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El llamado a mayores esfuerzos para la preservación de las vidas humanas al momento de desarrollar obras de construcción en la República Dominicana es uno de los principios que la ingeniera Ashley Morales quiere promover, a propósito de su reciente designación como directora del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos. 

Morales se expresó en esos términos al ser consultada sobre recientes casos de derrumbes en varias zonas del país y el registro de temblores que han dejado algunos daños en infraestructuras. “Las obras son parte vital del desarrollo, generan empleos, cambian un país, pero, también, pueden generar pérdidas si no se hacen responsablemente”, indicó. 

“Respetando la vida hablamos de riesgo sísmico, de diseños y construcciones apegadas a las leyes. Tenemos que ser respetuosos con el suelo; tenemos suelos muy variados: rocosos en un área, blando, rocas que pueden estar erosionadas”, sostuvo la ingeniera. 

Morales ve imperativo que no se escatimen costos para los estudios necesarios para una buena construcción. “El dinero que invertimos en estos estudios geológicos, diseños estructurales o sismo resistente, luego, lo recuperamos sabiendo que tenemos obras que no van a colapsar ni mediante un sismo”, expresó.

Y Agregó: “siempre hay que trabajar hasta donde tengamos el mayor conocimiento de la ciencia al momento y esa ciencia dice que aquí (en el país), tiembla”.

El sueño de servir a RD 

Morales expresó que su designación en el Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica (EERI por sus siglas en inglés), entidad dedicada a comprender el riesgo de terremotos y aumentar la resiliencia ante movimientos telúricos, le permitirá cumplir el sueño de colaborar con su país para reducir las pérdidas ante un sismo, un deseo que tiene desde su época de estudiante, cuando se dedicaba al estudio de la geología y las fallas geológicas. 

“Para mí es un sueño que no pensé siquiera porque era tan alto que no pensé que lo alcanzaría”, sostuvo la profesional de la ingeniería, quien explicó que la institución que representa puede ofrecer, sobre todo a estudiantes, el acceso a profesionales y capacitaciones para enriquecer los conocimientos en edificaciones y riesgo sísmico. 

“La institución trabaja en políticas públicas e investigación sobre riesgo sísmico y su foco es la resiliencia sísmica. Es sin fines de lucro y tiene especialistas de varios sectores y áreas”, dijo Morales, quien estará en la junta directiva de la organización durante cuatro años. 

Agregó que dos de sus ejes de trabajo son: hacer crecer la presencia de los países de Latinoamérica y el Caribe en la institución, desarrollar proyectos en conjunto y trabajar con las universidades en favor de la juventud. 

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La directora del EERI expresó, además, la necesidad de que la República Dominicana tenga un programa nacional de reducción de riesgos sísmicos que garantice que “las estructuras que fueron construidas fuera del código sísmico que se lanzó en el 2011 sean reforzadas”. 

“El terremoto es que nos va a decir a nosotros quién es el buen ingeniero y quién hizo bien las cosas”, reflexionó. 

 Ashley Morales fue directora de la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y tiene una maestría en ingeniería geotécnica enfocada al área sísmica, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde asistió como becaria Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La joven profesional dominicana ha sido galardonada por el EERI con el Younger Member Award, en el año 2018, y por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles como Nueva Cara de la Ingeniería Civil, durante 2019, por sus contribuciones destacadas y logros personales extraordinarios, según su perfil en EERI.

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La comisión bicameral que estudia la reforma integral a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social decidió proponer a los plenos bicamerales que se establezcan 52 infracciones que serían perseguidas por una procuraduría especializada, que se crearía, que, entre otras cosas, sancionaría como infracciones muy graves a quienes retengan pacientes o cadáveres por la falta de pago por gastos médicos o por negar la permanencia de los pensionados al Seguro Familiar de Salud. 

Las infracciones muy graves serían sancionadas con multas de 50 y 151 salarios mínimos vigentes hasta 300 salarios mínimos vigentes y prisión de 18 meses a cinco años, así como la degradación cívica expresa por un mínimo de 10 a 20 años cuando un funcionario público sea condenado, más la reparación del daño causado.

