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Los tapones que se viven a diario en el Gran Santo Domingo no solo causan caos en las vías y  ansiedad en los ciudadanos, sino que también impactan directamente la calidad de vida de la gente, en sus bolsillos, en el medio ambiente y, además, en la imagen de ciudad.

El gasto diario en energía y recursos que los ciudadanos consumen en las vías capitalinas es alarmante, pues en promedio una persona puede estar en el tráfico, como promedio, alrededor de una hora y 14 minutos. 

José Alberto Núñez, por ejemplo, es un joven empleado que vive en Santo Domingo Este, cerca de la avenida Ecológica, y trabaja en el polígono central, a una distancia de 17 kilómetros. Para ir y regresar de su trabajo cada día agota un promedio de tres horas, es decir una hora y media en cada trayecto.

Su vehículo, de cuatro cilindros, consume diariamente un promedio de 1.5 galones de gasolina premium, que al precio de RD$293.60, representa RD$440.4 por día y multiplicado por los 5.5 días que labora a la semana, significa un gasto de RD$2,422.2. Al mes son RD$9,668.8 y al año el gasto total de combustibles para laborar representa una inversión de RD$116,265.6.

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Pero no solo eso, Núñez invierte en tiempo 16.5 horas en una semana para ir a su trabajo, lo que equivale a 66 horas durante los 22 días de labor y al final de año habrá dedicado un promedio de 792 horas, es decir, el equivalente a 26.4 días de vida en el tapón. Casi un mes del año calendario y más días de vacaciones que la mayoría de los ciudadanos.

Otro caso es el de Carmen Vargas, que vive en Gascue y trabaja por la avenida Abraham Lincoln, a solo 4.4 kilómetros de su casa. Ella tiene un carro de cuatro cilindros e invierte alrededor de RD$5,000 en combustibles solo para ir a su trabajo. Al año dedica de su sueldo un promedio de RD$60,000 en la compra de combustibles. Lo que le atormenta a Carmen, además del gasto en combustible, es que para llegar a su trabajo en las horas pico, es decir, después de la 7:00 de la mañana y de las 5.00 de la tarde, tarda entre 1.5 a 2 horas en tan solo 4.4 kilómetros.  En ocasiones el trayecto solo le toma entre 30 y 40 minutos. Los días feriados o los domingos ella hace el mismo trayecto, a velocidad normal, en solo 10 minutos. 

Como ha vivido en la ciudad de Nueva York, donde residen alrededor de 19 millones de habitantes, le llaman la atención no los tapones, porque en esa ciudad también se forman, sino las alternativas para usar colectivos como el Metro y autobuses, que aunque estos últimos no laboran las 24 horas, mejoran la movilidad y desincentivan el uso del vehículo privado. “Yo creo que en las otras ciudades no es que se hagan menos tapones, es que los servicios de transporte los usa todo el mundo y son accesibles para todos, en la ciudad de Nueva York donde he vivido, yo puedo tomar un tren que me deja en la puerta de mi casa y llego más rápido que coger el tráfico. Mucha gente que tiene vehículos prefiere coger el tren para evitar los tapones por la accesibilidad del tren”, cuenta.

Como los casos de José Alberto y Carmen se repiten otros, con mayor o menor costo y distancia, pero con la similitud de que a todos les afecta la calidad de vida. Muchos conductores han optado por salir más temprano de sus casas, por ejemplo, si antes salían a las 7:00 de la mañana, ahora lo hacen a las 6:00  a.m. o antes para llegar a sus destinos a las 8:00. En la tarde, como algunos no tienen opción de cambiar la salida, deciden esperar a que “baje” el tapón y en vez de irse a sus casas a las 5:00 de la tarde, que es su hora de salida, prefieren quedarse hasta la 7:00 p.m.

Los que duran horas en los tapones cuando llegan a su casa a veces están malhumorados por el estrés, la presión y la ansiedad que causan los tapones, lo que afecta la relación con los demás miembros de la familia. “A veces he llegado tan cansado, que le he hablado mal a mi esposa o a mis hijos, luego les pido perdón, pero es que no es fácil que uno se levante a la 5:00 de la mañana y  se pase gran parte del tiempo metido en un tapón sin ninguna opción”, indica Alex Medina, residente en Los Alcarrizos.

