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No era “la” fugitiva más buscada, como ha llegado a afirmar la prensa española, pero a partir de julio de 2022 el nombre de Francelys María Furcal pasó a engrosar la lista de prófugos de la justicia. Tres meses antes, el 22 de abril, había dado muerte al comerciante chino Chen Zongxin, de 34 años. Lapso durante el cual, apoyada en una red familiar dispuesta a salvarla de la cárcel, inició un periplo que la llevó hasta Madrid.
Identidad falsa, un cambio no tan radical de imagen y su radicación posterior en el distrito madrileño de Tetuán, conocido como “el pequeño Caribe”, le permitieron permanecer en libertad durante más de un año. Si el propósito era camuflar su presencia, Tetuán le vino como anillo al dedo. Nada en ella desentonaba. Ni el color de la piel, ni el acento, ni las palabras con sílabas cortadas. Ni que solo saliera por las noches, cual vampira, y evitara la intimidante luz del día.
En Tetuán tampoco llamaba la atención su cabelloteñido de un rojo violento para enmarcar una cara de tez mulata. Este distrito de la capital española, y específicamente su barrio Cuatro Caminos, es territorio criollo, con más sombras que claridades. Su mala fama, posiblemente con mucho de prejuicio, es proporcional a la numerosa migración dominicana que en él se asienta. La pandilla “Los Trinitarios” y los conciertos de Rochy RD, que ponen en máxima tensión a la policía madrileña, se han dedicado con esmero a validar el sambenito.
La cámara colocada en el negocio ferretero para vigilar a los empleados y prevenir los hurtos de terceros, sirvió en ese abril para captar los cinco minutos transcurridos desde que Francelys María Furcal reaccionara a una agresión física de su empleador hasta el momento en que numerosas personas comienzan a congregarse alrededor del agonizante mientras ella huye.
En otro video, filmado el 15 de enero, un año y casi nueve meses después de la mañana que la convirtió en homicida, Francelys María Furcal aparece tratando de escapar nuevamente a un destino indeseado. Posiblemente la calidad de la grabación, de tres minutos y medio, distorsione el cromatismo de la escena. Vestida enteramente de negro en un espacio dominado por el blanco, su imagen frente al micrófono del tribunal es una metáfora. En el imaginario occidental, el negro traduce la villanía, el mal, la oscuridad. El blanco es lo inverso. Quizá porque está convencida de que ella encarna al primero, la Fiscalía española defendió su extradición a la República Dominicana, lugar al que ella no quiere volver.
Con voz entrecortada, Francelys María Furcal no alegó lo inalegable. Admitió haber “hecho mal” segándole la vida a Chen Zongxin, un hombre que prevalecido en su poder frente a los subalternos prodigaba maltratos físicos y verbales. Como si anticipara el cuestionamiento, fue clara en las razones por las cuales no abandonó su puesto en la Ferretería Z&C, en el tan populoso como pobre ensanche Luperón: madre soltera, tiene tres hijos a los que darles de comer. Renunciar al trabajo para eludir el maltrato no fue nunca una opción.
Con la solicitud de asilodenegada y ahora objeto de un recurso de revisión, y frente a una Fiscalía que tampoco otorga peso a la alegación sobre el riesgo a morir a manos de vengadores, es previsible que no escape a la extradición como pudo escapar del país con el concurso de los suyos más íntimos. Si así lo decide la justicia, convencida de que sus alegatos no encajan en el marco jurídico español, la metáfora de ella frente al micrófono habrá dejado de serlo para convertirse en la realidad que teme.
La otra cara de la moneda
La imagen de Carmen Jiménez en la foto policial es la antítesis de la implorante Francelys María Furcal. Con la barbilla en alto, la mujer que torturó a su sobrino de ocho años hasta matarlo, entrecierra los ojos a la cámara. Hay algo desafiante en ella, como si el crimen cometido y las consecuencias predecibles pusieran a prueba una entereza que quiere mantener a toda costa.