En tanto que las infracciones graves serían sancionadas con multa de 50 y 51 salarios mínimos vigentes hasta 150 salarios mínimos vigentes y prisión de tres a 18 meses, así como con la degradación cívica expresa, con entre uno a cinco años. También, conllevaría la degradación cívica expresa por el tiempo de 10 años, cuando el condenado sea funcionario público.

Mientras que las infracciones leves serían sancionadas con 10 a 50 salarios mínimos del sector público y prisión de un mes a dos meses, más la reparación del daño causado.

En el caso de reincidencia se duplicaría la pena y se pronunciaría a la degradación cívica cuando el infractor sea un funcionario público, según lo determine el juez en función de la Seguridad Social.

La información fue dada a conocer a Diario Libre por el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, quien preside una subcomisión técnica que estudió la creación de la Procuraduría para la Defensa de la Seguridad Social.

La nueva procuraduría especializada fungiría como una rama de la Procuraduría General de la República y sería el organismo del sistema de justicia responsable para formular, implementar, investigar y perseguir las infracciones cometidas al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Por lo citado con anterioridad, la Procuraduría para la Defensa de la Seguridad Social, de ser aprobada en una reforma a la Ley 87-01, actuaría bajo los principios establecidos en la Ley No. 133-11 orgánica del Ministerio Público.

Según lo revelado por Rodríguez Restituyo, la comisión bicameral aprobó 52 infracciones a la seguridad social, las cuales podrían ser sancionadas como leves, graves y muy graves.

El diputado del Frente Amplio explicó que la comisión bicameral postergó discutir las propuestas presentadas en los numerales 10 y 28 del artículo 217 de la pieza, relativos a que se consideren como infracciones graves que se establezcan copagos por encima de los márgenes establecidos por lo que sería el Consejo Dominicano de Seguridad Social y a quienes cobren a los afiliados bajo la modalidad de honorarios fuera de lo acordado o contratado.

El congresista presentó entre las novedades de la pieza consensuada, pendiente de ser sometida y sancionada ante los plenos del Senado y de la Cámara de Diputados, que los procuradores y fiscales deberán recibir formación sobre seguridad social.

Destacó que con la aprobación de la procuraduría especializada y de las 52 infracciones a la seguridad social se logró un paso de avance en el conocimiento de la reforma integral.

Precisó que de ser aprobada esa procuraduría se establecerían “garras” en la ley de Seguridad Social, porque contribuiría a evitar los abusos existentes.

De esa forma, destacó que se dotaría a la sociedad de una herramienta y se garantizaría la seguridad social a los ciudadanos desde su nacimiento hasta sus herederos.

La procuradora general de la República, Miriam Germán, expresó que el año pasado el Ministerio Público estuvo enfocado en el análisis de dos importantes propuestas legislativas, las cuales, según comentó, tendrán un impacto trascendental en la institución a corto y mediano plazo. 

Se trata de la ley del Ministerio de Justicia, tras considerar que es vital para clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, distinguiéndola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, las cuales son propias del Poder Ejecutivo. 

“Como es de conocimiento público, a partir de la Ley 485 del año 64 fueron transferidas a la Procuraduría las funciones que correspondían a la otrora Secretaría de Estado de Justicia, esto ha significado una gran carga institucional que ha afectado la dirección de las funciones que sí son propias del órgano persecutor”, indicó la magistrada durante su rendición de cuentas del año 2022. 

Asimismo, agregó: “No es tarea sencilla desmontar estructuras que han permanecido por décadas y moldeado nuestro ejercicio, pero el nuevo camino que ahora hemos de recorrer será uno que nos va a permitir hacer frente de manera óptima a los desafíos que conlleva la resolución de conflictos y persecución del crimen, además de reforzar la autonomía e independencia que nos reconoce la constitución y la ley orgánica”. 

También habló sobre la importancia de la ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio.