De acuerdo con el Plan de Movilidad Sostenible del Gran Santo Domingo, el tiempo promedio para el desplazamiento por el Gran Santo Domingo es de una hora y 15 minutos.

Para el planificador urbano Marcos Barinas, el problema de la movilidad urbana en el Gran Santo Domingo no es exactamente los tapones, sino el elevado parque vehicular, y calcula ante la falta de opciones, muchos tienen que invertir el 30% de sus salarios.  “La única alternativa es mejorar los sistemas de transportación, como existen en otras ciudades, eso significa tener transporte masivo, por ejemplo, el Metro, aunque es muy limitado, porque no cubre ni el 15% de la población de Santo Domingo. Hay que mejorar el sistema de las Omsa, poner carriles exclusivos de manera que el tapón está, pero el autobús continúa y eso va a hacer que la gente se mueva del carro al autobús”.

El experto dice que hay que ponerse en el lugar de la mayoría de los dominicanos. En su caso, vive por la Lincoln, a menos de 300 metros del Metro y de una ruta de la Omsa, por lo que solo usa un vehículo de su propiedad para llevar su hijo al colegio. Las demás actividades las realiza en vehículos públicos, pero que esa no es la realidad general. 

Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al 31 de diciembre de 2021, los vehículos registrados en todo el país son 5,152,4482 unidades, 310,081 más que en el 2020.

El 43.7% de todos los vehículos que circulan en el país transitan por las calles y avenidas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, alrededor de 2.3 millones de vehículos. El 42% son vehículos privados, 36% públicos, incluido 9% del Metro, 21% se transporta a pie y menos de un 1% se traslada en bicicletas. 

Edgar Santana, encargado de planes de movilidad del Intrant, informa que en el Gran Santo Domingo se producen diariamente alrededor de 3 millones de viajes entre los sectores público y privado. La cantidad de vehículos genera un millón de toneladas de dióxido de carbono, equivalente al 20% del total de las emisiones en el Gran Santo Domingo.

“Las metas para el 2030 son: una red más equitativa e inclusiva con un aumento de un tercio de la cobertura territorial, que actualmente está en un 10%; un sistema eficiente y atractivo que genere un cambio de paradigma y signifique un aumento de un ocho por cientode los desplazamientos que se realizan en el transporte público, lo que comenzaría con una reducción de 20 minutos del tiempo promedio diario dedicado al transporte y una mejora sustancial de la calidad del aire”.

Su compañera Dalina Veras, técnica en movilidad del Intrant, indica que el Plan de Movilidad Urbana del Gran Santo Domingo, además de reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero, el plan busca fortalecer la capacidad de las ciudades. “Los habitantes del Gran Santo Domingo tienen dificultades para movilizarse cotidianamente, no es un secreto, las infraestructuras viales están degradadas, inadecuadas y mucha concentración para ir al trabajo, a la escuela, para el ocio”.

Explicó que cada uno de los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo van a ser apoyados por cada una de las acciones como los corredores de autobuses, las bicicletas y mejores aceras para que las personas puedan caminar, entre otras.

Desde estrés hasta problemas cardiovasculares, los daños que causan los tapones a la salud

Todo el que vive en República Dominicana es consciente de que el tráfico es uno de los grandes problemas del país. Perder tiempo en tapones es el pan nuestro de cada día y es normal que, por corta que sea la distancia, el traslado tome hasta una hora más de lo ocuparía en un día sin tránsito.

Pero no solo se trata del fastidio que generan los tapones, el problema va más allá. Diversos estudios y especialistas advierten que estos afectan nuestra salud, tanto en el ámbito mental como físico.  

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Estrés, ansiedad, cansancio, ira, agresividad, impotencia y frustración son las principales reacciones en el ámbito emocional que ocasiona exponerse al congestionamiento vehicular, según refieren desde el Instituto de Salud Mental y Telepsicología. 

