Informaciones del Mundo
Miami.- Las autoridades arrestaron el lunes a un hombre en las afueras de la vivienda de Shakira en Miami Beach acusado de acosar a la cantante colombiana a través de las redes sociales y enviándole regalos. Daniel John Valtier, de 56 años, enfrenta un cargo de acoso por publicaciones en las redes sociales sobre la […]
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Hugo Beras, quien solicitó una licencia tras el escándalo que generó el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, no pudo asistir a la citación que estaba pautada para este martes en la Fiscalía del Distrito Nacional, debido a que tiene COVID-19. Así lo informó su representante legal, Laura Acosta, quien presentó […]
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Chanel Rosa Chupani, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), explicó que el suministro de medicamentos gratuitos a las personas que tengan el seguro subsidiado de Senasa, anunciado por el presidente Luis Abinader como una novedad es una acción que viene aplicándose desde hace algún tiempo. “Desde el año 2002, cuando […]
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Por segundo año consecutivo Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, encabezó con un 73 por ciento de aprobación y con la más baja tasa de rechazo (10 %), en el ranking publicado por la firma encuestadora Sondeos a imagen actual de valoración positiva y rechazo de los alcaldes de las capitales de los países del […]
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El Poder Ejecutivo devolvió este martes al Congreso Nacional el proyecto de ley que reformaría la Cámara de Cuentas, una pieza que se aprobó en julio en la Cámara de Diputados con la intención de disminuir los conflictos internos en la institución y que estaba pendiente de promulgación.
En las observaciones, el presidente Luis Abinader enumeró una serie de cambios al proyecto que aprobaron los legisladores y propuso modificaciones para evitar enfrentamientos entre los cinco miembros titulares del Pleno de la Cámara de Cuentas, así como el endurecimiento de las penas a los funcionarios que cometan corrupción.
A mediados del 2023, los actuales titulares de la Cámara de Cuentas protagonizaron un conflicto en el que se acusaban de usurpar funciones y, en ese orden, el Poder Ejecutivo propuso eliminar el párrafo dos del artículo 30 del proyecto de ley, que daba poder a los miembros del Pleno para abrir sesiones ordinarias en caso de que el presidente del órgano fiscalizador se niegue a encabezar las reuniones.
Asimismo, el Gobierno sugiere cambiar el artículo 31 del proyecto para que las sesiones sólo sean legítimas si están presentes tres de los cinco miembros titulares, mientras que en las extraordinarias deberán estar presentes cuatro funcionarios. El proyecto de los legisladores exponía que las sesiones debían contar con la presencia de la mitad más uno de los miembros del Pleno.
También, las observaciones del Ejecutivo formulan más cambios en las sesiones de la Cámara de Cuentas para que las resoluciones de los encuentros registren los votos de cada miembro titular y para que el voto del presidente en cualquier tema sea decisivo en caso de empate.
Otra modificación expuesta al proyecto de ley establece que la agenda de las sesiones en la Cámara de Cuentas podrá ser modificada con el voto favorable de tres miembros titulares. La iniciativa aprobada por los congresistas dejaba abierto el concepto y disponía que el orden del día podía de las sesiones podría ser cambiado por las dos terceras partes de los miembros.
Uno de los puntos que desató el conflicto en el actual Pleno de la Cámara de Cuentas fue la posibilidad de que órganos nacionales e internacionales puedan revisar las actuaciones de la institución fiscalizadora. La propuesta la expuso el presidente de la entidad, Janel Andrés Ramírez, quien denunció que los demás miembros titulares rechazaron su sugerencia.
En ese sentido, el Gobierno agregó un numeral al artículo 41 del proyecto de ley de Cámara de Cuentas para que las funciones del presidente de la institución incluyan la aprobación de firmas de convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales para verificar e inspeccionar las actuaciones del Pleno auditor.
En su parte final, la observación del Poder Ejecutivo aumenta de cuatro a 31 las infracciones administrativas establecidas en el proyecto de ley y propone el endurecimiento de las consecuencias para quienes violen la normativa.
En ese orden, atendiendo a la gravedad del ilícito cometido, un funcionario podría pagar multas de hasta mil salarios mínimos y enfrentar un proceso penal en su contra si comete abuso de autoridad, recibe sobornos, contrae compromisos personales a nombre la entidad que dirige, recaudar ilegalmente recursos del Estado, exigir sumas de dinero no previstas en la ley, no investigar las faltas de sus subalternos y no depositar en cuentas bancarias oficiales los recursos que ingresen a su institución.
Además, se considerarían infracciones firmar cheques en blanco, aprobar asientos contables falsos, utilizar fondos públicos para beneficios personales o negar la colaboración a auditores gubernamentales.
Los cambios propuestos por el Gobierno deberán ser estudiados por la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas, según acordó el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión de este martes.
El Poder Ejecutivo devolvió este martes al Congreso Nacional el proyecto de ley que reformaría la Cámara de Cuentas, una pieza que se aprobó en julio en la Cámara de Diputados con la intención de disminuir los conflictos internos en la institución y que estaba pendiente de promulgación.
En las observaciones, el presidente Luis Abinader enumeró una serie de cambios al proyecto que aprobaron los legisladores y propuso modificaciones para evitar enfrentamientos entre los cinco miembros titulares del Pleno de la Cámara de Cuentas, así como el endurecimiento de las penas a los funcionarios que cometan corrupción.
A mediados del 2023, los actuales titulares de la Cámara de Cuentas protagonizaron un conflicto en el que se acusaban de usurpar funciones y, en ese orden, el Poder Ejecutivo propuso eliminar el párrafo dos del artículo 30 del proyecto de ley, que daba poder a los miembros del Pleno para abrir sesiones ordinarias en caso de que el presidente del órgano fiscalizador se niegue a encabezar las reuniones.
