El presidente de la República, Luis Abinader, dejará sus actividades gubernamentales para ejecutar las actividades políticas en apoyo a los candidatos y aliados al Partido Revolucionario Moderno (PRM).
En ese sentido, el mandatario encabezará este domingo la coalición de los 22 partidos que irán aliados al PRM en las elecciones del 2024, en una actividad que se realizará en el Palacio de los Deportes este domingo 7 de enero, a las 10:00 de la mañana.
Tras ese evento, el jefe de Estado hará recorrido con los candidatos a las alcaldías de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.
La actividad en apoyo a Betty Gerónimo, que se postula por Santo Domingo, será a la 1:00 de la tarde, en el Boulevard de Sabana Perdida. Desde ahí, recorrerán las calles de Sabana Perdida Centro, Carretera Vieja, la avenida Hermanas Mirabal y carretera Villa Mella-Yamasa, para finalizar en la Carretera Los Morenos.
Luego, a las 2:00 de la tarde, Abinader acompañará al candidato Dio Astacio, candidato del PRM en Santo Domingo Este, con punto de partida en la avenida Venezuela.
Luego recorrerán varias calles y avenidas hasta finalizar en el bulevar Guarino Cruz.
Los delegados de los principales partidos políticos están confiados en que la Junta Central Electoral (JCE), desarrollará su trabajo acorde a lo establecido a las fechas del calendario de actividades del 2024.
A pesar de que en varias oportunidades las fechas de los plazoslegales han tenido que ser cambiadas a solicitud de las organizaciones partidarias, estos aseguraron que salvo esas excepciones todo marcha conforme a lo planificado.
De acuerdo a Sigmund Freund Mena, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la JCE está trabajando “bien y con los tiempos”.
“Debemos reconocer que desde principios de año se elaboró un calendario de trabajo con fechaslegales y administrativas y hasta ahora se han ido cumpliendo la mayoría de estas, salvo algunas situaciones menores que se han presentado”, indicó Freund.
Desde el organismo electoral se ha discutido en dos ocasiones el calendario de actividades con miras a las elecciones del 2024.
“Confiamos en que sí cumplirán con sus obligaciones en los plazos de la ley”, manifestó el delegado perremeista.
De su lado, Danilo Díaz delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la JCE, precisó que a ese órgano no le “sobra el tiempo”, por lo cual es un desafío realizar el montaje de las elecciones de febrero, pero que si se mantiene trabajando de la mano con los partidos se podrá realizar un buen trabajo.
“Si la JCE comete los errores que cometió en los dos momentos de dificultad que hemos tenido con la JCE, que son cuando se trató de querer el derecho que tenemos e la ley de los partidos políticos de hacer alianza que se trató y que generó una rectificación que tuvo que hacer la JCE, ese fue uno de los momentos que más crisis hemos tenido”, indicó Díaz.
Otro de los momentos que a su consideración representó una situación de crisis fue cuando se asignó un personal sin consultar a los partidos en el área de las direcciones los cuales han sido los “dos momentos más difíciles en las relaciones con la JCE”.
“Ya no hay tiempo para que se repita un hecho así de esa naturaleza, qué quiero decir con esto, que en esta fase que tenemos la implicación y el involucramiento de parte de la junta con los partidos políticos va a ser la garantía de que el proceso se pueda montar exitosamente y ahí tenemos que llamar la atención sobre lo que tiene que ver con la designación de todo el personal que va a trabajar en las mesas lo cual es fundamental, es un escenario que tiene que garantizarse”, dijo el delegado del PLD.
Los partidos ven con buenos ojos el desenvolvimiento que ha tenido la JCE, pero destacaron que para al momento del desarrollo del proceso el día de las elecciones se haga con el consenso de los partidos.
Desde el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), su delegado ante la JCE, José Fernando Pérez Volquez aseguró que la JCE está trabajando intensamente para lograr un buen montaje de los comicios de febrero.
“Estimo que todo estará listo para la fecha”, destacó Pérez Volquez.
De su lado, el delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la JCE, José Manuel Hernández Peguero, valoró positivamente el trabajo y esfuerzo del organismo electoral para lograr la credibilidad de las elecciones a través del consenso alcanzado con los partidos políticos en los asuntos de más relevancia del montaje, como ha sido la renovación de las juntas electorales y la emisión de diversos reglamentos que le permitirán desempeñar mejor sus atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras administrativas.
Indicó que, pese a que se adquirieron de manera tardía los equipos electrónicos, los delegados apoyan a la JCE en la agenda del montaje de las elecciones.