Proyecto protección

Al referirse a la persecución penal durante su gestión, Germán Brito indicó que la Procuraduría General de la República tiene el interés de motivar una ley para la protección de las víctimas.

“Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa, en ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia”. 

En este contexto, apuntó que, durante su administración, se “ha dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos”. 

“Se ha brindado asistencia focalizada en, al menos, 1,300 casos”, detalló. 

Luego de referirse a esta iniciativa, la funcionaria señaló que, con el fin de mejorar el servicio en las unidades de violencia de género, están siendo remozadas 23 unidades a nivel nacional, “algunas ya remozadas como es el caso de la Unidad de la Rómulo, en el Distrito Nacional, y la conocida popularmente como La Puerto Rico, en la provincia Santo Domingo”.

También se refirió a los casos recientes de violencia policial. “En ninguna circunstancia la actuación policial puede estar al margen del debido proceso ni del Estado de Derecho, por lo que debe caer todo el peso de la ley sobre quien, haciendo un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, atente contra la dignidad y la vida de las personas”. 

No han caído en populismo

Agregó que, pese a las críticas que recibe la entidad que dirige, no han caído en el populismo a la hora de presentar procesos judiciales, además de que la justicia “tiene sus reglas y sus tiempos”. 

“Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, destacó la magistrada. 

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Germán Brito indicó que la meta que se propusieron de impulsar una gestión operativa y administrativa más ágil y efectiva, que, al mismo tiempo, garantice el debido proceso, “va siendo alcanzada”. 

De su lado, destacó que en 2022 se solucionaron 19,200 conflictos por medio de salidas alternas, y se lograron 7,999 aperturas a juicio y unas 4,993 condenas.

Sobre la lucha contra la corrupción administrativa, la titular del Ministerio Público sostuvo que continúa siendo vital, y que tienen investigaciones fuertes.

La procuradora general de la República, Miriam Germán, expresó que el año pasado el Ministerio Público estuvo enfocado en el análisis de dos importantes propuestas legislativas, las cuales, según comentó, tendrán un impacto trascendental en la institución a corto y mediano plazo. 

Se trata de la ley del Ministerio de Justicia, tras considerar que es vital para clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, distinguiéndola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, las cuales son propias del Poder Ejecutivo. 

“Como es de conocimiento público, a partir de la Ley 485 del año 64 fueron transferidas a la Procuraduría las funciones que correspondían a la otrora Secretaría de Estado de Justicia, esto ha significado una gran carga institucional que ha afectado la dirección de las funciones que sí son propias del órgano persecutor”, indicó la magistrada durante su rendición de cuentas del año 2022. 

Asimismo, agregó: “No es tarea sencilla desmontar estructuras que han permanecido por décadas y moldeado nuestro ejercicio, pero el nuevo camino que ahora hemos de recorrer será uno que nos va a permitir hacer frente de manera óptima a los desafíos que conlleva la resolución de conflictos y persecución del crimen, además de reforzar la autonomía e independencia que nos reconoce la constitución y la ley orgánica”. 

También habló sobre la importancia de la ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio.

Proyecto protección

Al referirse a la persecución penal durante su gestión, Germán Brito indicó que la Procuraduría General de la República tiene el interés de motivar una ley para la protección de las víctimas.

“Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa, en ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia”. 

En este contexto, apuntó que, durante su administración, se “ha dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos”. 

“Se ha brindado asistencia focalizada en, al menos, 1,300 casos”, detalló. 

Luego de referirse a esta iniciativa, la funcionaria señaló que, con el fin de mejorar el servicio en las unidades de violencia de género, están siendo remozadas 23 unidades a nivel nacional, “algunas ya remozadas como es el caso de la Unidad de la Rómulo, en el Distrito Nacional, y la conocida popularmente como La Puerto Rico, en la provincia Santo Domingo”.

También se refirió a los casos recientes de violencia policial. “En ninguna circunstancia la actuación policial puede estar al margen del debido proceso ni del Estado de Derecho, por lo que debe caer todo el peso de la ley sobre quien, haciendo un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, atente contra la dignidad y la vida de las personas”. 