Explican que el estrés asociado al tránsito se manifiesta con insomnio o pocas horas de sueño de calidad que puede derivar en somnolencia durante la conducción, molestia a los ruidos, disminución en las capacidades de reacción hacia obstáculos en la carretera, dolores de cabeza, entre otros.

Otras patologías como la ansiedad, la ira, la agresividad, la impotencia y la frustración se presentan cuando la persona se encuentra por mucho tiempo al volante, así como irritabilidad o poca tolerancia hacia otros conductores, que en muchos casos termina en discusiones acaloradas.

La muestra más clara son los constantes conflictos que tienen lugar en la vía pública. Puede que muchos de los ciudadanos involucrados sean ejemplares en todas las áreas de su vida, pero al momento de estar al volante la ira se apodera de ellos. No es casualidad, sino más bien una respuesta a la mezcla de factores a los que se exponen al conducir en horas pico. 

Incluso, existe evidencia de que los tapones se relacionan con la violencia doméstica. 

Un estudio realizado en la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos) y publicado en la revista Journal of Public Economics reveló que de 2011 a 2015 el congestionamiento de la tarde en las dos carreteras más importantes de esa ciudad (I-5 e I-10), estaba directamente relacionado al aumento de la incidencia de violencia intrafamiliar por la noche, con un nueve por ciento de casos. 

“Vemos muchas personas que antes de salir de sus hogares ya se encuentran estresadas, pues deben madrugar para evadir los tapones y poder llegar a tiempo hacia sus trabajos, y esta situación se vuelve un condicionante para el estrés y el agotamiento físico”, sostiene la psicóloga Kendra Ynoa.

La directora del Instituto de Salud Mental y Telepsicología concuerda con ella y explica que esa sobrecarga de emociones negativas al regresar a los hogares tiende a ser descargada con los hijos y la familia en general. “Es así como (los tapones) aumentan los niveles de violencia intrafamiliar y de abuso hacia los niños y adolescentes”, refiere. 

Más allá del impacto psicológico

Además de la salud mental, la congestión del tránsito también afecta la salud física. Los expertos aseguran que pasarse sentado largos periodos frente al volante deriva en afecciones en la columna vertebral que pueden llegar a ser crónicas. A su vez, advierten que estos largos periodos suponen la degeneración de los músculos, mala circulación en las piernas y que disminuya el ritmo cardíaco de las funciones cerebrales.

Tampoco se puede dejar de lado la contaminación ambiental y sus riesgos. Los gases y partículas sólidas emitidos por los tubos de escape de los vehículos son los responsables del aumento de las crisis asmáticas y de la sensibilidad a pólenes y otras alergias respiratorias. Los niños son la población más vulnerable a esta contaminación, dado que respiran más aire en relación con el tamaño de sus pulmones. 

Tal y como pasa en otros países de Latinoamérica y el Caribe, en República Dominicana la mayor parte del tiempo se hace uso innecesario de las bocinas de los automóviles, que no es más que un reflejo de la falta de educación vial.

Está comprobado que la exposición constante a este y otros ruidos relacionados con el tránsito impacta la audición, la memoria, el rendimiento e incluso trae consecuencias a la salud cardiovascular, debido a que produce elevaciones de la tensión arterial y de los niveles en sangre de potentes vasoconstrictores. l

El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) construirá una casa a la joven madre María Guadalupe Espinosa García que vive con dos hijos en una destartalada casucha en el sector Flor de Liz de este municipio.

Luego de enterarse a través de Diario Libre de la situación de la mujer, el ministro Carlos Bonilla, autorizó un levantamiento de la vivienda para construirle una nueva. 

De igual modo se coordina con el Plan Social de la Presidencia para amueblar la casa una vez esté construida, informó la directora de comunicaciones del Mived, Patricia Florentino.

“Nosotros vamos a hacer el levantamiento, a ver si se le puede construir la casa ahí mismo, en el terreno donde está viviendo, pero vamos a evaluar el caso, ya nosotros lo tenemos», expresó.

