Informaciones del Mundo
Un proyecto de ley propone que quienes incurran en el delito de las estafas piramidales, cuando existan circunstancias agravantes, puedan ser condenados a una pena privativa de liberta entre 10 a 20 años de prisión.
Según la autora de la pieza, presentada el pasado 14 de marzo, la senadora perremeista por el Distrito Nacional, Faride Raful, ésta tiene como propósito proteger los derechos y la dignidad de los ciudadanos, así como establecer medidas sancionadoras y condenas contra los autores, coautores o cómplices de este tipo de acciones ilegales.
“Con esta ley, se pretende erradicar estos esquemas engañosos que afectan a la economía y la seguridad social, y que suelen impactar de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, aquellos que depositan sus ahorros, sus esfuerzos de tantos años y su confianza en estafadores que solo buscan enriquecerse de manera ilícita, aprovechándose de un vacío legal en el ordenamiento actual”, expresó la congresista.
De acuerdo al artículo 6 del proyecto de ley, sobre las circunstancias agravantes, los autores del esquema piramidal clásico y del esquema piramidal financiero, definidos en esa pieza, serán sancionados con prisión de entre 10 y 20 años.
Para considerar esas circunstancias agravantes se deben dar cinco casos, citados en la iniciativa, entre los que figura que si quien comete esa infracción es una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones. Además, sin ser autoridad pública o encargada de un servicio público, pero que se prevalezca de esas calidades.
También, entre otra circunstancia agravante figura, que las víctimas de ese delito sean personas vulnerables; como envejecientes, enfermos o incapacitados, con deficiencia física o psíquica o embarazadas, siempre que esa situación sea evidente o conocida por el infractor.
Otra agravante sería que la estafa piramidal sea cometida por varias personas, que actúen como autores o cómplices, sin importar que formen o no una asociación de malhechores.
También, que el monto de los valores envueltos en el negocio sea igual o mayor a 500 salarios mínimos del sector público.
Entre las infracciones con repercusiones que plantea el proyecto figura, en el artículo 3, que será condenado de dos a cinco años de prisión menor y con multas de cinco a diez veces el valor del total de las operaciones realizadas, a aquella persona física o jurídica que incurra en actividades de intermediación financiera no autorizada. Iguales penas se impondrán a quienes incurran en el esquema piramidal clásico y en el esquema piramidal financiero.
También, iguales penas serían aplicadas para quienes intervengan o participen irregularmente en el mercado de valores, llamando a ofertas públicas de valores o cualquier otro tipo de actividad conexa debidamente regulada.
En el caso de los declarados cómplices de los delitos de esquema piramidal clásico y/o de esquema piramidal financiero serían sancionados con penas de cinco a 10 años de prisión, en cualquiera de las agravantes citadas con anterioridad.
El proyecto de ley define varios conceptos, entre éstos la estafa piramidal y los esquemas piramidal clásico y piramidal financiero.
La estafa piramidal es una disfrazada de aparente esquema de negocio que resulta fraudulento, mediante el que su autor o autores tienen por objeto reclutar a un gran número de personas de quienes se hacen entregar dinero haciéndoles promesas falsas de retornos a sus inversiones. Todo lo anterior sin la existencia de un negocio con sustento económico real demostrable que genere lo prometido para el retorno a la víctima en el corto y mediano plazo.
Además, define el esquema piramidal clásico como la estafa a una pluralidad de personas, disfrazado en aparente esquema de negocio, mediante el cual el dinero entregado en supuesta calidad de ganancia a las primeras víctimas se obtiene del dinero recibido por la captación de las nuevas víctimas que son reclutadas, ya sea por el autor o por la propia primera víctima.
Asimismo, establece que el esquema piramidal financiero es la estafa a una pluralidad de personas, disfrazado en aparente esquema de negocio de inversión en mercados financieros y de valores nacionales o internacionales, mediante el cual el dinero entregado en supuesta calidad de ganancia a las primeras víctimas se obtiene del dinero recibido por la captación de las nuevas víctimas que son reclutadas, ya sea por el autor o por la propia primera víctima.
El Ministerio Público asegura que el fallecido Emilio Rivas, exdirector de Bienes Nacionales, firmó el 95% de los acuerdos para pagos de expropiaciones a sabiendas que los mismos no cumplían con los requisitos legales y que sirvieron de instrumentos para la distracción de fondos del patrimonio público.
