El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerrará a partir de este martes 20 y hasta el sábado 24 de febrero diversas estructuras en el Gran Santo Domingo, que incluyen pasos a desnivel y puentes, a fin de realizar trabajos de acondicionamiento. En todos los casos, los horarios de cierre abarcan de 10:00 de la noche a […]
Para la FundaciónJusticia y Transparencia (FJT) la abstención que se registró en las elecciones municipales celebradas el domingo pasado, y “la ocurrencia sin sanciones de delitoselectorales”, denotan una involución demográfica en la República Dominicana, al igual que una baja en la calidad de la democracia «cada vez más creciente».
Señaló, en una nota de prensa, que el delito electoral cometido se basó “fundamentalmente en la compra de cédulas”.
TrajanoPotentini, presidente de la entidad, lamentó que apenas casi 53 % del universo del padrón electoral, de más de ocho millones de electores, se motivara a votar, un poco más de 3 millones 700 mil votantes.
Entiende que lo que pasó se trató de “una merma histórica, ni siquiera superada por la pandemia del COVID-19, el pasado 2020, donde las accidentadas elecciones municipales tuvieron una abstención de 51 %, disminuyendo la legitimidad democrática en el plano local».
Deploró el uso de los recursospúblicos y propuso una reforma que contemple limitaciones al presidente en reelección.
Potentini expresó que también es motivo de preocupación, la creciente cultura de la compra de cédula, de conciencia, y de voluntades, “cuya mayor y más perversa expresión, está en el ya normal transfuguismo”.
«Amén del tradicional uso de los recursos públicos, de forma descarnada y generalizada en nuestra vida democrática y republicana, constituyéndose en los peores vicios y lastres de la democracia, con la agravante de una Junta Central Electoral y un Ministerio Público, que parecen incapaces de castigar y perseguir las inconductas electorales»Trajano Vidal PotentiniPresidente de la FJT“
«Vacíos legales ayudan al presidente»
La entidad de la sociedad civil deploró, además, lo que definió como falta de limitaciones, “consecuencia o los aparentes vacíos legales o ambigüedades existentes en las leyes” que, dice, aún no clarifican la imposibilidad de que un presidente de la República en relección, no tome licencia y se abstenga de realizar inauguraciones y entregar ayudas sociales, bonos navideños extendidos, contratos de publicidad, pensiones y otras prácticas y facilidades.
“Las cuales se traducen en desigualdad en la participación política, como ha venido evidenciándose por décadas, sin que medie la necesidad y proponemos aprobar una legislación clara sobre las referidas limitaciones”, planteó en el documento.
Aboga por unificar elecciones
Para el abogado, lo ideal serían elecciones separadas, como antes de 2010 lo había previsto la Constitución, que establecía que se escogieran cada dos años alcaldes, diputados y senadores separados de las presidenciales, permitiéndole al liderazgo local y congresusal su pleno desarrollo, como relevo natural de la evolución política.Agregó que, no obstante, parecería que el mayor consenso podría girar en torno a la necesidad de unificar las elecciones municipales de febrero, con las congresuales y presidenciales de mayo.“Sin lugar a dudas, un desacierto de la Constitución de 2010, que se acrecienta aún más con la inclusión de la celebración de las primarias de los partidos en octubre del año pre-electoral, en febrero municipales, en mayo congresuales y presidenciales, con la agravante de una posible segunda vuelta para las presidenciales, esto sin considerar la falta de logística, para el montaje y desmontaje de reiterados procesos electorales”.Señaló que ante ese panorama urge y favorece “un entendimiento de los dominicanos, que le permita a la Junta Central Electoral, el disponer de los fondos consignados en el presupuesto para afrontar y sortear otros retos, reformando en el sentido que entienden las fuerzas sociales la constitución, para dar paso a procesos electorales menos traumáticos y costosos”.
Un hombre acusado por el Ministerio Público de dedicarse al tráfico de drogas fue sentenciado a cinco años de prisión por un tribunal de Samaná. Julio Alberto Capois, de 32 años de edad, fue condenado por el Juzgado de la Instrucción de esta provincia mediante un procedimiento penal abreviado por la cantidad de sustancias narcóticas […]
El velatorio del periodista y profesorAdriano de la Cruz será este miércoles a partir de la 1:00 de la tarde.
