreditados y otros diagnósticos especializados y una atención personalizada de servicios.

Además del Seguro de responsabilidad civil para médicos, para dar respuestas a los problemas legales inherentes a la profesión, con un equipo de médicos y abogados altamente calificados y acorde a las reglamentaciones de ambas profesiones.

Los Planes Sociales del CMD fueron creados como instrumentos para la protección social de su membresía, además de que complementa prestaciones económicas por discapacidad, maternidad, auxilios funerarios.

“El Codia no es un sindicato”

La ley que creó el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores (Codia), estableció en su favor un impuesto del 1 por mil del costo de toda obra pública y un 2 por mil de las obras del sector privado.

El Estado, a través de la Tesorería Nacional retiene los valores correspondientes a la tasa profesional establecida en favor del Codia, en cumplimiento al decreto 319-98 emitido por el presidente Leonel Fernández, “para facilitar el cobro y que estos recursos permitan al Codia cumplir eficazmente la labor de fiscalización en su calidad de asesor oficial del Estado en la supervisión de las obras públicas.

Teodoro Tejada, expresidente del Codia, aclaró a Diario Libre que esta institución no es un sindicato y recibe anualmente un estimado de 120 a 135 millones de pesos anuales del Estado, recursos que administra una Asamblea de Representantes que se reúne cada mes y rinde cuentas a sus integrantes.

Señaló que la ley consigna que la entidad no podrá desarrollar actividades de carácter político partidista, ni asumir actitud de la índole expresada, pero refiere que casi todas las juntas directivas del Codia a todo lo largo de su existencia han respondido al gobierno del momento.

“Esto lo que hace que es que el Codia no haya podido desarrollar en el tiempo, un mecanismo donde impere la democracia y la participación universal. Esto se refleja en la baja votación para elegir sus autoridades, la cual no alcanza el 10 % de su matrícula”, concluyó.

Los millones que recibe el CARD

La ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) establece en el artículo 65 los aportes que recibe para coadyuvar a su funcionamiento y desarrollo.

La entidad recibe 50 pesos por cada contrato notariado; por los registros, modificaciones, renovaciones y transformaciones comerciales tramitadas por ante la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana, por los actos de alguaciles y las conclusiones judiciales

Igualmente 50 pesos por los actos de los Juzgados de Paz; Tribunal de Primera Instancia; Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, Corte de Apelación, Tribunal Superior de Tierras, Suprema Corte de Justicia, Instancia a los Tribunales o representantes del Ministerio Público; Reclamación de valores ante instancias bancarias y    Certificaciones judiciales y del Ministerio Público.

Por este concepto el CARD recibe anualmente un estimado de 102 millones de pesos. Este dato está contenido en el informe de “Presupuesto económico año 2021” colgado en la página web de la entidad.

Las cuotas de los abogados al Colegio no son de carácter obligatorio y están establecidas en 1,000 pesos anuales. Se estableció que la mayoría no paga el monto de la membresía.

La administración de estos recursos ha sido denunciada en justicia en varias ocasiones. La más reciente fue incoada contra Miguel Surún Hernández a quien se acusa de ser responsable de un supuesto “desfalco sistemático” al gremio de los abogados.  El exprocurador fiscal Gregory Castellanos Ruano, presentó la acusación en la Procuraduría General de la República.

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Rosa Acevedo, reconoció este martes que el país vive una “situación epidemiológica muy difícil” a causa del virus del dengue que mantiene abarrotadas las emergencias de clínicas privadas y hospitales. 

La especialista aseguró que “para nadie es un secreto que tenemos una epidemia por fiebre y dengue desde hace unos meses. La población infantil ha sido la más afectada, pero no es la única”.

Acevedo se refirió a los boletines emitidos por la Dirección General de Epidemiología (Digepi), cuya última actualización permite ver datos solo hasta la semana número 37.

“Si revisamos el documento de la oficina de Epidemiología en su semana número 37, podemos observar que hay un 83 % más casos cuando los comparamos con la misma semana al 2022 y no estamos en la semana 37, ya vamos por la semana 42, una semana en la que el incremento de casos ha sido aún mayor”, destacó.

“La niñez dominicana se ha visto sumamente afectada y en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Emergencias abarrotadas de padres que buscan asistencia para sus hijos y que cuando hay la necesidad de hospitalización no aparece una cama en el momento para resolver el problema de salud, que es un derecho para cada dominicano”, agregó.