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Una joven madre de Villa Altagracia que se consume en la indigencia

María Guadalupe Espinosa García acaba de cumplir 18 años, pero su rostro aparenta de más edad y es que la pobreza ha marcado su trayecto de vida, ha sido implacable con ella y ahora con sus dos pequeños de tres meses y dos años con los que convive en un tugurio, en una absoluta indigencia en la falda de una montaña en el barrio “Flor de Liz II”, en Villa Altagracia.

Es la reproducción de un círculo de la pobreza que se extiende desde su madre, abuela y que aparenta continuar con una cuarta generación: sus hijos. Quisiera romper la cadena, pero está consciente de que necesita ayuda para lograrlo. María vive en una casita de hojalata vieja con sus dos pequeños, Isaac, de tres meses, y Jazmín, de dos años. El piso es de tierra, no tiene muebles, solo dos sillas plásticas y aunque cuenta con una vieja estufa, cuando suele cocinar lo hace en un anafe; porque nunca tiene gas. 

El empresario César Félix Ramos Ovalle pasó de ser uno de los imputados en el caso Coral y Coral 5G a convertirse en un colaborador determinante para el Ministerio Público probar su acusación en contra de la red corrupta, supuestamente orquestada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou. 

El Ministerio Público establece que este empresario, quien es dueño de la Estación de Combustible La Marina (o Marinita), se asoció con el coronel Rafael Núñez de Aza, cerebro financiero de la red, y de esa forma logró ganar cuatro licitaciones fraudulentas para el suministro de combustible que nunca llegó a ser entregado. 

El Ministerio Público dice que esto era parte de una fachada para lavar dinero de los fondos sustraídos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). 

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Devuelve fondos

César Félix Ramos Ovalle estableció que en total llegó a recibir 18 millones 400 mil pesos, de las licitaciones fraudulentas y el 2 de febrero de este año procedió a devolver el 100% de ese dinero mediante el cheque número 001228, del Banco Popular, sellando de esa forma un convenio con el Ministerio Público para ser dejado fuera de la acusación, como de hecho ocurrió. 

Según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el señor César Félix Ramos Ovalle, también admitió los hechos y su participación en los mismos.

Establecen que este confesó a la Pepca que “mediante la empresa Estación de Servicios La Marina, S.R.L. le fue adjudicado un porcentaje de cuatro licitaciones del Cestur, en el periodo junio 2019 hasta abril del 2021 para contrato de suministro de combustibles”. 

Además, le habría revelado a los investigadores el modo en que surgió su vínculo con el Cestur y el acusado Rafael Núñez de Aza. Dijo que fue mediante la analista de compras de la institución. Esta mujer supuestamente lo contactó comunicándole que para poder ganar una licitación en el Cestur tendría que conversar con ellos.

Esta mujer le apartó una cita con Rafael Núñez de Aza, donde este acusado le habría establecido que debía participar en el proceso de licitación en condiciones “normales”. Le dieron la garantía de que sería seleccionado y comenzarían a pagarle de manera parcial las facturas remitidas por la empresa de combustible La Marinita. 

La trama consistía entonces en que, el Cestur le pagaría a La Marinita el dinero para suplir combustible. La empresa recibía el pago, pero no realizaba la entrega del combustible. Supuestamente el dinero era devuelto  en cajas y fundas de regalo a Núñez de Aza a través de emisarios. 

Los presuntos emisarios fueron identificados como Miguel Cancún Ramírez, David Abreu Padilla y Jacobo Horacio. Además, el empresario justificó que se vio compelido a aceptar la proposición de Rafael Núñez de Aza, porque de no hacerlo, no tendría posibilidad de ser beneficiado con la adjudicación. 

De la confianza de Danilo

En su acusación la Pepca reitera y defiende la tesis de que la presunta red corrupta comenzó a estructurarse el 16 de agosto del 2012 con la llegada de Danilo Medina a la Presidencia de la República. Dice que fue esa la coyuntura aprovechada por personas de estrecha confianza del exmandatario para aumentar su influencia en las instituciones del Estado. 