Así lo informó en una nota de prensa, Olivo De León, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), quien explicó que los familiares del expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), le aseguraron que el velatorio no se pudo dar este martes porque todas las capillas de la funeraria estaban ocupadas.
De León explicó que los restos de De la Cruz permanecerán en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln hasta las 11:00 de la mañana del jueves 22, hora en que serán conducidos a la sede del Colegio Dominicano de Periodistas, en el Centro de Los Héroes de esta capital, donde a las 11:30 de la mañana se les rendirán honores.
Sostuvo que, desde el CDP, Adriano de la Cruz será trasladado al Club Mauricio Báez, en Villa Juana, donde también será objeto de un tributo, para después ser conducido al cementerio de la avenida Máximo Gómez, donde será sepultado.
Recordó que, De la Cruz, profesor de periodismo durante varias décadas, falleció tras varios días de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Plaza de la Salud, donde recibía atenciones por problemas cardíacos e insuficiencia renal.
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) y el Movimiento Marcelino Vega (MMV) expresaron su pena y dolor ante la partida del destacado periodista y profesor, quien además de haber presidido el CDP, del 2017 a 2019, fue presidente del Tribunal Disciplinario de esa organización, del 1997 al 1999.
El senador Yván Lorenzo aseveró este martes que si el Gobierno devuelve las 600 mil cédulas que compró, la oposición gana las elecciones municipales. “Si logramos que le devuelvan las cédulas que compró el Gobierno de 600 mil ciudadanos dominicanos, que es lo que disparó la abstención, con eso nada más ganamos las elecciones”, argumentó. […]
La empresa automotriz japonesa Yazaki instalará en Santiago una planta de ensamblaje de ramales eléctricos y otras piezas de autos, que tendrá una inversión de 100 millones de dólares y generará 1,200 empleos.
La construcción del edificio de la corporativa está pautada a comenzar dentro de tres meses y para el próximo año se espera que ya se esté instalando en la Ciudad Corazón, según anunció el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, tras finalizar una reunión entre él, el presidente Luis Abinader y los ejecutivos de Yazaki.
«Esperemos nosotros que, con esta prueba que van hacer en República Dominicana, que va a traer 1,200 empleos de inicio, será el comienzo de pasiones sucesivas.»Víctor Bisonó.Ministro de Industria y Comercio.“
Manifestó que este tipo de productos es nuevo dentro del renglón de zonas francas en el país.
RELACIONADAS
Mayoría de trabajos serán ofertados a las mujeres
Seguridad jurídica, recursos humanos, eficientes procesos aduanales, buenas infraestructuras viales fueron parte de los factores que contribuyeron a que Yazaki se instalara en Santiago, expuso. Dijo que la mayoría de los puestos de trabajo serán ofertados a las mujeres.
Que una empresa con presencia en 45 países se instale en esta nación, “es una señal muy potente; lo que quiere decir que están viendo a República Dominicana como la primera opción para expandirse”, dijo el servidor estatal.
Las primeras señales de las negociaciones fueron reportadas en enero pasado, cuando Martha Cabrera, directora de Relaciones Gubernamentales de Yazaki, se reunió con Bisonó y otros funcionarios, según reportaron en X.
De cada cinco vehículos, tres tienen ramales de Yazaki, dijo el ministro de Industria y Comercio para poner en perspectiva la magnitud de la empresa, la cual fue fundada en 1941 y se enfoca en la distribución de conectores, así como productos para vehículos híbridos y eléctricos.
Jhandys Massiel Pérez, madre de la bebé Franyeli Elizabeth, de cuatro meses, que murió la semana pasada de forma sospechosa en una guardería en Santo Domingo Este, denunció que las autoridades aún no han detenido a la propietaria del centro, alegando que no cuentan con los resultados de la autopsia.
Dijo que este lunes acudió a la Fiscalía, ubicada en Invivienda, en busca de una respuesta, pero que allí el fiscal de turno, el cual no supo identificar, le indicó que se debe esperar los resultados de la autopsia, los cuales tardan entre 30 y 45 días, para poder actuar en contra de Milagros Lucas López, quien tenía a su cargo el cuidado de la bebé y de otros 12 niños en edades de entre cuatro meses y seis años.
