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Será este viernes cuando la Junta Central Electoral (JCE) arranque con la impresión de las boletas electorales para las elecciones municipales del 18 de febrero próximo.
Este jueves, el personal de la Dirección Nacional de Elecciones junto a los delegados de los partidos políticos realizaron los últimos ajustes para proceder con la confección de las boletas.
Los delegados de las organizaciones políticas iniciaron el pasado 5 de enero la revisión de las boletas de las alcaldías, siguiendo con los regidores y posteriormente con los directores de distritos y vocalías.
La JCE convocó para este viernes a las 3:00 p.m., a los delegados para el inicio de impresión de las boletas que serán impresas en la Zona Industrial de Herrera.
Para los comicios municipales se estarán imprimiendo alrededor de 17.8 millones de boletas electorales que se utilizarán en las elecciones del próximo 18 de febrero.
Dentro de los 17 millones de boletas se incluye una cantidad adicional de un 8 % entre todos los colegios para cubrir eventualidades con las boletas en los recintos.
Proceso minucioso
De acuerdo al delegado suplente de la Fuerza del Pueblo, Javier Ubiera, es normal que el proceso de la revisión de las boletas sea tan amplio debido a que es un proceso minucioso donde se debe verificar cada una de las demarcaciones donde convergen más de mil candidatos.
“Cada partido tiene que revisar que el nombre esté correcto, que las fotos estén correctas, que la vinculación de alianzas en las boletas esté correcta y, pues, regularmente, es un proceso en el que comúnmente tenemos algunas situaciones que corregir, que no son problemas sino situaciones que corregir”, explicó el delegado.
De su lado el delegado del Partido Reformistas Social Cristiano (PRSC) Tácito Perdomo, indicó que la JCE puede iniciar este viernes la impresión de las boletas ya que no se harán todas juntas y existen cuatro niveles de elección. “Entiendo que ya las boletas de los alcaldes, las vimos hace un par de día, se habrán hecho las correcciones de lugar, tenemos que verlas, sí se hicieron o no las correcciones y que pudiera comenzar hoy la impresión de esas boletas”, explicó.
Presionados por aprobar un paquete de proyectos con retraso, los congresistas encabezarán este viernes sesiones extraordinarias en el Senado y en la Cámara de Diputados para agilizar la sanción de las piezas legislativas.
Las sesiones están previstas para iniciar a las 11:00 a.m. y los legisladores tienen programado conocer una gruesa agenda con proyectos que están a punto de perimir si no se aprueban antes de la medianoche de este viernes, que es cuando concluye la legislatura ordinaria.
De acuerdo con la Constitución y los reglamentos congresuales, las legislaturas ordinarias deben tener una duración de 150 días en los que los legisladores deben estudiar y aprobar proyectos. Las iniciativas que se mantengan en el Congreso durante dos legislaturas sin ser aprobadas, quedarán registradas como perimidas.
Al término de la sesión de este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, adelantó que los legisladores buscan aprobar proyectos “que no sean tan controversiales”, de manera que los debates sobre las piezas no abarquen todo el tiempo de las sesiones y que, en cambio, los encuentros se aprovechen para aprobar una mayor cantidad de iniciativas.
De hecho, en las últimas sesiones de la Cámara de Diputados se han aprobado dos paquetes de resoluciones que totalizan alrededor de 40 proyectos sancionados. Para la sesión de este viernes, el órgano congresual tiene previsto aprobar dos grupos más de resoluciones y así agilizar decenas de piezas retrasadas.
También, la Cámara de Diputados gestionará la aprobación en segunda lectura del proyecto de ley de referendo, que quedó pendiente para una segunda discusión en la que se prevé que se harán todos los debates y modificaciones necesarias. También se aprobaría el régimen de inhabilidades para ejercer profesiones en las que estén vinculados menores de edad.
Senado
La agenda del Senado también estará dominada por los proyectos que están pendientes en la Cámara Alta, por lo que la sesión extraordinaria se enfocará en las iniciativas con retraso.
Pendientes
Una de las iniciativas que muere a la medianoche del 12 de enero es la pieza que busca reformar la Ley 87-01, que rige la seguridad social en el país y que ha sido uno de los grandes pendientes de la Cámara de Diputados.
A pesar de contar con un informe favorable, haber sido estudiado en una comisión especial bicameral y estar consensuado con todos los sectores que opinaron sobre el tema en una consulta pública, el proyecto aún está congelado en la Cámara de Diputados y sin grandes posibilidades de ser debatido.
También caducarían los proyectos para regular la práctica de béisbol en menores de edad, la ley que garantiza la enseñanza del inglés como segundo idioma en las escuelas, la normativa para implementar un botón antipánico y el proyecto que crearía el sistema Amber para personas desaparecidas en el país.