Señalan que Adán Benoni Cáceres Silvestre aprovechó la circunstancia y desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, supuestamente organizó un entramado societario y configuró una estructura criminal para distraer fondos del Estado. 

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Por otra parte señalan a  Juan Carlos Torres Robiou, quien también habría aprovechado su cercanía con el presidente y su amistad con Adán Cáceres para replicar el modelo corrupto en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Pero además, la Pepca dice que las maniobras de Robiou llegaron a alcanzar al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). 

Las anomalías en el CONANI se habrían producido durante la gestión de la esposa de Juan Carlos Torres Robiou.

La auditoría en Cusep

La investigación especial que solicitó la Pepca a la Cámara de Cuentas en el periodo agosto 2012 hasta agosto del 2020, en la gestión de Adán Cáceres en el Cusep, es utilizada como parte de la acusación. 

Los investigadores de la Cámara de Cuentas entrevistaron a personas que aparecían en la nómina del Cusep y que estos manifestaron no ser empleados, y que nunca han prestado servicios en el Cusep. También confirmaron que a esas personas se les realizaba pagos mensuales y que debían transferirlos a militares.  Había personas que figuraban en la nómina del Cusep, y también en la del Cestur.

¿Y la del Cestur?

En el Cestur también se realizó una investigación especial por parte de la Cámara de Cuentas, la cual es usada por la Pepca para corroborar las indagatorias que realizaron los investigadores del Ministerio Público.

Establecen que desde el 1 de enero del 2010 al 31 de mayo del 2021 (Gestión de Torres Robiou) y con Rafael Núñez de Aza como financiero de la institución, se realizaron decenas de irregularidades en manejo de fondos. 

Indican que desde enero de 2014 a mayo de 2021, de una muestra de 331 personas, identificaron 226 que no poseen registros en los archivos físicos ni digitales en Recursos Humanos del Cestur. Sin embargo, durante el tiempo en cuestión se les pagó 175 millones 507 mil 353 pesos que iban a los bolsillos de los miembros del entramado. 

Entramado societario

La Procuraduría dice que los miembros de la red y sus empresas incurrieron en lavado de activos e incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado dominicano. 

La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

El Ministerio Público comprobó que muchas de las empresas que recibieron grandes sumas de dinero no tenían una dirección real, pues visitaron los lugares en los que debían estar y encontraron que se trataba de una farsa de los miembros de la red. 

Fue restablecido el servicio de agua potable que durante cinco días afectó a residentes en más de 60 sectores del Distrito Nacional por la rotura de una de las tuberías del sistema Valdesia Santo Domingo en Los Ríos por parte de una empresa privada no autorizada.

El pasado jueves en la madrugada fue colocada una pieza especial que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(Caasd) mandó a hacer para corregir la avería que consistía en un hoyo de unas ocho pulgadas en unos de los tubos de 67 pulgada de diámetro.

Moradores de Los Ríos, Cristo Rey, Las 800, Villa Juana, Villa, Gualey, Ensanche Espaillat y otros informaron que el servicio está llegando como de costumbre, los días y horas establecidos.

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Explicaron que desde el pasado jueves están recibiendo el líquido, que al principio el agua estaba llegando con poca presión, pero que luego se normalizó y ya están como antes de la avería, que fue el pasado domingo 8.

El lugar intervenido fue tapado con tierra, pero falta reasfaltar el tramo para restablecer el tránsito debido a que se continúa utilizando un solo carril.

Hasta ahora la Caasd no ha identificado a la empresa que causó la avería ni informa del costo que tuvo la corrección de la misma.

Desde el 31 de mayo de 2014, hace casi ocho años, el Sistema 9-1-1 funge como ente coordinador en la gestión y asignación de ayuda a los dominicanos en casos de emergencia.

Las agencias que forman parte de la asistencia brindada por el Sistema 9-1-1 son la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), los Cuerpos de Bomberos, la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Dirección General de Urgencias, Emergencias y Desastres de Salud Pública, que integra al Servicio Nacional de Salud (SNS), todos bajo la sombrilla de este número único para canalizar las llamadas.