«El fiscal me informó que si el Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) cuando retiró el cuerpo en el Darío Contreras, a las 7:00 de la noche del jueves 15, le hubiera notificado a Homicidios, ya la habrían apresado», explicó Pérez a Diario Libre.
La dolida madre califica el hecho como un asesinato por la forma en que le entregaron el cuerpo de su hija que el domingo 18 de febrero cumpliría los cinco meses de nacida.
«Ella dice que le dio leche a la bebé a las 8:00 de la mañana y que se acostó y que no la chequeó más hasta que yo llegué a las 12:40 de la tarde, pero yo no lo creo, algo le pasó a mi hija, a mi hija, mi suposición es que me la dejaron caer. Eso no es una explicación, esto me está matando», narró Pérez.
Sostuvo que cuando recibió el cuerpo de su hija, tenía la cara morada y dura, sus labios secos. «Mi instinto de madre me dice que mi bebé murió temprano y que ella, quizás por miedo, no halló qué hacer, no me llamó».
En medio de la desesperación y en buscar de salvarle la vida a su bebé, cuando la recibió la llevó al Hospital Traumatológico Darío Contreras, donde fue declarada sin vida.
«No sé si la dejó caer, qué pasó, si me le dio algo, hasta que no vea la autopsia puedo especular lo que yo quiera porque yo fui que la recibí, que la vi, mi mamá le vio un golpe en la cabeza cuando la cambió en la funeraria», expresó.
La madre de la menor cree que Milagros Lucas López huyó de su vivienda porque varios medios de comunicación han acudido a la guardería y el esposo dice que no está. La casa de la mujer, donde funciona la guardería, está ubicada en la calle María Trinidad Sánchez, esquina Gregory, del sector Los Frailes II.
«Yo pienso que mientras el caso se esclarece ella tiene que estar detenida, pero yo no soy justicia, tengo esperar», manifestó.
Fue a mediados del 2022, cuando “la vuelta por México” comenzó a popularizarse en la República Dominicana como frase y hecho real. Prospectos del béisbol, jóvenes, madres y padres de familia; peluqueros, albañiles, y estudiantes universitarios tomaban sus pertenencias más preciadas y dejaban atrás un mundo conocido para embarcarse en un viaje que incluía confiar sus vidas a los “coyotes”, carteles de la mafia y del crimen organizado, como guías hacia su destino final.
Muchos fracasaron en llegar hasta el muro de metal donde termina México y comienza el “sueño americano”. Y mientras algunos aguardaban en albergues y casas de campaña la entrevista con un oficial de migración, en el país, los familiares esperaban los cadáveres de seres queridos para quienes la vuelta no funcionó.
Para diciembre de 2023 las autoridades estadounidenses realizaron 520,000 detenciones entre los puertos de entrada de la frontera con México.
Quienes tuvieron “la suerte” de llegar y no ser deportados, continúan vendiendo el sueño a amigos y familiares y relacionándolos con quienes les ayudaron a hacer la vuelta. El contagio existe, como demuestran los entrevistados por Diario Libre. Algunos de ellos retornaron sin ser deportados; otros decidieron entrar ilegalmente por México, angustiados por el paradero de sus familiares que se les adelantaron en el camino.
Los entrevistados, María y Juan, aseguraron a Diario Libre que se enteraron de la famosa “vuelta por México“ por terceros que habían hecho el viaje y avisaban que se encontraban en Estados Unidos trabajando, e incluso, daban a conocer los contactos que los ayudaron.
Falsifican identidades para trabajar en NY
El 2 de diciembre de 2022, Juan salía de la República Dominicana hacia El Salvador en una travesía que lo llevaría por cuatro países de Centroamérica con el objetivo de llegar a Estados Unidos y trabajar para tener una mejor vida. Sin embargo, por el camino tendría que enfrentarse a los carteles mexicanos.
Juan, un seudónimo, salió en compañía de la mujer y la hija de un amigo, de El Salvador saltó a Honduras, después a Guatemala y, finalmente, a México.
Comunicándose con los traficantes de migrantes solo por mensajes de texto por WhatsApp, Juan inició un viaje arriesgado, en el que no había más garantías que la palabra de unos “coyotes“ innominados y sin rostros, operantes de una red multinacional que negocia con el sueño de los migrantes.
La vuelta en cifras
47,273 dominicanos
Entraron ilegalmente por la frontera con México hasta el 31 de diciembre de 2023.
