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Haití: ¿Qué es el BSAP? La fuerza militar que se le reveló al gobierno.
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Un nuevo derrumbe se registró este martes en el tramo carretero en Derrumbao, comprendido entre el puente El Coronel y la comunidad de La Ciénaga, próximo al balneario San Rafael, causando la obstrucción del tránsito entre Enriquillo y Barahona. Según informó el Ministerio de Obras Públicas, el deslizamiento de tierra fue provocado por un grupo […]
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La compañía aérea ha abierto en la Terminal 2 la primera oficina Binter Vende fuera de Canarias, para atender de manera personalizada a los pasajeros que así lo requieran. Drago Handling, nueva empresa del sistema Binter, prestará servicio de autohandling a los vuelos de la compañía en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La compañía aérea Binter, el 1 de febrero […]
» Leer másLa Dirección General de Policía Escolar del Ministerio de Educación, a través de su Centro de Capacitacitación de la Policía Escolar (Cecape), realizó este miércoles la conferencia “Derechos fundamentales y el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes”.
Esta actividad se realizó con la finalidad de optimizar la labor en materia de seguridad y prevención que realiza ese órgano del orden en la comunidad educativa.
Bajo la coordinado por el director de la Policía Escolar, coronel Martín Miguel Tapia Sánchez, fue encabezado por la magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF) y dirigido a más de 200 agentes.
Asimismo, formó parte de la exposición la magistrada Laura Vargas, procuradora general de la Corte de Apelación.
Durante la charla, la magistrada Dina Llaverías destacó que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de “la civilización humana”.
Pensionados y retirados de la Policía Nacional se sumarán a los oficiales regulares para resguardar la seguridad en los principales hospitales de la República Dominicana, en respuesta a los incidentes violentos ocurridos en los centros de salud en los últimos meses, que han incluido ataques con los médicos.
La información fue ofrecida por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, quien precisó que este personal será reclutado y recibirá un incentivo del Estado por sus labores.
Las autoridades aún no han determinado la cantidad exacta de estos colaboradores, debido a que están en la etapa de evaluación.
Sin embargo, adelantaron que tomarán en cuenta el personal disponible que cumpla con las condiciones necesarias para proteger la integridad física de pacientes, médicos y personal de salud en general.
La selección de hospitales beneficiados se basará en el nivel de complejidad, ubicación y la frecuencia de incidentes registrados.
Según el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, actualmente cuentan con 1,765 miembros de seguridad distribuidos en todo el territorio nacional.
En tal sentido, el director del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, sostuvo que no tolerarán más atropellos hacia los médicos por parte de las familias y pacientes que acuden a los centros de salud.
Denunció que el fin de semana pasado ocurrió un incidente en un hospital de la provincia San Cristóbal. También mencionó que recientemente tuvieron un caso en Hato Mayor en el que están solicitando el traslado de la doctora afectada para resguardar su vida, por temor a represalia por parte de los familiares de un paciente que falleció mientras era asistido.
Entiende que erradicar al 100% el problema no será posible, aunque considera que con disminuirlo estarían avanzando.
Suero indicó que sería importante presentar un anteproyecto para profundizar en el tema de la seguridad hospitalaria y que aquellas personas que agredan a un médico sean penalizadas.
El Foro BHD de Turismo e Inversión es una iniciativa de la unidad Banca Corporativa y Empresarial de la entidad financiera. El tema de este año fue Turismo sostenible. Situación actual, perspectiva, mitigantes y mejores prácticas.
La entrada BHD realizó foro sobre turismo sostenible en Madrid se publicó primero en Periódico elCaribe.
Está «prófuga«, la propietaria del apartamento en el sector Piantini donde se fumigó y cuyo producto utilizado envenenó a una familia el fin de semana.
La información está contenida en la solicitud de medida de coerción contra el francés Georges Antoine Thevenet.
El Ministerio Público (MP) imputa a Karina Bausan, dueña del apartamento 901, del piso 9, de la torre Da Silva 3, contratar a Thevenet «a sabiendas» que el imputado «no es un fumigador profesional».