Los datos están contenidos en el documento de solicitud de allanamiento del Ministerio Público de la Operación Calamar.
“Emilio César Rivas Rodríguez (occiso) a la sazón director de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, quien firmó el 95% de los acuerdos para pagos de expropiaciones, a sabiendas que los mismos no cumplían con los requisitos legales, y que sirvieron de instrumentos para la distracción de fondos del patrimonio público, además recibió en soborno sumas millonarias como beneficio personal de sus actos criminales”, dice el Ministerio Público.
También en la parte dedicada a la presunta participación de los investigados en la Operación Calamar, el Ministerio Público señala a los exfuncionarios Donald Guerrero y José Ramón Peralta como las cabezas operativas de esa estructura.
“El investigado Donald Guerrero, en su condición de Ministro de Hacienda, en coalición con el investigado José Ramón Peralta, actuando desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, son las cabezas operativas de la estructura creada en las entrañas del Poder Ejecutivo, donde los investigados en su función de administradores públicos prevaricaron y se coalicionaron a los fines de desfalcar y estafar al Estado dominicano; de igual manera recibieron sobornos millonarios con el fin de enriquecerse ilícitamente y financiar ilícitamente la campana política del investigado Gonzalo Castillo”, asegura el Ministerio Público.
Por el caso Operación Calamar fueron detenidas al menos 16 personas, entre estas los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quien fue el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2020 luego de derrotar a Leonel Fernández en las internas de esa organización en octubre de 2019.
Además de los exministros, también fueron arrestados el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Igualmente, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
El Ministerio Público indicó que a los arrestados en Calamar se les acusa de manera preliminar de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros” que afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
Decenas de simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana se manifiestan esta mañana en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentran detenidos los exfuncionarios vinculados al entramado de corrupción Operación Calamar.
«Somos peledeístas y no tenemos miedo», «Gonzalo querido el pueblo está contigo» y «e’ pa’fuera que van», entre otras forman parte de las consignas de los manifestantes.
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https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/20/un-grupo-de-personas-en-una-plaza-frente-a-un-edificio-8cc60d84.jpeg
https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/20/un-grupo-de-personas-en-medio-de-una-multitud-de-gente-b740d933.jpeg
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que del 23 al 25 de marzo se realizarán cambios en algunas vías de tránsito de la ciudad de Santo Domingo, a propósito de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
De acuerdo con la información de la institución, las interrupciones serán de manera intermitente durante los tres días y comprenden varias calles de los sectores de Bella Vista, La Julia, Mata Hambre, Centro de los Héroes, Villa María, Zona Universitaria, Gazcue, Ciudad Nueva, Ciudad Colonial y Sans Soucí.
La institución llamó a la ciudadanía a evitar las zonas citadas y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de la Cumbre, a la vez que invitó a toda la ciudadanía a mantenerse informada de todos los detalles de cambios en las vías a través de sus redes sociales @intrant_rd.
Dentro de las medidas adoptadas para los días señalados, no se permitirá estacionamiento en los entornos previamente identificados, y se exhorta a los ciudadanos estar atentos a la recogida de basura al momento del camión pasar por su zona, de manera que la circulación de estos sea breve. Informó, además, que los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Disesett), brindarán asistencia especial para facilitar la movilidad y el tránsito en esos días.
Los cierres de tramos y vías se realizarán en coordinación con los comercios y residentes del entorno impactado y se recomienda a los capitalinos planificar sus salidas con el debido margen de tiempo, de acuerdo a sus necesidades de desplazamiento.
La Cumbre Iberoamericana es la reunión del más alto nivel político de los 22 países que conforman la Conferencia Iberoamericana, el espacio más importante de integración y cooperación de esta región. Estos países son: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
República Dominicana, como titular de la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, liderará el diálogo durante la Cumbre para lograr acuerdos que busquen enfrentar los principales retos y desafíos de la región, procurando a través de la cooperación el desarrollo y el camino hacia una Iberoamérica más justa y sostenible.
Un proyecto de ley propone que quienes incurran en el delito de las estafas piramidales, cuando existan circunstancias agravantes, puedan ser condenados a una pena privativa de liberta entre 10 a 20 años de prisión.
Según la autora de la pieza, presentada el pasado 14 de marzo, la senadora perremeista por el Distrito Nacional, Faride Raful, ésta tiene como propósito proteger los derechos y la dignidad de los ciudadanos, así como establecer medidas sancionadoras y condenas contra los autores, coautores o cómplices de este tipo de acciones ilegales.
