Las bandas criminales de Haití, que controlan el 80 % de la capital, Puerto Príncipe, e incluso las entradas y salidas de la ciudad, están mucho mejor organizadas y armadas que las de décadas anteriores, advierte un informe a la misión internacional aprobada por la ONU para intentar estabilizar el país.
El estudio publicado esta semana por Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional, un grupo de expertos con sede en Ginebra, señala que en territorio haitiano funcionan unas 200 bandas, algunas de ellas «entidades bien armadas y estructuradas» con creciente capacidad de autofinanciación y cada vez mayor autonomía, con políticos y hombres de negocios a los que antes servían.
La misión de apoyo en seguridad que autorizó en 2023 el Consejo de Seguridad de la ONU, y que será liderada por el Gobierno de Kenia, «confrontará una situación muy diferente y en muchos aspectos aún más difícil que la que existió durante la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH)», entre 2004 y 2017.
El informe señala que la existencia de bandas en Haití se remonta a los tiempos de la dictadura de François Duvalier Papa Doc, entre 1957 y 1971, con sus célebres Tonton Macoutes, pero durante décadas se trató principalmente de grupos desarticulados y débiles, algo que, asegura el informe, ha cambiado diametralmente.
Nuevos líderes de las bandas, con larga experiencia, «han aprendido de los errores de sus jefes y ahora dirigen organizaciones más sofisticadas que se asemejan a cárteles, milicias o grupos paramilitares», señaló el documento.
En la capital, indica el informe, actúan al menos 23 grandes bandas, algunas de ellas con miles de miembros, que forman dos grandes grupos, como la Alianza G9, dirigida por el expolicía Jimmy Chérizier (alias Barbacoa) y originalmente ligada a uno de los principales partidos del país, el liberal-conservador Tet Kale.
El grupo rival, con frecuentes enfrentamientos armados entre ambos, es la coalición G-Pep, creada por Ti Gabriel.
El informe subraya el férreo control que las bandas tienen de la capital, hasta el punto de que «para salir o entrar de Puerto Príncipe hay que correr el riesgo de superar sus controles de seguridad a menos que uno pueda permitirse una avioneta».
La organización de estudios sobre grupos armados también advierte de la rápida extensión de la violencia de bandas a zonas rurales de Haití como la provincia de Artibonito, principal centro de producción de alimentos del país, en la que operan más de 20 grupos criminales.
Los asesinatos y extorsiones en esa zona al norte de Puerto Príncipe han causado que los cultivos en Artibonito se hayan reducido a más de la mitad en cinco años, lo que aumenta la crisis alimentaria y humanitaria.
Las bandas además aterrorizan a los viajeros de la principal arteria de transporte del país, la carretera Nacional 1, que une la capital con las principales ciudades al norte, y donde cientos de personas han sido secuestradas.
Según datos de la ONU, en 2023 fueron asesinadas en Haití 4,789 personas, 1,698 resultaron heridas y 2,490 secuestradas, siendo la tasa de homicidios en el país de 40,9 por 100,000, el doble del año anterior y una de las más altas del mundo.
El despliegue de la misión de seguridad en Haití está sufriendo retrasos, ya que el plan ha sido bloqueado por los tribunales kenianos.
