SANTO DOMINGO. El Viceministerio de Descentralización y Participación que dirige la maestra Ligia Pérez Peña, juramentó hoy la Mesa de Diálogo Regional 15 de Educación de Educación, con el fin de concitar la participación de los diferentes actores de la sociedad, y buscar solución a los principales problemas que afectan el desempeño de la educación. […]
Se entregó a las autoridades del Ministerio Público un joven que el pasado domingo agredió al personal médico que se encontraba de servicio en el hospital Pascasio Toribio Piantini de Salcedo, de la provincia Hermanas Mirabal.
Se trata de Breylin De Jesús Jiménez, de 19 años, quien figura en un video que circula en las redes sociales agrediendo a un médico y una enfermera que estaban en la sala de emergencias de dicho centro hospitalario.
Acompañado de Rebeca Henríquez, vocera de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos (CDDH), el agresor acudió ante las autoridades, a los fines de responder por las acciones.
El ahora detenido explicó que el incidente inició cuando se presentó al hospital a llevar a una persona que necesitaba atención médica.
Según dijo, reaccionó airado luego de que un doctor, cuyo nombre desconoce, le incitó a suicidarse al escuchar que se encontraba depresivo.
“Yo me puse bruto porque él –el galeno- me dijo que buscara una soga y me ahorcara cuando le comentaba a un amigo que me encontraba depresivo”, relató.
Indicó que tras el incidente en el interior del recinto fue agredido por un grupo de doctores del centro. Agregó que ese fue el motivo por el cual regresó al hospital con un machete.
En ese momento Breylin De Jesús Jiménez rompió la puerta en cristal de la sala de emergencia.
Rebeca Henríquez dijo que es necesario iniciar una investigación con relación al hecho.
El Colegio Médico Dominicano denunció que la agresión ocurrió debido a la falta de un personal de seguridad en el dispensario.
Desde el pasado viernes, alrededor de 40 familias del barrio Nuevo Atardecer (“los farallones”), por la avenida Ecológica , están viviendo en la calle luego que desconocidos armados y encapuchados, apoyados por policías, destruyeran sus viviendas, sustrajeran dinero, televisores, mercancías de colmados y otras pertenencias.
En la madrugada, un grupo de hombres armados con machetes, puñales y otros objetos, entraron a las casas, sacaron a sus ocupantes a la fuerza y, con una pala mecánica, comenzaron a derribarlas y llevarse todo lo de valor que encontraron.
Un alegado abogado dirigió la acción junto con un coronel de la Policía de apellido Marte, pero, hasta ahora, ninguna autoridad se ha presentado al lugar. Hoy la mayoría de las familias afectadas permanece a la intemperie, otras acogidas por vecinos y hay quienes volvieron a reconstruir ranchos.
Los afectados también afirman que ese joven vestido con saco y corbata dirigió el proceso de desalojo, haciéndose pasar como abogado. (FUENTE EXTERNA)
Para los afectados, llama la atención que nadie se haya identificado como responsable del desalojo en un farallón que fue declarado área protegida. Los destructores no han vuelto por el lugar y tampoco los policías comandados por el coronel Marte.
Diario Libre consultó al Ministerio de Medio Ambiente para saber si fue esa institución que hizo el desalojo, pero se informó que esa entidad no lo ha hecho ni autorizado. La Fiscalía de Santo Domingo Este no tenía conocimiento del desalojo, de acuerdo con informaciones ofrecidas a los afectados. La Alcaldía de Santo Domingo Este también se desvincula de la acción.
Algunas personas han reconstruido sus casuchas. (DANIA ACEVEDO)
“Esto no fue un desalojo, esto fue un atraco, un saqueo. Todavía a aquí no ha venido una autoridad que reclame con legalidad los terrenos, después de ese abusivo desalojo aquí lo que estamos es pasando hambre y durmiendo en la calle, no sabemos quién es el responsable, a nosotros nadie nos ha entregado notificación para desalojo”, dijo Cristian Tapia, presidente de la junta de vecinos.
Afirmó que el grupo de hombres fue llevado a robar porque lo primero que hacían era levantar los colchones, coger las carteras buscando dinero, prendas. También se llevaban los televisores, licuadoras, estufas y todas las mercancías de los colmados.
Tapia se preguntó que, si se trataba de un desalojo legal, por qué los “tigres” se tapaban el rostro, estaban armados y se llevaban los bienes, por qué no presentaron notificación de una autoridad competente.
Ezequiel Amador, otro de los desalojados, manifestó que ni los responsables del desalojo, ni la policía ni ninguna autoridad oficial ha ido al lugar. La gente está con sus ajuares en la calle, por lo que solicitó que por lo menos lonas les regalen para que no se terminen de dañar sus cosas.