Luchan contra situación

La pediatra indicó que, desde la sociedad que preside, están pendientes de estos acontecimientos desde su inicio y han aportado con capacitaciones y actualización en el manejo en las comunidades, como una forma de mitigar esta problemática, laborando también en conjunto con la Sociedad de Infectología.

Acevedo aclaró que al dengue “lo ideal no es manejarlo. No debiéramos estar viviendo situaciones tan difíciles si hubiésemos comenzado a trabajar en prevención durante todo el año”.

La especialista llamó a eliminar los criaderos de mosquitos, insecto que calificó como el “verdadero enemigo”, transmisor de otras virus como zika y chikungunya. 

Dicen es una «real epidemia«

Durante el más reciente encuentro semanal con la prensa, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, indicó que durante el año 2023 en el país se han registrado 11,618 casos sospechosos de dengue y nueve muertes asociadas a la enfermedad.

El presidente del Distrito del Colegio Médico Dominicano (CMD), Juan Pablo Lagos, aseguró que el país atraviesa una “real epidemia”.

De acuerdo con Lagos, «miles de hogares están siendo afectados por este terrible virus y en decenas de estos hogares ha llegado el dolor y el luto».

El galeno hizo un llamado al Ministerio de Salud Pública, junto a todas las instituciones sanitarias y las fuerzas vivas del país, a sentarse seriamente a enfrentar esta epidemia,coordinando acciones en conjunto contra el dengue.

Cuando una persona se pensione en la República Dominicana lo hará con una tasa de reemplazo promedio del 30 %. En cambio, en España esta ronda el 80 %, superior a la media de la Unión Europea. ¿Cómo lograr un porcentaje así?

Aunque en España el sistema de pensiones es diferente al dominicano, pues es de reparto, y en Quisqueya es de capitalización, el interés de los trabajadores es el mismo: retirarse con una buena pensión.

La tasa de reemplazo es el porcentaje que representa la pensión mensual respecto al salario estimado al momento del retiro laboral. Es decir, lo que un pensionado recibirá partiendo de su último salario.

Aunque con el diseño original del sistema dominicano esta se aproxima al 40 %, la tasa de reemplazo real está en función de las cotizaciones realizadas por el trabajador: con 20 años cotizados, es del 31 %, y con 30 años, del 48 %.

Así lo calcula Manuel Lozano, un consultor en previsión social, con dos décadas conociendo la seguridad social dominicana. Analiza que, para recibir más pensión, habría que aumentar las tasas de aporte.

Una trabajadora de 30 años, que acumulaba a septiembre 181,934.61 pesos en su cuenta de capitalización individual, recibiría una pensión mensual de 20,580.51 pesos si se retira a los 60 años en el 2053, según arroja una calculadora de pensión diseñada por la Superintendencia de Pensiones. La tasa de reemplazo sería del 39.54 %.

En España, de donde Lozano es oriundo, la tasa de reemplazo promedio mira al 80 %. En este país, el aporte mensual a la Seguridad Social es del 4.8 % por el trabajador y del 24.1 % por el empleador, de lo que la mayor parte se va al fondo de pensiones.

En República Dominicana solo para el plan de pensiones el aporte es del 9.97 % (2.87 % el trabajador y 7.10 % el empleador).

Ante esto, Lozano considera necesario incentivar el ahorro voluntario y colectivo, algo que incidiría en elevar la tasa de reemplazo. «A veces la gente cree que el ahorro para pensiones es un impuesto al trabajo», se lamentó.

Las propuestas para subir la tasa

En la República Dominicana hay una propuesta sometida hace dos años por la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp), para subir la tasa de reemplazo promedio del 30 al 60 %, con medidas que no impliquen aumento de la tasa de aporte, como son:

• cotizar por el salario real
• fortalecer las instituciones para evitar el fraude a la seguridad social
• ajustar la edad de retiro para los más jóvenes (de 60 a 65 años)
• adecuar las tablas de mortalidad a la realidad de la República Dominicana

Pero estas y otras propuestas, que totalizan 25, para mejorar el sistema de pensiones dominicano no han caminado más allá de su presentación y discusión local e internacionalmente.

