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El pasado 15 de julio el Gobierno entregó 124 millones de pesos a 127 productores agrícolas, como parte del Plan de Rescate de Valle Nuevo, pero la lista de beneficiarios no concuerda con el censo hecho en 2016, el cual dio pie a la indemnización.
En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, se dio continuidad al pago de indemnizaciones de los agricultores del municipio de Constanza, en cumplimiento a la resolución 0016-2021.
En ese momento, en una nota de prensa, el Ministerio dio a conocer que los 127 agricultores que recibieron cheques son los que poseían entre 11 y 30 tareas dentro del área protegida y que estaban a la espera de una indemnización desde el año 2016. La nota recalcó que con estos pagos se cumplía la promesa del exministro Orlando Jorge Mera de devolver a esos productores lo que por años esperaban.
Durante semanas, antes de que se entregaran los cheques Diario Libre solicitó la lista de beneficiarios por diferentes vías, incluso por la Oficina de Libre Acceso a la Información No hubo respuesta hasta que se hizo pública la entrega de las indemnizaciones el 15 de julio.
Diario Libre obtuvo la lista por fuentes y la compararó con el censo hecho en 2016. Los agricultores con posesión de entre 11 y 30 tareas no concuerdan con lo establecido durante la gestión del exministro Francisco Dominguez Brio, cuando se ejecutó el desalojo y rescate de los terrenos ocupados en el municipio de Constanza.
Ambas listas poseen información en común para hacer posible la comparación: nombre, cédula y cantidad de tareas. Aunque se detectaron algunos errores de digitación, no fueron significativos.
De los 127 beneficiados, 56 no aparecen por nombre o cédula en el censo del 2016, el equivalente al 40.09%. Existen también diferencias de cantidad de tareas por agricultor, en la que algunos presentan más tareas y otros menos tareas que las registradas en el censo de 2016.
El presidente Luis Abinader entrega un cheque a un agricultor el 15 de julio de 2022. (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)
Medianos y grandes
Estos 124 millones de pesos corresponden al pago de 2,494 tareas de los que podrían definirse como “productores medianos”. Cada tarea fue indemnizada con 50 mil pesos para todos los productores, sumado a los 27 millones de pesos entregados el 5 de junio por Orlando Jorge Mera a 79 pequeños productores, con el equivalente a 540 tareas.
En el censo del 2016 el total de tareas ocupadas en Valle Nuevo correspondió a 243,340 tareas, tanto para ocupantes ilegales como los que poseen título de propiedad, con un valor aproximado de casi 12 mil millones de pesos, calculados a base de la indemnización actual por tarea.
Según el Ministerio, la lista total comprende 315 agricultores, de los cuales ya han sido indemnizados 203, entre pequeños y medianos, sin que se haya hecho público los restantes, entre los cuales se incluyen los grandes productores.
De acuerdo al censo del 2016, son 78 grandes productores con cerca de 233,000 tareas ocupadas, que van desde quienes poseen 125 tareas, con un valor actual de 6 millones 250 mil pesos en total, hasta 140,000 tareas, con un valor de 7 mil millones de pesos pertenecientes a José Delio Guzmán y familia. Diario Libre intentó obtener una explicación de parte del Ministerio a la diferencia entre ambos levantamientos sin éxito.
78
grandes productores ocupan 230,000 tareas
El censo del 2016
El censo de 2016 contó con los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, el departamento de participación social, voluntarios y el acompañamiento de instituciones como la Fundación Moscoso Puello, el Grupo Jaragua y Acción Verde.
Nelson Bautista, de Acción Verde, explicó a Diario Libre vía correo electrónico que en el esfuerzo de acompañamiento para hacer cumplir la resolución Núm. 14/2016, que ordenaba el cese de la actividades agrícolas y ganaderas en Parque Valle Nuevo, se realizaron varias acciones para procurar que el censo de los ocupantes tuviera el criterio más apegado al sentido de lo justo.
Según Bautista, en primer lugar fueron documentadas y georeferenciadas todos los tipos de ocupación: desde enclaves agrícolas, explotación masiva, hasta zonas básicas de subsistencia. En consecuencia, se clasificaron en pequeños (50 tareas o menos), medianos (más de 50 y menos de 100 tareas) y grandes (más de 100 de tareas), este último grupo en condición de explotación más de 75% del total ocupado.
Villa Poppy
Las familias que residían en los distintos enclaves agrícolas en condiciones infrahumanas sumaron 30, estas (que constituían los casos más vulnerables) fueron reubicadas un proyecto modelo bautizado como “Villa Poppy”, en terrenos cedidos por la familia Bermúdez. Fueron ubicados cuando se hacía la georeferenciación del lugar usando drones de ala fija.
En tanto que -por varias razones- una cantidad de 32 parcelas fueron marcadas como “indeterminadas” en la vertiente norte como sur, por dudas sobre sus reales extensiones y ocupantes.
“El método empleado para realizar este censo implicó un trabajo de campo que duró varios meses, primero validando levantamientos anteriores hechos por personal del Ministerio de Medio Ambiente, luego sumando ‘ocupaciones nuevas’ y depurando entre ellas aquellas que se presumían inducidas por otras personas en condición de testaferro, o una especie de latifundio”, explicó Bautista.
