Varios accionistas del Centro Médico Dominicano denunciaron este martes que dos inversionistas se habrían apropiado de acciones de la clínica de manera fraudulenta y que, inmediatamente tomaron el control del centro, adquirieron un préstamo por valor de 280 millones pesos a una empresa de formación reciente y de manera irregular pusieron en garantía 11 inmuebles de la clínica por un valor superior a 2,200 millones de pesos.
Los denunciantes señalaron como responsables del alegado fraude a los doctores Alejandro Arnaldo Domínguez Brito y Rudis Rafael Guerrero Guerrero, quienes para la transacción habrían utilizado la compañía Tecnología Teradata 15, S.R.L., la que, supuestamente, no cuenta con historial financiero.
Aseguraron que con los 280 millones de pesos pagaron, en su propio beneficio, un cincuenta por ciento de las acciones irregularmente obtenidas y tres años después aún no han pagado el cincuenta por ciento restante.
Explicaron que, con la hipoteca convencional de la totalidad de los inmuebles pertenecientes al centro médico, Domínguez Brito y Guerrero Guerrero procuran una apropiación indirecta de la clínica, utilizando interpósitas personas y sin haber invertido dinero de su patrimonio personal.
Los denunciantes son los doctores: Sonia Ramírez, Secundino Ramírez, María Ernestina Marmolejos, Elizabeth Tezanos, Yamina Ogando, Pilar Rodríguez, Daniela Guerrero, Iluminada Grullón, Miladys Marzán, Ernesto Carrasco, Ana Reyes, Juan Sánchez, Mildred de la Cruz, Tania Zorrilla, Jose A. Estévez, César Beras, Elvira Díaz, Pedro Marmolejos, Luis Pichardo, Emil Fernández, Lissette Vásquez, Margarita Melo, Elba Gil, Carmen Santana, Ramón C. Sosa, Dimas Read, Karina Read, Rocío Caridad, Soraya Mejía, Rosa Peña y Pedro González.
Sostuvieron que, como consecuencia del accionar irregular de Domínguez Brito y Guerrero Guerrero, se vieron precisados a demandar en rendición de cuenta, nulidad de mandamiento de pago, nulidad de hipoteca convencional, litis sobre derechos registrados y en designación de un administrador judicial como forma de evitar que los citados galenos concreten la intención de perjudicar a acreedores tradicionales del Centro Médico Dominicano, a los demás accionistas y los empleados con la consumación de un embargo inmobiliario, del cual los miembros del Consejo de Administración ni siquiera se han defendido como forma de facilitar la ejecución rápida del Centro Médico Dominicano.
Manifestaron que los doctores Domínguez Brito y Guerrero Guerrero han comprometido su responsabilidad penal frente a los demás accionistas y han violentado varios articulados de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales, por lo que no descartaron accionar judicialmente, a título personal, en contra de dichos señores por haber afectado grandemente, en términos económicos, administrativos y financieros el Centro Médico Dominicano.
A través de una nota de prensa, los denunciantes explicaron que fue designado un administrador judicial de la clínica que está en proceso de juramentación por parte de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por lo que el presidente y vicepresidente del Consejo de Administración, Alejandro Arnaldo Domínguez Brito y Rudis Rafael Guerrero Guerrero, deben abstenerse de realizar cualquier acción en perjuicio de la clínica en razón que desde el punto de vista legal no tienen facultad jurídica para tomar decisiones, sobre todo, porque durante su gestión no han rendido cuenta a los demás accionistas.
“No han celebrado asambleas ordinarias ni extraordinarias; Se han cerrado áreas estratégicas, tales como la emergencia, laboratorio clínico, imagenología, quirófanos, enfermería, áreas de internamiento, han dejado sin empleo a más de cuatrocientos trabajadores administrativos, enfermeras y técnicos, así como ciento treinta y dos médicos especialistas, procurado un deterioro sistemático del centro médico para facilitar su ejecución judicial y el consecuente traspaso del patrimonio total”, cita el documento.
Los denunciantes hicieron un llamado al gobierno central para que intervenga con apoyo económico en la recuperación del Centro Médico Dominicano, para que el mismo pueda seguir operando, pero, bajo “una correcta administración”.
Presidente del Consejo dice busca alternativas
Diario Libre conversó con el doctor Domínguez Brito, quien afirmó “se está trabajando en buscar a un inversionista para que haga una capitalización y en su defecto, el Estado, que también está interesado”.
El galeno reconoció que es una situación delicada y reiteró su interés en “buscar soluciones”.
“Es más complejo, lametablemente, los médicos sabemos mucho de medicina pero no de otras cosas”, dijo por la vía telefónica.
Domínguez Brito aseguró que se actuó “bajo todas las leyes y transparencia”.
“Teradata sí es una compañía internacional, su sede principal está en México. Ahí se hizo todo por el libro y todo bajo un fideicomiso”, comentó.
Aceptó que desde hace dos años no se les paga a los demás accionistas “porque cayó el coronavirus y el centro, debido al coronavirus, tenía un déficit de más de seis millones de pesos mensuales y por eso hubo que ir cerrando áreas, esa es la realidad”.
El galeno indicó que la compra de acciones se realizó hace aproximadamente tres años, pero que la institución acumulaba otras deudas en los últimos ocho o nueve años.
“Se están apoyando en informaciones falsas, eso no es real”, respondió con referencia a la nota de prensa enviada por los accionistas.
“En lo personal, yo metí todos mis bienes de 30 años de trabajo. Teradata viene un año después… Nosotros compramos a título personal con un préstamo personal esas acciones. Son muchas informaciones erradas”, agregó.
El médico radiólogo fue reiterativo al decir que está enfocado en solucionar esta situación porque “hay 160 médicos que hay que salvar”, situación que afectó también a más de 400 empleados que allí laboraban.
“Yo tengo un reto personal con eso”, indicó Domínguez Brito.
“Teradata presta el dinero para que no se cerrara en su momento, que por cierto, esa compañía se ha portado muy bien con el Centro Médico Dominicano”, dijo al detallar que han sido benévolos paralizando el cobro de moras y otorgando un plazo de tres meses para encontrar alternativas.
“Mi posición es pagar, porque yo no soy ladrón”, sostuvo.
También explicó que al momento de la compra de las acciones se plantearon dos opciones: o desembolsar el pago total y cerrar la clínica o pagar el 50 % y prestarle el dinero restante al centro médico para reinvertirlo, alternativa que, bajo consenso, se terminó decidiendo.
“Estamos trabajando en cumplir, en que el centro viva, es una necesidad social, es un gran negocio para el que tenga el capital”, concluyó Domínguez Brito.