De acuerdo a la información compartida por el Departamento de Prensa de la institución, entre enero y diciembre del año 2021, el Sistema 9-1-1 recibió un total de 4,575,243 llamadas, de las cuales 2,740,841 fueron no productivas, es decir, el 59.9 % del total.

Durante ese período se gestionaron 709,045 emergencias, un promedio diario de 1,942 reportes atendidos.

Las horas más activas son de 7:00 a 11:00 de la noche, espacio donde se reciben más llamadas.

La institución aclara que “se consideran llamadas no productivas aquellas donde el usuario no tuvo la intensión de reportar una emergencia real, llamadas de broma o número equivocado”.

Para este 2022, el panorama se vislumbra igual. En los primeros cuatro meses de este año, el 9-1-1 ha recibido 1,450,572 llamadas, de las cuales, 957,967 (el 66 %) han sido llamadas molestosas.

Todo esto a pesar de que la Ley 184-17 dice que las personas que reporten una falsa emergencia podrían ser sancionadas con prisión de tres a seis meses y multa de cuatro a diez salarios mínimos.

En cuanto a las emergencias, se han atendido 209,815 casos de enero a abril de 2022, siendo accidentes de tránsito la causa más recurrente, seguido de episodios de violencia doméstica, dificultad respiratoria, emergencia obstétrica y dolor abdominal.

La entidad dirigida por el coronel piloto, Randolfo Rijo Gómez (ERD) cuenta con dos sedes físicas, una en Santo Domingo y otra en Santiago, pero brinda servicio a 25 provincias, siendo las últimas inclusiones Valverde, El Seibo, Hato Mayor y San José de Ocoa.

Las provincias donde se reportan más emergencias son: Santo Domingo (un 30 % de los casos); Santiago (13 %); Distrito Nacional (12.5 %); San Cristóbal, Puerto Plata y La Altagracia (con un 4 % respectivamente). 

¿Cómo es el proceso?

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El Sistema 9-1-1 únicamente necesita conocer dos informaciones para despacho de unidades ante situaciones de emergencias: cuál es su emergencia y dónde está ubicada.

Una vez el operador crea el caso (le toma 120 segundos) y lo encausa al despachador, este último verifica la unidad disponible más cercana para asistir al evento crítico.

Los tiempos de respuesta oscilan entre 14 y 22 minutos en el casco urbano.

La Policía Nacional es asignada a más del 96% de las emergencias. Las unidades policiales son enviadas de manera simultánea para proveer protección al personal que asiste a dar respuesta a las emergencias de las demás instituciones.

La institución aclara que los vehículos que atienden las emergencias son operados por las instituciones de respuesta: Policía Nacional, Bomberos, Servicio Nacional de Salud (SNS)

Quejas por lentitud

En las últimas semanas se han reproducido las quejas por la lentitud en el servicio del 9-1-1.

Cabe recordar que, en el incendio en el Canal del Sol, ocurrido el pasado 26 de abril, donde fruto del mismo tres personas perdieron la vida, los residentes del área dijeron que la asistencia tardó demasiado.

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Otro caso es el del joven Delvis Hernández, camarógrafo de Noticias SIN, quien perdió la oreja grabando un conflicto con choferes en El Café de Herrera. Este debió ser trasladado a un centro de salud por sus compañeros de trabajo porque la ambulancia nunca llegó.

El ciudadano chino que fue apuñaleado en la Ferretería Z&C fue trasladado en un vehículo privado al entender que llegarían más rápido al centro de salud.

El 9-1-1 dice que gracias a un plan piloto que se replicará de manera paulatina en otras comunidades del territorio nacional, utilizando tecnología inteligente y softwares, se ha logrado reducir el tiempo de respuesta en Santo Domingo, específicamente el Distrito Nacional.