“Esto está raro, nos tumbaron todo y, cuando la prensa llegó, los supuestos abogados se van y dicen que fue un error, que la parcela que buscaban era la 192 y nosotros estamos en la 198”, sostuvo Amador.
Recién parida
Laury Martínez está parida y le tumbaron su casa casi encima y le llevaron todo. Solo pudo recuperar el colchón y la cuna de la niña. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando habla de lo que vivió cuando perdió lo poco que tenía.
¿Y dónde vives ahora? Preguntó Diario Libre. “Un señor me prestó una habitación y ahí estoy con mi niña, yo no sé lo que voy a hacer ni a quién reclamar”.
El anteproyecto de ley sobre Libertad de Expresión y Medios de Comunicación fue socializado este miércoles en un panel por los miembros de la comisión consultiva que fue designada por el presidente Luis Abinader para revisar y actualizar esa legislación y en la cual se plantea la sustitución de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía por otro organismo.
El trabajo realizado por la comisión contempla el umbral de las redes sociales y la creación de un Instituto Nacional de las Comunicaciones en reemplazo de la Comisión Nacional De Espectáculos Públicos y Radiofonía (Cnepr).
La propuesta de ley contempla aspectos como la regulación de contenido en los medios audiovisuales que tengan que ver con los derechos de la niñez, horarios de programación, imagen de la mujer, la producción de la cultura nacional y la tutela efectiva en la vía administrativa de la libertad de expresión y que se fortalezca la participación y el pluralismo.
Este proyecto plantea crear un organismo que sea descentralizado de la administración y que será designado por el Congreso Nacional.
Durante el panel se resaltó la importancia que reviste para el país el tener una legislación actualizada y acorde a los nuevos tiempos y que no coarte la libertad de expresión.
Hasta el momento, el texto del anteproyecto es un preliminar de lo que la comisión realizará del texto original debido a que continuarán consensuando con los diversos sectores la referida pieza.
Novedades del proyecto
El abogado Namphi Rodríguez, en su ponencia explicó que entre las novedades del borrador del proyecto se encuentra la inclusión del artículo tres sobre el derecho de acceso a internet.
Según la explicación de Rodríguez, lo que se plantea con ese artículo es que hoy en día la libertad de expresión discurre por las plataformas digitales de internet, lo cual ha representado un fenómeno de convivencia con las plataformas clásicas impresas y las digitales.
«Hoy el acceso al internet es un derecho esencial para poder expresarse y para poder, incluso, ejercer otros derechos entonces por vez primera en la legislación dominicana en el artículo tres se consigna»Namphi Rodríguezjurista“
El artículo tres del anteproyecto establece: “Reconoce el derecho a toda persona a acceder a internet independientemente de su condición personal, social, económica y geográfica para asegurar el disfrute efectivo del derecho a las libertades de expresión e información, así como a otros derechos fundamentales y que el Estado propenderá a garantizar un acceso universal, ubicuo y equitativo, económicamente accesible y de calidad adecuada, a la infraestructura de internet y a los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación”.
El anteproyecto contiene los principios clásicos de libertad de expresión como no censura indirecta, principio de conducciones previas y también se incluyeron otros esenciales para el fortalecimiento de la crítica, el debate público, la trasparencia, entre otros.
“El principio de transparencia se incorpora a la ley, el principio de acceso universal y el principio de pluralismo y en su principio número nueve aparecen replicadas una fórmula del artículo 273 de la Constitución donde se encuentran las disposiciones generales al uso del lenguaje y a una visión neutral”, destacó Rodríguez.
De aprobarse esta ley se crearía el derecho a la comunicación social donde no solamente se tratará la libertad de expresión y la posibilidad de que se constituyan medios de comunicación, sino que incorporará el derecho a la comunicación social al ámbito normativo como un derecho con ciertas garantías para las empresas periodísticas.
“La comisión ha querido consignar el derecho de los medios de comunicación a preservar sus archivos informativos frente a demanda de terceros, de personas que han estado expuestos a situaciones de cuestionamientos y posteriormente cuando aquello termina que, puede ser una situación de carácter judicial, entonces la solicitan a un tribunal que le ordene a un periódico borrar todo lo que se trató bajo el entendido de, por ejemplo, que se obtuvo una absolución”, manifestó el jurista.
A las plataformas digitales se les concede dentro del proyecto una reivindicación como lo es el principio de neutralidad que estará incluido en el sistema de responsabilidad en el sentido de que si la plataforma digital no manipula y no interviene la información que se coloca no estaría asumiendo responsabilidad por lo publicado.
Los panelistas
Miguel Franjul, miembro de la comisión, destacó durante su ponencia que la comisión no solo realizó en la reforma del marco de la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, sino que fue más allá produciendo una ley “más garantista, más completa, y más moderna que ampara el ejercicio” periodístico.
