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El presidente Luis Abinader lanzó una peculiar advertencia a la comunidad internacional desde el escenario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la indiferencia de los países del mundo a su llamado de financiar la misión de paz para Haití. 

En una declaración a la prensa, después de su ponencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario dominicano dirigió un enérgico mensaje a la comunidad internacional.

“Hoy quiero advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna, de hoy en adelante, será: o luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana”, advirtió el jefe de Estado. 

Abinader agregó que su país se ve obligado “a dar este paso ante el giro que ha dado la situación interna de Haití con la entrada de nuevos actores paramilitares que agravan aún más el conflicto existente”. 

El mandatario urgió, de forma vehemente, a los líderes del mundo a “facilitar el dinero tantas veces prometido” y a pasar de las promesas a las acciones. 

“República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado, a partir de hoy entramos en el momento de las acciones. El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible. Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región”, manifestó Abinader. 

Paramilitares agravan crisis

El presidente dominicano insistió en varias ocasiones en el agravamiento de la situación de inseguridad en Haití que ha dado origen al surgimiento de movimientos paramilitares, como el de Guy Philippe.

“El resultado es que hoy Haití, con gran parte de su territorio controlado por bandas criminales, se encuentra al borde de una guerra civil. A esto se suma un ingrediente de mayor estabilización, generado por grupos paramilitares y políticos que pretenden presentarse como redentores ante un país que anhela seguridad, alimentos y paz”, remarcó. 

El reproche de Abinader 

Abinader reprochó a la comunidad de países representados en la ONU por la “indiferencia” que han mostrado a la situación, cada vez peor, de la sociedad haitiana. 

“Desde septiembre del 2021 nuestro gobierno viene denunciando ante diversos órganos de las Naciones Unidas el deterioro continuo de las condiciones sociales con Haití. Lamentablemente, la grave situación en el vecino país no ha sido atendida con la urgencia y contundencia que amerita”, criticó. 

Luego dijo a la comunidad internacional que no puede permitir que la tragedia haitiana continúe ni un día más. 

En lo relativo al cambio climático y la seguridad alimentaria, Abinader manifestó que están intrínsecamente conectados y que no es posible abordar uno sin prestar la debida atención al otro y, más aún, cuando esto ocurre en situaciones de conflictos armados.

Reunión

Casi al mismo tiempo que Abinader, autoridades de Kenia, Estados Unidos y Haití se reunían para afinar el proceso de despliegue de la misión de seguridad en Haití.

En la reunión participó el director de la Policía Nacional de Haití, Frantz Elbé, de acuerdo a la información ofrecida por el medio haitiano Ma Radio FM.

Un informe del periódico Le Nouvelliste indica que la Ministra de Justicia y Seguridad Pública, Emmelie Prophète, encabezó la delegación haitiana compuesta por el director de la Policía y tres inspectores generales de esa institución.

En tanto, la delegación del Gobierno keniano fue encabezada por el asesor adjunto de seguridad nacional, Joseph Boinett.

“Este encuentro permitirá planificar la llegada de la Misión. Repasamos todas las preguntas para las que podemos encontrar respuestas, todos los problemas que existen antes del despliegue”, indicó el periódico.

Un tribunal de Kenia bloqueó el plan y lo calificó de “inconstitucional, ilegal e inválido” por parte del gobierno que busca desplegar a un millar de policías en Haití, presa de la violencia de las bandas, en el marco de una misión respaldada por la ONU.

El presidente de Kenia, William Ruto, ha informado que su nación seguirá adelante con sus planes para liderar la misión de seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en Haití a pesar del fallo judicial. 

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Con un universo de 10,468,341 personas afiliadas al Seguro Familiar de Salud, la gran mayoría de los dominicanos (10,771,504 según el último censo) tiene, en teoría, cobertura para sus principales demandas de servicios médicos. 

Pero la realidad se complica con frecuencia y los asegurados terminan desembolsando altas sumas de dinero para obtener la atención que demandan, aumentando la rentabilidad de un negocio, la salud, que se reparten sus principales actores. 

Una mezcla de factores resta eficiencia al sistema. A decir de Arismendi Díaz Santana, uno de los creadores del modelo de seguridad social del país, el primero de ellos es la mala gestión, que a su juicio, se traduce en despilfarro de dinero en pagos de un personal que no brinda el servicio al que está obligado y que saca provecho en el ejercicio privado.

“La salud se ha mercantilizado. En primer lugar, por el sector médico. Esta mercantilización crece en la medida en que la respuesta pública es cada vez menos eficiente y confiable para la población”, sostiene.