El abogado José Alexander Suero, quien dijo representar a Bausan, afirmó ayer que su cliente reside en Florida, pero que «ha estado colaborando con las autoridades».
Contactado hoy para que respondiera sobre lo que afirma el órgano persecutor, Suero respondió a Diario Libre que «eso no fue lo que el Ministerio Público» le informó.
«El Ministerio Público tenía una teoría y se la hicieron cambiar (…) Es una falta de respeto al propio fiscal investigador porque prácticamente le quitaron el expediente de la mano después que él había hecho la solicitud de medida de coerción, pues simplemente la transformaron”, agregó el abogado de Bausan.
«480 cápsulas de fosfuro de aluminio» para fumigar el apartamento
La solicitud de coerción contra Thevenet afirma que para el trabajo de desinfección se utilizaron «cuatrocientas ochentas (480) cápsulas de fosfuro de aluminio bajo la marca Quickphos 56 ft 480 tabletas, que es un producto «altmente tóxico para los humanos».
En el documento depositado casi al mediodía de hoy en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el MP afirma que solicita la prisión contra el francés porque este no posee arraigo en el país por poseer doble nacionalidad.
Óscar de León, abogado de Thevenet, dijo que este se nacionalizó dominicano.
La fumigación del apartamento 901, del piso 9, de la torre Da Silva 3, se realizó el viernes a las 4:00 de la tarde, detalla la Fiscalía del Distrito Nacional (MP) después que la inquilina Andra Sofía Pimentel Cheda manifestara a Karina Bausan que el clóset de la habitación principal tenía carcoma.
“Inició el proceso de fumigación (…) sin notificar a ningún otro de los residentes de la torre, en franca violación al Reglamento Técnico Ambiental para el manejo de plaguicidas y sus desechos”, añade el documento de solicitud de medida de coerción a Georges Antoine Thevenet.
La consecuencias del químico «nocivo» las sufrieron la familia del piso 8, con la muerte de la joven Adelle Ruiz Leen y su bebé de dos meses. El esposo de la joven fallecida , José Luis Acra González, y su otro hijo menor de edad de un año, permanecen debatiéndose entre la vida y la muerte.
Está «prófuga«, la propietaria del apartamento en el sector Piantini donde se fumigó y cuyo producto utilizado envenenó a una familia el fin de semana.
La información está contenida en la solicitud de medida de coerción contra el francés Georges Antoine Thevenet.
El Ministerio Público (MP) imputa a Karina Bausan, dueña del apartamento 901, del piso 9, de la torre Da Silva 3, contratar a Thevenet «a sabiendas» que el imputado «no es un fumigador profesional».
El abogado José Alexander Suero, quien dijo representar a Bausan, afirmó ayer que su cliente reside en Florida, pero que «ha estado colaborando con las autoridades».
Contactado hoy para que respondiera sobre lo que afirma el órgano persecutor, Suero respondió a Diario Libre que «eso no fue lo que el Ministerio Público» le informó.
«El Ministerio Público tenía una teoría y se la hicieron cambiar (…) Es una falta de respeto al propio fiscal investigador porque prácticamente le quitaron el expediente de la mano después que él había hecho la solicitud de medida de coerción, pues simplemente la transformaron”, agregó el abogado de Bausan.
«480 cápsulas de fosfuro de aluminio» para fumigar el apartamento
La solicitud de coerción contra Thevenet afirma que para el trabajo de desinfección se utilizaron «cuatrocientas ochentas (480) cápsulas de fosfuro de aluminio bajo la marca Quickphos 56 ft 480 tabletas, que es un producto «altmente tóxico para los humanos».
En el documento depositado casi al mediodía de hoy en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el MP afirma que solicita la prisión contra el francés porque este no posee arraigo en el país por poseer doble nacionalidad.
Óscar de León, abogado de Thevenet, dijo que este se nacionalizó dominicano.
La fumigación del apartamento 901, del piso 9, de la torre Da Silva 3, se realizó el viernes a las 4:00 de la tarde, detalla la Fiscalía del Distrito Nacional (MP) después que la inquilina Andra Sofía Pimentel Cheda manifestara a Karina Bausan que el clóset de la habitación principal tenía carcoma.