Asimismo, el Gobierno sugiere cambiar el artículo 31 del proyecto para que las sesiones sólo sean legítimas si están presentes tres de los cinco miembros titulares, mientras que en las extraordinarias deberán estar presentes cuatro funcionarios. El proyecto de los legisladores exponía que las sesiones debían contar con la presencia de la mitad más uno de los miembros del Pleno.
También, las observaciones del Ejecutivo formulan más cambios en las sesiones de la Cámara de Cuentas para que las resoluciones de los encuentros registren los votos de cada miembro titular y para que el voto del presidente en cualquier tema sea decisivo en caso de empate.
Otra modificación expuesta al proyecto de ley establece que la agenda de las sesiones en la Cámara de Cuentas podrá ser modificada con el voto favorable de tres miembros titulares. La iniciativa aprobada por los congresistas dejaba abierto el concepto y disponía que el orden del día podía de las sesiones podría ser cambiado por las dos terceras partes de los miembros.
Uno de los puntos que desató el conflicto en el actual Pleno de la Cámara de Cuentas fue la posibilidad de que órganos nacionales e internacionales puedan revisar las actuaciones de la institución fiscalizadora. La propuesta la expuso el presidente de la entidad, Janel Andrés Ramírez, quien denunció que los demás miembros titulares rechazaron su sugerencia.
En ese sentido, el Gobierno agregó un numeral al artículo 41 del proyecto de ley de Cámara de Cuentas para que las funciones del presidente de la institución incluyan la aprobación de firmas de convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales para verificar e inspeccionar las actuaciones del Pleno auditor.
En su parte final, la observación del Poder Ejecutivo aumenta de cuatro a 31 las infracciones administrativas establecidas en el proyecto de ley y propone el endurecimiento de las consecuencias para quienes violen la normativa.
En ese orden, atendiendo a la gravedad del ilícito cometido, un funcionario podría pagar multas de hasta mil salarios mínimos y enfrentar un proceso penal en su contra si comete abuso de autoridad, recibe sobornos, contrae compromisos personales a nombre la entidad que dirige, recaudar ilegalmente recursos del Estado, exigir sumas de dinero no previstas en la ley, no investigar las faltas de sus subalternos y no depositar en cuentas bancarias oficiales los recursos que ingresen a su institución.
Además, se considerarían infracciones firmar cheques en blanco, aprobar asientos contables falsos, utilizar fondos públicos para beneficios personales o negar la colaboración a auditores gubernamentales.
Los cambios propuestos por el Gobierno deberán ser estudiados por la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas, según acordó el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión de este martes.
Sin apartamento, con una deuda económica de miles de pesos y el sueño tronchado de vivir en un apartamento digno, es lo que vive Mario Pérez, uno de las víctimas que resultaron afectados por la venta engañosa de inmuebles, por supuestamente Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados. «Esto ha sido un proceso fuerte, yo […]
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El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, llamó a fijar atención sobre la alarmante cantidad de armas de fuego que se están utilizando para la comisión de crímenes y delitos y sugirió unir fuerzas para enfrentar el problema. Bonilla se refirió al preocupante tema al ofrecer las palabras de cierre en la misa de acción […]
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció en un decreto la existencia de un «conflicto armado interno» en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones milites «bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humano».
«He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno«, escribió Noboa en un mensaje en su cuenta X (antes Twitter) en la que apuntó que ha identificado a grupos del crimen organizado trasnacional «como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes».
Entre ellos enumeró a «Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones».
Y agregó que ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos.
Noboa firmó el decreto en momentos de gran tensión en el país por estallidos de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestro de policías y retención de agentes de las penitenciarías en las propias cárceles.
En la televisión se observó en directo cuando los encapuchados sometían al personal y luego se escucharon disparos y gritos, hasta que llegó la Policía.
La Policía indicó en sus redes sociales que evacuaron a las personas de la zona «a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden».
Mientras tanto, instituciones como la Universidad de Guayaquil y varios locales comerciales en Quito cerraron sus puertas ante el temor por la violencia.
Francisco Ureña Fernández se encadenó este martes frente a la gobernación provincial de Dajabón en demanda del pago de unos terrenos que dice que les pertenecen, ubicados en el sector “La Sal”, los que fueron declarados de utilidad pública por el gobierno, ya que están cerca de la construcción del muro fronterizo.
Él y sus acompañantes, en representación de las familias Ureña, Canela y Fernández Franco, solicitaron al presidente Luis Abinader que ordene el pago de lo que le corresponde, equivalente a RD$500 por cada metro cuadrado de terreno, como en el caso de los demás propietarios.
Asimismo, indicó que las autoridades le están ofreciendo el pago de RD$15 por metro cuadrado, costo inferior a lo que les corresponde.
Además, de Ureña Fernández, Pedro Ramírez Canela y Johanny Ramírez se quejaron de la falta de competencia de las autoridades para resolver los problemas de los ciudadanos.
“Protestando hoy, porque si vienen a inaugurar el muro, el reclamo será mucho mayor y afectaría ese acto”, enfatizó Peña Fernández, una de las personas afectadas.
Añadió: “Solo les pedimos al Ministerio de Obras públicas y Bienes Nacionales el pago de los terrenos, pero que sea lo justo”,
Asimismo, manifestó que se mantendrá en el lugar hasta tanto se cumpla con lo acordado, ya que inicialmente realizaban los pagos de estos terrenos a RD$500 pesos el metro cuadrado, pero luego ofrecieron un monto menor, por lo que no firmarán el documento para tales fines.
Los manifestantes comentaron que, pese a que la manifestación inicio en la mañana de este martes, ninguna autoridad, incluyendo la gobernadora Rosalba Peña, se les ha acercado para conocer su situación.