En el interrogatorio al que fue sometida, detalla minuciosamente las sevicias infligidas al niño. Golpes, heridas con un machete, desprendimiento de los dientes, violación anal con un hierro como castigo por no controlar sus esfínteres… Ninguna crueldad le pareció suficiente y las practicó todas. El día de su muerte, el pequeño sufrió nuevos maltratos. Atacado por las náuseas, padeció la violenta introducción de los dedos de la mujer en su garganta para obligarlo a vomitar. Sus súplicas de que no continuara le valieron de nada. Poco después, dejaba de respirar.
Carmen Jiménez no intentó escapar. Las evidencias del crimen determinaron su casi inmediato apresamiento. Tampoco rehuyó la confesión ni economizó detalles, por muy tétricos que fuesen. Sólo alegó, no está claro si en su defensa, que el pequeño la “sacaba de quicio”.
El caldo de cultivo
Dos crímenes. Dos mujeres. La publicidad de ambos casos, centrada en sus protagonistas, bloquea pensar en el los respectivos contextos. El procesojudicial, que tiene reglas ajenas a los legos, determinará el curso de uno y otro. Cuando las sentencias sean leídas, o muy posiblemente antes, los casos serán olvidados sin provocar ningún cambio en la mirada colectiva sobre la realidad social que los produjo.
El crimen cometido por Francelys María Furcal no habrá servido para que la sociedad y las autoridades laborales se detengan en el aspecto que desencadenó los hechos: la violencia en el lugar de trabajo. Pese a la amenaza de despido, y bajo la condición del anonimato, empleados de la ferretería relataron en su momento las frecuentes vejaciones sufridas. Quizá en el caso de Francelys María Furcal, esta violencia, captada en el video, no sea un eximente, de eso saben los jueces y los abogados. Pero la evidencia debió preocupar al Ministerio de Trabajo y poner a la sociedad a debatir la calidad de las relaciones laborales en el país. Nada entonces, nada ahora, ¿nada nunca?
La impiedad que provocó la muerte de un inocente tampoco servirá de mucho, si es que sirve de algo. La violencia goza de óptima salud en la sociedad dominicana. Cuando llega a los extremos alcanzados por Carmen Jiménez, se echa mano a los anteojos de la demonización del victimario, y todos tranquilos. Al fin y al cabo, el 57 % de los padres y madres consideran el maltrato físico un método correctivo enlistado en sus prerrogativas. Para más inri, han encontrado hasta hoy el favor del legislador, opuesto a tipificarlo como delito en el zarandeado proyecto de Código Penal.
Dos crímenes. Dos mujeres. Y una sociedad que viraliza a Yailin con unción ritual.
Cuando el proyecto de ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia se debatió en el Congreso, los legisladores opositores dieron el visto bueno y la pieza fue aprobada y convertida en la Ley 1-24. Pero en la actualidad, el Poder Ejecutivo ha recibido críticas de parte de algunos sectores, incluyendo a congresistas que dijeron sí.
A esos opositores, el presidente Luis Abinader les recordó que la ley fue aprobada en consenso por todos los partidos en el Congreso, donde la pieza duró dos años en debates.
“Entonces, los mismos que la aprobaron, los mismos -cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en la Cámara de Diputados, diciendo que la aprobaban- ahora, entonces están diciendo que no están de acuerdo”, dijo el jefe de Estado en LA Semanal.
En ese sentido, a esos políticos les indicó: “Dejemos esa politiquería, esa hipocresía”. Expuso que cualquier preocupación que tengan, incluyendo al sector de la prensa, será atendida.
Reunión de la SDD
Precisamente, ayer la Sociedad Dominicana de Diarios sostuvo su primer encuentro con representantes del gobierno para tratar las ambigüedades que los directivos de la prensa han señalado en la recién promulgada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En la reunión estuvieron presentes, por parte del gobierno, el consultor jurídico, Antoliano Peralta, y el director de la DNI, Luis Soto. Por la SDD, su presidente Persio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario, el vicepresidente Aníbal de Castro, presidente de Diario Libre y el asesor Jurídico Manuel Tapia López.
«La forma ambigua en que está redactada la ley se constituye un riesgo… pudiera generar abusos de poder»Persio MaldonadoPresidente de la SDD“
Maldonado explicó que esta primera interacción con el gobierno sirvió para trazar la ruta de los demás encuentros que se llevarán a cabo los días 30, 31 de enero y 1 de febrero.