“Yo creo que ciertamente coloca la alfombra para que, por fin, después de tantos años de lucha y de tantos años de esfuerzos infructuosos por establecer una ley garantista, la República Dominicana se enaltezca ante el mundo, ante América Latina, con una ley de esta naturaleza, que estoy bastante seguro de que afianzará el clima de pluralidad que se han acostumbrado los dominicanos”, expuso Franjul en su participación en el panel.
En tanto que el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, dijo que la ley tiene el desafío de garantizar y de proteger derechos fundamentales, que es donde entra la dimensión del proyecto de modificación de la ley que trabaja la comisión a la que pertenece.
“Así como garantiza la libertad de expresión también garantiza el derecho a la dignidad y al honor de las personas y yo creo que hemos tratado de dar ese sentido de integralidad para hacer una ley mucho más moderna que recoge las tendencias modernas como el tema de la internet. Ya el internet es un derecho esencial para la condición humana desde el punto de vista de la educación de la libertad de expresión y un derecho para la salud incluso”, destacó Maldonado.
Manifestó que en este proceso que el Gobierno está haciendo de modernizar una serie de leyes del país, este proyecto “viene como anillo al dedo y creo y estoy convencido de eso porque es un proyecto que lo hemos cedaceado tanto con los sectores internos como los sectores internacionales”.
Dijo que como representante de la Sociedad Dominicana de Diarios y con los directores de medios se ha logrado conciliar en torno al proyecto sin contradicciones, lo cual es un interés universal para toda la sociedad.
También participaron en el panel Hermógenes Acosta, abogado y Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), que trataron las sanciones, las infracciones consagradas en la ley, la cláusula de conciencia y el derecho de la audiencia.
La actividad se realizó en la Universidad Iberoamericana (Unibe) y contó con la moderación de Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
En tanto que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que el Gobierno está comprometido con la libertada de expresión en la República Dominicana y espera que todos los sectores expresen sus ideas sobre proyectos de esa naturaleza.
Las autoridades sanitarias testificaron este miércoles que el 80 % de la población tiene anticuerpos que les permiten enfrentar el COVID-19.
El director de Epidemiología, Ronald Skewes, dijo que esta cifra fue el resultado de un estudio con muestras serológicas realizado en el país, donde se midió la cantidad de anticuerpos que tenía la población.
“Casi toda la población ha desarrollado anticuerpos”, aseguró el galeno, destacando así la importancia de la vacunación.
“Esta investigación viene a confirmar que las medidas que se tomaron para controlar el Covid fueron las más efectivas en ese momento. Vale decir, se hizo lo correcto en el momento correcto”, agregó.
Skewes resaltó el éxito en el manejo de la pandemia por parte de las autoridades locales, lo que le valió el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Pueden aparecer nuevas variantes, pero ante una población protegida, no se propaga”, indicó.
Vacunas bivalentes
Skewes anunció que “se están haciendo las gestiones para obtener la vacuna bivalente contra el Covid, que es la nueva vacuna que hay contra el ómicron. Es la última vacuna que hay en el mercado para proteger contra Covid. Pronto tendremos en el país la vacuna bivalente”.
“Nosotros vamos a tomar esa decisión cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo haga. Por esa razón, nosotros vamos a continuar, incluso con tan pocos casos como ustedes pueden ver, hasta que la OPS decida que no es un problema de salud pública o no es una pandemia”, manifestó el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, al ser cuestionado sobre un posible anuncio del fin de la pandemia.
Covid en la actualidad
En el día de ayer se conmemoró el tercer aniversario de la declaración oficial del primer caso de coronavirus en el país, cuando el ciudadano italiano Claudio Pascualini, quien vacacionaba en la provincia La Altagracia desde el 25 de febrero de 2020, se presentó a un centro de salud de la zona, resultando positivo al entonces desconocido y temido virus por el que permaneció ingresado 54 días en el Hospital Militar Ramón de Lara de San Isidro.
Luego de meses de toques de queda, restricciones, mascarillas y vacunas, el virus ha evolucionado al punto que, de acuerdo al más reciente boletín de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), solo hay 115 casos activos (14 detectados en las últimas 24 horas) y no se reporta ningún paciente hospitalizado a causa del virus Sars-COV-2, para una positividad diaria de 2.35 % y el 92 % de los municipios libres del virus.
Hasta la fecha, en el país se han contabilizado 660,790 casos; 4,384 defunciones por COVID-19 y 16.2 millones de vacunas aplicadas.
La subvariante XBB.1.5 de ómicron es la de mayor preponderancia con cinco semanas consecutivas siendo la más detectadas en la secuenciación genómica hecha en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló.
Un día como hoy, dos de marzo, pero de 1936, Rafael Leónidas Trujillo Molina emitió el decreto 1523, en el que ordenaba que los diversos cuerpos de la Policía Municipal quedaban refundidos en el solo nombre de la Policía Nacional, órgano que iba a depender directamente de la Secretaría de Estado de lo Interior, Policía, Guerra y Marina, y se iba a regir por el Reglamento General del 15 de junio de 1923 hasta que se emitiera el relativo a la naciente institución.