Desde la otra acera, aunque coincidiendo en que la salud se ha dejado al juego del mercado, el médico y pasado presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, atribuye los males del sector a la baja inversión estatal y a las empresas intermediarias entre el Estado y los pacientes, es decir, las aseguradoras de riesgos de salud (ARS).

“Lo que pasa es que la salud no es prioridad para los gobiernos y por eso la llevaron al mercado. ¿Cómo explicar que la intermediación decida hoy el criterio médico científico? Tenemos una ley que ampara el negocio. Una ley que abre los hospitales al negocio privado”, insiste Roa. 

Desde el 2001, los dominicanos cuentan con el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) creado mediante la Ley 87-01, aunque su entrada en vigencia fue gradual a partir del 2002. 

Además de regular, la legislación tiene como objetivo “desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales”. 

El sistema está diseñado en tres regímenes: contributivo (trabajadores públicos y privados), subsidiado (con aportes del Estado) y contributivo-subsidiado (solo funcionan los dos primeros) y abierto a la participación del sector privado.

Para el financiamiento se establece un esquema de recaudo que sigue la siguiente ecuación: el sector empleador descuenta por nómina el aporte de los trabajadores y los pasa, junto al suyo, a la Tesorería de la Seguridad Social. El Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las ARS presentarán una factura mensual en base a la cantidad de afiliados y al costo del plan básico de salud. Recibido el monto facturado, estas entidades deben pagar a su vez a las Proveedoras de Servicios de Salud en un plazo no mayor de 10 días.

Los montos del SDSS

Desde el año 2008 hasta octubre 2023, al SDSS ha ingresado más de un billón quinientos noventa mil ochocientos cincuenta y cuatro millones de pesos (1,590,854,449,300), por concepto de recaudo (incluyendo intereses, recargo y multas), aportes del Gobierno Central y rendimiento de inversiones, conforme publica el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) en sus boletines mensuales.

De ese monto, el 90.5 % (1,439,096.8 millones) pertenece al recaudo del régimen contributivo, el 8.3% (131,613.1 millones) son aportes del gobierno para cubrir a los afiliados del régimen subsidiado y el 1.3% (20,144.4 millones) de rendimiento de las inversiones del SFS y aportes.

Hasta octubre pasado, y desde que inició el sistema en noviembre de 2002, los egresos fueron por encima del billón quinientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro millones de pesos. “Los fondos pagados al Seguro Familiar de Salud (SFS) del RC en el período comprendido entre septiembre de 2007, fecha en que inició dicho seguro, al mes de octubre 2023 ascienden a 633,106.1 millones de pesos, de los cuales un 92.7% fue asignado para el cuidado de la salud”, dice el CNSS en su boletín de octubre 2023.

Detalla que un 2.0 % se destinó a cubrir el Fondo Nacional de Atenciones Médicas por Accidentes de Tránsito (Fonamat); un 3.8 % lo asignaron a la Cuenta de Subsidios (enfermedad común, maternidad y lactancia) y un 1.1% pagado como comisión a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

“El monto total pagado a las ARS (29 entre públicas y privadas) desde 2007 al mes de octubre de 2023 alcanza la suma de 657,158,033,084.92 pesos, para cubrir el Plan de Servicios de Salud (PDSS) y el Fondo de Atenciones Médicas por Accidentes de Tránsito (Fonamat)”.

Solo en el mes de octubre el desembolso a las ARS fue de 73,377.3 millones de pesos. 

La cantidad que de ese monto recibieron las prestadoras de servicio de salud, incluidos médicos, clínicas y laboratorios, no es conocida en detalle, pero la inconformidad de los médicos los ha llevado a protestar contra las ARS y la rectoría del sistema. 

El gremio que los agrupa ha llegado a suspender el servicio a varias ARS en reclamo, entre otras cosas, de la unificación de la tarifa por honorarios y que ésta sea indexada de acuerdo a la inflación acumulada. También propugnan una actualización del catálogo de prestaciones para que haya una mayor cobertura a los afiliados.

Las quejas constantes

El año pasado, este medio publicó el testimonio de una mujer, clase media baja, que al mes gastaba 12,000 pesos en medicamentos para tratarse su cirrosis hepática, debido a que el seguro no le cubre ninguno de los fármacos que necesita.

A Rafaelina Veras el seguro no le cubrió el papanicolaou porque su ginecóloga lo hizo en base líquida y esa modalidad, que se presume más efectiva que la convencional, no estaba en el catálogo de cobertura de su aseguradora, contó a Diario Libre.