«A pesar de la tardía adquisición de los equipos informáticos para la transmisión de los resultados y la auditoría del software, los delegados partidarios acompañamos a la JCE día a día en la consecución de la agenda laboral para restablecer la credibilidad de las elecciones y motivar a la ciudadanía a concurrir masivamente a ejercer el derecho al sufragio», precisó Hernández Peguero.
Sobre el uso de la tecnología para la transmisión de los resultados, el delegado técnico de la Fuerza del Pueblo dijo que aspira que las observaciones y recomendaciones resultantes de la auditoría del software sean aplicadas y probadas.
“No obstante, solicitaremos a la JCE la adopción de una resolución que establezca un procedimiento alternativo manual de cuadrar y transmitir el acta de votación en caso de dificultar», fue lo señalado por el dirigente de la FP.
Al menos 30 personas nuevas presentaron este sábado su querella formal contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados tras supuestamente estar dentro de las víctimas que resultaron afectadas por la venta engañosa de inmuebles.
La audiencia de conocimiento de medida de coerción celebrada este sábado, se aplazó para el próximo martes a las 9:00 de la mañana.
El procurador Andrés Mena indicó que con esta nueva fecha de audiencia, los abogados podrán evaluar el documento y también habrá oportunidad para que los nuevos querellantes sean notificados a las defensas técnicas.
La audiencia contra los imputados fue conocida por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien agregó que en la nueva fecha pautada se conocerá la medida, según afirmó uno de los abogados de los querellantes.
A su salida de la audiencia, el abogado Eli Sepulveda, quien representa a varias de las víctimas, se quejó de que la imputada Escarlet Mercedes Cruz no esté en prisión debido a que se encuentra lactando. Precisó que una de sus clientes estaba lactando al momento de que se enteró que fue estafada, por lo que entiende no es una justificación.
Considera que el caso amerita «bastante gravedad» por lo que espera una prisión preventiva para todos los involucrados.
Pruebas del MP en el caso. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )
El Ministerio Público estableció que la estafa realizada por la red desmantelada mediante la denominada Operación Nido, asciende a más de 700 millones de pesos.
En la solicitud de medidas de coerción, el órgano persecutor aseguró que solo en entidades financieras, los miembros de la estructura captaron 485,619,386.90 pesos. Agrega, además, que muchos clientes pagaban en efectivo.
Advierten sobre otras constructoras
En tal sentido, el jurista Jean Cristófel Pérez, sostuvo que al igual que este caso, hay otras empresas constructoras en República Dominicana que estafan a personas que persiguen el sueño de comprar sus viviendas.
Advirtió que muchas de estas constructoras tienen el mismo método de estafa en inmuebles valiéndose de la «fragilidad» que tiene la justicia penal dominicana, ya que el delito de estafa son apenas dos años de prisión.
Uno de los afectados, Eugenio Salvador, contó a Diario Libre que invirtió 62,000 dólares en el proyecto tras los imputados «pintárselo» con características interesantes. El apartamento prometido era de 155 metros por un valor 139,000 dólares, los cuales equivalen a 8,149,570 pesos dominicanos, de acuerdo con la tasa de cambio actual, por lo que se motivó y apartó dos.
Además, motivó a su hermano y a un amigo a adentrarse al proyecto. Su hermano invirtió 39,000 dólares y su amigo 17,000 dólares, respectivamente.
Salvador expresó lo impotente que se siente al ser estafado, pues invertió su dinero ganado con mucho esfuerzo trabajando en Estados Unidos en un supermercado.
También, la señora Fernanda Sena, quien es una de las querellantes, manifestó que todos los ahorros de su hijo han sido invertidos en el “proyecto fantasma”. Tanto ella como su hijo apartaron el apartamento con 5,000 dólares y mensualmente le depositaban 1,200 dólares, destinados a la compra del apartamento de sus sueños.
Sena reiteró este sábado que es sobreviviente de cáncer y que el sueño de su hijo era que tuviera un techo donde pasar los años que le queden de vida.
Manifestó que luego de descubrirse este alegado engaño, su hijo ha estado en estado de depresión.
Ante esta situación, el abogado Eli Sepulveda sostuvo que la propia magistrada Sourelly intercedió «con Dios», ya que el hijo de Fernanda atentó contra su vida.
«La misma magistrada Sourelly tuvo que orar, oigan esto, visto por mis ojos, con uno de los afectados, la madre Fernanda, que está por aquí y ese muchacho se iba a matar en Estados Unidos y ella tuvo que orar por el y ella tenía cáncer en ese momento, tiene cáncer, esa señora Fernanda está sufriendo por lo que le pasó a su hijo», expresó el jurista.
Representación de los más de 300 afectados. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)
¿Dónde los imputados ofertaban los apartamentos?