No han caído en populismo

Agregó que, pese a las críticas que recibe la entidad que dirige, no han caído en el populismo a la hora de presentar procesos judiciales, además de que la justicia “tiene sus reglas y sus tiempos”. 

“Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, destacó la magistrada. 

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De su lado, destacó que en 2022 se solucionaron 19,200 conflictos por medio de salidas alternas, y se lograron 7,999 aperturas a juicio y unas 4,993 condenas.

Sobre la lucha contra la corrupción administrativa, la titular del Ministerio Público sostuvo que continúa siendo vital, y que tienen investigaciones fuertes.

El pasado 26 de febrero se desató uno de los incendios forestales más extensos en Valle Nuevo en los últimos 10 años.

Aunque el Ministerio de Medio Ambiente ha explicado que se inició en la zona de amortiguamiento, los mapas satelitales de calor indican que todo inició dentro del área protegida a más de kilómetro y medio del límite oeste de este importante parque, en lo que se conoce Agua de la Piedra.

Esto lo confirma una orden de arresto No. 00303-2023 del Segundo Juzgado de la Instrucción de Atención Permanente del Distrito Judicial de Azua,  del pasado 3 de marzo, donde se acusa al ciudadano Klenny Esther Ramírez Familia de provocar un incendio en Agua de la Piedra.

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La orden de arresto confirma que la propiedad de Klenny Esther Ramírez Familia está dentro del parque. “El Ministerio Público solicita orden de arresto en razón que el ciudadano Klen Ramírez, por el hecho de este provocar el incendio que ocurrió que que ocurrió Agua de la Piedra, luego de realizar un chapeo de maleza en su propiedad la cual está dentro del Parque Valle Nuevo, provocando un incendio forestal impactando la parte sur y norte del parque Valle Nuevo”.

¿Quién es el acusado?

El día de ayer, en rueda de prensa el Ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hattón, consultado sobre cuál es la situación de la persona señalada como responsable del hecho, un productor agrícola, las autoridades evitaron dar mayores detalles, debido a que se encuentran “en un proceso legal”.

A pesar que el Ministerio y la Procuraduría se han reservado el nombre del acusado,  una fuente anónima hizo llegar a Diario Libre la orden de arresto y la cédula de a quién se le imputa de provocar el incendio forestal.

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Al verificar la identidad del acusado, figura en la última nómina en línea del Ministerio de Agricultura, de enero de 2023 bajo el nombre de Clenny Esther Ramírez Familia, como técnico fijo de la Dirección Regional Agropecuaria Suroeste con un salario de RD$26,565.

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También aparece en las memorias de Sur Futuro del 2016-2017 como personal técnico y administrativo en el área de Recursos Naturales y Producción Agropecuaria.

El pasado domingo, al declarar extinto el incendio, el Ministerio se refería al acusado como una persona que vive en un campo de Padre Las Casas, provincia Azua, a quien se le había advertido que no debía quemar porque estaba en un área de amortiguamiento del Parque Nacional.

Donde inició el incendio

Agua de la Piedra es un enclave agrícola con una gran extensión de tierra dentro de los límites del Parque Nacional Valle Nuevo, en el límite legal entre las provincias de Azua y San José de Ocoa.

Durante años en la zona se ha practicado agricultura intensiva de ciclo corto, pero las imágenes de satélite indican que entre 2019 y 2020 se inició la siembra de árboles, en apariencia de aguacate, durante la gestión del exministro Ángel Estévez.

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Las imágenes de satélite y los puntos de calor del 26 de febrero indican que el incendio se inició en dicha zona y propagó hacia el norte y este del parque, arrasando una importante y densa zona boscosa.

Esta zona estuvo en 2016 en las discusiones del Consejo de Cogestión, si debía incluirse en el Plan de Rescate iniciado durante la gestión del ex ministro Francisco Dominguez Brito, la cual se incluyó en el censo de productores agrícolas dentro del área protegida.