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) registró, solo en el mes de noviembre, 3,183 reclamaciones y quejas de los afiliados, de las que 1,573 están relacionadas con el seguro de discapacidad, vejez y sobrevivencia, y 555 con el seguro familiar de salud. En ese mes, la DIDA tuvo que emitir 354 cartas de no cobertura a los afiliados.

Lo que ofrece el sistema 

El Plan Básico del SFS tiene una lista de más de 11,400 servicios y procedimientos médicos que van desde la atención prenatal hasta las enfermedades terminales para cubrir el ciclo de vida de los afiliados. Todos con nivel de cobertura desde el 70 % hasta el 100 %, en algunos casos ilimitados, otros con topes de consumo.  Por ejemplo, un trasplante de córnea se cubre en un 80 %, siempre y cuando el proceso no exceda el millón de pesos.

El plan básico también ofrece una lista de 560 medicamentos distintos a los que la población afiliada puede acceder con pago mínimo, aunque sujeto a un tope anual de 12,000 pesos, conforme el incremento de 4,000 pesos aprobado por la Sisalril en noviembre pasado, que implicó un aumento al per cápita del régimen contributivo de 128.08, pasando de 1,555.14 pesos a 1,683.22 pesos.

El catálogo de centros de salud y médicos disponibles depende de cada aseguradora. 

El reparto de la discordia

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El Colegio Médico Dominicano y los dueños de clínicas privadas reclaman de manera persistente la revisión  de  la Ley 87-01  para que los recursos que maneja el sistema beneficien más equitativamente a los prestadores de servicios y a los afiliados. Entienden que la mayoría de las ganancias queda en manos de las ARS.

Para el doctor Wilson Roa, la forma en que se distribuyen los recursos es una estafa contra los pacientes y contra los médicos. 

“Lo que el seguro me cubre a mí (a los médicos por consulta) son 500 pesos, menos la retención del 10% que hace la ARS cuando me paga, menos el 18 % que retiene la DGI, es decir, el 28 %. Me dan 340 pesos, en 65 o 90 días”.

Además de considerar que el monto es poco, el médico se queja de que sean las ARS las que hagan ese pago, cuando debería hacerlo el Estado. 

En la visión que tiene Díaz Santana sobre la mercantilización de la salud, los médicos tienen un papel principal. “Ahora mismo, el Colegio Médico está dominado por gente que se nutre y que hace buenos negocios en el sector privado. En consecuencia, sus planteamientos están orientados a mantener un status quo que desfavorece la medicina pública y que privilegia la medicina privada, porque con eso obtienen beneficios”. 

Díaz Santana pone de ejemplo el copago que deben hacer los pacientes al momento de la consulta, el que, por lo regular, es de entre 2,000 y 3,000 pesos y se paga en efectivo para evitar pagar impuestos, según dice.

Díaz Santana piensa que, contrario al discurso público, los médicos no quieren que se regulen las tarifas y honorarios, pues si se limita mediante el catálogo no podrían establecer diferencias antojadizas y tendrían que pagar al fisco por la totalidad de lo cobrado.

Dice también que una gran cantidad de médicos logra tener muy buenos salarios en el sector público y no trabajan, haciendo más pesada la carga de los que sí cumplen con su labor. Son los mismos  que hacen grandes negocios en el sector privado “y eso choca con los objetivos de la seguridad social, que son poner en primer plano al afiliado”.

Cree que la Ley 87-01 ha evidenciado que el sistema no está orientado a satisfacer las necesidades de la población, sino que el presupuesto de Salud Pública está destinado a alimentar a una clase que define como parasitaria, porque no trabaja ni tiene responsabilidad con la salud pública.

Por eso considera que lo fundamental es la gestión del sistema. “Aquí se puede multiplicar por diez  el presupuesto de Salud Pública y si no cambia la forma en cómo se asignan los recursos y se gestionan los hospitales, esos recursos no llegarán a la población”.

El presidente Luis Abinader lanzó una peculiar advertencia a la comunidad internacional desde el escenario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la indiferencia de los países del mundo a su llamado de financiar la misión de paz para Haití. 

En una declaración a la prensa, después de su ponencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario dominicano dirigió un enérgico mensaje a la comunidad internacional.

“Hoy quiero advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna, de hoy en adelante, será: o luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana”, advirtió el jefe de Estado. 

Abinader agregó que su país se ve obligado “a dar este paso ante el giro que ha dado la situación interna de Haití con la entrada de nuevos actores paramilitares que agravan aún más el conflicto existente”. 