«Se la presentamos a las autoridades, la depositamos en el Congreso (Nacional)», recordó Kirsis Jáquez, presidenta ejecutiva de la Adafp. «Las autoridades y el gobierno tienen sus tiempos», reconoció al responder una pregunta sobre el poco avance de las propuestas dos años después.

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Mientras compartía con periodistas dominicanos que participaron en un taller sobre los sistemas de pensiones, impartido por la Universidad de Salamanca, con el apoyo de la consultora Novaster, Jáquez anticipó: «Va a llegar un momento en el que vamos a tener todos que estar conversando sobre la reforma«.

De hecho, una comisión bicameral a cargo de revisar la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social recomendó en este 2023 reformar 45 artículos. Sugirió una pensión por vejez que, dependiendo de los años cotizados y la edad, podría llegar al 100 % de tasa de reemplazo y no menor al 60 %.

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A julio del 2023, estaban cotizando en el Sistema Dominicano de Seguridad Social 2,242,344 trabajadores, para un total de 2,328,640 cotizaciones y un salario promedio cotizable de 32,918.77 pesos.

Pero, existen altos niveles de evasión al propio sistema y una tasa de informalidad que se aproxima al 55 %.

El caso de la reciente reforma en México

El consultor Lozano expuso a los periodistas el caso de la reforma pensional en México, que entró en vigor en enero de 2021, con una transición de ocho años (2023-2030).

Esta reforma implica un incremento en los costos de las aportaciones patronales. Así, la tasa de contribución pasa del 6.5 al 15 % del salario base de cotización, específicamente, la contribución del empleador pasa del 5.15 al 13.875 %, pero la del trabajador se mantiene en 1.125 %.

La longevidad al 2030

El principal reto es común en los países de la región: la longevidad, enfatizó Lozano.

Con esta realidad de una mayor expectativa de vida, plantea el supuesto de que en la República Dominicana se ajuste de forma progresiva y automática la edad de retiro para los más jóvenes, conforme a la esperanza de vida en el país calculada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Esta es también una de las propuestas de la Adafp.

La ONE estima una esperanza de vida de 78 años en el 2030 y de 89 años en el 2100, entre la población dominicana. “Retrasar un año la edad de jubilación genera una mejora de entre el 2 % y 3 % en la tasa de reemplazo, y acumulativo”, calculó Lozano.

Aún más, señaló que, de aumentarse gradualmente la tasa de aporte los próximos años, hasta llevarla a un 15 % del salario, tendría un fuerte impacto en el aumento de la tasa de reemplazo, estimado en un 10 a 15 % más. El aporte inicial sería del 9 % y creciente hasta el 15 % en siete años.

En un artículo publicado en mayo pasado, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) señaló que aumentar la tasa de reemplazo ha sido difícil inclusive para economías desarrolladas. Citó el caso de los países de la Unión Europea, donde la tasa de reemplazo promedio es del 54.1 %.

«Es deseable que los pensionados de República Dominicana puedan tener mayores pensiones por medio de tasas de reemplazo superiores. Sin embargo, es necesario tener presente la evidencia empírica nacional e internacional al respecto. Decretar mayores tasas de reemplazo sería incurrir en altos costos impositivos y en mayor endeudamiento público. El éxito de una política pública no depende de las buenas intenciones, sino de los resultados que pueda tener», señaló el Crees.

«Los jóvenes de hoy creen que nunca van a llegar a viejos»

«En la región se están llevando a cabo muchos procesos de reforma de la Seguridad Social«, señaló Gina Riaño Barón, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), durante el taller universitario.

Abogó por incorporar más trabajadores de la informalidad a la formalidad, para que cuenten con cobertura de la Seguridad Social, y más micro y pequeñas empresas se formalicen. Considera que esto requiere de una estrategia conjunta que emane desde la organización de políticas públicas.

Entiende que las instituciones de seguridad social deben flexibilizar los requisitos para que los trabajadores se puedan afiliar al sistema.

«Muchas veces, las propias barreras de acceso están implantadas desde las instituciones de seguridad social, porque es muy difícil diligenciar un formulario de afiliación, porque es muy difícil acudir a las instituciones de seguridad social, porque una vez que acuden a las instituciones de seguridad social, hay barreras, hay desconocimiento», dijo.

Indica que es necesario trabajar también en generar una cultura previsional, «porque los jóvenes de hoy, hombres y mujeres jóvenes de hoy, creen que, primero, nunca van a llegar a viejos».