De acuerdo con algunos de los afectados, muchos de estos se enteraron de estos proyectos mediante vallas publicitarias y otros por la página de compras y ventas Corotos. Algunos de estos compraron en plano y se enteraron de que habían sido estafados tras darse a conocer la situación por el escándalo.
Otros manifestaron que se enteraron del proyecto a través de las redes sociales.
Más sobre el caso
Por el caso están detenidos: Emmanuel Rivera Ledesma, principal señalado, y los imputados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y Juan Omar Rosario López.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo por señalamientos de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
«Ladrones» y «come robado»
Parte de lo que los afectados les vociferaban a los imputados
Un ambiente tenso es el que se vivió en el Palacio de Justicia tras el traslado a la sala de audiencia de los imputados en la Operación Nido, desmantelada por el Ministerio Público por la supuesta estafa de inmobiliarios a más de 300 personas, quienes, en su mayoría, residen en el extranjero.
A las afuera de la sala de audiencia, la cual fue conocida por el juez Rigoberto Sena, los afectados les vociferaban «ladrones» y «come robado» a los involucrados.
El presidenteLuis Abinader anuló ayer viernes mediante decreto los permisos otorgados en el gobierno pasado al Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), poniendo así fin al proyecto cuya lesividad al interés nacional fue ratificada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia el pasado mes de diciembre.
Para ello, el mandatario se basó en decisiones previas de los tribunales dominicanos y el pedido de Aviación Civil. De acuerdo con los considerandos del decreto 2-24, se enfocó en el rechazo unánime de la Suprema del recurso del AIB que buscaba invalidar la declaración que lo calificaba de lesivo al interés nacional, emitida por el Instituto de Aviación Civil (IDAC) y que, de paso, desestimó el proyecto tal como fue concebido y aprobado originalmente.
Además, hace hincapié en que el proyecto debió ser licitado y no otorgado grado a grado por el Poder Ejecutivo.
Explica que en octubre de 2021, a través de la sentencia 0030-03-2021-SSEN-00434, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) calificó de lesivo para el interés general el permiso que otorgó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) el 11 de agosto del 2020 para la construcción de ese aeropuerto, y por vía de consecuencia revocó la autorización para el inicio de la obra.
De igual manera, en octubre de 2020, el propio Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró como lesivo al interés público el AIB aduciendo que su aprobación violó «los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad» y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.
A esto también se suma la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022, que anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra, corrigiendo así las irregularidades que se cometieron a finales del Gobierno pasado, con lo cual se reafirma el fortalecimiento de las instituciones y de la seguridad jurídica en la República Dominicana.
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La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este sábado la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis involucrados en la llamada Operación Nido, quienes están acusados de estafar a más de 300 personas con ventas de inmobiliarios.
El juez Rigoberto Sena pautó para el próximo martes a las 9:00 de la mañana la audiencia a los fines de que los abogados de las partes puedan conocer el documento de solicitud de medida de coerción.
Mientras que, el abogado Eli Sepulveda, representante de uno de los querellantes, manifestó que en la próxima audiencia no habrá más aplazamientos ya que el juez así lo indicó.
Se quejó de que una de las imputadas, Escarlet Mercedes Cruz, no está detenida ya que está lactando.
Otro de los juristas, Jean Cristofel Pérez, sostuvo que al igual que este caso, hay otras empresas constructoras que estafan a personas que persiguen el sueño de comprar sus viviendas.
De acuerdo con el magistrado Andrés Mena, del Ministerio Público, que en el día de hoy otras 30 personas presentaron querella formal contra los imputados.
A las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva estaban algunos de los afectados, quienes reiteraron que se sintieron burlados por la estafa, ya que muchos de ellos hicieron esa inversión con sacrificio.
El Ministerio Público establece que la estafa realizada por la red desmantelada mediante la denominada Operación Nido asciende a más de 700 millones de pesos.
En la solicitud de medidas de coerción, el órgano persecutor dice que solo en entidades financieras los miembros de la estructura captaron 485,619,386.90 pesos. Agrega, además, que muchos clientes pagaban en efectivo.
De las 300 personas, solo 147 han presentado querella formal. Además, indicó que tienen más de 200 elementos de pruebas, entre las cuales están las testimoniales, periciales y financieras, entre otras.
Varias de las personas que pretendían cumplir el sueño de tener una vivienda propia a través del proyecto que les ofertaban, eran amenazados e intimidados por Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, teniendo la certeza de que saldrían sin lograr nada, según el Ministerio Público.
Además de Rivera Ledesma, el Ministerio Público acusa a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (hijo), María Gabriela Rivera Pichardo (hija), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa de Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (hermana) y Juan Omar Rosario López.