El mandatario urgió, de forma vehemente, a los líderes del mundo a “facilitar el dinero tantas veces prometido” y a pasar de las promesas a las acciones. 

“República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado, a partir de hoy entramos en el momento de las acciones. El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible. Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región”, manifestó Abinader. 

Paramilitares agravan crisis

El presidente dominicano insistió en varias ocasiones en el agravamiento de la situación de inseguridad en Haití que ha dado origen al surgimiento de movimientos paramilitares, como el de Guy Philippe.

“El resultado es que hoy Haití, con gran parte de su territorio controlado por bandas criminales, se encuentra al borde de una guerra civil. A esto se suma un ingrediente de mayor estabilización, generado por grupos paramilitares y políticos que pretenden presentarse como redentores ante un país que anhela seguridad, alimentos y paz”, remarcó. 

El reproche de Abinader 

Abinader reprochó a la comunidad de países representados en la ONU por la “indiferencia” que han mostrado a la situación, cada vez peor, de la sociedad haitiana. 

“Desde septiembre del 2021 nuestro gobierno viene denunciando ante diversos órganos de las Naciones Unidas el deterioro continuo de las condiciones sociales con Haití. Lamentablemente, la grave situación en el vecino país no ha sido atendida con la urgencia y contundencia que amerita”, criticó. 

Luego dijo a la comunidad internacional que no puede permitir que la tragedia haitiana continúe ni un día más. 

En lo relativo al cambio climático y la seguridad alimentaria, Abinader manifestó que están intrínsecamente conectados y que no es posible abordar uno sin prestar la debida atención al otro y, más aún, cuando esto ocurre en situaciones de conflictos armados.

Reunión

Casi al mismo tiempo que Abinader, autoridades de Kenia, Estados Unidos y Haití se reunían para afinar el proceso de despliegue de la misión de seguridad en Haití.

En la reunión participó el director de la Policía Nacional de Haití, Frantz Elbé, de acuerdo a la información ofrecida por el medio haitiano Ma Radio FM.

Un informe del periódico Le Nouvelliste indica que la Ministra de Justicia y Seguridad Pública, Emmelie Prophète, encabezó la delegación haitiana compuesta por el director de la Policía y tres inspectores generales de esa institución.

En tanto, la delegación del Gobierno keniano fue encabezada por el asesor adjunto de seguridad nacional, Joseph Boinett.

“Este encuentro permitirá planificar la llegada de la Misión. Repasamos todas las preguntas para las que podemos encontrar respuestas, todos los problemas que existen antes del despliegue”, indicó el periódico.

Un tribunal de Kenia bloqueó el plan y lo calificó de “inconstitucional, ilegal e inválido” por parte del gobierno que busca desplegar a un millar de policías en Haití, presa de la violencia de las bandas, en el marco de una misión respaldada por la ONU.

El presidente de Kenia, William Ruto, ha informado que su nación seguirá adelante con sus planes para liderar la misión de seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en Haití a pesar del fallo judicial. 

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Cuatro personas resultaron heridas después de que agentes de la Policía Nacional lanzaran bombas lacrimógenas durante una manifestación organizada por un grupo de uniformados pensionados, quienes reclaman el pago de indemnización de retiro correspondiente a los años 2022 y 2023.

El enfrentamiento entre los agentes activos y los pensionados ocurrió en la avenida 27 de Febrero con Leopoldo Navarro. Dos de los heridos presentan lesiones en los pies y recibieron atención médica especializada en los centros de salud Otorrino y en el hospital Darío Contreras.

Una representación de 2,000 pensionados protestó frente al Ministerio de Hacienda. Encadenados y portando pancartas y bocinas comenzaron la acción. Exigían el pago de la indemnización que, según explicaron, está retenida por el Ministerio de Hacienda a pesar de que el presidente de la República, Luis Abinader, ha dispuesto los fondos para el pago.

«Tanto la Cámara de Diputados como el Senado nos aprobaron la Ley 591-16, artículo 124, para cuando nosotros nos retiremos, aparte del sueldo por año, nosotros podamos llevarnos algo adicional, porque lamentablemente lo que nos llevábamos como sueldo por año, no nos daba para nada», manifestó el coronel retirado, José Ramón Polanco.

Una comisión de los pensionados fue recibida por las autoridades del Ministerio de Hacienda, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo por lo que aseguraron que se mantendrán firmes todos los martes hasta que respondan a su llamado. 

En los alrededores del Ministerio de Hacienda se congregó un fuerte contingente policial.