“Con esta ley, se pretende erradicar estos esquemas engañosos que afectan a la economía y la seguridad social, y que suelen impactar de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, aquellos que depositan sus ahorros, sus esfuerzos de tantos años y su confianza en estafadores que solo buscan enriquecerse de manera ilícita, aprovechándose de un vacío legal en el ordenamiento actual”, expresó la congresista.
De acuerdo al artículo 6 del proyecto de ley, sobre las circunstancias agravantes, los autores del esquema piramidal clásico y del esquema piramidal financiero, definidos en esa pieza, serán sancionados con prisión de entre 10 y 20 años.
Para considerar esas circunstancias agravantes se deben dar cinco casos, citados en la iniciativa, entre los que figura que si quien comete esa infracción es una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio público, en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones. Además, sin ser autoridad pública o encargada de un servicio público, pero que se prevalezca de esas calidades.
También, entre otra circunstancia agravante figura, que las víctimas de ese delito sean personas vulnerables; como envejecientes, enfermos o incapacitados, con deficiencia física o psíquica o embarazadas, siempre que esa situación sea evidente o conocida por el infractor.
Otra agravante sería que la estafa piramidal sea cometida por varias personas, que actúen como autores o cómplices, sin importar que formen o no una asociación de malhechores.
También, que el monto de los valores envueltos en el negocio sea igual o mayor a 500 salarios mínimos del sector público.
Entre las infracciones con repercusiones que plantea el proyecto figura, en el artículo 3, que será condenado de dos a cinco años de prisión menor y con multas de cinco a diez veces el valor del total de las operaciones realizadas, a aquella persona física o jurídica que incurra en actividades de intermediación financiera no autorizada. Iguales penas se impondrán a quienes incurran en el esquema piramidal clásico y en el esquema piramidal financiero.
También, iguales penas serían aplicadas para quienes intervengan o participen irregularmente en el mercado de valores, llamando a ofertas públicas de valores o cualquier otro tipo de actividad conexa debidamente regulada.
En el caso de los declarados cómplices de los delitos de esquema piramidal clásico y/o de esquema piramidal financiero serían sancionados con penas de cinco a 10 años de prisión, en cualquiera de las agravantes citadas con anterioridad.
El proyecto de ley define varios conceptos, entre éstos la estafa piramidal y los esquemas piramidal clásico y piramidal financiero.
La estafa piramidal es una disfrazada de aparente esquema de negocio que resulta fraudulento, mediante el que su autor o autores tienen por objeto reclutar a un gran número de personas de quienes se hacen entregar dinero haciéndoles promesas falsas de retornos a sus inversiones. Todo lo anterior sin la existencia de un negocio con sustento económico real demostrable que genere lo prometido para el retorno a la víctima en el corto y mediano plazo.
Además, define el esquema piramidal clásico como la estafa a una pluralidad de personas, disfrazado en aparente esquema de negocio, mediante el cual el dinero entregado en supuesta calidad de ganancia a las primeras víctimas se obtiene del dinero recibido por la captación de las nuevas víctimas que son reclutadas, ya sea por el autor o por la propia primera víctima.
Asimismo, establece que el esquema piramidal financiero es la estafa a una pluralidad de personas, disfrazado en aparente esquema de negocio de inversión en mercados financieros y de valores nacionales o internacionales, mediante el cual el dinero entregado en supuesta calidad de ganancia a las primeras víctimas se obtiene del dinero recibido por la captación de las nuevas víctimas que son reclutadas, ya sea por el autor o por la propia primera víctima.
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El Departamento Aeroportuario (DA) informó que está todo listo para recibir a partir de hoy, el grueso de las delegaciones internacionales que comienzan arribar al país para participar en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Mediante comunicado, el DA explicó que se han hecho las coordinaciones de lugar […]
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La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), institución organizadora desde el 1984 de los Premios Soberano junto a la Cervecería Nacional Dominicana, entregará un Soberano Internacional al veterano salsero puertorriqueño Tito Nieves en la ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro Nacional Eduardo Brito este miércoles 22 de marzo de 2023. El Soberano […]
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Según el Ministerio Público la supuesta red de la Operación Calamar, encabezada por los exministros de hacienda, Donald Guerrero, obras públicas, Gonzalo Castillo y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta habría desviado fondos del Estado por más de 31 mil millones de pesos. Esto representa poco más del 50% del monto que asegura las […]
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