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Parques de zonas francas dominicanos despiertan interés de inversionistas turcos, coreanos, entre otras nacionalidades para instalar sus empresas multinacionales de ensamblaje y producción en el país, gracias al remozamiento y reapertura de espacios que estaban cerrados. El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) tiene 264 solicitudes nuevas de delegaciones internacionales para instalarse.

“Antes aquí se importaba todo, hasta los papelitos bonitos”. Con este planteamiento el director de Proindustria, Ulises Rodríguez, destaca la reactivación de los parques de zonas francas. “Varias delegaciones (de inversionistas internacionales) están visitando los parques con los que estamos conversando sobre las políticas para su instalación, hay otros (inversionistas) que se fueron y ya van a volver”, dijo.

Rodríguez explicó que fruto de un análisis que ellos hicieron (los inversionistas) donde toman en cuenta el clima de inversión, la estabilidad política y económica, y también la seguridad jurídica, determinaron que el mejor destino para invertir en zonas francas es República Dominicana.

“Estamos discutiendo las condiciones para instalarse porque ellos lo que buscan es la infraestructura por la que pagan un alquiler” y desde Proindustria realizamos las gestiones para garantizarles un lugar favorable para el tipo de actividad que realizaran, sostuvo.

Durante una entrevista en el Diálogo Libre que realiza Grupo Diario Libre, Rodríguez expresó que los ingresos por alquiler de naves aumentaron. “Anteriormente recibíamos 27 millones de pesos por concepto de alquiler de las naves, pero en la actualidad el ingreso promedio es de 43 millones de pesos mensualmente, sin construir naves nuevas”.

“Nosotros tenemos, en la actualidad, 434 naves industriales en todo el país” que están generando un 59 % más de ingresos económicos al Gobierno, 16 millones más de lo que se recaudaba antes, gracias a la reapertura de parques que estaban cerrados “desde hace mucho tiempo” y al remozamiento de los que estaban deteriorados, explicó.

El aumento en las recaudaciones mensuales se debe al programa de remozamiento que estructuró la institución gubernamental con la que han recuperado 39 naves que no estaban habilitadas, lo que impacta la creación de empleos en este sector productivo.

El director de Proindustria indicó que esperan recuperar los 163,000 empleos que habían antes de la pandemia del COVID-19 con la expectativa de llegar a 200,000 a finales de este año. Además, dijo que los demás parques privados también están recibiendo grandes solicitudes, lo que contribuye a generar más puestos laborales.

Diversificación

Al preguntarle sobre la diversificación de las zonas francas y los productos que se preparan en estas instalaciones, dijo que esa evolución ha permitido que muchos productos internacionales y nacionales se fabriquen en el país para exportación y, en algunos casos para consumo local, como preparación de tabacos, joyas, dispositivos médicos y electrónicos, ropa y hasta ensamblaje de vehículos.

Consideró que la innovación aumenta la inversión extranjera y, por lo tanto, el aumento de empleos. Sin embargo, expresa atención a lo que trae consigo la diversificación como la automatización de procesos y tecnificación que pondrían en riesgo algunos empleos.

Informó que las naves de zonas francas tradicionales tienen en promedio de 400 a 500 personas trabajando y ahora “se enfrentan al dilema de tener 170 personas por nave. Ese monto baja más de la mitad por el tema de diversificación de las zonas francas y porque el proceso de la tecnología reduce la mano de obra manual”.

Rodríguez añadió que “es un tema que preocupa a la gente porque podrían desaparecer algunas plazas laborales”, pero, evalúa como positivo el avance de la automatización porque impulsa a que las personas se especialicen y dignifiquen sus ingresos salariales.

En ese sentido, argumentó que las empresas que mejor pagan son las que tienen producción de dispositivos médicos, envolturas de cigarros, calls centers (centros de llamadas), entre otras modalidades de plataformas de servicios en las que el promedio mínimo es de 30,000 pesos al mes. “Eso está por encima del salario mínimo”, comentó.

Además, manifestó que los salarios son mejores que antes y que ahora hay otros incentivos que pueden mejorar la calidad de vida de los trabajadores como, la integración de estancias infantiles para las madres solteras. 

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