Un mensaje que avivaría la esperanza de encontrar a su hijo recibió Frayla Méndez, madre de Luis Ángel Gónzález, que fue supuestamente raptado por su expadrastro el 6 de febrero del año 2022 en el Batey Paja del municipio Vicente Noble, provincia Barahona, y que desde entonces se desconoce su paradero.
Una persona desconocida le habló a la madre diciéndole que conocía el paradero de su pequeño que hoy tendría siete años, que sus raptores le habían delegado su cuidado y que lo tenía en una finca. Le proporcionó datos que le hizo creer por un momento de que se avecinaba el final su sufrimiento.
El desconocido la intentó extorsionar pidiéndole dinero a cambio de entregarle su vástago y la amenazó con matarlo si no cumplía con sus reclamos, pero Frayla, consciente de que podía tratarse de un delincuente, archivó la conversación para entregarle evidencias a las autoridades.
En efecto, el fiscal Wellington Matos explicó que se trató de un intento de extorsión de una persona recluida en una cárcel de San Francisco de Macorís y que trató de hacer lo mismo con la madre de Anderson González, el expadrastro imputado en el secuestro del niño Luis Ángel, a quien amenazó con perjudicar a su hijo si no le entregaba un dinero faltante por haberse quedado con el infante, supuestamente. El expadrastro guarda prisión preventiva por el caso.
El extorsionador envió a Frayla capturas de su conversación con la madre de Anderson para demostrarle que no mentía en su relato de que le habían entregado el menor. Estos mensajes le provocaron suspicacia a Frayla por la respuesta que dio la señora en la que alegadamente dejó entrever al presidiario de que existía tal negociación.
– Extorsionador: ¿Se acuerda de mí?, es acerca del dinerito que falta por el asunto del niño que Anderson tiene en mi finca, si no me paga lo voy a tirar para adelante y lo voy a mandar a joder en la cárcel.– «Madre de AG»: Si, no me le haga daño, yo respondo por eso, yo le pongo el dinero o mándalo a buscar como la otra vez.– Extorsionador: Completo, yo mando a buscarlo si no, ya tengo el contacto con la mamá del niño sino ella me lo va a pagar. Yo le entrego el niño a ella.– «Madre de AG»: ¡Cómo!, no, hágame el favor, no se lo dé a ella, haga lo que mi hijo dice porque no quiero que le perjudique a él en la cárcel. Yo te pago lo que esa mujer, por favor, me estoy muriendo ya por todo esto.
Estas evidencias también fueron enviadas a la Fiscalía de Barahona y se produjo el arresto de la señora Ledis González Reyes el pasado 1 de marzo, pero fue puesta en libertad al día siguiente.
De acuerdo al fiscal Matos, la liberación de la señora se produjo porque no había ningún elemento probatorio que estableciera que estuviera encubriendo el rapto del menor pese a esta conversación, aunque la madre de Luis Ángel insiste en que su exsuegra debe saber algo para dar con el paradero de su hijo.
«Necesitamos elementos de pruebas suficientes para encausar a una persona y lamentablemente no había ningún indicio de que había una complicidad, de que estuviera involucrada en eso» Wellington Matos Fiscal titular de Barahona “
Sobre la manera en que respondió la señora al presunto presidiario dijo “hay que ponerse en la situación de ella que tiene un hijo preso y quiere una respuesta también”.
Matos explicó que las investigaciones no condujeron a la identificación de la persona que hizo las llamadas y envió los mensajes amenazantes, pero que la mapificación ubicó el teléfono en la zona carcelaria.
Suele pasar
Este tipo de situación de intento de extorsión suele pasarle con cierta regularidad a familiares de personas desaparecidas, alertó el magistrado.
Cuando una persona reporta la desaparición de un pariente proporciona datos de circunstancias de la desaparición, dirección y número de teléfono que pueden ser utilizados por personas malintencionadas para molestar, incluso privados de libertad que no deberían tener acceso a celulares desde las cárceles.
El fiscal llamó a los familiares a tener cautela para no ser víctimas de este tipo de llamadas o mensajes.
Juicio preliminar
El próximo jueves 16 de marzo comienza el juicio preliminar por el rapto del menor Luis Ángel González.
El Ministerio Público de Barahona, dirigido por Matos, imputa a Anderson Daniel Pérez González y Yoanni Méndez por secuestro y complicidad, respectivamente.
En la acusación, el Ministerio Público asegura que, aunque el menor no ha sido encontrado tras 11 meses de su desaparición forzada, quedó demostrada la responsabilidad penal de los imputados en las investigaciones.
