La República Dominicana ha sido seleccionada para ocupar la vicepresidencia del Comité de Experto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mescic), órgano responsable del análisis técnico de la implementación de la Convención por los Estados Parte.
En esta reunión, la República de Panamá asumió la Presidencia del Mescic, cuya elección se realizó en el marco de la 39ava reunión, llevada a cabo del 13 al 16 de marzo del año en curso en Washington en la Sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Berenice Barinas, quien ejerce desde agosto del 2020 como experta de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) ante el Mesicic-OEA, estuvo representando en esa posición a la República Dominicana. Junto a Barinas estuvo también, Carlos Pimentel, director de Contrataciones Publica (DGCP) y director ejecutivo del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto.
Según un comunicado de la Presidencia, el Comité se reúne dos veces al año para la consideración y la aprobación de los informes anticorrupción de los Estados analizados. Se intercambian buenas prácticas y se tratan temas de interés colectivo con miras al fortalecimiento de la cooperación contra la corrupción en el marco de la Convención.
Los especialistas del Mesicic, con el apoyo de la Secretaría Técnica, analizan las leyes e instituciones nacionales y evalúan si éstas se adaptan a las disposiciones de la Convención y si son efectivas para la prevención y el combate de la corrupción.
Ante la elección a la vicepresidencia del Comité de Expertos, el gobierno dominicano agradeció la confianza para ocupar el puesto, al tiempo que reiteró el compromiso frente al Mesicic, apoyando el seguimiento a la implementación de la Convención.
Al mismo tiempo, promoviendo la cooperación e intercambio de información, experiencias, buenas prácticas y la armonización de las legislaciones entre todos los estados parte.
De igual manera, la República Dominicana reafirmó el interés de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción.