3,863dominicanos
fueron deportados desde EE.UU. de enero a diciembre del 2023 por migración ilegal.
1,000dominicanos
retornaron voluntariamente a República Dominicana luego de hacer “la vuelta por México
42,410dominicanos
de la vuelta que permanecen de manera indocumentada en Estados Unidos.
“Yo nada más supe que me monté en el taxi”, expresó Juan al recordar el largo y arriesgado viaje que inició a la salida del aeropuerto de El Salvador.
El final de la ruta antes de llegar al otro lado era Mexicali
Juan se entregó el sábado 10 de diciembre a las autoridades estadounidenses, que lo llevaron a pernoctar en un campamento y luego a un centro de detención.
El 13 de diciembre de 2022 aterrizó en la Gran Manzana, con lo que puso fin a su recorrido de once días.
El dominicano sigue indocumentado en Nueva York. Trabaja en un restaurante de comida rápida por 16 dólares por hora, con nombre y seguro social falsos.
En sus planes figura regresar a la República Dominicana a mediados del 2025 y adquirir un vehículo con lo ahorrado en Nueva York.
Casi 50,000 dominicanos hicieron la “vuelta por México”
Más que disminuir, la cantidad de dominicanos que toman la ruta por México aumentó significativamente en el 2023. Los datos suministrados por Greg Segas, cónsul de los Estados Unidos en la República Dominicana, dan cuenta de que a marzo del año pasado más de 25,000 dominicanos habían entrado ilegalmente a territorio estadounidense a través del cruce fronterizo con México.
Pero esta cifra se duplicó al finalizar el año. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), encontró 47,273 dominicanos a lo largo de la frontera suroeste entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, según datos suministrados a Diario Libre por Jonathan Mardo, agregado del CBP en el país.
Esto significa que mensualmente, unos 3,151 dominicanos salían del país en vuelos a Colombia, El Salvador o Guatemala con el propósito de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos
La situación ha alarmado a las autoridades estadounidenses, preocupadas por el alto número de quienes arriesgan sus vidas en la aventura migratoria. El mensaje no ha variado: “las fronteras de Estados Unidos no están abiertas para quienes no tienen una base legal para ingresar al país”.
De los 47,273 dominicanos que entraron por México, 3,863 fueron deportados y otro millar decidió retornar voluntariamente.
Su abuelo le dio el dinero para hacer “la vuelta”
Dos días después de Juan (el 4 de diciembre), María y su madre salían con un grupo en un tour para conocer Colombia, pero el objetivo era Estados Unidos y reencontrarse con su hermano, que había cruzado la peligrosa selva del Darién. Se encontraba detenido por las autoridades migratorias en territorio estadounidense.
En el caso de María -también un seudónimo- y su madre, volaron de Colombia a El Salvador con otras tres personas y de allí pasaron a Guatemala y luego a México. El abuelo les costeó el viaje con el ahorro en un certificado de depósito.
María se entregó junto a su madre en un punto fronterizo entre la ciudad de Sonoyta, en el estado mexicano de Sonora, y Lukeville, en Arizona, el 23 de diciembre de 2023.
Tras salir del centro de detención, fue llevada en avión a Texas y alojada en un refugio. El Estado le compró un vuelo hasta Nueva York, donde reside desde entonces.
Más de un millón en Nueva York… sin contar los indocumentados
Los dominicanos, con dos millones y medio, representan la cuarta población latina más grande en los Estados Unidos, superados por los cubanos, salvadoreños y mexicanos.
Datos suministrados por la Dominican Center for Social Justice (DOCESJ-CENTER), aseguran que para el 2019, el 19.3 % (210,000) de los dominicanos residentes en los Estados Unidos carecían de estatus migratorio. Un millón vive en Nueva York, constituyendo el grupo étnico con más estudiantes matriculados en la universidad pública.
Los datos del censo norteamericano del 2019 destacan el crecimiento de la comunidad dominicana en las distintas áreas, con el 19 % en trabajos administrativos afines a las artes, los negocios y las ciencias.
El 32 % se ocupa en servicios; el 18 % a trabajos de ventas y oficina, el 8 %, en construcción, y el 23 % se dedica a trabajos de movimientos de materiales, producción y transporte.