Así nació la Policía Nacional de la República Dominicana, un cuerpo civil llamado a mantener la integridad de la población, pero que, debido a corrupción a lo interno, participación de algunos de sus miembros en actos de inescrupulosos, al igual que los famosos intercambios de disparos, degeneró en la desconfianza de los ciudadanos y sectores sociales, que reclamaban un cambio en la entidad.
Las primeras reformas comenzaron en la década del 80, cuando se crearon las escuelas de Investigaciones del Departamento Secreto (1983), Recuperación de Vehículos Robados (1983). Siguieron en 1994 con la creación de la Oficina de Seguridad Ciudadana, de Protección a la Mujer (1997), y en el nuevo milenio continuaron con la formación de varios departamentos del Gran Santo Domingo y comandos regionales, según un informe escrito por el coronel Pablo Antonio Castro Ramírez.
A partir del año 2000, se fundaron las direcciones de Operaciones Policiales, Asuntos Internos, de Tránsito, Asuntos Legales, entre otras áreas, hasta llegar a la actual reforma policial que ejecuta el Gobierno, enfocada en mejorar la seguridad ciudadana, eliminar la corrupción, mejorar la calidad de vida de los agentes, entre otros puntos.
Tras varios intentos, sin éxito, de reforma policial, en su campaña a la presidencia, Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se comprometió a ejecutar una «real reforma» de la Policía Nacional.
El mismo día que Abinader tomó posesión del cargo habló sobre el plan de su gestión para ejecutar ese proceso de transformación de la uniformada.
«En este nuevo tiempo que comienza emprenderemos una reforma integral de la Policía Nacional que promueva cambios en la cultura institucional, impulse la profesionalización y tecnificación del servicio, mejore las condiciones laborales de nuestros agentes y dé una mayor eficacia de los servicios policiales», dijo en el Congreso Nacional el 16 agosto de 2020.
El siete de abril de 2021, el mandatario tomó juramento a los miembros de la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, que previamente había nombrado y de la cual formaban parte: el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes; el empresario Pedro Brache y el analista político y deportivo José Luis Mendoza. También, la historiadora y escritora Mu-Kien Adriana Sang Ben; el siquiatra Héctor Guerrero Heredia; el exdirector del periódico El Caribe, Osvaldo Santana, y el analista político y abogado Ricardo Nieves, el jurista Servio Tulio Castaños Guzmán, entre otros.
En la ocasión, el gobernante le dio un período para que presentasen una propuesta de reforma a la Policía, la cual le fue entregada el 13 de diciembre de 2021. La comisión recomendó reforzar la capacitación a los agentes y ahondar en la carrera policial. El coordinador del equipo, Servio Tulio Castaños Guzmán, leyó el documento con los resultados de ocho meses de labor, en un acto en el que le acompañaron el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez; el director del organismo, Eduardo Then y los demás miembros del grupo de trabajo.
En las sugerencias entregadas trabajaron, además de Castaños Guzmán, monseñor Francisco Ozoria, Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, Fidel Lorenzo, Mu-Kien Sang Ben, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hilario, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Manuel María Mercedes, Elena Viyella y Rosalía Sosa.
La integración de Pepe Vila
En la continuación de los trabajos para lograr reformar la entidad, el 14 de enero de 2022 Abinader juramentó al experto internacional en materia de seguridad José (Pepe) Vila del Castillo como Comisionado de la Comisión Ejecutiva para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional.
Vila del Castillo fue designado en el cargo a través del decreto 2-22 de fecha 7 de enero de ese año, y que creó dicho organismo, el cual tiene dentro de sus funciones, la puesta en ejecución del diseño concebido por el grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, refirió la Presidencia.
También la comisión estableció, con carácter ejecutivo, las instancias públicas y los departamentos administrativos que hayan de intervenir para ejecutar la transformación y profesionalización de la Policía Nacional.
La Comisión Ejecutiva estará integrada por el jefe de Estado, quien la presidirá; el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, quien fungirá como vicepresidente de la misma; el ministro de la Presidencia; el comisionado ejecutivo, Pepe Vila, y dos miembros designados para tales fines por el presidente Abinader.
Atribuciones de Pepe Vila
Dirigir e implementar todos los planes y acciones de la reforma y profesionalización de la Policía Nacional.
Conformar y dirigir los equipos técnicos y de asesoría que sean necesarios para lograr los objetivos planteados respecto a la reforma de la Policía Nacional.
Presentar al Fideicomiso para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional los planes, proyectos e iniciativas necesarios para llevar a cabo dicha reforma y que necesiten financiamiento.
Presentar al presidente de la República informes trimestrales de las ejecuciones realizadas en cada trimestre del año y cada vez que le sea requerido.