Dos fuentes dentro del Ministerio de las que omitimos el nombre, comentaron a Diario Libre que la lista de agricultores actual fue elaborada por José Delio Guzmán (Papito Guzmán), en acompañamiento de varios técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, sin ser socializada dentro del organismo.
José Delio Guzmán fue designado en octubre de 2020 como Asesor de Áreas Protegidas para el Ministerio de Medio Ambiente, lo que causó sorpresa en grupos ambientalistas, que reclamaron públicamente una explicación por el nombramiento.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas hizo público un comunicado en el que reclamaron al entonces ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, su posición “de cara al cumplimiento de la ley y las resoluciones que mandan la intervención y rescate de Áreas Protegidas tan importantes como Valle Nuevo y Sierra de Bahoruco”.
En el comunicado de prensa, la Coalición señala a José Delio Guzmán como “ocupante del parque nacional Valle Nuevo y uno de los que practicó, estimuló y defendió usos agrícolas en el área protegida, incluyendo una porción de terreno de más de 200 tareas, que hasta el 2016 estuvo siendo cultivada de zanahorias”.
“¿Delinque y luego cobra?”
La Fundación Moscoso Puello, que es parte del Consejo cogestión de Valle Nuevo, expresó públicamente su posición sobre la indemnización a los agricultores desalojadas del área protegida: “El problema que causan estas compensaciones es que se retribuye a personas que ilegalmente ocuparon tierras privadas dentro de un parque nacional, talaron sus bosques productores de agua, contaminaron sus suelos y secuestraron los nacimientos de los sistemas acuáticos más caudalosos del Caribe. ¡Un verdadero crimen de lesa naturaleza! ¿Cuál es la lección que nos deja este acto de compensación? La retribución económica por los graves daños causados a los derechos difusos colectivos. ¡Delinque y luego cobra!”.
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El Senado de la República convirtió ayer en ley, a unanimidad, el proyecto de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos en la República Dominicana, acogiendo las más de 40 enmiendas que le hizo la Cámara de Diputados. La iniciativa legislativa ahora pasa al Poder Ejecutivo, donde se sopesará su promulgación u observación.
La pieza deja atrás más de 12 años de debates congresuales, y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, fue sancionada de manera unánime, y se le otorgó una categoría de ley orgánica.
Los senadores se reunieron horas antes para revisar más de 40 modificaciones y concluyeron en que las enmiendas mejoran mucho más la pieza. Esta norma se analizó en una comisión bicameral por espacio de año y medio y como punto más notable estuvo la eliminación de la retroactividad, por lo que, aplicará a partir de la fecha de promulgación.
El proyecto de ley de extinción de dominio resurgió de la fusión de dos iniciativas de la misma naturaleza, una del senador Antonio Taveras Guzmán, y el segundo proyecto presentado por los senadores Félix Bautista, Aris Yván Lorenzo y José del Castillo Saviñón.
Tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, sentar los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes decomisados, así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano.
La normativa también castiga la trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores (pornografía infantil), además, sanciona el tráfico ilícito de órganos humanos, secuestro, desfalco y estafa al Estado, así como la infracción relacionada con el terrorismo o su financiamiento.
La extinción de dominio es un procedimiento independiente y autónomo a lo penal, civil, administrativo arbitral, la misma no será obstáculo para iniciar un juicio en esta materia, por la existencia de cualquier otro proceso judicial.
Arma contra la corrupción
Antonio Taveras Guzmán, uno de los proponentes de esta iniciativa dijo que: “hemos logrado una ley que no da cabida a la impunidad del pasado ni del presente”.
Aseguró que esta ley tiene todas las vías necesarias para perseguir eficazmente los ilícitos que emanan de la corrupción.
Ricardo de los Santos expresó que todos los senadores deben sentirse orgullosos de que hoy se apruebe esta ley, que será una iniciativa que motivará a los jóvenes a trabajar con pulcritud y con transparencia, porque sancionará todo ilícito, la corrupción y el crimen orga- nizado.
De su lado, el senador representante de la provincia Monte Plata, Lenin Valdez, consideró que ha sido en la gestión 2020-2024 cuando se ha tenido la voluntad de dar al pueblo dominicano la anhelada ley de extinción de dominio.
La bancada de la Fuerza del Pueblo, encabezada por el vocero, Dionis Sánchez, manifestó que en proyectos de esta naturaleza se debe procurar siempre el consenso, en virtud de que la leyes perfectas son casi imposibles.
La ley en Palacio
De acuerdo con una fuente del Senado de la República, diez minutos después de que fuera aprobada la ley fue enviada al Poder Ejecutivo y será el presidente de la República, Luis Abinader, quien tendrá la responsabilidad de promulgarla u observarla.
EE.UU. la considera un avance
Horas más tarde de que el Senado aprobara este martes en única lectura el proyecto de ley de extinción de dominio, la Embajada de los Estados Unidos en el país apoyó la iniciativa, estima que es un paso de avance en la historia de la República Dominicana. A través de su cuenta de Twitter, la legación estadounidense expresó que el pueblo dominicano siempre ha exigido el fin del crimen organizado y la corrupción, por lo que dijo que el Congreso Nacional dio un paso de avance en esa dirección. “Los Estados Unidos siempre apoyará a quienes luchan por justicia y transparencia”, dijo.
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