“La formaambigua en que está redactada la ley se constituye un riesgo. No da límite a la imaginación, cualquier funcionario interpretando la ley a su manera pudiera generar abusos de poder y eso hay que evitarlo”, expresó Maldonado.
La SIP cuestiona
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las implicancias para la libertad de prensa y las fuentes confidenciales de información que acarrea la ley recientemente aprobada en República Dominicana.
El presidente de la SIP, Roberto Rock, director de La Silla Rota, México, dijo: “Si bien reconocemos la importancia de las leyes de seguridad nacional para proteger los intereses y las instituciones del Estado frente a la amenaza del terrorismo, una regulación tan amplia que obligue a instituciones privadas, como los medios de comunicación, a entregar todas las informaciones que se requieran, puede tener implicancias negativas sobre la confidencialidad de las fuentes periodísticas y el derecho a la privacidad”.
El artículo 8 de la Declaración de Salta de la SIP estipula que “las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y deben permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado. También deben respetar el derecho de las personas al anonimato”.
Defensor advirtió
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa hizo, desde octubre pasado, varias observaciones a la cuestionada Ley 1-24, en las que advertía sobre las indefiniciones de las que adolece el texto legal, y la vulneración de derechos fundamentales que se advierte en su artículo 11.
En una comunicación que envió al presidente del Senado el pasado 18 de octubre de 2023, un mes y tres semanas antes de que la Cámara Alta decidiera su aprobación, Ulloa planteó definir los principios de actuación específicos de la comunidad de inteligencia nacional, debido a que no se contemplaba en la entonces propuesta de ley.
Aunque en la carta se hace referencia al artículo 4, en la Ley vigente se trata del artículo 10 que dice que el DNI ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto de los derechos fundamentales, “bajo los principios de eficacia, necesidad, idoneidad, especialización, proporcionalidad y coordinación”, pero sin detallar en qué consiste cada uno.
En lo referente a uno de los aspectos más cuestionados de la legislación, que es la obligación que tiene toda persona física o jurídica de entregar información a la recién crea dirección, en las condiciones planteadas en el artículo 11 y si previa autorización de un juez, Ulloa dijo que se requerían mayores definiciones de alcance y limitaciones.
“Debe ajustarse a lo establecido por el Código Procesal Penal en esta materia, así como las limitaciones clásicas”, planteó.
FP: diputados “no la leyeron”
El vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo aseguró que legisladores de todos los partidos votaron a favor de la ley 1-24 por la premura con la que se introdujo el proyecto y porque no conocían los alcances de la pieza legislativa. “Como fue el último día y las recomendaciones de nosotros fueron técnico-jurídicas, algunos diputados de todos los partidos votaron a favor de ella… Incluso porque no conocían los alcances”, dijo. Crespo afirmó que los legisladores oficialistas descartaron las observaciones en las que se cuestionaron las potestades, en ese momento, al proyecto de ley y los peligros de inconstitucionalidad que podría representar la eventual norma.
Organizaciones acuden al TC.Tribunal Constitucional
Interponen recurso contra ley en Tribunal Constitucional
A siete días de ser promulgada por el Poder Ejecutivo y en medio de un amplio rechazo de actores políticos y sociales, la nueva ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tocó las puertas del Tribunal Constitucional.
Un recurso de amparo y de inconstitucionalidad fue interpuesto este lunes por miembros de organizaciones sociales y el Partido Generación de Servidores.
Priyanka Rodríguez, representante de la Fundación RD Inclusiva, precisó que están solicitando que se declare inconstitucional la Ley 1-24 o en defecto que se emita una enmienda para eliminar los artículos 9,11 y 26.
La abogada Carmen Orozco Martínez manifestó que además del recurso ante el TC depositarán una acción de amparo de extrema urgencia en el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
El candidato presidencial del partido Generación de Servidores, Carlos Peña, se sumó a los intentos para que la ley sea declarada “nula de pleno derecho y revocada” en todas sus partes.
Este lunes, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández catalogó la recién aprobada ley 1-24 como “el mayor retroceso para el país” y anunció que acudirá al TC.