Según el ambientalista Nelson Bautista que participó de las discusiones y en la elaboración del Plan de Rescate, estas giraron en torno a las ubicaciones urgentes: La vertiente norte, correspondiente a Constanza en los enclaves agrícolas de El Castillo, Montellano, La Siberia, Etc., y la vertiente correspondiente a la vertiente sur en los enclaves agrícolas de Las Espinas, Loma del Chivo, La Morita, etc. Así también otros puntos vulnerables, pero más apartados como la vertiente suroeste como El Gramazo, Limoncito y otras.

“La decisión consensuada fue que los esfuerzos se focalizaran por etapas, para no abrir tantos frentes en simultáneo, en un primer término la vertiente Constanza, luego la de Ocoa y a partir de ahí concentrarse en el abordaje de las comunidades de la zona de Azua, así como otros puntos aún no definidos: como Rancho Guaraguao y otras ocupaciones con potenciales derechos adquiridos, pero que en todo caso se iba a detener cualquier tipo de nuevas obras o proyectos en el área protegida.

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El final de la historia es ya conocida: apenas se pudo completar el «desalojo físico» de las infraestructuras de la vertiente norte, al mismo tiempo y por mediación de un obispo, un expresidente y el entonces director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, se le otorgó un plazo adicional de seis meses a los productores de la región sur, medida que fue oportunamente desaconsejada y criticada al entonces Ministro, luego renunciante, Francisco Domínguez Brito”, concluyó el ambientalistas.

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El Gobierno anunció que iniciará el proceso para la licitación del proyecto de inspección técnica vehicular (la revista) en unos 60 días. Este pasaría a manos del sector privado, con el objetivo de reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito con un sistema moderno.

Para ello director de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, previo a la presentación del proyecto a directores y representantes de medios de comunicación, informó que desde hace dos años se trabaja en ese sentido.

Informó que hay que hacerle unos ajustes a los pliegos para luego consensuar con el Consejo Alianza Público Privada, que finalmente es la que aprueba la licitación.

Freund dijo que durante todo este tiempo han escuchado a muchos de los sectores vinculados al tema antes de tomar una decisión, que dijo, impactará a toda la sociedad. “Queremos escuchar a las partes interesas para nosotros lanzar la mejor iniciativa y proceso, este es un gobierno que escucha”.

Reducir muertes por accidentes

Las autoridades han diseñado un cronograma que se inicia el próximo mes con el lanzamiento del proceso competitivo, en junio la habilitación de oferentes y la publicación de resultados de los oferentes habilitados y para septiembre la presentación de ofertas técnicas y económicas y evaluación de cada una.

Para octubre se hará la evaluación de ofertas económicas, en nombre sería la adjudicación y para el 2025 el inicio de la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV). La visión al 2030 es que el país reduzca en un 50 % las muertes y lesiones por accidentes de tránsito con acciones concretas y políticas públicas como las licencias por puntos, intervenciones en las calles y carreteras, foto multas, entre otras.

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Alrededor de 3,000 personas mueren cada año en accidentes de tránsito, la mayoría con edades comprendidas entre los 15 y los 34 años de edad y la principal causa son fallas mecánicas, mientras que los lesionados suman aproximadamente los 100,000, de acuerdo con datos ofrecidos a partir de las estadísticas levantadas con información de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas.   

“La inversión es del sector privado, la adquisición de los terrenos, será del sector privado, no hay enajenación del fisco ni de recursos ni de activos que necesite ir al Congreso Nacional. Estamos tratando de ponernos al nivel de los sistemas mejores del mundo”.

Hugo Beras

Por su lado, Hugo Beras, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dijo que se trata de un megaproyecto que cubrirá todo el territorio nacional asimilando la experiencia de otros países.

Al preguntarle el por qué el propio Intrant o el Ministerio de Obras Públicas no impulsan el proyecto de manera particular dijo: “República Dominicana no ha tenido la experiencia en este tipo de proceso que es delicado, que incluye a instituciones con experiencia en el tema a nivel global, si investigan en todo el planeta hay un grupo de empresas que son las que hacen estos procedimientos, que son un tercero imparcial, vamos a decirlo de esta manera, que no hay ninguna participación de ningún actor de los gobiernos para que pueda emitir una opinión correcta y confiable de las condiciones de los vehículos”.