Validar para su aprobación ante el Comité Técnico del fideicomiso todos los planes, proyectos, gestiones e iniciativas que pudieran nacer del Fideicomiso para lograr la transformación y profesionalización de la Policía Nacional.
Redactar y proponer el reglamento de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva, para la aprobación y promulgación por el presidente.
Cualquier otra facultad que le sea delegada expresamente por el presidente de la República.
La parte educativa
En tanto, el uno de agosto de 2022 el mandatario dio a conocer a la nación el “Plan Estratégico para la Reforma Educativa de la Policía Nacional” presentado por el Gobierno. Al hablar sobre el mismo dijo que consistía en propiciar un nuevo modelo educativo policial en un plazo de seis años, e introducir mejoras académicas que incrementarán la calidad del desempeño del cuerpo del orden y el clima de seguridad ciudadana en el país.
Además dijo que abordará todos los factores que engloban la seguridad ciudadana e impactará a 35,000 policías en sus diferentes jerarquías, mediante 1,400 cursos que serán impartidos por 160 profesores.
Abinader explicó que sería un plan de reestructuración de 18 meses para, en primer lugar, diagnosticar en todos sus elementos, procesos y relaciones, la situación actual del sistema educativo policial y, en segundo lugar, para formular las propuestas de transformación integral del Instituto Policial de Educación (IPE), su modelo educativo, planes de estudio, estatuto docente y estructura institucional.
También, el sistema de reclutamiento y selección, infraestructura física y tecnológica, su base normativa y reglamentaria, así como cooperación e intercambio académico.
Sumado a esto, anunicó que se estaba trabajando para la implementación de un bachillerato técnico en seguridad ciudadana y protección, a partir del año lectivo 2023-2024.
En ese sentido, el 24 de febrero de este año, la coordinadora de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional, Mu-Kien Sang Ben, afirmó que ya los policías contarían con una nueva formación superior, pues se estaba convirtiendo el Instituto Policial (IPE) en una universidad especializada, «lo que significa un gran cambio de modelo educativo basado en competencias y programas acordes a los nuevos tiempos, incluyendo profesores e instructores con mejores capacidades y condiciones».
Policía con nuevo perfil
La Comisión informó que logró definir un nuevo perfil del egresado conscripto para graduarse de la Escuela de Entrenamiento e iniciarse como raso policial.
«Estos deben presentar por lo menos 10 competencias aprendidas y haber cursado 25 asignaturas con mapa curricular como resultado de aprendizaje», refirió.
Agregó que también, se les ha construido, para su debida implementación, un pénsum de formación policial básica en dos trimestres de entrenamiento con régimen de internado, un trimestre de pasantía supervisada en procedimientos policiales y un trimestre de inducción a la práctica policial.
Los escándalos por muertes
A la par de los planes de reforma, los escándalos por el accionar de los agentes no han cesado. El año pasado, la Policía se vio salpicada por las acciones de algunos agentes que causaron la muerte de ciudadanos inocentes, entre los que se citan: lapareja cristiana ultimada en Bonao, provincia Monseñor Nouel por una patrulla; de Lesley Rosado, en Boca Chica, y David de los Santos, en el destacamento de Naco.
El más reciente fue la muerte del niño Donally Martínez, de 12 años, en el carnaval de Santiago, en medio de un incidente entre su padre y un uniformado.
Esos sucesos han generado la indignación colectiva de la sociedad, que cuestiona y pone en tela de juicio el trabajo de la institución, como lo demostró una encuesta presentada hace un año por Participación Ciudadana, que muestra que el 55.62 % tiene alta desconfianza en la Policía Nacional.
La última vez que el presidente Luis Abinader se refirió a la transformación de la institución fue el pasado 27 de febrero, en su rendición de cuentas, día que resaltó los logros en el proceso (mejores salarios, educación y equipos tecnológicos), pero dejó claro lo siguiente: “No podemos cambiar en meses los problemas de ocho décadas”.
Decreto que crea la Policía Nacional emitido por Trujillo en 1936. (FUENTE EXTERNA.)
La agenda por el 87 aniversario de la PN
Un comunicado de prensa de la Policía anuncia que “con orgullo, júbilo y entusiasmo, la Dirección General de la Policía Nacional ha programado una serie de actividades”, para conmemorar el 87 de la institución, que abarcan el izamiento de la bandera en todas las dotaciones y misas de acción de gracia en las regionales.
La misa principal será en la Plaza Educativa de la avenida Abraham Lincoln, encabezada por el director general, Eduardo Alberto Then.
Al mediodía se ofrecerá un almuerzo para los directores regionales y oficiales superiores, oficiales subalternos y alistados, tanto en el Club para Oficiales, como en el comedor de la institución.