Recuperaron su “inversión”
A Juan, el viaje completo hasta territorio estadounidense, le costó unos 2,000 dólares, mientras que a María y su mamá 10,000 dólares, precio que incluía una cuota de seguridad y el vuelo a Colombia.
María, que ya lleva más de un año en Nueva York, aspira a legalizar su estatus migratorio. Actualmente genera ingresos semanales por 650 dólares.
Al ser cuestionados sobre si ha valido la pena el viaje, ambos dominicanos coinciden en que ha sido una buena decisión que les ha permitido no solo recuperar la inversión, sino de contar con un ingreso, aunque bajo mucho sacrificio. Son conscientes de que fueron afortunados en llegar a los Estados Unidos.
«Tú puedes darte un buen lujo, porque el dinero que ganas te lo permite, aunque sea bien sacrificado», dice María.
«Para serte sincero, a mí me fue excelentemente bien, pero no todos corremos con la misma suerte», dijo Juan, que advirtió sobre todos los problemas que enfrentan los inmigrantes que se aventuran a cruzar la selva de Darién y que lo hizo decidirse por una opción menos peligrosa en su afán de llegar a EE.UU.
Una cadena regional
María todavía habla con asombro sobre el alcance de la red de traficantes en todo el continente, asegurando que la comprensión solo llega cuando decides hacer la travesía.
“Yo vine con un contacto que tiene contactos en todos los países por los que se transita para venir hasta acá (EE.UU.)”, indicó María.
La dominicana explica que los pagos a su contacto eran realizados por sus familiares en la República Dominicana, según avanzaba en la travesía. Incluso, la persona responsable de acogerla en México recibía el dinero en una cuenta abierta en un banco dominicano.
“Esta subvención del Estado a la iglesia era o es muchas veces menos de lo que el imaginario social piensa”.
Así responde el secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano José Joaquín Domínguez Ureña, cuando se le pregunta sobre la subvención que recibe la Iglesia católica por efecto del Concordato, el acuerdo entre el Estado dominicano y la Santa Sede que en junio próximo cumplirá 70 años.
Firmado el 16 de junio de 1954, bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, arrastra cuestionamientos de sectores que lo catalogan de privilegio, injerencia en asuntos del Estado y discriminación contra otros grupos religiosos.
Desde el primero de sus artículos, que designa a la religión católica, apostólica y romana como la de la nación dominicana, abarca una serie de prerrogativas en el ámbito educativo, financiero, social y legal que, bajo alegato de inconstitucionalidad, en más de una ocasión, han sido atacadas, sin éxito, en los tribunales.
Una de sus disposiciones compromete al Estado a una subvención mensual para los gastos de administración de la iglesia, además de exenciones impositivas.
“El Gobierno dominicano se compromete a construir la Iglesia Catedral o Prelaticia y los edificios adecuados que sirvan de habitación del Obispo o Prelado nullius y de oficinas de la Curia, en las Diócesis y Prelatura nullius actualmente existentes que lo necesiten, y en las que se establezcan en el futuro”, dice el artículo VII del Concordato.
“Además, el Gobierno asegura a la Arquidiócesis de Santo Domingo y a cada Diócesis o Prelatura nullius actualmente existentes o que se erijan en el futuro una subvención mensual para los gastos de administración y para las iglesias pobres”, añade.
Conocer el monto que ha supuesto o supone esa subvención es casi imposible.
“A mí me da la impresión de que, mucha gente cree que el Estado suple o carga económicamente a la Iglesia”, dice el sacerdote que ve los aportes del dinero de los contribuyentes a través del Estado como “montos simbólicos”.
“La acción de la Iglesia no se sustenta en una ayuda que pueda o no dar un Estado; lo primero que ayuda a la sostenibilidad económica de la iglesia son los propios fieles”, argumenta, aunque dice desconocer el monto exacto de los aportes estatales derivados del acuerdo.
Apenas refiere un millón de pesos que se otorgan mensualmente a los arzobispados y 500,000 a los obispados. Del monto que implican las exenciones impositivas o los aportes a otras instituciones, tampoco sabe.
El dato más cercano, no específico, se extrae del presupuesto general del Estado, que para este 2024 destina 607.3 millones de pesos (casi la mitad de los 1,360.2 millones asignados al ministerio de la Mujer y cerca de los 681.2 millones del ministerio de la Juventud) en ayudas directas a entidades religiosas.