Sin legislatura extraordinaria
Aunque el Poder Ejecutivo tiene la facultad de convocar a legislatura extraordinaria mediante decreto, no se prevé que la posibilidad se materialice a horas de concluir la actual legislatura. El presidente de la Cámara de Diputados, enfatizó que aunque el Gobierno tiene la facultad exclusiva para abrir una legislatura extraordinaria, él ha conversado con el presidente Luis Abinader para descartar la posibilidad. En ese sentido, los legisladores tendrían una pausa legislativa de más de un mes. Reanudarán su trabajo el próximo 27 de febrero, empieza la última legislatura del actual período congresual que inició en agosto del 2020.
El pasado miércoles tres de enero fue apresado el propietario de la empresa inmobiliariaIndisarq, Emmanuel Rivera Ledesma, tras supuestamente estafar a más de 300 compradores de inmuebles. Además de él, dos de sus hijos, la esposa, una hermana y otras dos personas están involucrados en la alegada red desmantelada mediante la Operación Nido.
Pese a la cantidad de personas que fueron engañadas, según el documento de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, unas 16 adquirentes corrieron con la suerte de que se les entregaran sus apartamentos en el edificio Ruth Tower, ubicado en el ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este.
Diario Libreconversó con algunos de estos propietarios, quienes manifestaron que pretenden mudarse en los próximos dos días, ante el temor de que estos espacios sean incautados ante proceso judicial que existe en contra de Rivera Ledesma.
Uno de ellos, quien no quiso ser identificado, mostró varios de los apartamentos, a los cuales, en su mayoría, solo les faltan detalles de terminación. Expresó que el apartamento le fue entregado el seis de octubre del pasado año 2023 y que ha retrasado su mudanza por los arreglos que, a su gusto, está haciendo en la vivienda.
«Nosotros tenemos miedo con la fiscalía, porque si la fiscalía quiere incautar este edificio como cuerpo de delito y quieran quitarnos a nosotros los apartamentos, yo tengo 8 millones aquí, más lo que le he invertido, y no voy a dejar que me lo quiten», precisó al indicar que tiene un abogado involucrado en el proceso para evitar esa situación.
Edificio Ruth Tower, en el Ensanche Isabelita, SDE. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)
Comentó que se enteró del proyecto en el año 2019, buscó asesoría de alguien y cerró contrato con el imputado en el caso Reilin Arismendy Rosario García, el cual cooperó durante audiencias con el Ministerio Público.
Sostuvo que el apartamento debió ser entregado en el 2021, sin embargo, tras la llegada del COVID-19 al país, el proyecto presentó un atraso y le fue entregado el día seis de octubre del año pasado. Fuera de eso, precisó que nunca tuvo inconvenientes con los contratista.
Precisó que, hasta el momento, no se ha presentado nadie a su apartamento ni ha tenido conocimiento de que en el edificio se hayan vendido la misma vivienda a diferentes compradores.
Empleados de Rivera Ledesma siguen trabajando
Pese al proceso judicial que existe en contra del empresario, los trabajadores de Rivera Ledesma continúan realizando sus labores y aseguran que lo seguirán haciendo.
En el edificio habían albañiles, electricistas y otros trabajadores de la empresa Indisarq, dando los toques finales a los apartamentos.
Algunos de los propietarios del edificio Ruth Tower aseguran que los querellantes que se manifestaron en contra de Emmanuel y demás imputados, mienten al indicar que fueron estafados. Aseguran que sí hubo un atraso en la entrega, pero que siempre los contratistas les dieron la cara.
Precisó que el inconveniente se dio luego de que estos no aceptaran el atraso y querían que les devolvieran su dinero, a lo que supuestamente Emmanuel nunca se negó. Lo único que el imputado le estaba cobrando la penalidad que indica el contrato por abandono del proyecto. Además, según explicó uno de los propietarios, en una cláusula del contrato establece que se les devolvería el dinero cuando el apartamento sea vendido a otro comprador.
Abogado Félix Porte, quien representa a Emmanuel Rivera Ledesma. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)
El abogado de la defensa de los implicados en la supuesta red de estafainmobiliaria desmantelada mediante la Operación Nido reconoció este martes que su cliente incumplió el contrato que asumió con las personas que lo contactaron para adquirir una vivienda y calificó a los querellantes de «víctimas».
Previo a la audiencia donde se conocería la solicitud de medida de coerción a Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado en el caso, y a los demás imputados, el abogadoFélix Portes respondió a los querellantes, quienes le vociferaban improperios y lo acusaron de ser «abogado de delincuentes».