El Quinto Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores, anulado en agosto del 2021, se proyecta realizar cuando concluya el que está pautado para este mes de marzo correspondiente a los fiscales titulares que ya vencieron su período.
La información la dio a conocer la Procuraduría General de la República luego de que se publicara en Diario Libre la falta de representantes del Ministerio Publico (MP) en el Distrito Nacional y algunas provincias y que podría repercutir en una eficiente labor de ese órgano.
Al respecto, la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom), una de las dos entidades que agrupan a esos servidores públicos, consideró que “no hay posibilidad de hacer concurso para fiscalizadores porque no hay recursos” para pagar los ascensos de los que actualmente ocupan esos puestos, pero que hacen la función de procuradores fiscales porque estos últimos, a su vez, hacen el trabajo de procuradores generales de corte por la “carencia” que existe.
Francisco Rodríguez, coordinador de FiscalDom, explicó que aquellos fiscalizadores que ya tienen el tiempo para ser valorados y han estado haciendo la función de procuradores fiscales se mantienen sin ser evaluados para un ascenso, además de que se añade el tema del “cansancio” por la falta de representantes del Ministerio Público.
No obstante, Rodríguez dijo que esa situación, de que la responsabilidad de un cargo deba ser ejercida por otro miembro del organismo, no es nueva, y que se ha estado corrigiendo.
“Este consejo (Consejo Superior del Ministerio Público) ha venido a organizar ese desorden que ha existido por tiempo”, dijo.
El último concurso para el ingreso de nuevos fiscalizadores se hizo en el 2018 y la convocatoria que se efectuó en enero del 2020 para 220 plazas se suspendió en agosto del 2021 por “dificultades” que imposibilitaban “asegurar la fiabilidad de los resultados de las pruebas académicas y la transparencia del proceso”, según el Consejo Superior del Ministerio Público en una comunicación de prensa de la Procuraduría General en ese entonces. La Asociación de Fiscales de Carrera (Adofic), la otra entidad que agrupa a esos togados, afirmó a Diario Libre que solo en el Distrito Nacional hay un déficit de 37 fiscales.
El presidente de Adofic, Joel Baldemiro, dijo que en San Cristóbal faltan como once fiscales y en la provincia Duarte, al menos ocho, mientras que, en Barahona, seis. El total de fiscales de carrera que posee el Ministerio Público es 1,200.
Fiscaldom cuestionó que ninguno de los gobiernos ha respetado la autonomía presupuestaria del Ministerio de Público al no asignarle lo que establece la Ley 194-04, que manda a otorgar una partida de un 4.10 por ciento de los ingresos al Ministerio Público y al Poder Judicial. De esta asignación, el 65 % debe ser para el Poder Judicial y un 35% para el Ministerio Público.
En este año 2023 se aprobó un presupuesto para la Procuraduría General de RD$9,019,720,675. y, en el 2022, en un principio se le asignó RD$8,399,310,777, pero en el presupuesto complementario le agregaron otros RD$1,906,611,940.
No hay día para el concurso de procuradores fiscales
Aunque desde el pasado año el Ministerio Público ha informado que somete a los procuradores fiscales a evaluaciones para el concurso en este mes de marzo, no se ha informado el día en el que se llevará a cabo.
Diario Libre trató, sin éxito, obtener esa información. Según lo que se dijo en el 2022, el concurso se hará para 18 puestos de titulares de fiscalías, diez de las cuales están siendo regenteadas por interinos, tres de estos últimos como consecuencia de procesos disciplinarios. Incluye, asimismo, seis procuradurías regionales y cuatro procuradurías especializadas. Las evaluaciones se iniciaron en septiembre para concluir en un período de seis meses.
El 21 % de la población femenina del país manifestó haber sido víctima de violencia económica, situación que amplía la brecha de equidad y crecimiento económico proporcional entre hombres y mujeres, según un estudio presentado por el Banco Popular Dominicano durante el lanzamiento de su programa “Emprende Mujer”.
Las estadísticas elaboradas por el Observatorio de Género de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) resaltan que el 68 % de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en el ámbito público o privado, a lo largo de su vida o durante la relación de pareja. En ese orden, la violencia económica supera con 21 % la violencia física, la cual alcanzó un 17 %.
9,000
millones de pesos fueron destinados en 2022 a créditos de pymes lideradas por mujeres en el país.
La proporción más alta en los tipos de violencia la ocupa la psicológica con un 25 %, según el informe presentado en el marco del mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer y, momento propicio que utilizó el Popular para externar su programa de apoyo financiero.
La información, compartida por la entidad bancaria, presenta un panorama “preocupante para la sociedad”, debido a que muchas de las mujeres no saben identificar si son víctimas de ese tipo de violencia que limita su crecimiento profesional y económico, consideró Soraya Lara, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam).
