El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso contencioso administrativo en contra del Proyecto de Privatización del Sistema de Inspección Vehicular o de Cambio de Revista que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) por presuntas irregularidades.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, denunció mediante un comunicado que dicha entidad supuestamente pretende desarrollar el proyecto en beneficio de un «empresario venezolano».
Esa persona supuestamente “está acusada de Fraude Bancario y de Seguros en Venezuela, según informes que posee el jurista”, indica el CARD en un comunicado.
El recurso depositado por el CARD fue interpuesto también en contra de la Dirección General de Alianza Público Privada.
Surun Hernández agregó que de concretarse las pretensiones del Intrant y la Dirección General de la Alianza Público Privada, conductores se verán impedidos de circular en las calles si previamente no hacen el pago correspondiente a la suma exigida para la inspección.
El jurista también reiteró que esto constituiría un gravísimo atentado no sólo en contra de la clase media, sino además de las clases populares “como los motoconchos que serían obligados a pagar hasta 600 pesos anual por esa supuesta inspección”.
«Lo grave de la situación es que todos los dominicanos que poseen una simple motocicleta hasta aquellos que tienen vehículo de transporte para su trabajo y los que tienen vehículos de alta gama, se verían obligados a pagar exorbitantes sumas por el derecho a transitar, lo que sumado a otros impuestos implicaría una carga inaguantable para la población dominicana”, manifestó Surun Hernández.
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