Las limitaciones presupuestarias y las dificultades que tendría el Estado para implementar el programa mediante operación pública es lo que motiva a la licitación.

El proyecto contempla que los operadores privados invertirían alrededor de 37 millones de dólares en la etapa de construcción para desarrollar los centros y adquirir las maquinarias.

La Alianza Público Privada permitiría al Intrant, transferir los riegos de inversión como sobre plazos y sobrecostos, además de garantizar un servicio de calidad a los usuarios por un operador con experiencia y reconocimiento internacional.

Transportistas opinan

Antonio Marte, dirigente de Conatra, considera absurdo solicitar la revista porque entiende que el 70 % de los vehículos que circulan por las calles y carreteras no tienen las condiciones para “pasar” una revisión por su deterioro, que, a su juicio, es la principal causa de los accidentes, pero además debido a que desde 2008 no se renueva la flotilla vehicular.

Entiende que lo que se busca es solo el interés de “ganarse unos cuartos” en vez de hacer cumplir la ley, y advirtió que como actor importante del sector transporte se opondrá, porque dijo estar seguro que detrás de esos planes está el sector privado que quiere hacer un jugoso negocio con la revista.

“Ellos lo que andan es buscando cuartos con eso, no es verdad que nosotros vamos a permitir que un carro modelo 80 tenga que sacar una revista, ¿cómo califica? eso motiva la venta por fuera (mafias) que van y las compran al por mayor y vienen y se la venden a los choferes, yo creo que antes de eso, si es el Intrant que está en eso, debe pensarlo”, dijo Marte.

Un error

Juan Marte, presidente de la Central Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT) no favorece que la revista sea manejada por el sector privado y en cambio exige que el Estado asuma esa responsabilidad.

“Es un error del Estado estar entregando al sector privado la supervisión y fiscalización de áreas fundamentales del país, eso tiene que manejarlo el Intrant, para que el que se creó, entre otras cosas. Cada vez que el Estado se desprende y deja de jugar su rol, viene el caos”, dijo Marte.

Entiende que si el Estado dominicano ha decidido retomar con la rigurosidad que eso amerita el tema de la revista, que implique una verdadera supervisión y fiscalización, la entidad que dirige la favorece, la aplaude, siempre y cuando no sea un negocio más para beneficiar a empresarios.

Estimó necesaria la inspección técnica vehicular porque es el único mecanismo que tiene el Estado para supervisar las condiciones de los vehículos, pero que tiene que ser transparente para beneficio de los ciudadanos y que o sea otra acción más para recaudar dinero y beneficiar a empresarios.

Certificación internacional

“Yo entiendo que tenemos condiciones de más para desde el Estado continuar con la revista, si Obras Públicas quiere hacerlo con las instalaciones, el Gobierno tiene espacio, pero lo que pasa es que se está buscando hacerlo con una visión y carácter internacional tal como funciona en los países modernos como España. Se ha tratado de plagiar ese mismo concepto tratando de hacer algo que perduré, según ellos”, sostuvo Marte.

Al dirigente choferil le preocupa que al Estado lo vuelvan a engañar como, según afirmó, ocurre con la expedición de licencia de conducir cuya empresa se queda con el 80 % de los beneficios y el Gobierno solo recibe un 20 %.

Sugiere que las discusiones sobre el tema no giren en torno al 90-10 (noventa por ciento para la empresa y 10 para el Estado,  como está planteado, sino que al menos sea 60-40, que en su opinión es más o menos aceptable.

La auditoría técnico-forense realizada a la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) resalta que, a casi tres años de inaugurarse oficialmente dicha central, aún no se ha emitido su aceptación definitiva por parte de las autoridades dominicanas.

El levantamiento, realizado por la firma Sargent & Lundy, LLC (S&L), y publicado esta semana por el Ministerio de Energía y Minas, señala que la Unidad uno entró en funcionamiento en diciembre de 2019 y la dos en abril de 2020.