Lara agregó que del total de féminas que buscan ayuda en el Pacam, el 69 % manifiesta haber sufrido violencia económica en el hogar. Ese tipo de agresión no física incluye la limitación del uso de dinero para la compra de medicamentos, productos personales y hasta acceso a sus propios recursos económicos, indicó la experta tras su participación en el evento.
Popular y facilidades
Como parte de su política de responsabilidad social, el Banco Popular lanzó ayer su iniciativa «Emprende Mujer» con la que busca apoyar a todas las mujeres para que puedan contar con su “libertad financiera”, a través del emprendimiento.
El programa forma parte del catálogo Impulsa Popular, renglón a través del cual la entidad desembolsó en 2022 unos 9,000 millones de pesos a pequeñas y medianas empresas (Pymes) lideradas por mujeres, lo que refleja la participación femenina en el dinamismo económico.
La iniciativa de apoyo financiero cuenta con espacio para la asesoría de negocios y asistencia psicológica para mujeres emprendedoras, gracias a dos acuerdos firmados ayer entre el Popular, Pacam y la Red de Inversionistas Ángeles (Enlaces), durante la presentación del programa en la Torre Popular.
Liderazgo
A estos fines, Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Popular, destacó la importancia de la figura de la mujer en el desarrollo de la propia entidad bancaria, donde la presencia femenina es mayoritaria con un 60 % de su fuerza laboral, ocupando un 54 % de las posiciones gerenciales y directivas.
“Queremos que la mujer transforme su vida y pueda emprender con la confianza de que la apoyamos en todo el proceso. Esta iniciativa integral para respaldar el desarrollo de la mujer responde a nuestra visión sostenible y a nuestro compromiso como ente signatario de los principios de banca responsable de las Naciones Unidas”, expresó el ejecutivo.
El fuego forestal que afecta la parte oeste del Parque Nacional Valle Nuevo, entre las provincias Azua y La Vega por Constanza, es considerado como el siniestro más grande que ha ocurrido en esa zona en los últimos 10 años.
Así lo dijo a Diario Libre Gerónimo Abreu, encargado del Programa Nacional de Manejo de Fuegos del Ministerio de Medio Ambiente, y quien está al frente de la estrategia para sofocar el incendio.
En las labores de extinción de las llamas trabajan 106 bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes se hacen acompañar de 15 voluntarios residentes en las proximidades del área protegida. Algunos de los bomberos que participan expresaron que este es uno de los peores fuegos forestales que han afectado la zona en la última década.
Desde la entidad gubernamental aseguran que está controlado el siniestro, que comenzó desde el pasado sábado.
Según explicaron, se hizo más difícil controlar las llamas debido al tiempo que tardaron para habilitar una vía de acceso al área afectada.
Para poder ingresar al lugar en vehículos, los bomberos forestales se valieron de equipos pesados, con los que abrieron una vía.
Mientras, para sofocar el fuego, los socorristas utilizan machetes, con los que abren trochas para detener las llamas, que afectan el área boscosa compuesta en gran magnitud por pinos.
Las autoridades estiman que son miles las tareas de bosques devastadas.
“Cuando concluyamos los trabajos y se despeje la humareda vamos a realizar las evaluaciones”, declaró Abreu.
El funcionario dijo que el otro peor incendio en esta década en Valle Nuevo ocurrió en 2014, y fue provocado por una fenómeno natural: una descarga eléctrica.
Humareda
Aunque asegura que las llamas están controladas, Abreu alertó que el humo seguirá afectando el ambiente de la zona durante varios días. La cortina de humo se alcanza a ver desde varios puntos de Jarabacoa, a más de 40 kilómetros de distancia del área afectada, de difícil acceso vehicular.
Acceso al lugar ha dificultado trabajos. (PABLO GONZÁLEZ/DIARIO LIBRE)
Para que el equipo de prensa de Diario Libre llegará al lugar del incendio le tomó más de seis horas, trasladándose desde Santiago hasta Valle Nuevo. El mal estado de la vía hacia al área protegida dificultó la llegada. Una vez en la zona, el equipo fue acompañado de funcionarios locales de Medio Ambiente para poder acceder.
Los vehículos ambulancia de la Defensa Civil permanecen aparcados a varios kilómetros de distancia, atentos ante el surgimiento de una emergencia con uno de los socorristas, quienes provienen de Dajabón, La Vega y Santo Domingo.
Voluntarios
Los bomberos forestales se valen de los residentes en los predios del área protegida.
Los lugareños sirven de guías para para que los apagafuegos puedan trazar las estrategias.
«Como conocemos la zona, siempre que hay fuegos nos ponemos a la disposición de las autoridades»Danilo TejadaVoluntario en el incendio que afecta a Valle Nuevo“
Indicó que la mayoría de residentes en las comunidades aledañas alparque nacional se integran a las labores de extinción para minimizar los daños ocasionados por la humareda, que arropa sus hogares, afectada la salud de ellos y sus familiares.