Calificó de muy “grave” que la ley otorgue todo el poder para intervenir lo público, privado, negocios, personas físicas y lo individual sobre una sola persona, en alusión al presidente Luis Abinader. “Yo digo que tiene más atribuciones que la CIA, que el FBI y que la KGB en tiempo de la Unión Soviética y que el Mossad de Israel. A una persona no se le puede otorgar tanto poder, eso no es posible”, destacó Fernández.
El presidente Luis Abinader aclaró este lunes que la salida del asesor del Gobierno para la reforma policial, José –Pepe- Vila del Castillo, se debió a que cumplió su tiempo en ese cargo. Sin embargo, el mandatario indicó que Vila seguirá trabajando con la Policía. «El contrato con Pepe Vila venció el 15 de enero. […]
Conforme avanzan los días para las elecciones municipales del 18 de febrero, los principales partidos políticos mantienen su preocupación por algunas debilidades detectadas en el proceso establecido para el escrutinio.
Esto ocurre tras la segunda prueba de cómputo realizada por la Junta Central Electoral (JCE) a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos (EDET) el pasado sábado. Las mayores preocupaciones las tienen los partidos de oposición.
Las mayores preocupaciones las tienen los partidos de oposición, los cuales insisten en la demanda de que se les entregue el informe de la auditoría que realizó el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), en la cual se revelaron serias debilidades.
El delegado suplente de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la JCE, Javier Ubiera, aseguró que volvieron a constatar la deficiente seguridad del sistema en varios puntos.
“Se repite lo que es la baja seguridad del sistema y algunos puntos que están establecidos que no funcionaron correctamente y que son métodos de seguridad, como son el método de la firma de los miembros de los colegios”, destacó.
Se ha establecido que el acta debe ser firmada por un mínimo de tres miembros del colegio, pero en algunos casos este documento pasó sin ser firmado por la cantidad de miembros recomendada o sin firma.
Afirmó que persiste el pobre desenvolvimiento en el manejo de los equipos EDET de los técnicos de la JCE.
PRM
El delegado suplente ante la JCE del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Dionicio de los Santos, indicó que esta nueva prueba superó en un 90 % al primer simulacro, pero que se deben subsanar algunos detalles.
Indicó que las solicitudes de mejoras hechas por el PRM fueron remediadas en más de un 90 %.
Sobre la capacitación de los técnicos, de los Santos señaló que la JCE no hizo mejoras, pero que, debido a que fue el mismo personal que repitió la prueba, se notó mayor agilidad.
Coincidió con la FP en lo referente al problema de que las actas pasan con menos firmas de las requeridas.
“Cuando le pedimos que el acta de resultados sea escaneada, hay un protocolo para lo mismo, de que debe contar con la firma mínima de los miembros del colegio y, en algunos de los casos, pasa con dos. Fueron de las cosas que le planteamos a la JCE que debe subsanar y creo que no es una cosa del otro mundo”, dijo De los Santos.
Aseguró que, por parte del PRM, hay plena confianza en el proceso y en el uso de los equipos.
Conteo automatizado
El delegado del Partido Reformista Social Cristiana (PRSC) en la JCE, Tácito Perdomo, solicitó cambios en el proceso de escrutinio de los votos que se pretende implementar debido a la facilidad con que, considera, podrían manipularse los resultados.
El PRSC ve preocupante que el conteo y registro de las boletas se haga de manera manual y los números sean introducidos en la máquina por el secretario de la mesa electoral. Su propuesta es que la JCE adquiera equipos que puedan escanear y contabilizar los votos.
“El PRSC a lo que se opone es a todos los pasos que hay previo ese momento automatizado. Hay una serie de medidas manuales que nos acuerdan la época del palito”, acotó.
Entiende que el escrutinio debió ser automatizado, porque los partidos pequeños no tienen la posibilidad de colocar delegados en todas las mesas electorales y los grandes pueden hacer “muchas bellaquerías”.
La delegada del Partido Revolucionario Dominicano y candidata a la vicealcaldía del Distrito Nacional, Janet Camilo, evalúa positivamente la calidad del proceso de escrutinio, aunque hace algunas observaciones comunes con otras entidades políticas.
Su mayor preocupación es la no disponibilidad de internet en algunas zonas y otros detalles que, considera, hay tiempo para resolver.
La norma, promulgada el 15 de enero por el presidente Luis Abinader, regula el Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