Asimismo, están las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados, las compañías creadas por Ledesma Rivera. También, Grupo Wimar SRL y Auto Xperts AFM.
El viernes, los abogados de las partes querellantes calificaron a Emmanuel Rivera Ledesma, acusado principal de la supuesta red de estafa inmobiliaria desmantelada como el «Mantequilla inmobiliario».
Sobre la acusación
El Ministerio Público afirmó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
Agregó que durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizó nombres de personas conocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. También, indicó que se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las ya presentadas.
La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este sábado la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis involucrados en la llamada Operación Nido, quienes están acusados de estafar a más de 300 personas con ventas de inmobiliarios.
El juez Rigoberto Sena pautó para el próximo martes a las 9:00 de la mañana la audiencia a los fines de que los abogados de las partes puedan conocer el documento de solicitud de medida de coerción.
Mientras que, el abogado Eli Sepulveda, representante de uno de los querellantes, manifestó que en la próxima audiencia no habrá más aplazamientos ya que el juez así lo indicó.
Se quejó de que una de las imputadas, Escarlet Mercedes Cruz, no está detenida ya que está lactando.
Otro de los juristas, Jean Cristofel Pérez, sostuvo que al igual que este caso, hay otras empresas constructoras que estafan a personas que persiguen el sueño de comprar sus viviendas.
De acuerdo con el magistrado Andrés Mena, del Ministerio Público, que en el día de hoy otras 30 personas presentaron querella formal contra los imputados.
A las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva estaban algunos de los afectados, quienes reiteraron que se sintieron burlados por la estafa, ya que muchos de ellos hicieron esa inversión con sacrificio.
El Ministerio Público establece que la estafa realizada por la red desmantelada mediante la denominada Operación Nido asciende a más de 700 millones de pesos.
En la solicitud de medidas de coerción, el órgano persecutor dice que solo en entidades financieras los miembros de la estructura captaron 485,619,386.90 pesos. Agrega, además, que muchos clientes pagaban en efectivo.
De las 300 personas, solo 147 han presentado querella formal. Además, indicó que tienen más de 200 elementos de pruebas, entre las cuales están las testimoniales, periciales y financieras, entre otras.
Varias de las personas que pretendían cumplir el sueño de tener una vivienda propia a través del proyecto que les ofertaban, eran amenazados e intimidados por Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, teniendo la certeza de que saldrían sin lograr nada, según el Ministerio Público.
Además de Rivera Ledesma, el Ministerio Público acusa a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (hijo), María Gabriela Rivera Pichardo (hija), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa de Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (hermana) y Juan Omar Rosario López.
Asimismo, están las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados, las compañías creadas por Ledesma Rivera. También, Grupo Wimar SRL y Auto Xperts AFM.
El viernes, los abogados de las partes querellantes calificaron a Emmanuel Rivera Ledesma, acusado principal de la supuesta red de estafa inmobiliaria desmantelada como el «Mantequilla inmobiliario».
Sobre la acusación
El Ministerio Público afirmó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
Agregó que durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizó nombres de personas conocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. También, indicó que se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las ya presentadas.
El presidente Luis Abinader anuló este viernes mediante decreto los permisos otorgados en el gobierno pasado al Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), poniendo así fin al proyecto cuya lesividad al interés nacional fue ratificada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia este diciembre.
Abinader dejó sin efecto el decreto 270-20 de julio de 2020, emitido a tan solo 23 días del traspaso de mando a favor del empresario Abraham Hazoury y del Grupo Abrisa. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia dictaminó que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso al emitir ese decreto.
Entre los considerandos del decreto 2-24 dado a conocer al caer la tarde de hoy se cita precisamente la decisión de la Suprema consistente en un rechazo a unanimidad del recurso del AIB que buscaba invalidar la declaración que lo calificaba de lesivo al interés nacional, emitida por el Instituto de Aviación Civil (IDAC) y que, de paso, desestimó el proyecto tal como fue concebido y aprobado originalmente.
Se hace hincapié en que el proyecto debió ser licitado y no otorgado grado a grado por el Poder Ejecutivo.
También, que en octubre de 2021 a través de la sentencia 0030-03-2021-SSEN-00434, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) calificó de lesivo para el interés general el permiso que otorgó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) el 11 de agosto del 2020 para la construcción de ese aeropuerto, y por vía de consecuencia revocó la autorización para el inicio de la obra.
De igual manera, que en octubre de 2020 el propio Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró como lesivo al interés público el AIB aduciendo que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad” y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.
A esto también se suma la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022, que anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra, corrigiendo así las irregularidades que se cometieron a finales del Gobierno pasado, con lo cual se reafirma el fortalecimiento de las instituciones y de la seguridad jurídica en la República Dominicana.
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