Origen del incendio
El fuego fue originado en la comunidad Agua de Las Piedras, Azua, donde está el área de amortiguamiento del área protegida.
Aunque asegura que las llamas están controladas, alertó que el humo seguirá afectando el ambiente de la zona durante varios días (PABLO GONZÁLEZ/DIARIO LIBRE)
Los bomberos forestales se valen de los residentes en los predios del área protegida. (PABLO GONZÁLEZ/DIARIO LIBRE)
Las autoridades advirtieron que si se comprueba que el fuego fue provocado, sancionarán a los responsables del crimen ambiental.
Otros fuegos
El siniestro en Valle Nuevo es uno de tres fuegos que se han registrado en el país en los últimos días. Los otros dos fueron reportados en la Sierra de Bahoruco y Guaigüí, en Barahona y La Vega, respectivamente.
El viceministro de Medio Ambiente Federico Franco, recordó que la mayoría de los casos de incendios son provocados por personas que realizan actividades agrícolas, al tiempo que señaló que, en estos casos, frecuentemente, se ven involucrados dominicanos.
El Quinto Concurso de Oposición para Aspirantes a Fiscalizadores, anulado en agosto del 2021, se proyecta realizar cuando concluya el que está pautado para este mes de marzo correspondiente a los fiscales titulares que ya vencieron su período.
La información la dio a conocer la Procuraduría General de la República luego de que se publicara en Diario Libre la falta de representantes del Ministerio Publico (MP) en el Distrito Nacional y algunas provincias y que podría repercutir en una eficiente labor de ese órgano.
Al respecto, la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom), una de las dos entidades que agrupan a esos servidores públicos, consideró que “no hay posibilidad de hacer concurso para fiscalizadores porque no hay recursos” para pagar los ascensos de los que actualmente ocupan esos puestos, pero que hacen la función de procuradores fiscales porque estos últimos, a su vez, hacen el trabajo de procuradores generales de corte por la “carencia” que existe.
Francisco Rodríguez, coordinador de FiscalDom, explicó que aquellos fiscalizadores que ya tienen el tiempo para ser valorados y han estado haciendo la función de procuradores fiscales se mantienen sin ser evaluados para un ascenso, además de que se añade el tema del “cansancio” por la falta de representantes del Ministerio Público.
No obstante, Rodríguez dijo que esa situación, de que la responsabilidad de un cargo deba ser ejercida por otro miembro del organismo, no es nueva, y que se ha estado corrigiendo.
“Este consejo (Consejo Superior del Ministerio Público) ha venido a organizar ese desorden que ha existido por tiempo”, dijo.
El último concurso para el ingreso de nuevos fiscalizadores se hizo en el 2018 y la convocatoria que se efectuó en enero del 2020 para 220 plazas se suspendió en agosto del 2021 por “dificultades” que imposibilitaban “asegurar la fiabilidad de los resultados de las pruebas académicas y la transparencia del proceso”, según el Consejo Superior del Ministerio Público en una comunicación de prensa de la Procuraduría General en ese entonces. La Asociación de Fiscales de Carrera (Adofic), la otra entidad que agrupa a esos togados, afirmó a Diario Libre que solo en el Distrito Nacional hay un déficit de 37 fiscales.
El presidente de Adofic, Joel Baldemiro, dijo que en San Cristóbal faltan como once fiscales y en la provincia Duarte, al menos ocho, mientras que, en Barahona, seis. El total de fiscales de carrera que posee el Ministerio Público es 1,200.
Fiscaldom cuestionó que ninguno de los gobiernos ha respetado la autonomía presupuestaria del Ministerio de Público al no asignarle lo que establece la Ley 194-04, que manda a otorgar una partida de un 4.10 por ciento de los ingresos al Ministerio Público y al Poder Judicial. De esta asignación, el 65 % debe ser para el Poder Judicial y un 35% para el Ministerio Público.
En este año 2023 se aprobó un presupuesto para la Procuraduría General de RD$9,019,720,675. y, en el 2022, en un principio se le asignó RD$8,399,310,777, pero en el presupuesto complementario le agregaron otros RD$1,906,611,940.
No hay día para el concurso de procuradores fiscales
Aunque desde el pasado año el Ministerio Público ha informado que somete a los procuradores fiscales a evaluaciones para el concurso en este mes de marzo, no se ha informado el día en el que se llevará a cabo.
Diario Libre trató, sin éxito, obtener esa información. Según lo que se dijo en el 2022, el concurso se hará para 18 puestos de titulares de fiscalías, diez de las cuales están siendo regenteadas por interinos, tres de estos últimos como consecuencia de procesos disciplinarios. Incluye, asimismo, seis procuradurías regionales y cuatro procuradurías especializadas. Las evaluaciones se iniciaron en septiembre para concluir en un período de seis meses.