La cantidad de esas entidades no pudo ser precisada por el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, pero en su registro de habilitación están inscritas unas 390 con nombres alusivos a alguna religión, de las que 250, un 64.1 %, se vinculan a la Iglesia católica.
Las ayudas a las entidades religiosas están distribuidas en la cuenta “Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro” con 399.1 millones de pesos para iglesias en convenios de cogestión con el sector educativo, más otros 208.2 millones como “Transferencias a organizaciones no gubernamentales en el área religiosa”. En 2023 fueron 267.2 millones.
RD$187.4millones en exención
El Concordato figura entre los regímenes especiales que determinan el gasto tributario del Gobierno. Se calcula que este año el Estado dejará de percibir 187.4 millones de pesos para favorecer a instituciones religiosas. De ese total, 90 millones son por exención de Itbis y 54.7 % de arancel.
Durante la entrevista concedida a este diario en la sede de la Conferencia del Episcopado, pero que –aclara– aborda el tema a título personal, Domínguez Ureña explica que la Iglesia tiene un mecanismo bastante centralizado para el uso de las exenciones. El control del gasto no corresponde a la parroquia o a un individuo, sino al obispado, y con soporte de facturas.
El uso de las exenciones es exclusivo para la adquisición de bienes con “montos significativos”. “La adquisición de un equipo, de un vehículo, suele ser la más frecuente, porque se utiliza para asuntos pastorales. De hecho, la mayoría de vehículos de la Iglesia están exonerados”.
Ni mal ni bien, dice el Codue
Aunque representantes de las iglesias protestantes han cuestionado y hasta atacado legalmente el Concordato, en la actualidad, algunos de sus principales voceros han variado de postura.
Preguntado al respecto, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, (Codue) Feliciano Lancen, dice que el acuerdo firmado en 1954 protege al Estado dominicano contra “toda esta ‘agenda global’ que está destruyendo los valores”. Esto –dice–, porque el acuerdo vendría a contradecir la declaración de que el país es un Estado laico.
Lancen señala que, si bien en años anteriores existían profundas diferencias entre la comunidad evangélica y los católicos, con el auge que han tenido a partir de 1990, ya no requieren del apoyo económico del Estado.
“A nosotros, el Concordato ni nos hace mal ni bien porque tenemos ya ganado un espacio y no queremos favores del Estado dominicano”, dice Lancen, aunque sí pide más respeto para la comunidad evangélica. Ve desigual que desde el Gobierno envíen a funcionarios a las actividades católicas, y que a las de los evangélicos asistan representantes.
Imagen tomada del libro “Trujillo y el Papa: diplomacia en Santa Sede y más allá”, de Víctor Grimaldi Céspedes. (FUENTE EXTERNA)
Que se modifique
“El Concordato debe revisarse –como lo hizo hace un tiempo España– tomando en cuenta la realidad actual, muy diferente a la de hace casi un siglo. Además, este tratado con el Estado vaticano es clave en un país, como la República Dominicana, mayormente católico”, dice el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats.
Para el jurista, la vía expedita para esa revisión sería el Tribunal Constitucional, que ya se declaró incompetente para pronunciarse sobre el acuerdo.
En 2021 dicho tribunal falló una acción directa de inconstitucionalidad que presentó en enero de 2011 el ciudadano José Cristóbal Flores de la Hoz contra 21 de los 28 artículos del Concordato. El accionante entendía que el acuerdo violaba los artículos 1, 2, 3, 4, 6,7, 8,39,45, 50, 55 y 68 de la Constitución, relativos a la soberanía, separación de poderes, supremacía constitucional, derecho de igualdad, libertad de conciencia y cultos, entre otros.
Los jueces del Tribunal Constitucional, tras analizar su calidad para conocer el recurso, decidieron su incompetencia en la sentencia TC/0526/21.
“Este Tribunal Constitucional considera que no se puede pretender que se decrete la inaplicabilidad o expulsión del sistema jurídico de un tratado internacional mediante la acción de inconstitucionalidad, al no encontrarse dentro de los actos reservados para su impugnación (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas)”.
Los jueces argumentaron que el tribunal puede actuar a priori como frontera frente a posibles vicios de inconstitucionalidad de un tratado, o preventivamente, pero no a posteriori. Reconocen, sin embargo, que con la decisión abandonaban su línea jurisprudencial, pues, en una ocasión anterior conocieron el fondo de un recurso similar contra el DR-CAFTA.