Además, la uno completó con éxito la prueba de rendimiento de la garantía contractual en septiembre de 2019, pero, debido a la pandemia del COVID-19, solo fue posible realizar una prueba preliminar de desempeño en la Unidad dos. 

En el estudio, realizado entre noviembre del 2021 y octubre del 2022, se detalla que las pruebas oficiales de rendimiento y emisiones de la Unidad dos nunca se llevaron a cabo.

El Contratista EPC declaró que la pandemia afectó la capacidad de realizar las actividades en el campo necesarias para llevar a cabo las pruebas. 

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Explica que para la Unidad dos, la única información disponible sobre las pruebas de rendimiento y emisiones procede de un informe de pruebas previas realizado por un contratista externo. 

Esta prueba se llevó a cabo como preparación para realizar las ejecuciones de prueba de rendimiento formales y, por lo tanto, estuvo en general de acuerdo con el procedimiento de prueba de rendimiento. 

Falta de pruebas

Según la auditoría, hubo algunas desviaciones notables del procedimiento de prueba y los requisitos del contrato. Entre estos estaba que solo se realizó una prueba de funcionamiento de tres horas en lugar de tres de cuatro horas. 

• El contratista de pruebas anota en estos informes otras desviaciones que afectan el rendimiento y los resultados de las emisiones. El informe previo a la prueba de la Unidad dos tampoco aborda la carga mínima ni las pruebas de ruido.
• El consumo de cal de la instalación tampoco está corregido y se observa que se necesita un acuerdo entre las partes sobre cómo corregir dicho consumo para quemar carbón fuera de especificación.

La CTPC está compuesta por dos unidades de generación eléctrica de 337 kW netos cada una, para un total de 675 MW netos. En el 2022, abasteció el 23.35 % de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Intercontado.

Cada unidad está configurada con su propia caldera de carbón pulverizado, un sistema de control de emisiones, un generador acoplado a una turbina de vapor, sistemas de control y monitoreo de procesos, y todo el equipo auxiliar de planta requerido para el funcionamiento de estas unidades de generación.

En la auditoría se abordan los procesos de diseño, recepción de materiales y equipos, la etapa de construcción, de pruebas y de puesta en servicio del complejo termoeléctrico.

Este miércoles está pautado el segundo encuentro del pacto por Haití propuesto por el presidente Luis Abinader con el objetivo de discutir con el liderazgo nacional posibles soluciones a la crisis que atraviesa el vecino país.  

Los partidos están llamados para asistir al Salón Verde, del Palacio Nacional a las 5:00 p.m., para darle continuidad a las decisiones tomadas en la pasada reunión, en la cual estuvieron ausentes los partidos dela Liberación Dominicana (PLD y Revolucionario Dominicano (PRD).  

Durante el último encuentro se acordó la creación de cuatro comisiones que tratarán los temas sobre la política exterior, el control fronterizo, la política migratoria y los efectos de la crisis haitiana en la economía de República Dominicana.

En esta reunión se elegirán a los delegados que conformarán cada comisión y las mismas estarán integradas por los miembros de los partidos políticos que sí aceptaron participar en el pacto.

Los principales partidos opositores han expresado que su decisión de no asistir al pacto es debido a que desde el Gobierno no se le realizó una invitación oficial como en otras ocasiones. El PLD en particular ha reiterado que la responsabilidad de la política migratoria es del Poder Ejecutivo.

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PRD no asistirá

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, indicó que la decisión de no participar en la reunión convocada por el gobierno para tratar la crisis de Haití se debe a que esa organización “tiene bases firmes que obedecen a la sensatez y el sentido común”.

“Nuestra decisión de no asistir a la convocatoria hecha por el presidente de la República no es un capricho”, expresó

De su lado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no ha señalado si asistirá al encuentro, aunque los ejecutivos del mismo destacaron que en las convocatorias hechas desde el Gobierno para diálogos no se llega a nada.

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