“Inició el proceso de fumigación (…) sin notificar a ningún otro de los residentes de la torre, en franca violación al Reglamento Técnico Ambiental para el manejo de plaguicidas y sus desechos”, añade el documento de solicitud de medida de coerción a Georges Antoine Thevenet.
La consecuencias del químico «nocivo» las sufrieron la familia del piso 8, con la muerte de la joven Adelle Ruiz Leen y su bebé de dos meses. El esposo de la joven fallecida , José Luis Acra González, y su otro hijo menor de edad de un año, permanecen debatiéndose entre la vida y la muerte.
ESPAÑA.- El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, inició las actividades oficiales en el marco de FITUR 2024 en Madrid con la presentación de un “Road Show” ante más de 300 tour operadores y agencias de viajes de Europa. De esta forma el funcionario relanzó la estrategia para catapultar el mercado del continente europeo, en un acto […]
» Leer másLa dirección de informática de la Junta Central Electoral (JCE) presentó este miércoles un informe de matriz de seguimiento, en el que informa sobre las estrategias que ha implementado el órgano comicial para subsanar las debilidades encontradas en una auditoría técnica hecha por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) a los equipos de la institución.
Aunque la mayoría de fallos fue solucionada por la JCE, aún persisten por lo menos cinco debilidades pendientes de corrección. La que más destaca es la protección insuficiente del software de los equipos usados para las elecciones contra programas maliciosos o malware.
Un malware se define como un «malicious software» (software malicioso) diseñado para infiltrarse en los dispositivos y causar daños e interrupciones en el sistema o robar datos.
De acuerdo con la matriz expuesta este miércoles por el Pleno de la JCE, la débil protección del software aún se encuentra en fase de solución, por lo que la dirección de informática la registró como “parcialmente cumplida”.
Los equipos EDET (digitalización, escaneo y transmisión de datos) están integrados por una laptop, un multifuncional que sirve de impresora y escáner, el módem y el UPS o inversor.
En el informe, la Junta explica que, aunque no se ha instalado un antivirus distinto al que viene por defecto en Windows, los controles aplicados hasta el momento proporcionan una capa de seguridad adicional.
“Este hallazgo se considera mitigado parcialmente, dado que las medidas implementadas ofrecen una solución que, aunque no elimina completamente la vulnerabilidad, sí reduce su impacto y probabilidad de ocurrencia”, se detalla en la matriz de seguimiento que ejecutó la institución electoral.
En el mismo seguimiento a los hallazgos que arrojó una auditoría del CAPEL, se precisa que aún persiste la debilidad de las credenciales expuestas de la base de datos local de los equipos. Las autoridades electorales reconocieron que la vulnerabilidad encontrada aún no ha sido remediada.
Otros aspectos que han no ha sido subsanados son el puerto expuesto del servidor de la base de datos y las credenciales expuestas del usuario que maneje los equipos.
Según la matriz, la mayoría de las debilidades ya fueron subsanadas. De un total de 24 recomendaciones que realizó la JCE, 19 ya fueron cumplidas. Dos están parcialmente cumplidas y tres aún están pendientes.
Las debilidades que ya fueron subsanadas son las vulnerabilidades que presentaba el sistema operativo de los equipos, la falta de restricciones en el acceso al hardware, la falta de controles para evitar la ejecución de un programa distinto al software del ETED, la existencia de información sensible en el código de fuente, el acceso a los datos de la base de datos central y la falta de estandarización en el proceso de desarrollo del software.
Al final de la presentación, el presidente de la JCE, Román Jáquez, garantizó que las elecciones de febrero y mayo próximo se realizarán con seguridad, transparencia y justicia, además de que estarán apegadas a la integridad electoral.
Jáquez precisó que la dirección de informática de la JCE tiene una reunión con su mesa técnica programada para este jueves a las 3:00p.m. Allí se pretende seguir subsanando los aspectos que aún están débiles.