El fallo tuvo el voto disidente del juez José Alejandro Ayuso, para quien el TC sí está facultado para decidir sobre un tratado a posteriori.
“…Somos de opinión de que, en atención al principio de supremacía de la Constitución, está previsto un control a posteriori mediante el cual se pueda evaluar la constitucionalidad del mismo (tratado internacional)”, argumenta Ayuso.
El jurista Prats va por la misma línea. Señala que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales establece que los tratados constitucionales pueden cuestionarse por otras razones no valoradas por el TC a la hora de conocer el control preventivo.
También dice que estos tratados pueden ser cuestionados a posteriori por vía de excepción. “Es ilógico pretender, entonces, que se apliquen disposiciones inconstitucionales de un tratado que se ratificó cuando ni siquiera existía el control preventivo. O la Constitución es norma suprema o no lo es”, enfatiza.
Vea aquí todo el contenido del Concordato
Privilegios por exaltación
Otro que se apunta a favor de la modificación es el abogado Juan Francisco Puello Herrera, para quien los “tantos privilegios” otorgados a la Iglesia católica, “en buen derecho, no deben existir”, a menos que sean proporcionados a otras denominaciones religiosas. A su decir, el acuerdo colisiona con los derechos de las minorías e infringe el principio laico del Estado. Entiende, sin embargo, que una modificación solo sería posible con un acuerdo entre las partes: Estado-Santa Sede.
En su libro La libertad religiosa: perspectiva comparada y ámbito en la República Dominicana, Puello Herrera recoge la visión, entre varias más, del sacerdote jesuita Antonio Lluberes, sobre las relaciones de la dictadura trujillista con la Iglesia católica.
“Durante la Era de Trujillo, la Iglesia y el Estado vivieron un régimen de recíproca cooperación. La primera aceptó la existencia del régimen como algo beneficioso para el país y para ella misma. Aceptó facilidades legales y cooperación económica, necesarias para su ministerio”, reproduce.
Imagen tomada del libro “Trujillo y el Papa: diplomacia en Santa Sede y más allá”, de Víctor Grimaldi Céspedes. (FUENTE EXTERNA)
El abogado, que se define como católico profeso, sostiene que el Concordato fue resultado de las ambiciones políticas del dictador para convertirse en una figura internacional y sumar a la larga lista de títulos la de “Benefactor de la Iglesia”, lo cual no logró pese a las gestiones de un obispo ante la Santa Sede.
En su libro, Puello Herrera también analiza decisiones judiciales sobre el Concordato, tales como una sentencia del año 1961 en la que la Suprema Corte de Justicia dictamina que la nulidad de un matrimonio canónico en su aspecto civil, solo puede ser juzgada por los tribunales civiles, debido a que el poder jurisdiccional del Estado es indelegable.
La misma Suprema se pronunció en 2008 sobre un recurso que interpusieron en 2006 varias entidades religiosas pidiendo la inconstitucionalidad del Concordato por los privilegios que supone y porque, a su entender, convierte a la católica en religión oficial de la República Dominicana.
Pero el tribunal juzgó que lo dispuesto en el acuerdo no ha sido óbice para que otras creencias religiosas se manifiesten libremente y que éstas disponen de los mecanismos legales para procurarse los mismos privilegios que alegan.
Acorde con los argumentos de la Suprema, el secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano entiende que el enfoque con el que se lee el Concordato está muchas veces sesgado y es un poco superficial. Recuerda que se trata de un marco jurídico de referencia para regir las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado y cita la sentencia del 2008 como base de legalidad.
La importancia de mantenerlo vigente la demostraría el hecho de que la Iglesia sigue firmando acuerdos de esa naturaleza con otros países. Pero Domínguez Ureña acepta que, conforme van evolucionando un país y sus normativas, los acuerdos se revisan, lo que podría hacerse con el Concordato.
El exministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, anunció este martes su renuncia de todos los órganos de dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El dirigente político indicó que su decisión fue tomada tras hacer un profundo análisis de la derrota del partido opositor en las elecciones municipales del pasado domingo 18. “Como conclusión de mi cavilación, permítanme […]