Además de los pensionados, también se unieron a la protesta los desvinculados del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), quienes exigen el pago de sus prestaciones laborales.

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No accedieron a reunión en Interior y Policía 

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, envió hasta la zona de la manifestación un representante de la institución para tratar de coordinar una reunión con una delegación de los pensionados, misma que no llegó a concretarse. 

Los pensionados ponían como condición la presencia de la prensa y que todo se hiciera por escrito para poder asistir. 

“Nosotros no queremos eso y, en su defecto, que vaya la prensa y nos acompañe. Mientras tanto, seguiremos en pie de lucha”, afirmó el vocero de los pensionados, Francis Cuevas.

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Gobierno afirma sectores políticos estén detrás de la protesta

El Gobierno reaccionó a la protesta y afirmó que sectores políticos de la oposición están detrás de estas acciones. Aseguró que en esta gestión están cumpliendo. 

A través de un comunicado de prensa, la Presidencia indicó que en diciembre pasado se pagó las pensiones correspondientes a los años 2016-2021, en beneficio de 3,300 policías. Agregó que el Ministerio de Hacienda trabaja para el pago de los años 2022-2023, para unos 2,500 pensionados.

Consideró «extraña» la protesta, debido a que hace dos semanas, según afirmó, se le comunicó al líder de la protesta que se estaban procesando los pagos.

“También extraña que horas después de la protesta, un ex jefe de la Policía, hoy dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, emitiera un tweet condenando al gobierno y anunciado un castigo electoral en su contra por supuestamente no cumplir con los pensionados”, agregó el comunicado. 

Hacienda depura expedientes

El Ministerio de Hacienda aseguró que en la actualidad analiza los expedientes de las solicitudes de pago a los agentes retirados en el 2022 y 2023. Dijo que, al igual que en los casos anteriores que ya pagó, una vez se haya validado que la documentación provista cumple con las normativas vigentes, anunciará debidamente el inicio de la entrega de los cheques.  

«Reiteramos que este Gobierno es garante del cumplimiento de las leyes, por lo cual, los policías puestos en retiro, que cumplan con los requisitos, pueden tener la tranquilidad de que recibirán el pago de la indemnización correspondiente», indicó en un comunicado.

Dos menores de edad han fallecido en las últimas horas en localidades del norte del país después de recibir tratamiento por síntomas de dengue.

Uno de los fallecidos es Herman Dominici, de 17 años, hijo del radiodifusor German Dominici, conocido como «Macho Macho«.

El adolescente murió en el Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), donde había sido hospitalizado desde el jueves de la semana pasada.

San Francisco de Macorís

El otro caso es el de Miguel Ángel Castro Toribio, de solo cuatro años.

El niño falleció mientras recibía atención en un centro de salud privado de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte.

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Los padres del niño fallecido informaron que su hijo fue hospitalizado con fiebre, vómitos, dolor de cabeza, sarpullido y otros malestares similares a los de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

En los últimos días, los residentes de las provincias del Cibao han pedido a las autoridades sanitarias que aumenten las medidas debido al aumento de los casos de dengue.

La Misión de Observación Electoral (MOE), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para las elecciones municipales del 18 de febrero en República Dominicana, inició sus actividades en el país.

La MOE/OEA está compuesta por 16 personas de 6 nacionalidades, y está encabezada por el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, quien también ha desempeñado esta labor con la OEA en otros países de la región, más recientemente en Guatemala para los comicios de 2023.

La Misión dará seguimiento a aspectos clave del proceso como organización electoral; tecnología electoral; justicia electoral; financiamiento político-electoral y participación política de las mujeres.

Durante su trabajo, la MOE/OEA se reunirá con representantes de gobierno, autoridades electorales, líderes y candidaturas, académicos y representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional para conocer sus impresiones sobre el proceso electoral en el país.

Al término de su observación, la Misión presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones de cara al fortalecimiento de los próximos procesos electorales en República Dominicana.

Ésta es la vigesimoprimera (21) vez que la OEA despliega una MOE en el país, y es posible gracias a las contribuciones financieras de Canadá, Brasil, Francia, Panamá y Estados Unidos.

Otros organismos

En los comicios del próximo domingo 18 de febrero participarán como observadores alrededor de 12 organismos internacionales.

Entre estas organizaciones se encuentran la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).Uniore contará con expertos de los órganos electorales de toda la región y estarán desplegados en los diversos colegios electorales.

Otras misiones en el país serán la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-Web), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), Unión Europea, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) entre otros.

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