«Ustedes son víctimas. Ese el único consejo que yo le he dado, que tiene que pagarle obligatoriamente sin cobrarles penalidad. El único abogado que ha hecho que se paguen 600 mil dólares sin cobrarle a ustedes soy yo, querían imponerle penalidad y yo le dije a él que negativo, que el no podía cobrarle penalidad a ninguno de ustedes, porque el que estaba en incumplimiento era él», dijo Portes a una de las querellantes.
Una de las personas que se ha querellado contra esta supuesta red, cuestionó a Portes por las supuestas amenazas que éste le realizaba a su hija por publicar la situación en redes sociales, a lo que este le indicó que no la conocía.
La «estafa» millonaria
El Ministerio Público establece que la presunta estafa realizada por la red desmantelada mediante la denominada Operación Nido asciende a más de 700 millones de pesos.
En la solicitud de medidas de coerción, el órgano persecutor dice que solo en entidades financieras los miembros de la estructura captaron RD$485,619,386.90. Agrega, además, que muchos clientes pagaban en efectivo.
De las 300 personas, unas 200 han presentado querella formal. Indicó que tienen más de 200 elementos de pruebas, entre las cuales están las testimoniales, periciales y financieras, entre otras.
Amenazas y acusados
Varias de las personas que pretendían cumplir el sueño de tener una vivienda propia a través del proyecto que les ofertaban eran amenazados e intimidados por Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, teniendo la certeza de que saldrían sin lograr nada, según el Ministerio Público.
Además de Rivera Ledesma, el Ministerio Público acusa a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (hijo), María Gabriela Rivera Pichardo (hija), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa de Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (hermana) y Juan Omar Rosario López.
Asimismo, están las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados, las compañías creadas por Ledesma Rivera. También, Grupo Wimar SRL y Auto Xperts AFM.
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El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este jueves medidas de coerción a los siete implicados en la supuesta red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante la Operación Nido.
Emmanuel Rivera Ledesma, principal señalado en la estafa, le fue impuesta la prisión preventiva de 18 meses en la cárcel Najayo-Hombres. El magistrado declaró el caso complejo.
También dispuso prisión preventiva contra el hijo de Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo; la hermana del principal señalado, Mirna Catalina Rivera Ledesma y el financiero del proyecto, Juan Omar Rosario López.
Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García, quien colaboró con el Ministerio Público.
En tanto, María Gabriela Rivera Pichardo (hija de Rivera Ledesma) y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa)tienen coerción de garantía económica a través de una compañía asegura, usar localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.
La fiscal Sourelly Jáquez dijo que hay 199 querellantes afectados por la supuesta estafa inmobiliaria. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
199 querellantes
Los procuradora fiscal Sourelly Jáquez valoró la decisión del juez. Manifestó que el Ministerio Público aportó pruebas periciales y documentales suficientes.
«Hay aproximadamente cinco vendedores inmobiliarios que están siendo interrogados», reveló Jáquez.
El Ministerio Público ratificó que han sido 199 el número de querellantes formales y que las víctimas sobrepasan las 300.
El pasado 3 de enero, el órgano acusador puso en marcha la Operación Nido, con la cual quedó desmantelada una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
En el despliegue de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación realizada por las autoridades arrojó que la supuesta red criminal utilizó las empresas Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
El Misterio Público dijo que ocupó evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este jueves medidas de coerción a los siete implicados en la supuesta red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante la Operación Nido.
Emmanuel Rivera Ledesma, principal señalado en la estafa, le fue impuesta la prisión preventiva de 18 meses en la cárcel Najayo-Hombres. El magistrado declaró el caso complejo.
También dispuso prisión preventiva contra el hijo de Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo; la hermana del principal señalado, Mirna Catalina Rivera Ledesma y el financiero del proyecto, Juan Omar Rosario López.
Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García, quien colaboró con el Ministerio Público.
En tanto, María Gabriela Rivera Pichardo (hija de Rivera Ledesma) y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa)tienen coerción de garantía económica a través de una compañía asegura, usar localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.
La fiscal Sourelly Jáquez dijo que hay 199 querellantes afectados por la supuesta estafa inmobiliaria. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
199 querellantes
Los procuradora fiscal Sourelly Jáquez valoró la decisión del juez. Manifestó que el Ministerio Público aportó pruebas periciales y documentales suficientes.
«Hay aproximadamente cinco vendedores inmobiliarios que están siendo interrogados», reveló Jáquez.
El Ministerio Público ratificó que han sido 199 el número de querellantes formales y que las víctimas sobrepasan las 300.
El pasado 3 de enero, el órgano acusador puso en marcha la Operación Nido, con la cual quedó desmantelada una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
En el despliegue de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación realizada por las autoridades arrojó que la supuesta red criminal utilizó las empresas Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
El Misterio Público dijo que ocupó evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
